DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOMÍA Y POLÍTICA

DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOMÍA Y POLÍTICA

Compiladora: Irma Lorena Acosta Reveles

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IV. UNA EVALUACIÓN

Es preciso señalar que mientras los movimientos sociales constituyen un instrumento para el cambio social desde abajo, que ciertamente crea expectativas y esperanzas, éstos no son libres de paradojas. El MECNAM experimentó una serie de contradicciones tanto internas como externas que nos dejan varias enseñanzas. Por otro lado, matizamos los logros de su lucha —que engloban respuestas políticas (simbólicas) y económicas (concretas)— para acercarnos a una apreciación crítica del impacto del movimiento.

A) LAS CONTRADICCIONES

Los dirigentes de las organizaciones de nuestro estudio de caso puntualizan que los conflictos internos irreconciliables surgieron después de firmar el ANC. La alianza de las doce organizaciones del MECNAM (y la coalición con la CNC, el CAP y el Barzón) no logró conservar la unión frente a los emergentes recursos para el campo. Brotaron prácticas perversas del corporativismo: ejemplos de clientelismo, caudillismo, charros y esquiroles; además, abundan acusaciones de negociaciones “en lo oscurito” para pactar agendas particulares. En específico, a partir de mediados de 2003, resultó conflictiva la cercanía del movimiento con el organismo de origen oficialista, el Congreso Agrario Permanente, por la coalición directa con unos integrantes afiliados y la alianza más amplia con él como bloque. Un vocero explica: “El CAP desde 1989 es una organización de Estado. Fue creada por Salinas para controlar el movimiento campesino después de la elección fraudulenta del ’88 y el CAP siempre había sido el instrumento típico de cooptación de un conjunto de organizaciones. […] estábamos claros que [los integrantes del MECNAM] teníamos que construir algo diferente del CAP. Era claro que no queríamos al CAP, ni reproducir las prácticas del CAP.” (Suárez Carrera, 2005) Los señalamientos de corporativismo corrupto y prácticas desleales representaban una serie de conflictos subyacentes basados en las diferentes maneras de hacer política. Esta experiencia de la gran convergencia de diversidad campesina se fragmentó cuando el movimiento entró en contacto directo con el Estado. Esta es una paradoja del proceso de muchos movimientos, sucede que su dinámica con el Estado cambia: éste se mantiene a distancia como adversario, sin embargo adquiere cercanía como interlocutor. Cuando cambia la relación movimiento-Estado, frecuentemente conlleva otras repercusiones orgánicas.

El nuevo monto adicional para el agro convirtió la lucha solidaria por la salvación y revalorización del campo mexicano en una lucha de algunas organizaciones por este capital financiero. Cabe señalar que esta dinámica no fue el conflicto detonante —es decir, no llevó al movimiento a su fractura de manera aislada— sin embargo, fue significativa y contribuyó a la pérdida de confianza que desgastó la coalición. El interés en el bien común se diluyó ante los intereses individuales que evidenciaron la heterogeneidad de las necesidades y prioridades, entonces incompatibles en esta etapa final del movimiento. En consecuencia, la reivindicación del cumplimiento de las demandas estructurales consideradas en el ANC se desbarató con la entrega de soluciones económicas inmediatas.

Estas experiencias nos conducen a la siguiente reflexión: hubo más respuestas políticas que económicas en las negociaciones con el Estado. Es decir, la trascendencia política del movimiento fue mayor que su trascendencia económica. Este contraste aportó considerablemente a algunos conflictos que llegaron a dividir el movimiento. Cabe señalar que, por trascendencia política, aludimos al proceso de negociación mediante el acceso al diálogo y la interlocución misma y, por trascendencia económica, nos referimos a la inclusión y ejecución de intereses materiales con el fin de concretar la solución de demandas.

