INDUSTRIALIZACI?N POR SUSTITUCI?N DE IMPORTACIONES (1940-1982) Y MODELO ?SECUNDARIO-EXPORTADOR? (1983-2006) EN PERSPECTIVA COMPARADA

2.1. Modelo primario-exportador e inicios de la industrialización sustitutiva, 1940-1956

Con el ascenso de Manuel Ávila Camacho al poder (1 de diciembre de 1940 a 30 de noviembre de 1946), se empiezan a gestar las condiciones que requería el proceso de industrialización del país: la estabilidad política, la diversificación de la estructura productiva y el crecimiento económico, el paso de una economía agraria a una de tipo industrial y, sobre todo, el control de los trabajadores a fin de facilitar la conformación de una clase empresarial nativa y la consecuente acumulación de capital.

En febrero de 1941, durante el Segundo Congreso Nacional de la CTM, Vicente Lombardo Toledano, seguidor de las políticas obreras de Cárdenas, terminó su periodo como secretario general y su lugar fue ocupado por Fidel Velásquez. Con este cambio de dirigencia, la CTM abandonaba su lema de “lucha de clases” para sustituirlo por otro de “colaboración con el capitalismo nacionalista” en aras de la “unidad nacional” que alentara la Segunda Guerra Mundial:

“La promesa de Manuel Ávila Camacho fue la unidad nacional. México la necesitaba en el frente externo, sobre todo cuando entró en la guerra mundial, y la necesitaba también en el frente interno porque había problemas pendientes muy serios en el campo y la ciudad (…) En 1940 México tenía cerca de 20 millones de habitantes, la mayoría de los cuales vivía en zonas rurales, el 64 por ciento de los mexicanos era analfabeta y la esperanza de vida al nacimiento promediaba 41 y medio años, el país era un terreno fértil para el contraste y las contradicciones (…) El temperamento de Ávila Camacho, formado en el equilibrio entre la fe católica y el deber militar, lo llevó a establecer acuerdos con la iglesia a partir de afirmar públicamente su catolicismo (…) La iglesia y las clases alta y media veían un gran agravio en el dogmatismo del artículo tercero constitucional, reformado en 1934, que prescribía una educación socialista obligatoria para todos los mexicanos… ”.

De esa manera, el 11 de junio de 1942, y mediante el Pacto de Unidad Sindical firmado por el presidente Ávila Camacho, los trabajadores organizados de la CTM, la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y otras uniones sindicales de mineros, metalúrgicos y textileros, se conformó el Consejo Nacional Obrero, antecedente de lo que después sería el Congreso del Trabajo, donde se unificaron esfuerzos para manejar la producción y controlar los derechos de los trabajadores. En claro contraste con las políticas laborales del cardenismo, este Consejo significó una tregua en la lucha contra el capital en aras de la “unidad nacional”.

Para Ávila Camacho era fundamental modificar la política obrera y reducir el poder de los trabajadores organizados, y Fidel Velásquez al frente de la CTM fue la vía para establecer la nueva relación entre trabajadores y gobierno:

“Fidel Velásquez, líder moderado y de ideología camaleónica, inició su ascenso definitivo al liderazgo obrero, se convirtió en el protagonista clave entre los obreros, los empresarios y el gobierno (…) Uno de los aciertos del régimen de Ávila Camacho fue apoyarse en las dotes negociadoras de Lombardo Toledano, paisano y amigo del presidente, quien logró para el gobierno el apoyo mayoritario de los obreros y la firma de un acuerdo con los patrones que sería un pilar de la política de unidad nacional de presidente, el propósito era sentar las bases de la Revolución Industrial en México…”.

Así, Ávila Camacho canceló el “radicalismo” cardenista, desapareció al sector militar del partido oficial (que con Cárdenas se había transformado en el Partido de la Revolución Mexicana, PRM) y en 1943 creó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) que aglutinó a las capas medias (empleados públicos, profesionales, trabajadores libres, algunos empresarios y otros núcleos sociales) que apoyaban la política de “unidad nacional” del presidente. Al final del sexenio, el partido oficial era enteramente distinto y abrió el paso para el nacimiento, el 18 de enero de 1946, al actual Partido Revolucionario Institucional (PRI), que institucionalizó las estructuras para un nuevo proyecto político y económico del país. Con el PRI, los proyectos de reformas sociales y políticas de la Revolución fueron sustituidos por otro: la industrialización y el crecimiento económico. El lema del PRI fue: “democracia y justicia social”.

