INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES (1940-1982) Y MODELO ¿SECUNDARIO-EXPORTADOR¿ (1983-2006) EN PERSPECTIVA COMPARADA

INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES (1940-1982) Y MODELO ¿SECUNDARIO-EXPORTADOR¿ (1983-2006) EN PERSPECTIVA COMPARADA

Martín Carlos Ramales Osorio

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2.3. “Desarrollo compartido”, auge petrolero y agotamiento de la industrialización sustitutiva, 1970-1982

Ante el aumento del subempleo, el desempleo y la pobreza que había tenido lugar durante el “desarrollo estabilizador”, desde el primer momento de su gobierno Echeverría invocó abierta y explícitamente una etapa de “desarrollo compartido”. El primero de diciembre de 1970, en su mensaje de toma de posesión, Echeverría expresó:

“Para el Ejecutivo Federal, gobernar será distribuir equitativamente el fruto de redoblados esfuerzos, hacer que las regiones y los grupos más afortunados contribuyan al desenvolvimiento de los más atrasados”.

El acelerado crecimiento demográfico experimentado durante la década de los sesenta, y que alcanzó su cúspide en la década de los setenta, se tradujo en más necesidades de educación, de salud, de vivienda y, sobre todo, de empleo, que sólo se podían satisfacer mediante el aumento de los gastos públicos, incluido el gasto social, a fin de lograr el tan ansiado “desarrollo compartido” echeverrista; o sea, la doble meta keynesiana del pleno empleo y la equidad distributiva. Para el economista Francisco Javier Alejo, que se había incorporado al gabinete echeverrista como subsecretario de hacienda a la renuncia de Hugo B. Margain como titular del ramo, lo anterior era particularmente claro:

“Sí, recordemos que en los setenta es cuando llega a su cúspide la explosión demográfica en México, cosa que no estaba tomada en cuenta en el modelo anterior, parecía como sino existiera el problema, por eso es que ya se estaba deteriorando el panorama social del país, el panorama distributivo, el panorama de justicia social (…) El ya presidente Echeverría era un hombre que traía una energía inmensa, que tenía visiones muy claras de faltantes en el país: los faltantes en materia de infraestructura, los faltantes en materia de educación, los faltantes en materia de salud, de vivienda, en materia de desarrollo agrícola, etcétera, etcétera; y se dedicó a canalizar esa energía a tratar de atacar todos esos problemas de manera simultánea”.

La carencia de hospitales, de escuelas, de vivienda para los trabajadores y, sobre todo, la pronunciada desigualdad en la distribución del ingreso, llevaría al presidente Echeverría a proponer una etapa de “desarrollo compartido”, es decir, a la combinación de un alto crecimiento económico (para abatir el subempleo y el desempleo) con reparto equitativo del ingreso (a fin de abatir la pobreza, consecuencia de un reparto sumamente desigual del ingreso que había tenido lugar durante el “desarrollo estabilizador”). Al respecto, para el economista norteamericano Clark W. Reynolds:

“Para entender el hincapié hecho por el gobierno de Echeverría en el “desarrollo compartido” basta mencionar algunos de los problemas de la distribución de la riqueza nacional (…) El ingreso per cápita pasó de 150 dólares de 1950, o 375 dólares de valor corriente, a la cifra actual muy por encima de los 1 000 dólares a precios corrientes. Pero esta triplicación del ingreso per cápita no se distribuyó de modo uniforme entre la población, que desde 1950 aumentó a más del doble y ahora pasa de 60 millones de habitantes. Los datos… implican que si el ingreso per cápita de México asciende ahora a cerca de 1 000 dólares, los seis millones de habitantes más pobres reciben sólo cerca de 400 dólares anuales; los siguientes veinticuatro millones de habitantes reciben 550 dólares; los siguientes veinticuatro millones, 925 dólares, y los seis millones de ocupantes del estrato superior, 3 700 dólares, un ingreso medio igual a siete veces el de la mitad más pobre de la población. La brecha es enorme en términos del nivel de vida de los mexicanos más pobres…”.