Las doce organizaciones y sus aliados provienen de diferentes prácticas estratégicas, y ejercen prioridades productivas y administrativas diversas. (Por ejemplo, unas estaban acostumbradas a gozar de una interlocución directa con el gobierno priísta anterior, otras estilan la movilización de sus bases para coquetear ingresos para proyectos productivos y algunas se especializan en el servicio de gestión productiva; unas son centralizadas y otras más regionalizadas, pero todas se hallan perjudicadas por el neoliberalismo actual.) Lograron unirse por primera vez y construyeron un frente con base en intereses macroeconómicos y políticos en común. La presión de las movilizaciones visibilizó estas organizaciones y legitimó su proyecto para una política nacional sectorial. A su vez, su presencia y papel en el escenario político no sólo fueron resucitados sino también elevados a un alto nivel de acceso. Es decir, accedieron al diálogo directamente con Secretarios de Estado e incluso con el Ejecutivo para transformar sus demandas en políticas concretas. En síntesis, se construyó un nuevo espacio político de negociación.

Esta estimulante novedad resulta problemática cuando observamos que hubo una brecha entre la conquista política y la económica. Las concesiones económicas del Estado fueron significativamente más reducidas en el sentido de que no se comprometió a modificar estructuras macroeconómicas, sino políticas financieras, productivas, sociales y asistencialistas. Además, la entrega de estos recursos ha sido parcial y desigual entre las organizaciones. Este espacio limitado y antinómico indujo la competencia entre las organizaciones, que trascendió (entre otros conflictos) en una nueva lucha fragmentada e insolidaria entre ellas mismas por la distribución de los nuevos recursos del ANC. Las corrosivas descalificaciones, cada vez más públicas, y algunos protagonismos acompañaron el creciente antagonismo y desconfianza. Esta situación se manifestaba en juicios de valor sobre los modelos de organización (algunas organizaciones se dedican más a la comercialización mientras que otras a programas productivos y/o asistencialistas) y su representatividad (no sólo el volumen de afiliados y nivel de independencia política, sino también la orientación y las prácticas políticas.).

El MECNAM no ha podido mantener el seguimiento y el cumplimiento satisfactorio del Acuerdo, en buena parte porque el neoliberalismo logró reproducir sus fundamentos ideológicos dentro del movimiento. Observamos que ciertas contradicciones del capital penetraron nuestro movimiento campesino —tales como dinámicas de dominación, y en particular, prácticas desleales, competitividad, individualismo y exclusión económica (que, a su vez, revitalizaron a las viejas prácticas clientelares)— y la lucha colectiva entró en crisis. El modelo económico impulsa la atomización competitiva en la sociedad en general y alcanzó a incitarla dentro del movimiento campesino, lo cual desarticuló el frente en la etapa de posnegociación (es decir, cuando empezó la lucha por el cumplimiento del ANC). El Estado facilitó que las organizaciones campesinas pudieran manejar espacios políticos y económicos como propiedad privada, y competir por los medios productivos y las condiciones de trabajo como si fuera una dinámica de mercado. La lucha colectiva, consecuentemente y previsiblemente, se obstaculizó por la heterogeneidad de la coalición que resultó incompatible e inviable en estas circunstancias.

No menos importante fue la contrariedad de que el desempeño de la lucha (que era significativamente canalizada hacia un mayor presupuesto rural), paralelamente asfixió los recursos financieros de algunas organizaciones campesinas pequeñas, dado que los subsidios al campo estaban detenidos.

“Un grupo de intelectuales […] decían que no debíamos de dejar las movilizaciones, que teníamos que salir adelante […] es muy cómodo ver los toros desde la barrera, pero estar financiando un movimiento grande a todo mundo deja exhausto en muy poco tiempo. […] Algo importante hubiera sido prepararnos para una lucha más larga, pero no sé si eso sea posible, porque el movimiento fue creciendo y creo que fue teniendo de pronto vida propia y nadie estuvimos previendo que iba a tener una importancia como la tuvo y que era necesario sostenerlo más tiempo para lograr concretar cosas más sustanciales. No sé que tan ocioso pueda ser el decir que hubiéramos creado un fondo de resistencia, pero no somos adivinos. Viéndolo más en perspectiva, lo que tendríamos que hacer como organizaciones es tratar de tener una estrategia de mayor capacidad de autonomía en recursos. […] Casi todas las organizaciones tenemos una economía muy al día, muy precaria. Entonces, el hecho de que nos dediquemos de tiempo completo a movilizaciones, en corto tiempo nos deja en la lona en términos financieros. Es uno de nuestros talones de Aquiles y el gobierno lo sabe.” (Sánchez Valle, 2005)