Con la transformación del partido oficial, el país se abrió al capital extranjero, se reglamentaron los derechos laborales y, al crearse la Oficina de la Pequeña Propiedad, se favoreció el latifundismo, pues se dividieron enormes extensiones de tierra en predios que, al registrarse a nombre de distintos miembros de una familia, aparecían como pertenecientes a pequeños propietarios. Así, en lo social se fomentó la “cooperación” entre las clases sociales (capitalistas, terratenientes, obreros y campesinos) en la búsqueda del interés superior de la nación: la industrialización y el crecimiento económico.

No se cancelaba la lucha de clases, sino que más bien se pedía y se obtenía la subordinación de obreros y de campesinos al gobierno y, por esa vía, al capital nacional encargado de conducir el proceso de industrialización con el apoyo irrestricto del Estado.

Con Miguel Alemán, que gobernaría del primero de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952, se profundizaría la modernización del país haciendo a un lado los postulados y los principios de la Revolución mexicana plasmados en la Constitución de 1917, ante lo cual Daniel Cosío Villegas lanzó la tesis, publicada a fines de 1946 en Cuadernos Americanos, de la muerte de la Revolución mexicana: “en el olvido han quedado las causas por las que luchara el pueblo”.

El “cachorro de la Revolución”, como pronto se conoció al presidente Miguel Alemán, tenía todo para mostrarse siempre con la sonrisa de un hombre de mundo: orgulloso de sí mismo, triunfador y popular entre las mujeres, estaba dispuesto a enseñar a los mexicanos a pensar en millones... y eso se dedicó a hacer.

Miguel Alemán, joven abogado de 46 años, era típico producto del México postrevolucionario: hijo de general, había sido diputado, senador y gobernador de Veracruz. Representaba a la nueva generación egresada de la Universidad, y ni tardo ni perezoso llenó su gabinete de profesionales y al país de licenciados. Tras un desfile de generales en el poder, la modernidad exigía al primer mandatario civil. Para completar el cuadro, Alemán había combinado su carrera política con un próspero negocio de urbanización, lo cual proyectaba la necesaria imagen de un empresario deseoso de modernizar el país, interés compartido por amplios sectores de políticos e industriales. En palabras del empresario Juan Sánchez Navarro:

“Don Miguel tuvo como idea fundamental el desarrollo económico de México, y se rodeó, desde el primer momento se vio el gran cambio, se rodeó de un gabinete de universitarios, la mayor parte de los ministros del régimen del licenciado Alemán fueron compañeros de estudios de él, y la mayor parte eran profesores de la facultad de derecho. Entonces, claro, fue un cambio formidable, de los gabinetes de caciques, especialmente militares de la época anterior, a los hombres de la universidad manejando el país, pues había un abismo. Se inicia la etapa civil de la vida mexicana”.

Tantas fueron las expectativas generadas por el alemanismo, que en octubre de 1947 la CTM, la central obrera más numerosa, decretó que todos sus miembros pertenecieran al PRI. En noviembre, el Partido Comunista se alió al gobierno, porque el alemanismo era la “burguesía progresista”.

De esa manera, con Miguel Alemán y el PRI se iniciaba un nuevo proyecto de la elite política y económica, encaminada a sustituir las importaciones y fomentar el crecimiento agrícola para exportar productos y satisfacer las demandas de la población, así como las importaciones de bienes intermedios y de capital que requería la industrialización. Adicionalmente, la industrialización alemanista requería obras de riego, electricidad, carreteras, vías férreas y escuelas para preparar a los trabajadores; en una palabra, la modernización del país:

