DESAF?OS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOM?A Y POL?TICA

III. LA INDUSTRIALIZACIÓN COMO INDICADOR DEL “DESARROLLO”

El mejor indicador del desarrollo debiera ser la industrialización, así como es común llamar a los países desarrollados, países industrializados. En México como se ha visto, cuando el capitalismo hace su incursión como sistema de explotación dominante, las exigencias del capital central en su calidad de comandante del proceso, eran de materias primas preferentemente, provenientes de la minería y de la agricultura; se deduce en ese sentido como se ha visto también, que para el Estado Mexicano como operador de las políticas a seguir la industrialización no estaba dentro de sus objetivos, por eso es que si alguna industria podía surgir era aquella que completaba las condiciones internas para la exportación. Así es que la industrialización como objetivo del Estado solo se presenta cuando se convierte en una necesidad del capital subdesarrollado, la cual no deja de ser una oportunidad para la ganancia del capital central.

Cuando los canales para la exportación se obturan, la idea de la industrialización surge como sinónimo de desarrollo. En México como en el resto de los países latinoamericanos

“La crisis de los años treinta afectó duramente a las economías de exportación, en América Latina se conjugaron factores complejos que marcan esta época como el inicio del desarrollo económico contemporáneo basado en la industrialización. Se adopta una política económica definida en ese sentido, con una fuerte intervención del Estado para asentar las bases del desarrollo.” (Appendini, 1985: 134)

Es en este momento que la inserción de la agricultura encuentra un lugar que parece definitivo con un papel de primera importancia en el proyecto de desarrollo que impulsa el Estado, esto es, como un soporte fundamental para la industrialización. Aquí, como dice Appendini (1985: 164), “La política agrícola se enmarca en los objetivos de un proceso acelerado de industrialización que se convierte en sinónimo de desarrollo.”

La ideología del desarrollismo como sustento de esta etapa del subdesarrollo, introduce de manera traslapada la idea de que el sector agrícola le debe de asegurar a la sociedad una oferta creciente y barata de productos agrícolas para satisfacer la demanda de alimentos y materias primas; debe proporcionar divisas a través de las exportaciones agrícolas; debe proveer una corriente de ahorros del sector al resto de la economía, proveer fuerza de trabajo y finalmente constituirse en un mercado para los productos de la industria en crecimiento. Esto es, pareciera que industria y agricultura conformaran un binomio de interacción permanente, por eso es que aquí es donde con la industrialización protegida, la reforma agraria encuentra algún cobijo real.

La población rural se hace meritoria a un espacio en el mercado que se construye al parejo de la industrialización. Como lo destaca el propio Appendini, –refiriéndose a la etapa del desarrollismo–. El crecimiento de la producción agrícola fue logrado gracias a una política agraria que apoyó la expansión de la superficie agrícola mediante el reparto agrario, y una política agrícola que dio bases para la transformación de un subsector de la agricultura que adquirió altos niveles de productividad. Ese trato diferenciado y los límites del mercado interno marcados por el subdesarrollo deben otorgarle sus rasgos particulares a la reforma agraria en México, como lo intentaremos esclarecer.

En realidad en pos de la industrialización no se intentó integrar de manera armónica a la sociedad a pesar del antecedente revolucionario. En los hechos la economía campesina nunca aparece como pieza fundamental en el proyecto de la industrialización que puso en el centro de su atención al mercado interno, su papel fue relegado a cubrir los huecos que no llenaba la agricultura empresarial. La suerte de la misma dentro del proyecto, en general, formaría el espectro donde se movería la reforma agraria y la propia suerte de los campesinos. Lo demás lo determinan los propios límites de la acumulación. Appendini (1985: 135) describe con claridad el trato preferente que se le da a la agricultura empresarial hasta los años sesenta, de la siguiente manera:

“La política agrícola de corte productivista que respondió a la necesidad de aumentar y diversificar la producción se dirigió a un subsector de productores con rápida respuesta en términos de crecimiento de la producción. Se concretó en la creación de infraestructura (riego), apoyo al cambio tecnológico, una fuerte contribución del Estado a la producción de insumos (fertilizantes, semillas mejoradas) y apoyo a la mecanización, lo cual incidió en la productividad y en costos bajos; (...) la agricultura empresarial logró satisfacer la demanda creciente y diversificada para el mercado urbano de ingresos medios y altos en rápido crecimiento, así como para el mercado externo. Además contribuyó a la producción de granos básicos durante la primera mitad de la década de los sesenta, al aprovechar los resultados de la Revolución Verde. La agricultura campesina quedó marginada de esta política, sin embargo el reparto agrario garantizó la expansión de cultivos tradicionales (maíz y frijol) por parte del subsector campesino…”.

Se deduce que los frutos del “desarrollo” en condiciones del capital subdesarrollado no deben alcanzar más que a los sectores que se integran de manera solvente en la economía. En el caso del modelo de crecimiento relativo, son pocos los invitados a los dividendos del mercado interno. A los campesinos se les llama pero no deben pasar al comedor.

Y así resulta que: “Al no incorporar a la mayor parte de los productores agrícolas a una transformación de los procesos productivos, no se cumplió con el último requisito de los desarrollistas: el de crear un mercado interno amplio” (Appendini, 1985: 135). Y en verdad que no podía estar en el proyecto, algo que no se puede alcanzar. Sobre la cultura de la exclusión que prevalece en el ánimo de las fracciones de la burguesía nacional se encuentran los topes que el subdesarrollo le impone a esta forma de crecimiento, los que en última instancia le aplican la exclusión a la propia burguesía.