Otros temas de conflictos versan sobre el funcionamiento interno del movimiento. Además de la polémica por la doble membresía con el CAP (culminada con la incorporación indeseada de la Comisión de Seguimiento del ANC al Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable en septiembre de 2003), hubo discusiones sobre los siguientes mecanismos, estructuras y procedimientos: la duración y rotación de los voceros para evitar protagonismos; la propuesta de centralizarse e institucionalizarse con estructuras técnicas de apoyo en un Movimiento El Campo No Aguanta Más, A.C. y/o trabajar con las bases regionales; la toma de decisiones por mayoría, o por consenso o por voto ponderado basado en el número de afiliados representados en cada organización; y ciertas asistencias irregulares a las reuniones. Estos temas provocaron la idea de elaborar un reglamento interno con el fin de establecer criterios claros de coordinación, la cual, a su vez, provocó desacuerdos.

Dichos problemas son la consecuencia de la espontaneidad del movimiento dado que hubo situaciones imprevistas y la dinámica de trabajo no se estableció de antemano, sino en el camino. Cabe aclarar que ninguna de estas contrariedades en particular llevó el movimiento a su fractura, sino la sinergia de incompatibilidades y la interacción contradictoria con el Estado. Las respuestas económicas del gobierno —parciales, desiguales y más asistencialistas e inmediatistas que estructurales— no correspondieron a la fuerza política que conquistaron las organizaciones campesinas. Este desequilibrio provocó más conflictos internos, aprovechados por el Estado para emprender dinámicas desestabilizadoras.

B) LAS APORTACIONES

Aquí es preciso considerar qué nos deja esta experiencia y cuáles son sus consecuencias, específicamente qué aportó el movimiento a la lucha de clases. Concretamente, contamos con:

a) Los testimonios de Las Mesas de Diálogo. Aunque se desacrediten como un diálogo de sordos sin resultados, pocas veces se logra un evento de información, críticas y propuestas de tal magnitud.

b) Un Acuerdo Nacional Para el Campo que incluye un fondo de emergencia de 2 mil 800 millones de pesos (que puede parecer considerable hasta comparar con la demanda de 20 mil millones). Ciertos dirigentes y la mayoría de los intelectuales que acompañaron al movimiento critican que su contenido es diluido, retórico y que no resuelve la crisis del campo: no se logró, por ejemplo, renegociar el apartado agropecuario del TLCAN y revertir el Artículo 27 constitucional que cierra el reparto agrario. Hasta la fecha, se lucha por su cumplimiento, dado que las demandas estructurales relacionadas con la soberanía alimentaria, en general, no se han atendido. Los programas que han recibido más apoyo no son de carácter productivo, sino social (y consecuentemente implican una estrategia política asistencialista), siendo Vivienda Rural y Adultos Mayores los más significativos. Sin embargo, otros dirigentes e intelectuales lo consideran un “primer paso” en la lucha y señalan la importancia de haber articulado las reivindicaciones específicas de organizaciones campesinas individuales en un proyecto nacional y pluritemático.

c) Un presupuesto incrementado. El Gasto Concurrente para el Desarrollo Rural en millones de pesos nominales (que incluyen la inflación) en 2002 fue de 98,500; en 2003 aumentó a 117,096.6; en 2004 subió a 120,380; y para el año 2005 escaló a 143,856.9 (Gasto Concurrente para el Desarrollo Social, 2005:1), aunque padece de los obstáculos políticamente premeditados para impedir su instrumentación.