“El día de su toma de posesión, Alemán prometió la modernización del país por la doble vía del crecimiento industrial y el crecimiento de la producción agrícola (…) En los años 40 México carecía de la infraestructura necesaria y de un programa de desarrollo que le permitiera explotar eficazmente sus recursos naturales. El gobierno alemanista efectuó cuantiosas inversiones para abrir vías de comunicación, generar más electricidad y aumentar la producción agrícola (…) En el periodo alemanista se construyeron las carreteras de Cuernavaca (la primera de cuatro carriles), la Panamericana, la de Acapulco y la Transístmica, así como los ferrocarriles del sureste y el de Baja California (…) La apertura de carreteras y la ampliación de vías férreas abarcaron la geografía nacional, dibujando el perfil del México en gestación, eran las arterias por las que correrían, a lo largo y ancho del país, materias primas, alimentos y mercancías (…) Este magno proyecto se redondeó con la ampliación de los puertos marítimos y una moderna red de aeropuertos: México, Acapulco, Ciudad Juárez y Tijuana, entre otros (…) 20 por ciento de la inversión total bruta en el periodo se destinó al campo, la mayor parte se utilizó en la construcción de presas en zonas donde se practicaba, o se podía practicar, una agricultura de alto rendimiento (…) En sólo unos años, el presidente empresario realizó el sueño de los sonorenses: crear la agricultura mexicana moderna, punto de partida para subsidiar el nuevo paradigma de la riqueza nacional: el paradigma de la industrialización…”

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el presidente Ávila Camacho había emitido una Ley de Industria de la Transformación a fin de enfrentar el alza de precios provocada por la insuficiencia de la producción nacional para satisfacer el total de la demanda interna que otrora se había colmado con importaciones provenientes de los Estados Unidos. No obstante, una vez finalizada la contienda mundial la economía norteamericana se recuperaba y empezaba a exportar, por lo que el gobierno mexicano decidió “aplicar tarifas arancelarias (tasas ad valorem) a listas de productos, sobre todo bienes de consumo importados, bienes suntuarios y de consumo duradero. Se iniciaba con ello, propiamente, el llamado modelo de sustitución de importaciones, que en su primera etapa, 1946-1956, se dirige principalmente a la elaboración de bienes de consumo no duradero”.

Es decir, la industrialización por sustitución de importaciones en México arranca propiamente con el gobierno de Miguel Alemán, que asumía el mandato presidencial el 1 de diciembre de 1946, y su primera etapa finaliza a partir de la segunda mitad del gobierno de Adolfo Ruiz Cortines (1956-1958) en que inicia el llamado “desarrollo estabilizador”.

No obstante, ¿qué se requería para que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones funcionara? Para María Luisa González Marín, para que el “modelo funcionara se requerían dos cosas: que el Estado protegiera a la industria de la competencia externa y que el sistema económico fuera capaz de generar divisas para importar bienes de capital e intermedios, necesarios para la producción industrial”. Afortunadamente, prosigue González Marín, “en esta primera etapa ambas condiciones se dieron: la agricultura se modernizó y las divisas para la industrialización se obtuvieron mediante las exportaciones agrícolas. Los instrumentos de protección a la industria estuvieron presentes: los aranceles a la importación y los subsidios a las exportaciones, las licencias de importación (principal instrumento de protección y regulación de las compras en los mercado internacionales), programas de fabricación, política fiscal, incluyendo regímenes preferenciales a las empresa manufactureras, la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias para promover la creación de empresas, y las ventas de insumos baratos producidos por las empresas estatales”.

O sea, que al mismo tiempo en que se fomentaba el desarrollo industrial del país se modernizaba la agricultura que permitía satisfacer holgadamente la demanda interna de alimentos e incluso generar excedentes exportables que permitían captar las necesarias divisas que la industrialización sustitutiva demandaba.

La construcción de grandes obras de irrigación y la consecuente ampliación de la superficie irrigada que trajo consigo, así como la reforma agraria, que alcanzó su máxima expresión durante el cardenismo (1934-1940) al haberse repartido cerca de 18 millones de hectáreas, que trajo consigo una ampliación de la superficie agrícola del país, le dieron un vigoroso impulso a la producción primaria en general y agrícola en particular. Durante el periodo 1941-1956, la producción agrícola creció a una tasa promedio interanual del 7.4 por ciento, solamente superada por la actividad pesquera que creció a una tasa mucho mayor: 10.9 por ciento en promedio anual (Ver Cuadro 2.1).

