DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOMÍA Y POLÍTICA

DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOMÍA Y POLÍTICA

Compiladora: Irma Lorena Acosta Reveles

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III. LA NUEVA RELACIÓN DEL ESTADO CON LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA: SU FUNCIÓN EN EL CONTROL ESTATAL

Al Estado mexicano le hubiera interesado una mera adecuación del sistema corporativo, pues la consolidación del patrón neoliberal le hubiera resultado mucho más fluida. Sin embargo, ese objetivo no era políticamente viable debido a la red corporativa que había surgido y crecido integrada con los intereses de los grupos político-económicos encargados de administrarla; intereses ligados intrínsecamente con el viejo patrón de crecimiento, con el viejo régimen y con los viejos núcleos de poder económico. Por ello, la emergencia de un nuevo equipo en el gobierno y hasta de una nueva generación de políticos con un proyecto distinto afectaba directamente a esos intereses. Lo anterior forma parte de los factores causantes de las serias resistencias al cambio existentes dentro del sistema corporativo, que lo hacían inadecuado para los fines “modernizadores” del gobierno (como se había evidenciado en el período de Miguel de la Madrid, si bien los desajustes pueden rastrearse desde los mil novecientos setenta).

Debe tenerse en cuenta otro factor menos cercano; mas no por ello menos actuante: Al imperialismo le interesaba el debilitamiento del Estado mexicano en la forma que históricamente adoptó hasta entonces, caracterizada por el régimen presidencialista, uno de cuyos pilares era precisamente el corporativismo y con él su complemento, el partido oficial. En la medida en que el viejo Estado presidencialista conservaba fortaleza y, mal que bien, todavía a esas alturas, contaba con una cierta autonomía y apoyo popular, las resistencias que presentaban los grupos ligados al viejo régimen cobraban importancia como factores que frenaban el avance del neoliberalismo. Cierto que el apoyo del pueblo hacia el Estado “de la Revolución Mexicana” había disminuido. Sin embargo, de presentarse una pugna entre grupos capitalistas nacionales y foráneos, con tintes de confrontación entre la nación mexicana y el extranjero, es probable que las resonancias de la ideología y la tradición nacionalista, patriótica y revolucionaria, todavía hubiesen operado en el pueblo de México a favor de cerrar filas con el gobierno.

Estados Unidos, a través de los organismos financieros internacionales y otros medios, mostró una eficaz capacidad de presión sobre el gobierno de México en el sentido de suplir al corporativismo por la “libre asociación” de productores, la “democratización”, la “modernización”, y demás frases con que quieren encubrir su intervención; sabiendo que ello debilitaría a las corrientes adversas al cambio. Por lo demás, ya la simple aplicación de los programas de ajuste neoliberales, con sus medidas antipopulares trabajaba en esa dirección.

Admitiendo, pues, que las nuevas formas de control difieren sustancialmente del corporativismo generado por el anterior patrón de crecimiento y su régimen presidencialista, desde 1982 es característico el progresivo desplazamiento de la Confederación Nacional Campesina (CNC) como instrumento principal del control político sobre la población en el medio rural. La importancia de la CNC tuvo tal peso en el control político de los campesinos, así como de los capitalistas rurales pequeños y aun de los medianos, que perfectamente puede considerarse estaba integrada a lo que es el aparato estatal, aunque formalmente aparecía fuera del mismo. Sobre todo su papel fue de primer orden en la legitimación, a través de las votaciones, de los gobiernos hegemónicos del “estado benefactor” priísta.

A medida en que la CNC pierde fuerza y estimuladas por este mismo hecho, surgen y cobran importancia organizaciones que reivindican cada una para sí la representación del campesinado o de algún sector importante de éste. Casi todas ellas tienen su base social entre los ejidatarios y en menor medida entre comuneros. Pero a medida que el neoliberalismo avanza, y sus efectos polarizadores se extienden, se hace notorio que se incorporan sectores de pequeños propietarios privados y más tarde medianos productores agropecuarios de tipo capitalista, o surgen organizaciones representativas de éstos (Rubio, 2004).

En alto grado, estas organizaciones campesinas giran en torno al proceso de producción directa y al de comercialización. Es cierto que en la mayoría de los casos mantienen una actitud de interés, de participación, y tienen la capacidad de presionar políticamente al gobierno (lo cual constituiría la “movilización”, en términos de G. Gordillo (1988); pero también es cierto que, cuando existe, tal participación y presión, de índole indudablemente política es limitada precisamente a demandas que no rebasan al campo de lo económico, si se atiende a sus objetivos e ideología.

