DESAF?OS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOM?A Y POL?TICA

3.2. Evaluando los resultados

Sabemos que este espacio resulta insuficiente para exponer apenas los procesos que se han suscitado en la agricultura a partir de la reorientación del modelo de crecimiento en la zona, por los que nos concentraremos en algunos aspectos macroeconómicos relevantes, comentando en cada caso algunas de sus repercusiones sociales más críticas. La intención es evidenciar algunos datos y hechos poco difundidos pero que ponen en entredicho los éxitos en materia de producción, productividad y balanza comercial. También observaremos hasta qué punto se han cumplido las expectativas de una asignación más eficiente del recurso territorial, buscando conocer el significado que ha tenido para la población del campo el impulso de un mercado dinámico de tierras y aguas.

A) Producción y productividad

Asumimos como punto de partida que en la región latinoamericana cada país enfrenta una realidad socioeconómica y política particular, y que en su interior los más de ellos ofrecen un abanico de problemas múltiple y complejo. Un buen ejemplo de esa disparidad es el peso de la producción agropecuaria doméstica que se fluctúa entre dos extremos: Venezuela y México con una producción sectorial menor al 5% del PIB, mientras para Nicaragua o Paraguay suele ser mayor al 30% (IICA, 2002).

Como conjunto podemos observar que entre 1980 y el año 2004, la participación del sector en el Producto Interno Bruto (PIB) de la región no se modificó sustancialmente, ubicándose en torno al 8%, cifra que se mantiene actualmente. Pero en ese mismo lapso, el valor nominal de la producción a precios de mercado pasa de 86,485,345 a 169.300,074 miles de dólares; es decir, crece casi un cien por ciento.

Lo que esa cifra no pone de manifiesto, es que el volumen físico de la producción aumenta de forma extraordinaria. Un incremento tal, que logra duplicar el prácticamente el valor nominal de la producción a pesar de que en ese lapso domina una tendencia a la caída en los precios de la mayoría de los productos nativos (Ocampo, 2003). Caída que es más pronunciada a partir de los noventa bajo la presión de alinear los precios domésticos con sus referentes externos, mientras avanza los procesos de integración regional.

Esa baja en los precios es determinante en el comportamiento del PIB agropecuario regional en el periodo, pues a pesar de la expansión sin precedentes de la cantidad de bienes llevados al mercado que se refleja finalmente en el aumento en el valor global de la producción, este indicador -como proporción-, apenas es semejante a la cifra del PIB global en los noventa (ver tabla 1). Más aún, si consideramos los bienes agrícolas y pecuarios por separado, encontramos que son los segundos los que dictan el dinamismo sectorial (con un crecimiento medio anual de 3.9%), ya que la agricultura sólo crece a una media de 2.6% por año. Aquí cabe hacer la precisión de que en la década de los ochenta el desplome de la producción sectorial no fue tan agudo como en otras actividades porque el proceso de apertura no estaba tan avanzado. Además, el tipo de cambio dio ventajas a la región en el mercado externo, inhibió las importaciones y alentó la producción doméstica a través de la demanda.

Es pertinente enfatizar que en el aumento espectacular del volumen de productos agrícolas desde los noventas -al que hemos hecho referencia-, aportaron explotaciones de diverso tamaño y características operativas; desde la gran empresa trasnacional, hasta la mediana y pequeña unidad capitalista, así como las entidades de tipo campesino. Lo que es relevante si recordamos que con el nuevo modelo agrícola se vaticinaba una participación contundente de los productores de gran escala. Y sin embargo, su participación ha sido más bien conservadora en la fase de producción directa. En cambio en la fase de provisión de insumos, transformación, e intermediación comercial y financiera, los grandes corporativos sí tienen una presencia sobresaliente, pues ahora mismo controlan el grueso de los cultivos tradicionales de la zona. Casos notables son el maíz, el trigo, la soja, el café, los cítricos, el plátano y el tabaco, donde su participación en los diferentes niveles de la cadena productiva es superior al 80% (Tarrío, Bórquez y Diego, 1999: 106). Condición que les confiere el poder de imponer precios, manipular la competencia e imponer reglas a un determinado ramo de la actividad económica (Murphy, 2006: 9).