Y es que al igual que los sonorenses, los presidentes Ávila Camacho (1940-1946), Miguel Alemán (1946-1952) y Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) son enemigos del reparto agrario y del ejido; por el contrario, son partidarios de la concepción latifundista de la reforma agraria y de la propiedad privada de la tierra. Por tanto, más que privilegiar el reparto agrario, que disminuyó de manera importante después del auge que experimentó durante el periodo de Lázaro Cárdenas (1934-1940) hasta alcanzar su nivel más bajo durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), se decidieron por la construcción de grandes obras de riego a fin de impulsar la producción agropecuaria. Pensaban que el reparto de tierras por sí mismo era insuficiente para mejorar el nivel de vida de los campesinos y para lograr incrementos importantes de la producción agropecuaria:

“Durante el régimen de Ávila Camacho crecieron los problemas del experimento colectivista en el campo impulsado por Lázaro Cárdenas. Marte R. Gómez, ministro de agricultura, comprobó que el sector ejidal registraba un notorio rezago con respecto al sector privado (...) Las opiniones sobre el problema agrario dividían a los mexicanos: los viejos revolucionarios siempre vivirían con la convicción de que el ejido, a pesar de sus limitaciones, había liberado a los campesinos, sino los había hecho más ricos si les había otorgado dignidad. Antes el hacendado, decía Marte R. Gómez, forzaba a los peones a salir a cantar en el campo “El Alabado”, ese himno en honor de la eucaristía, además debían besar la mano del amo de la hacienda, llamarlo padre o al menos bajar la cabeza ante él sombrero en mano (...) Para alguno críticos, como Miguel Palacios Macedo, la problemática agraria se explicaba porque los campesinos eran el ganado de la Revolución: el gobierno explotaba su candidez, su ignorancia, su desamparo, para beneficio del grupo en el poder. Ávila Camacho reconoció algunos de estos problemas y desde los primeros días optó por frenar el reparto: frente a los casi 18 millones de hectáreas del sexenio cardenista, en el de Ávila Camacho se repartieron únicamente 5 millones de hectáreas (...) Al igual que sus antiguos jefes sonorenses, Ávila Camacho privilegió la irrigación como la palanca del desarrollo agrícola más que el reparto agrario característico del cardenismo”.

De esa manera, con Ávila Camacho se inicia la contrarreforma agraria cardenista que poco después la profundizaría y consolidaría el presidente Miguel Alemán al reformar el artículo 27 constitucional. Al respecto, para Silvestre Méndez:

“Miguel Alemán Valdés gobierna de 1946 a 1952 y sienta las bases de la contrarreforma agraria, pues abandona definitivamente la vía campesina en beneficio de los neolatifundios capitalistas (...) Para apoyar la agricultura de cultivos comerciales de exportación, el presidente Alemán modifica los apartados X, XIV y XV del artículo 27 constitucional. La modificación del apartado X consistió en cambiar los límites de la pequeña propiedad (...) La reforma del apartado XIV consistía en restablecer el juicio de amparo, con lo cual los dueños de tierras que eran susceptibles de afectación, se protegían, y el proceso de reparto se detenía o se hacia muy lento. La tercera modificación del artículo 27 constitucional fue en su apartado XV y permitía la entrega de certificados de inafectabilidad a aquellos propietarios cuyas tierra se iban a dedicar a la ganadería, con lo cual se proponía proteger esta actividad (...) De esta manera, poco a poco se abandona el sector ejidal, por lo cual baja su proporción de 47% de la superficie agrícola total en 1940, a 44% en 1950”.

No obstante, ya desde el sexenio de Ávila Camacho se habían erigido obstáculos al reparto agrario: los trámites se hicieron más lentos y difíciles, y aumentó el número de tierras inafectables.

Así, Ávila Camacho repartió 5 millones de hectáreas, Miguel Alemán 5.4 y Ruiz Cortines repartiría únicamente 3.5 millones de hectáreas. ¡En 18 años se repartieron 13.9 millones de hectáreas, casi cuatro millones de hectárea menos a las entregadas durante la gestión del general don Lázaro Cárdenas del Río!

En contrapartida, privilegiaron la construcción de grandes obras de riego como medida para incrementar la productividad de la tierra y, por tanto, para imprimirle un dinamismo mayor a la producción agrícola del país. Con Ávila Camacho la superficie irrigada se incrementó 205 por ciento con respecto al periodo anterior (1934-1940), alcanzando las 827 mil 426 hectáreas; con Miguel Alemán la superficie irrigada se incrementó a un millón 452 mil 937 hectáreas, o sea, un incremento del 75.6 por ciento con respecto al sexenio anterior; y, finalmente, con Ruiz Cortines la superficie irrigada del país alcanzó 2 millones 211 mil 237 hectáreas, un incremento del 52.2 por ciento con respecto a la gestión del presidente Miguel Alemán (Ver Figura 2.1).