Salvo en declaraciones de líderes, no se observa que exista o entre las amplias bases se divulgue una conciencia del papel de los trabajadores en la sociedad; de la necesaria unidad de campesinos, obreros y pueblo en general en una organización específicamente política, que se proponga enfrentar el problema del poder bajo un programa basado en los intereses inmediatos e históricos de los trabajadores. Tampoco hay promoción de algún proyecto encaminado a la mejoría estructural de la sociedad en conjunto, aun en el marco del capitalismo, como sería uno dirigido a la superación del subdesarrollo. A lo más, han intervenido en la lucha electoral por presidencias municipales, ciertamente con movilización real de masas en ocasiones, lo que no elimina la tendencia central mencionada, sino que en una u otra forma se vincula a ella. Puede afirmarse que la política (y la “movilización”) de las organizaciones se constriñe al campo de lo económico; en fin de cuentas, bajo las reglas del juego y dentro del proyecto emanado de las instancias gubernamentales, del régimen. Así, el campesino se mantiene esencialmente bajo control, por más que pueda movilizarse e inclusive tener logros en esta dinámica economicista.

Conviene señalar que ese conglomerado de organizaciones, al menos las de composición propiamente campesina, tiene sus orígenes en los movimientos que surgieron en el marco de las primeras liberalizaciones del régimen, y de las primeras confrontaciones entre grupos de la burguesía y de la burocracia dominante; esto es, durante los primeros mil novecientos setenta y en los años inmediatos posteriores, casi siempre sosteniendo la lucha por la tierra como bandera principal.

El gobierno que impulsaba al régimen neoliberal ya en los mil novecientos ochenta, estaba necesitado de aliados nuevos que lo reforzaran ante la división, para entonces inocultable, que enfrentaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que era parte de la división más amplia que se daba en el seno de la burguesía política mexicana, bajo diferentes formas de expresión, desde los años setenta, como se mencionó.

En estas condiciones, el gobierno encontró que no sólo no le resultaba demasiado problemática la presencia del elevado número de organizaciones en el campo, dada su naturaleza y composición ideológico-política de los dirigentes, sino que inclusive le era conveniente. Por una parte, aplicándoles un trato adecuado y una inyección de recursos económicos, podría neutralizar el riesgo de que actuaran como factor de conflicto o desestabilización; igualmente, una buena parte de ellas podrían ser utilizadas como un elemento que colaborase eficazmente en la tarea de elevar la producción y la productividad en el campo (a través de ejidos colectivos, ARICs, etc.), reduciendo así la necesidad de destinar recursos crecientes al sector rural, pues ya desde 1982-1985 uno de los cambios principales se ubica en el hecho de que se da “la culminación del proceso de transferencias de la agricultura tradicional hacia el resto de la economía y el inicio de su reversión. Se plantea, desde ese momento, la necesidad de enviar recursos al sector agrícola” (Gordillo, 1992: 8).

Ya desde el período presidencial de Miguel de la Madrid era patente que se venía dando un proceso de acercamiento (iniciado mucho antes) entre las organizaciones campesinas emergentes y los gobiernos federales, así como con los gobiernos de ciertos estados de la República más afines al orden federal. De 1988 en adelante esta cercanía se hace más acusada, lo cual se explica, por la pugna ya señalada, y además por la especial situación de falta de legitimidad y credibilidad en que Carlos Salinas de Gortari arribó a la Presidencia. Es muy conocida la presunción, bastante sustentada, de fraude en la elección correspondiente. Al recién implantado régimen neoliberal y al gobierno de Salinas, pues, les era particularmente importante ampliar su base de sustentación entre la sociedad civil para rápidamente construir la legitimidad que en un primer momento no pudo derivarse del proceso electoral. Y el sector rural no era de los menos importantes en esta perspectiva, ya que, se ha visto, el campesinado desde el triunfo de la Revolución Mexicana de 1910, ha tenido una importante funcionalidad en los procesos de legitimación de la esfera estatal.