Por ejemplo, “en el 2004, [el Presidente] cambió todas las reglas de los programas para que no se usaran y se empezó a usar el presupuesto hasta octubre de 2004. En octubre, noviembre y diciembre, en tres meses, ya no se pudo usar el presupuesto [por el ciclo natural climático], y hubo un subejercicio de más del 60 por ciento al presupuesto del campo.” (Luna Hernández, 2005) En el 2005, la llamada controversia constitucional del Ejecutivo vetó parcialmente el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados y permaneció congelado a mediados del año, esperando el correspondiente debate sobre la aprobación de la Suprema Corte de la iniciativa presidencial. Además, hay mecanismos de control estructurales que contrarrestan el engrandecimiento presupuestal: “Tenemos un candado: todo presupuesto que no se ejerce, achica para el año entrante la solicitud de presupuesto. Si este año tú solicitaste 50 y sólo ejerciste 40, el año entrante no puedes pedir más de 40, y si el año entrante ejerces 30, no puedes pedir más de 30 y así estamos empequeñeciendo en la práctica —en la operación política— el presupuesto para el campo.” (Ramos Alva, 2005) También hay candados incorporados en la propia reglamentación de la aplicación de ciertos programas específicos. En el caso del Fondo Nacional de Población (FONAPO), que depende de la Secretaría de Desarrollo Social y emplea los recursos de los programas de vivienda rural, se aplican criterios que excluyen a muchas poblaciones de alta marginación. La Secretaría mantiene que el programa no puede operar en comunidades de menos de cinco mil habitantes porque no están consideradas en los censos y no lo permiten las Reglas de Operación. (Olivarría Saavedra, 2005)

d) La negociación de 47 nuevas Reglas de Operación. El sentido de su re-elaboración es la participación de los dirigentes campesinos con el fin de mejorar el acceso a programas, así como a la transparencia y mejor distribución de los recursos. Aunque, “De los 47 programas federales, 35 debían publicar sus respectivas reglas de operación en el Diario Oficial de la Federación para poder impulsarse. Esta fue sin embargo la traba principal para acceder a los recursos. El 25 de julio [de 2004] solamente 7 de los 35 programas habían cumplido con este requisito, por lo que los recursos prometidos no llegaban al campo.” (Rubio, en prensa: [versión mecanografiada]: 10)

e) La suspensión de la importación de maíz blanco, la cual ha resultado en una reducción drástica en su importación. Por otro lado, es lamentablemente el aumento proporcional de la importación de maíz trabajado (que es maíz sano quebrado intencionadamente para exportar sin aranceles). Los cupos de maíz blanco se asignan en casos oficialmente comprobados de desabasto, en vez de implementar políticas de producción y distribución nacional. Éstos se comprueban de manera regional y temporal —no obstante, se logran comprobar cada año— mediante un mecanismo basado en estadísticas oficialistas y la consulta entre organizaciones industriales y campesinas integrantes de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Comercio (COSAC) de la Secretaría de Economía.

El volumen de las importaciones de maíz entero blanco en toneladas, en el año 2000, fue de 1,219,594; en 2001 se redujo ligeramente a 1,060,645; en 2002 descendió a 667,298; en 2003 desplomó a 268,791; en 2004 aumentó levemente a 345,539 y en 2005 sólo se otorgaron 66,063. Mientras tanto, el volumen de las importaciones de maíz trabajado en toneladas, en el año 2000, fue de 260,108; en 2001 aumentó a 862,878; en 2002 saltó a 2,029,902; en 2003 otra vez se agrandó hasta 2,684,989 y en 2004 descendió ligeramente a 2,300,000 (Secretaría de Economía, 2005: 21) Por otro lado, la cantidad de maíz que ingresa ilegalmente por corrupción en las aduanas es un problema reconocido, aunque no se haya cuantificado.

f) Algunos proyectos productivos, sociales y asistencialistas nuevos, o con una nueva denominación y orientación.

g) Cinco Diputados (del bloque MECNAM, CNC, CAP y Barzón) que participan en la lucha institucional por modificaciones legislativas dentro de la Cámara. Desde las elecciones federales de 2003, se han publicado en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley de Energía para el Campo (4 de diciembre de 2003); la Ley Nacional de Aguas (29 de abril de 2004); el Reglamento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (5 de octubre de 2004); el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (21 de febrero de 2005); la polémica Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (18 de marzo de 2005), (Acuerdo Nacional para el campo. Avance de las principales acciones, 2005: 43-44); y se creó el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) que recopila y analiza datos agrarios, y elabora propuestas para la Cámara de Diputados.