Es en torno a estas corporaciones y las tramas agroalimentarias que organizan y comandan, que los productores con potencial exportador han buscado articularse de forma horizontal y vertical mediante contratos de transferencia tecnológica, de intermediación mercantil, inserción a las cadenas agroindustriales, etc. Porras Martínez (1998: 11) afirma al respecto que “En la medida en que la competencia se convierte en la principal norma de participación en el mercado, el segmento productivo se dualiza entre aquellos con capacidad para afrontar las nuevas exigencias y los que no. Una capacidad competitiva que esta en función, en gran medida, de la posibilidad y habilidad de aliarse estratégicamente con los actores que actúan en el sector.”

Las explotaciones de pequeña escala, por su parte, limitadas en apoyo público y activos financieros propios para potenciar la productividad, buscan compensar el desplome del precio de su producto aumentando la oferta cuanto les es posible, incluso a costa de su continuidad. Así lo documentan De la Barra y Holmberg (2000) en el caso concreto de los campesinos excedentarios y de subsistencia en la región de los Lagos de Chile, y Silvio Marzaroli (2002) en el texto “Los campesinos frente a los desafíos del siglo XXI”, quien recoge las principales preocupaciones del Encuentro Mundial Campesino realizado en ese año. Ambos autores refieren a las respuestas individuales del campesinado para contrarrestar la reducción de sus ingresos monetarios llevando una mayor cantidad de artículos al mercado, un afán en el que sacrifican el nivel de satisfacción de sus necesidades, ponen en juego su escaso patrimonio o van degradando sus activos. Por supuesto, ambos hacen notar que sus estrategias rebasan al sector agropecuario, y que eventualmente, los ingresos derivados de otras actividades son los que hacen posible su subsistencia. “Todas estas formas de adaptación explican la formidable capacidad de resistencia de la agricultura campesina, que puede admitir niveles de remuneración del trabajo infinitamente más bajos que los de la agricultura empresarial.” (Marzaroli, 2002: 10)

Sin duda, el incremento de la producción ha tenido que ver con mayores niveles de productividad en el campo como resultado de un intenso -aunque sumamente heterogéneo- proceso de adopción y adaptación de tecnologías que optimizan los factores tierra y trabajo. Un proceso que la CEPAL (2005: 81) califica modernización tecnológica vigorosa pero desigual. Lo que no podemos ignorar es que parte de ese éxito se funda en el aprovechamiento irrestricto de recursos naturales y humanos nativos.

La sobre explotación de los suelos y agua, y la omisión de reglas laborales mínimas en las faenas agrícolas como mecanismo adicional o alterno para expandir los rendimientos es una práctica sumamente común en la región (OIT, 2003), incluso en empresas sin problemas financieros. Y la razón es que este tipo de prácticas ofrecen ventajas por su carácter reversible, costo y lapso de aprendizaje, si se le compara con la introducción de recursos tecnológicos y biotecnológicos. Es así que apelando a los recursos abundantes de la región, ya sea por la vía la restricción salarial o ahorro por concepto de renta del suelo se puede aspirar a ofrecer un producto competitivo sin sacrificar utilidades. Por supuesto, el costo social y ecológico de estas medidas es va en ascenso, y con frecuencia es denunciado por diferentes instancias nacionales e internacionales dado su carácter insostenible, irracional e infrahumano (Pengue, 2004; OIT, 2003 y PNUMA, 2003).

En el indicador de productividad media, la más alta contribución corresponde a las explotaciones comprometidas en bienes de exportación relativamente reciente (como pimiento, cebolla, tomate, otras hortalizas, flores cortadas y algunas frutas), que han mostrado una mayor disposición para adoptar nuevas tecnologías. También en estos casos, un factor de rentabilidad, es que este tipo de empresas han sido beneficiarias directas de los procesos regionales de liberación del mercado de tierras y aguas, accediendo por vía de compra o renta a recursos de excelente calidad y ubicación.