Cabe acotar que precisamente uno de los rasgos que exhiben los gobiernos del neoliberalismo, al menos en México, es el hacer descansar su legitimidad fundamentalmente en los procesos electorales a través de los cuales se entronizan, complementado esto con políticas asistenciales y discursos formalistas, como la constitución y preservación del Estado de derecho o el respeto a los derechos humanos; en tanto, las grandes masas de la población son marginadas de las mejoría económica y de la participación en las decisiones políticas. En ese punto, los gobiernos neoliberales se distinguen de los anteriores, correspondientes al período del populismo y los del sucesivo, cada vez más autoritario, hasta el final del período de crecimiento “hacia adentro”. Los anteriores al neoliberalismo desde luego se esforzaban por obtener una legitimación social. Pero el medio básico para lograrlo era mantener una “alianza” con las masas populares, lo cual implicaba un intercambio de apoyo político para el gobierno por un cierto beneficio, aunque relativo, para la mayoría de la población trabajadora en lo que se refiere a condiciones materiales de vida (acordemente con las políticas del “Estado de bienestar”) así como en materia jurídica y política, aunque controlada.

El acercamiento entre el gobierno neoliberal y las organizaciones campesinas se concretizó en la práctica política y en el discurso ideológico de la concertación, misma que se presentó y todavía se maneja así, como una novísima forma de relación participativa entre gobernantes y gobernados, no restringida al sector rural, por supuesto. En efecto, para fines de no aparecer como un gobierno impositivo, y atraerse aliados y simpatía en la búsqueda de la tan necesaria legitimación, el salinismo insistió en que la sociedad civil sería tenida en cuenta a la hora de tomar las decisiones, por medio del diálogo y la negociación en torno de los objetivos y en general de los intereses que sustentasen los distintos grupos y sectores sociales. Naturalmente, en la implementación práctica de tal participación no es posible que todo mundo intervenga. Entonces, el gobierno y sus instituciones conciertan con las organizaciones que representan a los sectores y grupos.

Se está ante una extensión de la ideología de la democracia representativa al ámbito de la sociedad civil en general, para operar la relación de ésta con el gobierno. En los hechos, lo que ocurría (y ocurre) era que los funcionarios y los dirigentes de las organizaciones llegaban a acuerdos que, ni siempre beneficiaban al sector supuestamente representado, ni dichos acuerdos eran cumplidos en todos los casos; amén de que el gobierno decide a cuál organización reconoce como digna de concertar y a cuál no. Pero, eso sí, la participación social “en las decisiones” se da por consumada. Nótese que en este esquema el asunto de la democracia representativa se reduce a una manera de conseguir la exclusión de las amplias masas de trabajadores y del pueblo en general no sólo de las decisiones, sino de prácticamente toda la vida política. En efecto, toda su participación efectiva se reduce al acto de votar y después se le suplanta por representantes que ni consultan ni discuten a nivel de bases las posiciones que han de sostener, ni mucho menos se someten a la autoridad de estas bases. La exclusión se da por la vía de sustituir al ciudadano trabajador por el supuesto representante.

De este modo se desactiva el descontento y la posible movilización de protesta al establecerse una separación entre los trabajadores y sus pretendidos dirigentes. Estos últimos en el fondo son cooptados por el régimen que, a ellos sí, les proporciona participación, prestigio y dinero, pues a través de las organizaciones seleccionadas (casi todas en alguna medida) se canalizan recursos destinados al campo. Además, lo que es muy significativo, el régimen asigna un subsidio que se destina al sostenimiento de la organización como tal, de manera semejante a como se opera con los partidos políticos.

Desde otro ángulo, se deja de lado la organización de amplias masas campesinas, así estén bajo control corporativo, para sustituirla por organizaciones más reducidas, divididas y manejables. Y la CNC, no muy afecta al neoliberalismo, queda debilitada mediante este mecanismo. Por lo visto, la organización corporativa de masas campesinas, además de constituir un alto costo monetario, es percibida como riesgosa para el nuevo régimen y no sin razón, pues en fin de cuentas tuvo razón de ser por su utilidad para el control mediante la distribución de recursos significativos, por una parte, y para la canalización por vía institucional de los conflictos rurales, originalmente, los derivados de la lucha por la tierra. Por lo tanto, cuando el nuevo esquema reduce drásticamente los recursos para la gestión del descontento y se plantea ya no la canalización y mediatización burocrática del conflicto sino su eliminación y declara (una vez más) el fin del reparto agrario, ello cimbra los cimientos de la CNC y pone en su orden del día la disyuntiva de renovarse para adecuarse a los tiempos o perder toda significación para el Estado. Esta situación, en un primer momento, presentó el riesgo de derivar en un inconveniente enfrentamiento abierto, dado que la CNC conservaba un núcleo de políticos influyentes, una estructura probada y gran número de afiliados. Aun hoy la CNC no acaba de resolver esa disyuntiva, si bien todo indica que predomina en ella la tendencia a adecuarse al nuevo régimen a como dé lugar.