En ese sentido de acuerdo con Figueroa, el Estado sí se propuso como tarea de primera importancia unificar y en general facilitar el desarrollo del mercado interno tomando en consideración el impulso de la producción agraria, pero como lo señala Appendini (1986: 135-136) el crecimiento de este mercado no es horizontal sino vertical, porque no se trata de crear bases sólidas para el desarrollo, de manera que excluye a la masa trabajadora como fuente de demanda, en todo caso la producción campesina es un elemento que sirve para la conservación de los salarios bajos y esa es su contribución al funcionamiento del modelo de acumulación de mercado interno, como se aclara cuando se afirma:

“Al existir un sector campesino importante se garantiza la reproducción de una fuerza de trabajo barata tanto en el sentido directo, puesto que los campesinos ofrecen su trabajo permanente o temporalmente a otras actividades; como de manera indirecta, ya que una parte importante de los productos de la alimentación básica es producido por el sector campesino. Como los alimentos son un componente fundamental de la canasta de consumo a nivel de subsistencia, una política de precios bajos para los alimentos de consumo popular constituye parte integral de este modelo de desarrollo (...). El papel del campesino como productor de alimentos básicos juega por tanto un papel importante en el proceso de acumulación.” (Subrayado mío)..

Ello es a sí porque el campesino no persigue como objetivo principal la ganancia sino su reproducción, lo que le permite a la burguesía recurrir a su participación como garantía de su propia ganancia sin pensar en alguna recompensa a cambio. Este aspecto de los productores campesinos en el subdesarrollo se aproxima cada vez más a la explotación absoluta.

El crecimiento económico fundado en la importación del progreso tecnológico, hacen que la burguesía busque el menor costo de la acumulación en buena medida en lugar de la reducción de los tiempos de producción, en la exclusión, como es el caso de la producción agraria que contribuye a la oferta agrícola y a mantener junto con los productores empresariales el nivel de los precios bajos debido a que los campesinos a veces no logran ni siquiera cubrir la reproducción de su actividad, es por ello que el Estado no insiste en la transformación tecnológica del sector campesino porque significa un costo que puede abonársele entretanto a la producción capitalista. Como se observa, esa fue la lógica implícita en la política agrícola hasta mediados de los sesenta, cuando los productores empresariales definieron la división del trabajo en el campo para cargar sobre los campesinos el mayor peso de la producción de los granos básicos, adhiriéndose ellos a la generación de productos más rentables destinados a los sectores medios y altos incluyendo los de exportación.

La exclusión en el proceso de tecnificación del sector campesino, trajo como consecuencia natural la incapacidad del mismo para cubrir la demanda interna de alimentos, lo que aparece como crisis de los setenta que tiende a confluir con la crisis del modelo de crecimiento, es el momento en que el Estado intenta recomponer la participación de los sectores que integran la agricultura, como una forma también de revitalizar el modelo, sin reparar en sus causas estructurales. La mirada hacia los campesinos cuyo objetivo era recomponer la oferta interna de alimentos, para poder mantener la política salarial sin enfrentar el conflicto obrero llevó al Estado a rebautizar el modelo desarrollista por uno que intentaba convencer a los sectores sociales –en particular a los campesinos– de que serían integrados a los beneficios del “desarrollo”: ahora sería un modelo de “desarrollo con justicia social”.

En realidad poco se hizo por integrar a los campesinos, en este último momento, al proceso de tecnificación. Puede decirse que se trató en general de una exigua mecanización y fundamentalmente un estímulo a través de los precios de garantía, los que si bien favorecieron en mayor medida a los productores empresariales, no los convencieron de participar en la producción de granos básicos. La superficie cosechada seguía siendo la misma aunque el valor de la producción parecía indicar que las cosas iban mejor. Como bien lo registra Appendini, “No obstante que el maíz registra tasas de crecimiento en los precios reales desde 1973 en adelante (año en que se inicio la fijación anual de los precios de garantía) el ingreso bruto por hectárea sigue siendo desfavorable frente a cultivos competitivos como el sorgo,... Maíz y frijol siguen registrando el rendimiento bruto más bajo por hectáreas debido a los bajos niveles de productividad entre la mayor parte de los agricultores...” (1985: 139). Resulta lógico que si no se trataba de integrar al campesinado al “desarrollo”, sino salvar la crisis de alimentos, el camino más sencillo era establecer condiciones para un mínimo de ingreso a través de una política de precios de garantía más estable y para ampliar la producción el recurso del reparto agrario, como se puede apreciar en la gestión de Gcheverría y López Portillo (tabla 3).

EEllo demuestra que los campesinos siguen condenados a producir con los métodos tradicionales o como van pudiendo, pero obligados a producir granos básicos en la medida que el modelo de crecimiento así lo requiere. El incentivo del campesino es la reproducción de su unidad, no la ganancia, de tal suerte que sigue produciendo granos básicos porque consumiéndolos o vendiéndolos logran su reproducción; el precio facilita o dificulta esa reproducción, pero no la detiene, en todo caso si los precios son cada vez más bajos se verán obligados a vender más granos afectando su propio consumo. Sus límites se encuentran cuando dejan de consumir lo que producen y los precios bajos de sus productos no cubren su reproducción y los obligan a abandonar la tierra. Sobre este razonamiento inatentaremos volver posteriormente tal vez en otro apartado.