DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOMÍA Y POLÍTICA

DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD RURAL AL DESPUNTAR EL SIGLO XXI. ECONOMÍA Y POLÍTICA

Compiladora: Irma Lorena Acosta Reveles

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II. EL CONTEXTO

A partir de 1982 la ofensiva de políticas neoliberales se ha esmerado en desmantelar la pequeña y mediana producción agrícola en México. Las reformas estructurales han lacerado deliberadamente el papel del campo bajo un discurso modernizador, mientras que la agenda estatal ha procurado acoger al gran capital y, a su vez, impulsar a los monopolios.

“Las agroindustrias han impulsado una forma de subordinación excluyente sobre los productores rurales, que se basa en tres condiciones esenciales: 1) el retiro del Estado de la gestión productiva que permitió a las agroindustrias ocupar su lugar; 2) la liberalización comercial y la apertura de fronteras a los productos importados; y 3) la política agrícola de EEUU basada en la expansión alimentaria hacia los países subdesarrollados.” (Rubio, 2002: 23)

La producción agropecuaria mexicana está a merced del mercado y el Estado ha abandonado la inversión pública en el campo. Ésta “disminuyó 73.6% entre el trienio previo al TLCAN (1991-93) y el trienio 2000-2001, presentando una disminución acumulada de 94.6% respecto al trienio previo al experimento neoliberal […]” (Calva, 2004: 16) Sin el compromiso de una intervención estatal, el campo mexicano padece de la competencia desleal en varios niveles.

En el escenario mundial, la agroindustria transnacional monopólica concentra la propiedad privada y la producción. Observamos, por ejemplo, que en el año 2000 las diez mayores empresas de alimentos y bebidas —Nestlé, Kraft Foods, ConAgra, Pepsico, Unilever, Archer Daniels Midland, Cargill, Coca Cola, Diageo, Mars Inc.— controlaban 34% del mercado mundial. Unas pocas empresas transnacionales —principalmente Cargill, Bungi y Dreyfus— controlaban específicamente más del 90% del comercio global de maíz, trigo, café, cacao y piña; cerca del 80% del té; 70% de arroz y plátano; y más del 60% de azúcar de caña. Mientras que hace veinte años existían miles de empresas semilleras (y ninguna llegaba al 1% del mercado), en 2000 unas 10 empresas controlaban 30% del mercado mundial de semillas: Dupont, Monsanto, Syngenta, Groupe Limagrain, Savia, Advanta, Delta & Pine Land, Dow, Bayer y BASF. (La Jornada, 1 de marzo de 2003: 19)

Las asimetrías se agudizan en el ámbito específico de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos. El primero ha dejado de ser autosuficiente y compra abundantemente alimentos, incluyendo algunos particularmente básicos para la dieta nacional. Entre otros productos, el 95% de la soya de consumo es importada, también 58.5% de arroz, 49% de trigo, 40% de la carne que se consume y —aún más estratégico— 25% de maíz. (Quintana, 2002: 7) Éste último tiene un mecanismo deliberado de subsidios que permite a los productores vender sus mercancías a 20% menos del costo de producción. (Bartra, 2003: 27) Podemos contrastar el promedio del subsidio estadounidense por productor de 21 mil dólares con el mexicano de 700 dólares.

La lucha presupuestal perenne cobró una importancia desencadenante durante los últimos meses de 2002, cuando “el presidente Fox mandaba al legislativo para su aprobación un presupuesto agropecuario 2003 menor en 7%, en términos reales, al de 2002” (Bartra, 2004a: 20), y algunas de las organizaciones campesinas más importantes del país se organizaron en torno a esta pugna.

Otro de los detonantes concretos del movimiento social fue la Farm Bill estadounidense aprobada en el año 2002 (Farm Security and Rural Investment Act: la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural). Esta legislación fija los recursos disponibles para su fomento agropecuario hasta el año 2011. Consolida incrementos presupuestales de emergencia, aumenta el presupuesto agroalimentario y perjudica aún más la (in)capacidad mexicana de competir con el vecino imperial ante otra política más de dumping.

La tercera preocupación específica del campesinado mexicano fue la inminente y penúltima etapa de importaciones libres de aranceles para enero de 2003, que implicó desgravar los siguientes productos: avícolas, porcícolas, lácteos (excepto leche en polvo), cebada, malta, arroz, trigo, manzana, papa, grasas y aceites animales, embutidos, dulces, chocolates, conservas, algunos jugos, tabaco, café soluble y cigarrillos. Se calculó que la cantidad de mexicanos afectados por esta fase de liberalización sería de 3 millones. (Masiosare, 12 de enero de 2003: 6)

No obstante, las políticas que encaminan la descampesinización no han aniquilado a la clase campesina. “Con 100 millones de habitantes, México tiene una población agrícola de 23 millones […]” (Bartra, 2004a: 26) Mientras que la producción campesina está siendo minimizada y el papel de los campesinos devastado, éstos aún revindican su existencia mediante la producción para el autoconsumo y la pluriactividad para subsistir (en muchos casos, recurren a la migración). En nuestro México bárbaro, 98% de los campesinos son pobres y 81% lo son extremadamente (Bartra, 2004a: 24).

Las repercusiones económicas y sociales de la pérdida de soberanía y calidad alimentaria han ido cultivando un campo de descontento. Después de haber permanecido relativamente invisible durante casi una década (desde la irrupción del Barzón en 1993 y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994), el movimiento campesino mexicano se re-organizó coyunturalmente para su primera insurrección antineoliberal del siglo XXI.