Se debilitó a la CNC, como también se hizo con los sindicatos de la CTM y el aparato corporativo en conjunto. Pero con ello también se debilitó al régimen presidencialista mexicano, uno de cuyos pilares, tal vez el más importante, era y es, en la medida en que persiste, precisamente el control corporativo sobre el campesinado y la clase obrera. Este debilitamiento del Estado mexicano en su forma de régimen presidencialista no deja de ser más que conveniente para los intereses del imperialismo ahora neoliberal y de la burguesía más proclive a establecer nexos de asociación-subordinación con el extranjero. Así, todo se iba combinando de una manera muy coherente para posteriormente llegar al final, sorprendente para algunos, de la hegemonía del PRI, como partido en el gobierno.

Es posible señalar algunos rasgos comunes, que aquí se ven como limitaciones y que distinguen a las organizaciones campesinas (y a su movimiento) surgidas de los procesos sociales de los años mil novecientos setenta y, sobre todo, de los ochenta; sin pretender que todos estén presentes en cada ejemplo concreto. No obstante, estos rasgos generales se mantienen y desarrollan hasta la fecha actual y serían los siguientes:

o Por lo general las organizaciones campesinas son sectoriales (productores de caña de azúcar, de piña, etc.) y el alcance de su actividad e influencia es local o regional.

o La estructura corresponde al carácter local o regional y/o sectorial. Básicamente se tiene una estructura fragmentada (“descentralizada”, “autónoma”…). Hay un rechazo hacia la llamada “forma central”, explícito o de hecho.

o En lo fundamental, las demandas se restringen a lo económico. La presión de tipo político se dirige principalmente a conseguir metas que impulsen aspectos relacionados con el proceso de producción en sentido amplio; es decir, se subordina a lo económico.

o Cuando se ha planteado acciones políticas más allá de la presión para lo económico, ha sido en el ámbito municipal, demandando obras o servicios, y/o para influir en la elección de autoridades de ese orden de gobierno. Excepcionalmente, se ha dado la movilización por demandas de interés general (contra los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo, ya en el siglo XXI); pero no se han basado propiamente en alguna(s) organización(es) de alcance nacional, sino en formas de unidad más bien momentánea. Y sus logros han sido más bien dudosos, apuntando hacia negociaciones de tipo electoral.

o Llama la atención el evidente aislamiento de las diversas organizaciones campesinas, en diversos órdenes:

- Dentro de una misma organización, realmente existe un reducido grado de unidad, por aquello de la “autonomía”; se observa casi una política de apoyo mutuo entre las distintas secciones. Entre organizaciones distintas, la unidad se da esporádicamente y a menudo existen serias diferencias.

- Con respecto de otros sectores de trabajadores, como la clase obrera, el aislamiento es prácticamente absoluto. No hay un movimiento conjunto de importancia desde los años setenta; y aun entonces, casi todos fueron en calidad de organización popular (los “Comités de Defensa”, por ejemplo).

- Los partidos políticos se encuentran desvinculados de la organización campesina en cuanto a unidad orgánica. La relación de estos partidos con el campesinado se da con fines electorales, de captación de votos y cobra intensidad ante la proximidad de los actos electorales. Con esos fines, los partidos realizan actividades de gestoría ante las instituciones, lo que mucho se parece a la antigua actividad tradicional de las centrales oficiales y semioficiales. Ocasionalmente se ve a algún partido encabezar otro tipo de movimiento; invasiones de tierra por ejemplo, ya no sólo contra los grandes latifundistas, sino también enfrentando a campesinos bajo régimen de “propiedad social” contra sus homólogos de propiedad privada o pequeños capitalistas rurales que poco se diferencian del campesinado. Esta actividad conduce a los partidos actuales a formar grupos de adeptos-interesados (clientes), no a una auténtica vinculación con el movimiento; y no es raro el enfrentamiento entre grupos ligados a partidos diferentes. Entre paréntesis, la situación no es muy diferente si se examina la relación con los obreros u otros sectores de trabajadores.