Por el contrario, en los cultivos tradicionales, sean estos para consumo doméstico o de exportación, la productividad ha crecido a un ritmo mucho menor. En el caso de los granos básicos, por ejemplo la escasez de activos para invertir suele ser el factor determinante del modesto crecimiento en productividad media. Y tratándose de las plantaciones de plátano, café, caña de azúcar, tabaco y cacao, se ha documentado ampliamente que en la posibilidad de recurrir a trabajo temporal, femenino, inmigrante e infantil, es un factor que atempera el incremento de la productividad por la vía de las innovaciones (Martínez Valle, 2004; De Grammont y Lara Flores, 2003; Marañón, 2003; OIT, 2005).

Cierto es que con el avance en productividad promedio que registró la agricultura en las dos últimas décadas, la brecha respecto a las actividades secundarias se acortó, pero todavía muestra un rezago importante. La productividad de la mano de obra agrícola no alcanza aún un tercio de la productividad de la mano de obra no agrícola, pero en 1970 la proporción era de una quinta parte (Dirven, 2004a: 24).

B) Comercio

Tal como ocurre con la producción, la importancia del comercio agropecuario oscila ampliamente por países; desde aquellos que reportan déficit en la balanza sectorial (México es el caso extremo) hasta aquellos donde las transacciones externas de bienes agropecuarios son el pilar en el saldo positivo global. En este extremo figuran Argentina y Brasil, seguidos de lejos por Colombia.

En términos generales tiene vigencia la vocación regional de insertarse a los flujos de comercio mundial con bienes primarios; la diferencia es que en los últimos lustros, lo que se percibe en el corto plazo como oportunidad de especialización, ejerce mayor influencia en la evolución de la producción sectorial. Otro rasgo de interés es que en la oferta agropecuaria regional aún dominan los bienes con escaso valor agregado, si bien ahora tienen un componente tecnológico mayor por el empleo de agroquímicos y organismos genéticamente modificados.

En esta lógica de especialización y búsqueda de los mercados dinámicos (y/o emergentes), se puede apreciar que los productos pecuarios van ganado participación en el PIB sectorial en detrimento de la producción de alimentos (ver tabla 2). Éstos últimos, inclusive, reportan un crecimiento lento comparado con los forrajes. En el caso concreto de los cereales las desventajas de competir con países que constituyen potencias agroalimentarias (como Estados Unidos en el caso del maíz y sorgo, y China en el caso del arroz y trigo) han influido directamente en su modesto desempeño.

Entre los productos agrícolas destacados de la zona, la soja (forrajera e industrial) y el maíz (para consumo humano, uso industrial y ganadero) marcaron la pauta del crecimiento medio anual a lo largo de los noventas. Pero desde el año 2000 los cultivos que determinan que el índice de crecimiento agrícola vaya en ascenso, y con un amplísimo margen, son la soja y el algodón, seguidos por el tabaco. El resto de los productos, con excepción de los de origen tropical, tiende a declinar guiado por las señales del mercado.

Precisamente la balanza comercial positiva (tabla 3) parece bastar como prueba de éxito de la inserción regional en una economía globalizada y como testimonio de los aciertos en materia de liberalización comercial y reestructuración del aparato productivo. Empero, nuestra lectura de estos hechos apunta en un rumbo diferente:

Primero. La balanza comercial sectorial en efecto reporta como totalidad un desempeño satisfactorio, pero al desagregar la información saltan a la vista dos hechos que son motivo de preocupación. Uno de ellos es que año con año la escalada ascendente no se mantiene; los picos a favor están vinculados a coyunturas excepcionales de índole natural, mercantil e incluso política (Por ejemplo, alza en precios internacionales en momentos de escasez natural o inducida, o en momentos claves de las negociaciones comerciales multilaterales, como ocurrió a partir de 1995.). Y como se puede observar, desde 1997 en que el incremento marginal alcanzó su punto mas alto no ha repuntado (Gráfica 1).