Wionczek, citado por Romero Polanco, señala que del presupuesto federal destinado al sector agropecuario (10 por ciento en promedio) el 80 por ciento se utilizó en la construcción de grandes obras de riego:

“Entre 1943 y 1955 – año en que Ruiz Cortines inauguró por fin el último de los impresionantes proyectos para el desarrollo hidráulico iniciado por Alemán el estado destinó a la agricultura un promedio de 10% del presupuesto federal. Por lo menos cuatro quintas partes de esta partida correspondieron a la grandes obras de riego”.

En consecuencia, la productividad de la tierra se incrementó de manera notable dinamizando el crecimiento de la producción agrícola del país. Según datos de Leopoldo Solís, en el agregado hacia 1930 el rendimiento físico por hectárea era de 524 kilogramos, poco más de media tonelada, y para 1960 alcanzaba ya los 972 kilogramos por hectárea (tasa de crecimiento compuesta anual del 2.1 por ciento), en el caso de los cultivos alimenticios o extensivos. En el caso de los cultivos industriales o intensivos, donde los rendimientos por hectárea eran mayores, la productividad de la tierra también se incrementó, aunque no tanto como en el caso de los cultivos alimenticios ya que hacia 1930 el rendimiento físico por hectárea era de 2 mil 618 kilogramos, poco más de 2 toneladas y media, y para 1960 alcanzaba casi las 4 toneladas por hectárea, para ser precisos 3 mil 768 kilogramos en el agregado o el total (tasa de crecimiento compuesta anual del 1.2 por ciento). Resulta interesante observar que en el caso de los cultivos alimenticios la productividad de la tierra se incrementó más en el régimen de propiedad privada (al haber pasado de 515 kilogramos por hectárea en 1930 a mil 99 en 1960, un incremento del 113.4 por ciento o una tasa de crecimiento compuesta anual del 2.5 por ciento) que en el régimen de propiedad ejidal (donde los rendimientos por hectárea pasaron de 576 kilogramos en 1930 a tan sólo 826 en 1960, o sea, un incremento del 43.4 por ciento o una tasa de crecimiento compuesta anual del 1.2 por ciento); en el caso de los cultivos industriales sucedió exactamente lo contrario: la productividad de la tierra aumentó más en el régimen de propiedad ejidal (73.7 por ciento al haber pasado de 2 mil 543 kilogramos por hectárea en 1930 a 4 mil 417 en 1960, o tasa de crecimiento compuesta anual del 1.8 por ciento) que en el régimen de propiedad privada (25.8 por ciento al haber pasado de 2 mil 625 kilogramos por hectárea en 1930 a 3 mil 302 en 1960, o tasa de crecimiento compuesta anual del 0.7 por ciento) (Ver Cuadro 2.2).

Por tanto, la política de irrigaciones permitió que el crecimiento de la producción agrícola (7.4 por ciento en promedio anual durante 1941-1956) fuera superior el crecimiento de la población (que creció a una tasa compuesta anual del 2.9 por ciento entre 1940 y 1960), asegurando con ello la autosuficiencia alimentaria del país y la generación de excedentes para la exportación a partir de los cuales se obtuvieron las divisas que la industrialización sustitutiva demandaba.

Para Romero Polanco, además de garantizar la autosuficiencia alimentaria y la generación de divisas para importar los bienes intermedios y de capital que la industrialización sustitutiva demandaba, la agricultura estaba haciendo también las siguientes aportaciones al desarrollo económico del país:

• Crecimiento de la oferta de productos primarios industrializables que permitieron garantizar la expansión de la demanda por estos productos en el sector manufacturero.

• Flujos constantes de mano de obra agrícola que permitían satisfacer los incrementos de su demanda en la industria y los servicios urbanos. Esta disponibilidad de mano de obra logró contener las presiones alcistas en el nivel salarial y estimuló el atractivo de las inversiones industriales.

• Transferencias de parte del excedente económico agrícola hacia el resto de la economía nacional. El ahorro generado en la agricultura financió las inversiones en el sector y a la vez representó una fuente importante de fondos de inversión para el impulso de actividades económicas no agrícolas.

• El crecimiento del ingreso rural permitió que el sector rural se transformara en un mercado importante para los productos industriales (agroquímicos, maquinaria agrícola, bienes de consumo no duradero, etc.)