Para muchos promotores de las actuales formas de organización campesina, características como las mencionadas son percibidas como avances, como experiencias deseables de conservar y acrecentar; excepción hecha del aislamiento interno de las organizaciones y con respecto a sus símiles campesinos y de otros sectores. Pero esta excepción en pro de la unidad es más declarativa que real, pues en la práctica poco se hace en ese sentido. En realidad, las organizaciones campesinas se presentan actualmente más como un conglomerado de grupos de presión que como un movimiento unificado.

El carácter limitado de las demandas y de la estructura impide trascender los marcos ya no de la dominación de clase, sino los que el régimen impone dentro del actual patrón de crecimiento. Entonces, en la medida que esta limitación retiene dentro de los límites establecidos por el sistema, sin la perspectiva de acceder a una calidad de organización, dirigencia y conciencia más allá de tales límites, puede considerarse que los campesinos están bajo control (como los trabajadores en general, en esas condiciones). En tanto la organización campesina y los partidos políticos permanezcan en esos marcos, en la práctica estarán funcionando como instrumentos de control del régimen. En términos de B. Rubio (2004), “el problema es que son movimientos locales enfrentando poderes globales”.

El marco expuesto de la relación Estado-organizaciones bajo el neoliberalismo, consolidada bajo el salinismo, no es exclusivo para la organización y control del sector campesino. Pero es completamente válido también para el éste, y su actual situación no podría comprenderse plenamente sin este elemento. No es casual que un destacado personaje como Gustavo Gordillo, siendo Subsecretario de Política y Concertación de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (Gordillo, 1992: 75-78), hacia 1992, abogase por este tipo de política, valorándola como lo más adecuado en los tiempos actuales para el campesinado, y en general, para la buena relación entre gobernantes y gobernados. En el mismo marco resulta plenamente explicable la multiplicación de organizaciones campesinas y similares de la que ha sido testigo toda la etapa de formación y consolidación del neoliberalismo en el campo mexicano.

Todavía al principio de los mil novecientos setenta, el régimen no veía con buenos ojos la formación de organizaciones campesinas. Sin embargo, las diferencias surgidas entre la clase dominante y en el seno del aparato del Estado provocaron que, hacia la mitad de esa década, el gobierno de Luis Echeverría mostrara una cierta tolerancia hacia tales organizaciones, surgidas al calor de la lucha por la tierra, principalmente contra latifundistas atrasados; desde luego, siempre que no rebasaran determinados límites. Con diferencias, sobre todo en cuanto a las invasiones o “recuperaciones” de tierras, la actitud más o menos tolerante se mantuvo durante la Presidencia de José López Portillo (1976-1982). En lo fundamental las políticas de estos dos gobiernos representaban un esfuerzo por conservar el régimen basado en el crecimiento “hacia el interior”, para lo cual buscaban modificaciones en éste; más con Echeverría y menos con López Portillo.

Con ese antecedente, en el mandato del Presidente Miguel de la Madrid H. los hechos exhiben la intención de acceder a un patrón de crecimiento y un régimen neoliberales. Las confrontaciones entre tendencias priístas a propósito de ese tránsito condujeron a aceptar y estimular a las nuevas organizaciones; con la diferencia de que con ello se buscaba consenso para con el proyecto “modernizador” y aliados frente a las tendencias opositoras. A la vez, se perfilaban las reformas que condujeron a la consolidación del neoliberalismo durante el período de gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Como consecuencia de esos cambios en la política de control, el número de organizaciones de agricultores (no sólo campesinas) se ha incrementado desde los mil novecientos ochenta. A continuación se presentará un esbozo de esta evolución, lo que permitirá observar la progresiva disminución en la importancia de las organizaciones que fueron el instrumento de control corporativo estatal en ese sector social.

A inicios de la década de los ochenta, el sistema político mexicano aun contaba entre sus pilares al movimiento campesino organizado, es decir, al conjunto de organizaciones campesinas controladas por el Estado y prácticamente integradas a él en el marco del régimen presidencialista históricamente constituido. Un rasgo distintivo de este régimen es el corporativismo, expresado en el agro por el control del productor precisamente mediante estas organizaciones. Destaca, por supuesto, la CNC, afiliada al partido oficial, el PRI. A su lado marchaban algunas otras organizaciones que iniciaron como oposición izquierdista y de hecho fueron cooptadas por diversos regímenes. Entre estas últimas se cuentan la Central Campesina Independiente (CCI) y la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM).