El otro es que el saldo positivo del conjunto se soporta en el potencial exportador de unos cuantos países (Argentina, Brasil y Colombia), cuya suma en los últimos años arroja una cifra mayor al superávit global de la zona, en comercio agropecuario. Al presentar las cifras como mérito de conjunto se subestima el déficit crónico de la mayoría de los países restantes, cómo puede corroborarse en la tabla 3. Y es que con la evolución de los precios internacionales los ingresos netos de los países de la región por este concepto tienden a contraerse a pesar del aumento en los volúmenes exportados, pues su cuantía no es suficiente para compensar la declinación del valor unitario de la mayoría de los productos. Caso especial es México, que pierde su status superavitario en productos agropecuarios primarios, y aumenta considerablemente su déficit de productos elaborados (Salcedo y Bocchetto, 2006: 16).

Para corroborar que el esfuerzo exportador no ha cejado pero que ha sido infructuoso, basta observar las exportaciones en toneladas métricas, donde la balanza comercial por producto sí arroja un incremento espectacular desde 1980 y hasta fines de los noventa para oleaginosas, azúcar, café, tabaco, frutas y verduras. Y un incremento menor -pero en todo caso positivo- para papas y legumbres. Sólo los cereales, carne y algodón reportan números rojos. (IICA/ CEPAL, 2002: 119 y 131).

Segundo: La diversificación productiva del conjunto también es sumamente discutible, si reparamos en que a final de cuentas, los productos que conforman la oferta agrícola regional terminan compitiendo entre sí, y con los de otras zonas también subdesarrolladas, por el mercado norteamericano o europeo. Recordemos en concreto que el café, caña de azúcar, frijol, soja y maíz son los productos fuertes de Brasil; soja y maíz en el caso de Argentina; frijol y maíz de México; y productos tropicales en los casos de Brasil, Centroamérica, los países andinos y México. Por lo mismo, la integración comercial al interior de la región en cuanto al intercambio de los bienes agrícolas entre sí tampoco ofrece un panorama positivo, ya que sus productos no son complementarios.

Mayor problema aún es que la pretensión de diversificar la oferta y procurar la especialización productiva bajo el criterio de las ventajas comparativas, nuestros países tienden a aplicarse en un número reducido de productos rentables cuya buena acogida en el exterior es una expectativa, nunca una garantía. Esto ocurre en particular en las economías pequeñas (Centroamérica, el Caribe y algunas del cono sur) que se tornan sumamente vulnerables a infinidad de factores que escapan de su control. Por ejemplo políticas restrictivas de las cuotas de importación por parte de los países receptores –como en el caso del banano-, medidas no arancelarias pero igualmente discriminatorias, el arribo de nuevos competidores, depresión de la demanda o sobreproducción.

Tercero: El esfuerzo institucional enfocado a las exportaciones opera en menoscabo de programas, proyectos y recursos públicos que otrora se destinaban a la generación de bienes agropecuarios para el mercado doméstico. La FAO (2005) ha corroborado que “el presupuesto hacia el campo ha bajado de US$ 205 en el período 1985-1990 a US$ 140 en el período 1996-2001. Es decir, cada habitante del campo latinoamericano percibe en promedio menos dinero que hace 15 o 20 años.” Un proceso que transcurre acompañado de: a) La inclinación por adquirir en el exterior bienes primarios de consumo básico -especialmente cereales, legumbres, lácteos y papas- a precios y en cantidades que desalientan la producción nativa, y b) la diligencia de los gobiernos locales para acelerar el proceso de desgravación arancelaria.