El activismo legislativo divide a los dirigentes del MECNAM: unos opinan que este nivel de negociación gremial es válida y valiosa mientras que otros aluden a la cooptación, la corrosión del movimiento por dinámicas partidarias electorales y la dispersión de las iniciativas dentro del aparato burocrático estatal.

h) Un Frente Sindical, Campesino y Social constituido el 27 de marzo de 2003. Persevera relativamente en las sombras, y se critica por desempeñarse como una herramienta electoral. Además, la opinión generalizada no lo estima como una alianza de clase liberalizadora de los sectores populares. No obstante, se justifica que:

“Lo que nosotros hemos podido hacer es una articulación regional de organización campesina, social y obrera. En las 31 entidades y en el DF tenemos conformado el Frente […] y en algunas regiones geoeconómicas del país. […] En primer plano, la unidad ha servido también como plataforma de propuesta para un proyecto alternativo de nación, impolítico, sin partido hasta el momento. Hemos convocado a dos diálogos nacionales. El primero, aquí en México DF en noviembre del 2004. El segundo fue en Querétaro, el cinco de febrero de 2005. Y ahorita lo que estamos tratando de hacer es darle continuidad para que esa alianza obrera, campesina, indígena y popular se pueda consolidar más en acciones inmediatas y en acciones estratégicas de un proyecto alternativo de nación que posteriormente se pueda vincular con una candidatura. Desgraciadamente, el Frente es muy abierto y plural, no es partidario. Tiene esas limitaciones o esas bondades para la contienda electoral [del 2006]. Y en algunos estados, el Frente se ha entrevistado con candidatos, donde hubo elecciones locales […] un diálogo para conocer las propuestas de los Gobernadores, y de que los candidatos conocieran las propuestas del Frente. Donde se pudo y se quiso, se hicieron compromisos electorales que contribuyeron al triunfo de tal o cual candidato.” (Correa Hernández, 2005)

i) Alianzas intersectoriales e internacionales, incluyendo Vía Campesina y el Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano (MOICAM), que ha impulsado una plataforma de “El campo no aguanta más” allende la frontera sur de México.

El Tercer Encuentro Campesino Mesoamericano, Honduras, 2003, se tituló “El campo no aguanta más” por la trascendencia del MECNAM y fue el primer encuentro propiamente del MOICAM. Asistieron organizaciones de México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Cuba y El Salvador, profundizaron en una plataforma campesina mesoamericana (de soberanía alimentaria; tratados comerciales; migración; jóvenes; género; problemática indígena; recursos naturales; biodiversidad; y reforma agraria) y acordaron un plan de acciones. El siguiente año se realizó el Cuarto Encuentro, con menos influencia de México por el declive del MECNAM. Después de la fractura de este último, MOICAM mantiene relaciones individuales con las organizaciones mexicanas y paradójicamente realizan trabajo de equipo a nivel mesoamericano sin las fricciones que hubo nacionalmente.

Aunque la trayectoria de MOICAM emergiera antes y perdurara después del MECNAM, este último ha dejado su huella. “El aporte más grande fue despertar la conciencia a nivel nacional en el país de que las cosas en el campo no estaban bien. Eso hizo que todo mundo dijera “El campo no aguanta más” en Guatemala, en El Salvador, en todos lados. […] Las mismas políticas que se aplican aquí y allá van a dar los mismos resultados. Creó un debate nacional en todos estos países.” (López Hernández, 2005)

j) Una alianza que agrupó por primera vez a varias ramas productivas para madurar una propuesta sectorial nacional basada en diversas políticas públicas a corto, mediano y largo plazo. Es decir, trasciende las luchas particulares de los cafetaleros, maiceros, forestales, etcétera, en una plataforma de desarrollo agrario de interés nacionalista. Esta aportación cualitativa deja el antecedente (incluyendo los errores y las enseñanzas) de “la participación de prácticamente todas las expresiones organizadas del movimiento campesino. […] En un momento se logró unificar a las fuerzas más importantes del campesinado en el país.” (García Jiménez, 2005)