Se ha visto que hasta entonces (principios de los mil novecientos ochenta) una función principal de estas organizaciones había sido la directamente política, dirigida a mediatizar el descontento, canalizar las luchas campesinas hacia las instituciones del Estado y asegurar el voto. En particular, la lucha por la tierra se encauzaba a través del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (después Secretaría de la Reforma Agraria), con lo que, por lo menos, se mantenía en el campesino la esperanza de obtener una parcela y en no pocas ocasiones en efecto dotaba a los núcleos campesinos con superficies, así fuesen de mala calidad. El campesinado aun veía a la posesión de la tierra como vía principal para mejorar sus difíciles condiciones de reproducción; idea que estaba presente en los móviles que lo impulsaron a involucrarse en la Revolución Mexicana de 1910 y que era alimentada por los gobiernos al presentarse como los continuadores de la obra revolucionaria. Así, el reparto agrario o la promesa de éste, se había usado como un mecanismo de control político, cada vez menos efectivo por cierto, con base en las organizaciones campesinas oficialistas.

La función de control de la organización corporativa se fundaba también en la gestión de recursos provenientes del Estado, tanto para fines de producción (crédito, insumos, infraestructura, etc.), como para complemento del ingreso (subsidio al consumo) o para obra de beneficio social (escuelas, clínicas rurales, etc.). En la medida en que el reparto agrario se agotaba como medio de control, la gestión de recursos cobraba importancia como una forma de control preventivo; es decir, la CNC y similares adquieren la función principal de bloquear las manifestaciones de descontento por sobre la canalización hacia las instituciones de gobierno.

Normalmente las organizaciones campesinas oficialistas menores se manifestaban en oposición con la CNC; pero cumplían con la misma función de control (mediante la canalización institucional del descontento, así como la gestoría y el bloqueo de la movilización). Y recibían, al igual que la CNC, ciertas prebendas: recursos económicos y puestos en los Congresos nacional y local o en el aparato ejecutivo del Estado. Es a partir de 1982-1985, cuando claramente la funcionalidad de estas organizaciones oficialistas-corporativas se manifiesta definitivamente obsoleta, dado que se ha llegado al punto de implantar el patrón de crecimiento neoliberal. No sólo obsoleta, sino que se muestra como un estorbo, dado que su entramado de intereses y relaciones económico-políticas contribuía fuertemente al cúmulo de resistencias que encontró dicho patrón para su implantación.

Por tal razón, no es extraño que, a partir de inicios de los mil novecientos ochenta, las agrupaciones campesinas “emergentes”, que ya existían, cobren auge, con el no tan discreto apoyo del Estado, que para entonces estaba construyendo con firmeza el régimen neoliberal. El Estado busca (y compra) el apoyo de las organizaciones “autónomas” para contrarrestar la presión conservadora de la CNC y similares, a la vez que va desplazando a estas últimas. El proceso avanzó hasta llegar a la situación actual (2000-2006…), en donde la CNC, la CCI, la UGOCM, finalmente han perdido su carácter de interlocutores privilegiados del Estado, tanto en lo económico como en lo político. Como es natural, ello les ha reportado pérdidas significativas en términos de afiliación e influencia.

Actualmente las organizaciones ex-oficiales figuran como otros componentes más dentro del cúmulo de grupos campesinos en el país. Y como todos ellos, compiten por los recursos del Estado, en los términos que el régimen impone. Esto llevó a que, sobre todo la CNC, estén esforzándose por modificar sus estructuras y estrategias para sobrevivir en las nuevas condiciones. La CNC, por ejemplo, está incursionando en la organización para lo económico (producción directa, comercialización, financiamiento) algo relativamente nuevo para ella, pues su función tradicional fue política; asimismo, está extendiendo sus políticas de afiliación a profesionistas ligados al campo, avecindados, comerciantes de productos agropecuarios, etc., cuando tradicionalmente sus afiliados fueron los campesinos del sector de “propiedad social”, o sea ejidatarios y comuneros. Así, estas organizaciones dejan de ser propiamente campesinas y se integran, más por fuerza que de grado, al esquema de control neoliberal en el campo, basado en la fragmentación, el economicismo, el individualismo, la diversificación de los afiliados y la marginación de las bases. Y en eso parece que otros se dan más maña. Pero, dado su historial, ¿les queda otra opción? No están habilitadas para luchar por los verdaderos intereses del campesinado y de los explotados.

Se tiene, pues, que el paso del esquema de crecimiento volcado al mercado interno hacia el neoliberal, dirigido al mercado externo, para las organizaciones oficialistas tradicionales, ha tenido el efecto de convertirlas de organismos corporativos integrados a un régimen presidencialista, en organizaciones de tipo sólo clientelar bajo el neoliberalismo.