El mercado latinoamericano registra en los últimos años los aranceles más bajos de todas las regiones en desarrollo (CIEPAC, 2003: 7): De conformidad a la reglamentación, el promedio del arancel agrícola para los países en desarrollo es de 59%, en tanto para la región la media es de 40% (desde 25% en Chile hasta 52% en Colombia). Sin embargo en los hechos, la media para las zonas en desarrollo se ubica cerca del 21%; mientras para la región es de 14% (desde 9.8% en Chile a 20% en República Dominicana). La diferencia entre el arancel formalmente establecido y el que rige en la práctica se ha relacionado con vicios institucionales y limitaciones de los gobiernos involucrados para el manejo adecuado de los tratados comerciales, y entre sus secuelas figuran una administración deficiente de las cuotas de importación, contrabando técnico (importación de un producto bajo una fracción arancelaria diferente a su fracción real) y dumping. Todos los anteriores fenómenos regulares en el comercio internacional agropecuario (Salcedo, 2006).

El corolario ha sido un déficit neto en el abasto interno de alimentos, que se resuelve sistemáticamente por la vía de las importaciones, imprimiendo a este indicador un crecimiento medio anual a razón de 8.6%. Y aunque se podría alegar que la demanda interna efectiva -que en teoría económica está determinada por el crecimiento de la economía, la distribución del ingreso y el empleo- se ha contraído en la generalidad de los países de la región, tratándose de bienes del rubro alimentario la contracción del mercado doméstico suele ser menos aguda. Para mejor ilustrar el ánimo importador de nuestros gobiernos obsérvese que el ritmo de crecimiento del PIB ha sido sostenido a lo largo de estos años, pero figura modestamente frente al dinamismo de las exportaciones, y aparece como un incremento raquítico si lo comparamos con el ritmo seguido por las importaciones (tabla 4); ello haciendo abstracción del indicador demográfico, que en el lustro 1995-2000 crecía a un promedio de 1.6% por año.

Por cierto, uno de los objetivos de la reestructuración productiva en el que sí se ha avanzado de manera sustantiva, ha consistido en minar gradualmente la base productiva e institucional que décadas atrás hizo posible la soberanía alimentaria de muchos de nuestros países. De lo que resulta que las importaciones agroalimentarias están dejando de ser una opción, o una práctica conveniente y cotidiana, para constituir una necesidad estructural por el desplazamiento irreversible hacia otros cultivos.

En base a esta información creemos que el optimismo en torno al comercio exterior agropecuario es injustificado, y lo que sigue es cuestionarse si conviene seguir señalando a la empresa agrícola y sus vínculos con los mercados internacionales como el camino por excelencia para crecer y dejar atrás el subdesarrollo.

C) Asignación territorial eficiente

Restan por revisar los alcances de las políticas de contrarreforma agraria y de reforma agraria de mercado forjadas para alentar una mejor asignación del recurso territorial e hídrico hacia las explotaciones más rentables. Políticas que, en términos del Banco Mundial, tienen sentido para lograr la “eficiencia alocativa” los factores productivos (CLOC, 2004: 12).

Sobre este componente de la reconversión productiva regional, el Banco Mundial (2003) afirma de que los mercados de tierra abiertos y dinámicos que se esperaba multiplicar en poco tiempo se no son un fenómeno generalizado, pues el ritmo de transferencia de la propiedad de bienes rústicos ha sido lento. Y subraya que al margen de los países del sur del continente, -caracterizados varios de ellos por el desenvolvimiento temprano y acelerado de las relaciones capitalistas en el agro, como Argentina y Uruguay-, en materia de movilidad territorial no se han cumplido las expectativas.

Personalmente, creemos que resulta más preciso hablar de procesos aislados de reconcentración del suelo en prácticamente todos los países, pero que se restringen a espacios excepcionalmente atractivos por sus atributos naturales o de tipo institucional, como la infraestructura o localización. En estas zonas -en efecto- la presión por el suelo ha crecido aumentando el comercio legal de predios, pero además es la ocasión de conflictos y despojos. A lo que cabe agregar que una fracción importante de la tierra comprometida en estas transacciones se destina usos no agropecuarios (CERAI, 2006: 149).