Respecto al último punto, conviene señalar que los incrementos en la productividad de la tierra obedecían tanto a las obras de irrigación (que se concentraron principalmente en unas cuantas entidades federativas del norte y noroeste del país como Baja California Norte, Sonora, Tamaulipas, Baja California Sur y Sinaloa y en torno a cultivos altamente comerciales y de exportación como el café, el algodón, el henequén, el cacao y el jitomate) como a la introducción de semillas mejoradas, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y maquinaria agrícola iniciada en la gestión del presidente Miguel Alemán y profundizada en los gobiernos subsecuentes.

Por su parte, la política de fomento industrial (subsidios y exenciones fiscales, bajos precios y tarifas de bienes y servicios públicos, aranceles a las importaciones, crédito público a las industrias, control de las organizaciones obreras y campesinas, control salarial, activa participación de los gastos públicos en la formación de capital , entre otras medidas) le estaba inyectando un dinamismo importante al sector secundario de la economía.

Durante 1941-1956 el conjunto del sector industrial creció a una tasa promedio interanual del 6.0 por ciento, en tanto que todas las ramas del sector, a excepción de las industrias extractivas y minería, experimentaron un crecimiento algo mayor. Gracias a las grandes obras públicas construidas durante el periodo (carreteras, puertos, aeropuertos, presas, hidroeléctricas, vías férreas y escuelas, entre otras), la industria de la construcción creció a una tasa promedio interanual del 9.6 por ciento, seguida de gas, agua y electricidad que lo hizo al 7.4 por ciento en promedio, la industria manufacturera que creció al 7.2 por ciento y el petróleo que lo hizo al 6.6 por ciento en promedio anual (Ver Cuadro 2.3).

En consecuencia, y debido al incremento de los gastos públicos financiados con emisión monetaria, el conjunto de la economía creció a una tasa media anual del 6.0 por ciento acompañada de un importante proceso inflacionista (la inflación medida por el índice de precios del PIB aumentó a una tasa promedio interanual del 10.8 por ciento). En una perspectiva keynesiana, el aumento de la oferta monetaria para financiar el déficit público impulsó el crecimiento económico así como el nivel general o absoluto de los precios (Ver Figura 2.2).

La política de fomento industrial y de apoyos al campo se estaba anotando ciertos éxitos y avances. En primer lugar, la composición sectorial del producto interno bruto experimentó algunos cambios a favor de la industria en detrimento del sector agropecuario y los servicios. Hacia 1941 el sector agropecuario generaba el 19.3 por ciento del PIB total, el sector industrial el 24.2 por ciento y el sector servicios el 56.5 por ciento; en tanto que hacia 1956 el sector industrial había ganado casi 4 puntos de participación en el total del PIB para contribuir con el 27.9 por ciento, el sector agropecuario con el 17.1 por ciento y los servicios con el 55 por ciento restante.

En segundo lugar, la disminución del coeficiente de importaciones, definido como la relación de las importaciones al valor agregado más las importaciones, mostraba algunos avances más o menos importantes de la industrialización por sustitución de importaciones, sobre todo en el sector de los bienes de consumo no durable cuyo coeficiente pasó de 0.35 en 1929 a 0.22 en 1939 y finalmente a 0.06 en 1955. No obstante, la dependencia externa de México en vez de disminuir aumentó ya que el proceso de sustitución empezó por la vía más fácil: la de los bienes de consumo no duradero, en tanto que los bienes de capital e intermedios para producirlos se tuvieron que importar del exterior por lo que después de la segunda Guerra Mundial el tradicional déficit de la cuenta corriente reaparece conduciendo a las devaluaciones de 1948 y 1954 como mecanismos correctores (Ver Cuadro 2.4). Al respecto para Guillén Romo:

“México comenzó, como todos los países latinoamericanos, su proceso de sustitución de importaciones por la vía más fácil, la producción de bienes finales de consumo no durable, no sólo porque la técnica que se emplea en su fabricación es en general menos compleja y comporta una intensidad de capital menos elevada, sino sobre todo porque para este tipo de bienes el mercado era más amplio, o bien porque ya existía o fue provocado por la acción gubernamental (...) El proceso de sustitución de importaciones comenzó a enfrentarse a importantes obstáculos. Como no se producían suficientes bienes de producción (el sector I en términos marxistas), hubo necesidad de importarlos del exterior a fin de no frenar el proceso de sustitución de importaciones. La industria comenzó a importar cada vez más materias primas y bienes de producción para aprovisionar la industria manufacturera interna (...) Así, en 1948-1949, los bienes de capital, las materias primas, los producto intermedios y los combustibles representaron 82% de las importaciones mexicanas (...) Se constata que en lugar de una disminución de la dependencia del exterior, puede sobrevenir un aumento de la demanda de cierto grupo de importaciones, engendrada por el proceso de sustitución de importaciones mismo que puede provocar una agravación de la dependencia”.