No se dispone de un padrón exacto de las organizaciones campesinas en México y de sus tendencias políticas. A principios del 2003, Jesús Ramírez Cuevas (2003) hace un recuento de veintiséis organizaciones “campesinas” (incluyen a pequeños y medianos productores de tipo capitalista); además de tres que tipifica como “organizaciones gremiales del sector privado”. Pero debe tenerse en cuenta que la mayoría, si no todas, agrupan a su vez a otras organizaciones. Además de lo que el autor señala: “Se incluyen a organizaciones que presumen de una presencia nacional. Sin embargo, es claro que existen un sinnúmero de agrupaciones regionales y locales que reúnen a la mayoría de los productores, muchas de ellas sin una relación orgánica con las centrales campesinas”. (Ramírez, 2003).

Puede asegurarse que con el paso al neoliberalismo crece el espectro de organizaciones campesinas integradas a las políticas de gobierno en formas distintas al viejo corporativismo, con el denominador común de aspirar a los recursos económicos. Como un indicador de este fenómeno (más allá del período de C. Salinas de Gortari) se intentará un bosquejo de la evolución numérica de esas organizaciones. Para ello, se tomarán las que han participado en agrupaciones convocadas por los gobiernos en turno: el Pacto de Ocampo, el Consejo Agrario Permanente y el Acuerdo Nacional para el Campo.

El origen del Pacto de Ocampo se encuentra en la necesidad del gobierno de Luis Echeverría de unificar a las organizaciones campesinas corporativas de entonces, limando las asperezas que manifestaban entre sí. Se estableció el 24 de diciembre de 1974, con la presencia del Presidente Echeverría, en Ocampo, Coahuila. Las organizaciones que lo firmaron fueron: la CNC, la CCI, la Unión General de Obreros y Campesinos (UGOC) "Jacinto López", y el Consejo Agrarista Mexicano (CAM). Posteriormente se sumó la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad (CNPP), de agricultores privados, lo que generó división entre sus miembros, pues parte de ellos acusaron de "traidor" a su dirigente, Gustavo Guerra Castaños, y se pasaron a la Unión Agrícola Nacional (UNAN).

“Quedaron fuera del Pacto de Ocampo otras dos importantes organizaciones campesinas, La Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) que dirige Juan Horta y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) —antes Central Campesina Independiente (CCI), de Ramón Danzós Palomino. “Todos los dirigentes de las organizaciones del Pacto de Ocampo recibieron curules priístas en la actual legislatura. Celestino Salcedo Monteón (CNC) y Gustavo Guerra Castaños (CNPP) son senadores; Alfonso Garzón Santibáñez (CCI), Juan Rodríguez (UGOC "Jacinto López") y Humberto Serrano Pérez (CAM), son diputados”.

Como se ve, existían seis organizaciones principales de control campesino, las cuatro firmantes y dos fuera. La CNPP y la UNAN, aunque importantes, no agrupaban a campesinos propiamente. Estas organizaciones oficialistas eran las predominantes cuando se implanta el neoliberalismo a principios de los mil novecientos ochenta. Aparte las surgidas de las luchas por la tierra en los setenta y que eran marginadas por opositoras.

El Congreso Agrario Permanente (CAP) surge en 1989 por iniciativa del entonces Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, como un instrumento que permitiera avalar y legitimar las reformas al artículo 27 Constitucional, así como las negociaciones del Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN). Para el 2001…

“El CAP está constituido por 11 organizaciones, de las cuales están vinculadas al PRI: Confederación Nacional Campesina (CNC), Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), Confederación Agrarista Mexicana (CAM), Central Campesina Independiente (CCI), Alianza Campesina del Noroeste (ALCANO) y la Unión General de Obreros Campesinos de México (UGOCM), y el PRD tiene vínculos con la Comisión Organizadora de la Unidad Campesina (CODUC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y la Unión Campesina Democrática (UCD). También están la Central Campesina Cardenista y la CONSUC. “Sólo en la CIOAC, la CCC y la CNC se realizan elecciones periódicamente y sus dirigentes han cambiado, pero hay casos como el de Humberto Serrano, de la CAM, que lleva 36 años como dirigente, y Álvaro López, quien ha sido líder 14 años. Este último dijo ayer que esto es porque las bases piden que se mantenga al frente, "qué más quisiera, que atender asuntos personales", y aunque él ha pedido que no haya reelección en UNTA, no han aceptado las bases” (Enciso, 2001).