Se puede evaluar severamente que a corto plazo el movimiento reactivó más a las organizaciones campesinas que al campo, en el sentido de que varias de ellas están revitalizadas, mientras que la producción agrícola no ha sido modificada estructuralmente. Permanecen los problemas de fondo de intercambio desigual con América del Norte, el monopolio de la gran agroindustria y el rezago de inversión productiva en el campo. La negociación no cristalizó en lo medular de las demandas y el movimiento fue excluido macro-económicamente. Podemos considerar lapidariamente que eso se debe a que no propuso un proyecto que favoreciera la ganancia capitalista ni, en el otro extremo, constituyó una presión capaz de una ruptura.

Sin embargo, una mirada más remota distingue la importancia de los logros simbólicos y abstractos para comprender la lucha de clases no en el ámbito de los fenómenos aislados, sino como un proceso continuo con momentos diferentes.

“Un movimiento por más grande que sea, no va a negociar con este gobierno [de Fox] que va a cambiar la política económica. […] No es fácil cambiar el modelo económico. Se oye fácil, pero yo no veo que ningún país se haya cambiado de un día para otro. […] Es progresivo […] seguir fortaleciéndose, volver a nuevas negociaciones, seguir fortaleciéndose, volver a nuevas negociaciones, vienen las elecciones, hay cambio de gobierno. Si ese gobierno es progresista, sí [se modifica la política económica], y te lleva años.” (Celis Callejas, 2005)

En esta perspectiva, podemos apreciar que la lucha del MECNAM originó un testamento —el ANC— en el cual plantea los fundamentos de una reorientación política y económica para la agricultura que, en teoría, podría cimentar un nuevo pacto social entre Estado y campo. En términos políticos, se abrió un espacio de democratización en el ámbito de participación y representación.

“Durante más de 70 años, la organización campesina quedó encuadrada en el modelo impuesto por el gobierno: todos tenían que pertenecer a un partido. No había opciones organizativas ni políticas y se generó una cultura de nada más solicitar apoyos al gobierno. Y desde las dirigencias campesinas, se generó una cultura, vamos a llamarla “clientelista”. […] Visto desde una perspectiva histórica, el movimiento campesino El campo no aguanta más era una posibilidad en 70 años de que se construyera una organización campesina que de alguna manera entraba en competencia abierta con la organización de muchos años, la CNC. Le disputaba y prefiguraba que en los próximos años podía ser la organización campesina más importante de México.” (Celis Callejas, 2005)

Además de reestructurar las relaciones de las organizaciones campesinas con el Estado, el MECNAM aportó a la deslegitimación del gobierno panista, y la modificación de ciertas viejas estructuras priístas. “Cambió las relaciones políticas y sociales. Le rompió a la CNC el monopolio de la interlocución de los campesinos de este país: diversificó la interlocución. […] En este sentido fue un avance importantísimo para la democratización del campo.” (Quintana Silveyra, 2005) Por tanto, alimentó el largo proceso de alterar la correlación de fuerzas a favor a la izquierda. “Tiene un simbolismo para la gente en términos de la cuestión de la oposición, de la rebeldía. […] Yo digo que está aportando mucho al proceso de la alternancia. Está aportando mucho al proceso de la transición democrática.” (López Gámez, 2005) Esta contribución también ha impactado las tradicionales articulaciones entre Estado y gremio. “El problema del campo en buena medida ha sido la inexistencia de organizaciones autónomas genuinas, ese es el problema de fondo. No ha habido poder propio desde la sociedad rural para defender sus propios intereses. Han sido organizaciones rurales que siempre han sido construidas y gestionadas para otros intereses.” (Suárez Carrera, 2005) En contraste, el MECNAM encarnó y maduró la autodeterminación de intereses campesinos, y la representación progresista de este sector durante su auge.