La emigración de la población rural tiene en alguna medida ese origen, pero no se debe pasar por alto que también se nutre de otras fuentes, como son: la ruina de la agricultura familiar acelerada por la apertura de los mercados y el abandono de políticas de fomento al sector campesino (Acosta, 2003: 28); la excesiva parcelación de los predios; el deterioro del suelo por el monocultivo y el abuso de fertilizantes no orgánicos, y desde luego la pobreza extrema vinculada a la falta de oportunidades laborales. Contribuye también al desplazamiento intrarregional la violencia que implica el cultivo de enervantes y los conflictos armados, en particular en la zona andina y parte de América Central (Banco Mundial, 2004: 25).

Ante un mercado de venta de tierras moderado, una opción suplementaria para cumplir el objetivo de “transferir la tierra de los productores menos eficientes a los más eficientes” son los mercados de arrendamiento. La FAO (2002: 3 y 5), argumenta a favor de esta propuesta del Banco Mundial que en la región latinoamericana “… el mercado de arrendamiento de tierra es bastante pequeño e irrelevante, lo que contrasta marcadamente con el tamaño de tales mercados en otras partes del mundo. La información censal indica que en Latinoamérica cerca del 10% de la tierra se arrienda, en comparación con 20 a 30% en Asia, 40% en los EUA y hasta 67% en Bélgica.” Y además agrega que esta opción, bajo condiciones de mayor certidumbre, ofrece “una alternativa de acceso a la tierra para los pobres rurales (y así reducir los niveles de pobreza que afectan esta población).”

Lo cierto es que las políticas enfocadas a impulsar la venta o renta de tierras, han servido por igual a sentar las bases institucionales y jurídicas para profundizar en la concentración de la propiedad rústica; dar libertad a la empresa privada para administrar el usufructo de recursos hidráulicos y territoriales bajo criterios distintos al interés social, y permitir el control directo o indirecto de esos recursos. Y hablamos de profundizar la concentración del suelo porque no podemos ignorar que la ola de reformas agrarias de los sesenta no resolvieron la polarización latifundio-minifundio típica de los países latinoamericanos. Se mitigó en algunos casos la desigualdad, mientras en otros países no fue más allá de sonados pronunciamientos políticos y legislativos (Arruda, 2005:16).

Más tarde, y a pesar de esa desigualdad inicial, en las dos últimas décadas los Gobiernos locales han trabajado activamente, asesorados por organismos internacionales, para arrojar al mercado las tierras de propiedad colectiva, cooperativa o comunitaria (Mendes Pereira, 2005:1-2). Entonces no es casual que para fines de la década de los noventa la concentración de este recurso ascienda a .87 en el índice de Gini de la tierra (Rey de Marulanda y Guzmán, 2003: 8). Y como modelos extremos de esta condición figuran son Chile y Paraguay. En el primero, los pequeños productores independientes perdieron del año 1992 al 2002 dos millones de hectáreas a favor de la gran explotación; y para ese año el 1% de las unidades productivas captaba el 73% de la superficie agraria y forestal (CLOC, 2002: 2). Y en Paraguay más del 50% de la propiedad rural está hoy en manos de extranjeros (Amorin, 2004).

Pero de vuelta en el punto, podemos señalar, por lo menos dos razones de peso que sin ser exclusivas sí contribuyen a explicar por qué en el rubro de la reasignación del suelo no se han cumplido aún las expectativas del Banco Mundial. Una de ellas es que la unidad productiva extensiva en tierra ya no se vincula necesariamente a un rango mayor de rendimientos y utilidades, en razón del factor tecnológico y biotecnológico. Y la otra razón es la persistencia de un sector mayoritario de productores rurales de tipo campesino que a pesar de haber perdido rentabilidad se resisten a abandonar su tierra; víctimas del mercado que los margina se repliegan al autoconsumo y se inclinan para subsistir por actividades diferentes a la explotación de su predio (Dirven, 2004b).