Según recuento de la cita anterior, para estas fechas, sólo en el CAP, se tienen 12 organizaciones participantes en la convocatoria oficial, sin contar a la UNORCA, que se retiró después de 12 años de pertenencia. Es interesante la argumentación del líder de la UNORCA para explicar su retiro del CAP:

“Alberto Gómez detalló en entrevista que la decisión de salir del CAP fue resultado del análisis de que el Congreso ya cumplió con una etapa y ya no es el instrumento adecuado para reactivar el movimiento agrario. Ahora es necesario crear "un contrapeso social ante un gobierno que aplica el monólogo y es autoritario. En el que el campo no está incluido en su visión de nación".

“Ahora, dijo, en lugar de poner en el centro de discusión el tema de un nuevo trato para el campo, se puso la cuestión de los convenios de recursos para el organismo” (Enciso, 2001).

Un poco más tarde, el 28 de abril del 2003, fue firmado el Acuerdo Nacional para el Campo, promovido por el gobierno del Presidente Vicente Fox Quezada. Por las organizaciones agropecuarias (ya no todas propiamente campesinas) firmaron las siguientes: Las agrupadas en “(…) el Congreso Agrario Permanente (CAP), la Confederación Nacional Campesina (CNC), El Barzón y por ocho de las 12 organizaciones del movimiento El Campo no Aguanta Más. Las cuatro agrupaciones campesinas que decidieron no suscribir el acuerdo argumentaron que fue porque sus demandas, no resueltas, eran innegociables: sacar maíz y frijol del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y modificar el artículo 27 constitucional. Y además, porque se trata de un “acuerdo mezquino y cosmético” (Enciso, 2003). Los firmantes agrupan al menos unas 28 organizaciones campesinas que compiten por los recursos oficiales. Las organizaciones plantearon sus diferentes puntos de vista y sus disidencias con el gobierno. Pero firmaron.

El Presidente Fox “(…) festejó, sin embargo, la presencia de los dirigentes: "Es una victoria política de generaciones protagonistas de la larga marcha de la transformación democrática de México. El Acuerdo Nacional para el Campo es fruto de un amplio proceso incluyente, respetuoso y plural, generado desde las entrañas mismas de la sociedad rural y apoyado por una Presidencia de la República que se abre a la sociedad, que escucha sus demandas, que acepta sus propuestas y que responde con compromiso" (Venegas y Enciso, 2003).

Desde un punto de vista distinto, en palabras de Blanca Rubio (2003):

“El acuerdo nacional para el campo ha desnudado cabalmente la estrategia del gobierno de Vicente Fox frente a los grandes movimientos sociales. Después de una gran movilización que logra involucrar a la sociedad civil y demostrar la justeza de sus demandas, el gobierno valida los reclamos, se muestra accesible a negociar y presenta una propuesta en la cual desvirtúa y vacía de contenido el pliego petitorio de los movilizados, para luego convalidar institucionalmente la posición oficial. Con ello genera desmovilización y divisiones en el sector demandante, a la vez que se muestra como un gobierno que resuelve los problemas sociales”.

Se puede apreciar, a través de esta muestra, la manera en que ha variado la conducta del Estado hacia la organizaciones campesinas y los productores agropecuarios: a) Desde principios de los mil novecientos ochenta, dejó de dominar la tendencia a marginarlas, excluirlas del diálogo y satanizarlas. b) Se permite e incluso se alienta su aumento en número, porque contribuye a la división y competencia entre ellas. c) Se exhibe una actitud de apertura hacia ellas, ofreciendo igualdad de condiciones para el acceso a los limitados recursos y la promesa de aumentarlos. d) No se privilegia a las organizaciones que fueron pilar del viejo corporativismo presidencialista. e) El peso relativo de estas últimas disminuye al ampliarse la cantidad de organizaciones y su abanico de tendencias y matices. f) Sin embargo, como es natural, el Estado privilegia a las organizaciones y (más que a éstas) a sus líderes que más se muestran colaboradores con las políticas del régimen. Probablemente la última característica sea de las que han contribuido más a la idea de que se está formando un neocorporativismo rural. Estos rasgos se han venido acentuando y el Estado adecua en cada momento la manera de operarlos a partir de la distribución de los recursos oficiales. Este es un elemento distintivo de su estrategia de control.