En términos sociales, provocó un ardiente cuestionamiento y rechazo al modelo macroeconómico, y al TLCAN en particular, lo cual implica un desprestigio también a las políticas del gobierno en general. “Reconocer que los graves problemas del campo y de la agricultura específicamente, en mucho tienen que ver con las políticas impulsadas desde el propio gobierno. Es decir, hay un reconocimiento explícito en el texto que se firmó [el ANC], de que las políticas impulsadas desde el gobierno no han sido suficientes y que han, por otro lado, generado descapitalización en la crisis que vive el medio rural.” (Ovalle Vaquera, 2005) La labor de concientización ha cambiado a la opinión pública y “82% de los mexicanos opina que el gobierno… debe buscar la renegociación del apartado agropecuario del TLC, de acuerdo con la encuesta de GEA-ISA… de febrero [de 2003].” (Bartra, 2004a: 25) En esta tónica, se visibilizó el campo y se colocó en la agenda nacional la crisis de los pequeños y medianos productores. Se creó un escenario público de reconocimiento, legitimidad, simpatía y apoyo moral a la causa campesina, y la sociedad en general se sensibilizó al tema. Durante su auge, se cultivó una identidad solidaria, la idea de un bien común entre campesinos y una dinámica inédita de interlocución con el adversario.

“Para que otro mundo sea posible, se me ocurre pensar en revoluciones reformistas —o reformas revolucionarias— […], revoluciones lentas, lentas pero tercas, lentas pero perseverantes, revoluciones reformistas que propician un modo de producir suave y diverso […], revoluciones progresivas que favorezcan sociedades solidarias […] No queremos La Revolución, sino queremos muchas revoluciones: paralelas, sucesivas, alternantes, entreveradas.” (Bartra, 2004b)

El movimiento nos deja una experiencia de oposición que altera la correlación de fuerzas más a mediano y largo plazo que a corto plazo. La fuerza política y los logros económicos creados por el MECNAM no debilitaron bruscamente al Estado, sino que definen una rearticulación del movimiento campesino y aportan al fortalecimiento de la lucha en el sentido global y perenne.

Las organizaciones siguen trabajando, ahora en la reorganización de las alianzas y preparación de las siguientes tareas. De la fractura del MECNAM, han emergido dos bloques que fungen como nuevos polos de unidad: el Frente Nacional de Organizaciones Campesinas (FNOC) y el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC). “[En el FNOC] estamos estructurando desde los municipios, los estados, las regiones del país hasta acá arriba […] formar Los campos no aguanta más en todos los estados […] y bajarlo hasta los municipios, porque la Ley de Desarrollo Rural plantea que para elaborar el presupuesto de este país, tiene que elaborarse en los municipios, en los Consejos de Desarrollo Rural que se tienen que formar en cada municipio y eso es a lo que vamos a ir. (Luna Hernández, 2005) El CONOC tiene las mismas reivindicaciones generales que el FNOC respecto a la soberanía alimentaria y el cumplimiento del ANC, sin embargo los dos bloques están trabajando paralelamente mientras que no haya una coyuntura política específica que pudiera ocasionar otra alianza. “[En el CONOC] seguimos haciendo análisis conjunto, posiciones públicas conjuntas, gestiones conjuntas, seguimos interaccionando y apoyándonos unos a otros […] Va a surgir [un estallido] porque tenemos un problema de fondo irresuelto y tenemos amenazas agravadas en los próximos años y particularmente tenemos la mayor amenaza, que es el 1º de enero del 2008. […] El campo tiene mucho espacio, hay mucho espacio para donde trabajar.” (Suárez Carrera, 2005)

En algunos casos, las actividades políticas actuales de las organizaciones englobaron influir en las plataformas para las elecciones presidenciales de 2006. Hubo actividad específica para participar en la elaboración del programa de gobierno del precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Otro enfoque de la lucha pública se relaciona ahora con la última etapa de desgravación del TLCAN, el primero de enero de 2008. Las de organizaciones campesinas están consolidando la iniciativa de un Consejo Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano, y el CONOC está impulsando la campaña nacional de acción Sin Maíz No Hay País. “Tenemos que legislar para garantizar que en el 2008 no pierda vigor. Por eso seguimos insistiendo en la revisión del TLC.” (Cázares Quintana, 2005)