El hecho es que hoy día, en gran parte de la región latinoamericana las unidades productivas de tipo doméstico o campesino –a pesar de su fragilidad y la pobreza que las caracteriza- siguen ocupando gran parte del territorio, aunque por cierto no es el de mejor calidad. Recientemente funcionarios de la CEPAL y la FAO (Dirven y Da Silva 2006), nos recuerdan que “en América Latina, la agricultura familiar campesina representa en promedio 63 por ciento del total de las explotaciones agrícolas. En Ecuador, 91 por ciento de las 843.000 fincas agropecuarias corresponden a este sector. Y en Perú, 80 por ciento de un total de 1,6 millones”. Lo que no ha sido obstáculo para que la producción se realice bajo la supervisión, encargo o financiamiento de la gran empresa agroindustrial, intermediaria o comercializadora, si es que las utilidades lo ameritan. Como ocurre en Ecuador, donde los extranjeros están legalmente impedidos para poseer terreno agrícola, pero igualmente captan y comercializan en el mercado externo el grueso de la cosecha de plátano, su cultivo más importante (Lobe, 2005: 2).

Vale la pena referirse en particular al caso argentino, que desde de los noventa ha mostrado un cambio radical en la estructura de la propiedad a favor de las grandes firmas agroalimentarias y en detrimento de la producción familiar. Al respecto, Marcelo Sili aporta información valiosa sobre el cambio en el uso del suelo, así como de la creciente especulación inmobiliaria agropecuaria y urbana que protagonizan tanto empresas nacionales como extranjeras (2005: 29-30). Este autor nos ofrece evidencias sobre la concentración del suelo por las grandes empresas agropecuarias (mayores a 5000 hectáreas) después del plan de convertibilidad: “Por ejemplo, el grupo CRESUD ha pasado de 20,000 hectáreas productivas en septiembre de 1994 a 340.000 en febrero de 1996… No obstante, si bien la compra de tierras fue general en todo el país, las áreas más demandadas fueron las de alto valor productivo (zonas de viñedos, región pampeana, valles) o de alto valor paisajístico y ambiental (cordillera de los Andes, litoral atlántico).”

Por las condiciones excepcionales del territorio argentino, la reestructuración agropecuaria sí ha dado lugar a un aumento las explotaciones agrícolas de tipo extensivo, pero que no corresponden a mayores oportunidades laborales por los nuevos patrones tecnológicos y modelos de gestión empresarial. Así que en este país, que opera de lleno en la lógica de los agronegocios “se estima que el 50 % de la superficie pampeana ya no es trabajada por los productores dueños de la tierra, sino por grandes contratistas y «pools de siembra». (Sili, 2005: 31). Y un motivo adicional de alarma es que esta racionalidad empresarial ha llevado a zonas tan fértiles como la pampa argentina a abocarse al cultivo de soja.

La porción del territorio latinoamericano que se destina al cultivo de soja va en ascenso. Es el producto más activo en crecimiento anual por su valor, pero además avanza geográficamente sobre todo entre los países que integran el MERCOSUR. Brasil y Argentina ocupan respectivamente el segundo y tercer lugar en la producción mundial de soja luego de Estados Unidos, y hay previsiones de que en los próximos años la rentabilidad relativa de esta leguminosa seguirá motivando el cambio en el uso del suelo y la apertura de nuevas áreas al cultivo. Se trata, por cierto de soja genéticamente modificada que se produce a partir de un paquete tecnológico que incluye la semilla conocida como Roundup Ready, patentada por la empresa Monsanto.

Sobre este organismo genéticamente modificado (OGM) diversas instancias no gubernamentales -centros de investigación, organizaciones ciudadanas que trabajan por el equilibrio ecológico y los derechos humanos, etc.- han denunciado con insistencia que implica un alto riesgo para la salud y la vida del trabajador por el uso excesivo y sin protección adecuada de glifosato, agroquímico que daña irreversiblemente el suelo y altera el equilibrio ambiental in situ y zonas aledañas. También porque tratándose de un producto para uso forrajero, suele destinarse al consumo humano -inclusive infantil- en programas de combate a la pobreza extrema en varios países de la zona (Bárcena, Katz y otros, 2004).