A pesar del fuerte impulso al sector agropecuario, las exportaciones agrícolas crecían menos deprisa que las importaciones de bienes intermedios y de capital que condujeron al desequilibrio externo y a la devaluación del peso en dos ocasiones durante el periodo en cuestión: 1948 con Miguel Alemán y 1954 con Adolfo Ruiz Cortines. Para México los pronósticos de Noyola Vázquez se estaban cumpliendo a cabalidad: parte de las presiones inflacionarias básicas se localizan en el comercio exterior debido a los ajustes cambiarios frecuentes a los que se recurre para solucionar el problema de la balanza de pagos.

Conforme transcurría el proceso de crecimiento económico las importaciones de bienes intermedios y de capital crecían más deprisa que las exportaciones de alimentos y de bienes primarios conduciendo al desequilibrio externo y a la devaluación como mecanismo de corrección, con fuertes repercusiones inflacionarias que encarecían los bienes que requería la continuación del proceso de industrialización; a su vez la inflación contribuía a desestimular las exportaciones y a favorecer las importaciones, lo cual agravaba el deterioro de la cuenta corriente vía la balanza comercial.

De esa manera, hacia 1956 la política de industrialización por sustitución de importaciones empezaba a exhibir ciertos problemas y limitaciones, no sólo desde el punto de vista del aumento de la dependencia externa que pretendía superar, sino que también desde el punto de vista de la distribución del ingreso a que estaba dando lugar. Como bien lo apunta el autor dependentista Ruy Mauro Marini, fuera del reparto agrario, que significó una redistribución del ingreso a favor de los campesinos sin tierra, se tendió a concebir que la industrialización por la industrialización misma era más que suficiente para garantizar la corrección de los desequilibrios macroeconómicos (principalmente de balanza de pagos) y las desigualdades sociales.

Esa fe ciega en la industrialización, junto a una política de contención salarial y de control de las organizaciones obreras y campesinas, así como el fuerte proceso inflacionario que estaba transfiriendo ingresos de las esferas bajas del consumo (déciles I al IV) a las esferas intermedias del consumo (déciles V al subdécil Xa), explican el deterioro en la distribución del ingreso observado durante el periodo en cuestión.

En efecto, entre 1950 y 1958 la esfera baja del consumo vio empeorar su posición relativa en la distribución del ingreso al pasar del 14.30 por ciento en 1950 al 12.16 por ciento en 1958, y lo mismo se observa para la esfera alta del consumo (subdécil Xb) que pasó del 40.20 por ciento en 1950 al 38.63 por ciento en 1958. Obviamente, lo que estas esferas del consumo perdieron lo ganó la esfera intermedia del consumo que vio mejorar su posición relativa al pasar del 45.50 por ciento en 1950 al 49.21 por ciento en 1958 (Ver Cuadro 2.5).

Ante esa situación, se empezaron a generar brotes de inconformidad social y demandas de mejoras salariales que fueron resueltas por el gobierno a través de la represión: los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, y los petroleros fueron duramente reprimidos y reprendidos por el gobierno de Miguel Alemán; años más tarde, el movimiento revolucionario del magisterio, liderado por Othón Salazar Cortés, sería severamente reprimido bajo la gestión del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Situación que alcanzaría su máxima expresión bajo los gobiernos de “mano dura” de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz.

La clase citadina asalariada, los trabajadores, los obreros, una masa de estudiantes y de jóvenes profesionales se empezaban a mostrar cada vez más descontentos ante la falta de oportunidades generada por un modelo de desarrollo que comandaba la burguesía industrial con el apoyo irrestricto del Estado.

No obstante, desde el punto de vista cuantitativo, es decir, del simple crecimiento económico, las políticas agropecuaria e industrial propiciaron un alto crecimiento del PIB total (del 6.0 por ciento en promedio anual) y del PIB por habitante que pasó de 3 mil 559 pesos en 1940 a 5 mil 777 en 1956, significando una tasa de crecimiento compuesta anual del 3.1 por ciento. Sin lugar a dudas, un gran éxito en relación al desenvolvimiento actual de la economía mexicana.