Resultaba claro, en consecuencia, que el “desarrollo estabilizador” estaba completamente agotado y que era necesario inaugurar un nuevo modelo de desarrollo económico y social:

“Entonces la tesis de los economistas de Echeverría era que el sistema estaba agotado y que había que iniciar un nuevo sistema que consistía más que en crear riqueza en distribuirla bien”.

De esa manera, y después de que en 1971 el gobierno de Echeverría observara una política de restricción del gasto a fin de frenar la inflación (que para 1970 fue de 4.5 por ciento con respecto al año anterior medida por el índice de precios del PIB) y disminuir el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos (que para 1970 alcanzó los 945.9 millones de dólares), “en 1972 se tomó la decisión de aumentar los gastos públicos para expandir la producción, disminuir el desempleo y mejorar la distribución del ingreso…”.

No obstante, este aumento de los gastos públicos, al no ser correspondidos por aumentos en la recaudación tributaria y en los precios y tarifas de los bienes y servicios públicos, degradó fuertemente la situación financiera del gobierno: el déficit del sector público brincó de 10 mil 679.3 millones de pesos en 1971 (2.3 por ciento como proporción del PIB) a 20 mil 39.1 millones de pesos en 1972 (3.9 por ciento como proporción del PIB), hasta casi alcanzar los 100 mil millones de pesos en 1976 (8.0 por ciento como proporción del PIB). ¡En tan sólo seis años, el déficit del sector público se multiplicó por 9.3 veces! (Ver Figura 2.4). Y lo más importante, es que el déficit fiscal se financió en parte con emisión monetaria (la masa monetaria creció a una tasa promedio interanual del 18.2 por ciento durante 1971-1975) y en parte con endeudamiento interno (que aportó el 59 por ciento del financiamiento total) y externo (que proporcionó el 41 por ciento restante de los faltantes públicos durante 1970-1975), de manera tal que esta forma de financiamiento comenzó a desplegar su dialéctica desequilibrante: la reactivación del crecimiento económico a partir de 1972 se acompañó de una aceleración particularmente importante de la inflación y de un aumento significativo del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, este último producto en parte de la sobrevaluación del peso a que condujo una inflación doméstica claramente mayor a la del principal socio comercial del país: los Estados Unidos de América. En tanto que el pago de intereses de la deuda pública que se estaba contratando agravaría aún más el déficit fiscal del gobierno. La administración echeverrista estaba comprometiendo todavía más la situación financiera del país.

En el fondo, el deterioro del sector externo (déficit en cuenta corriente en aumento) obedecía a la incapacidad de las exportaciones para crecer al mismo ritmo del ingreso nacional y de las importaciones de bienes intermedios y de capital que requería la tercera y última fase del proceso de industrialización por la que atravesaba la economía mexicana en esos momentos. Conforme se recuperó el crecimiento económico a partir de 1972, las importaciones aumentaron más deprisa que las exportaciones conduciendo al aumento del déficit en cuenta corriente y, por consiguiente, al correspondiente aumento de la deuda externa para financiarlo:

“Durante el periodo 1971-1976 siguió empeorando el déficit en cuenta corriente (…) El nivel de 726 millones de dólares en 1971 aumentó a 3 769 millones de dólares en 1975, y la tendencia continuó en 1976. Durante el periodo 1971-1975 el déficit aumentó a una tasa compuesta anual superior al 40%, debido sobre todo a la continuación del empeoramiento de la balanza comercial. Las exportaciones de bienes aumentaron 19% anual, debido en parte al impresionante crecimiento repentino de las exportaciones de manufacturas de las nuevas plantas maquiladoras y a la creciente competitividad de las industrias del interior del país, pero las importaciones aumentaron 23% anual, lo que destruyó las ganancias de las exportaciones e hizo aumentar el déficit comercial al 27% anual.”

En consecuencia, la deuda pública externa, contratada para financiar tanto el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos como el déficit fiscal del gobierno, se incrementó de manera notable durante 1971-1976: de un nivel de 4 mil 545.8 millones de dólares en 1971 (11.6 por ciento como proporción del PIB), se ubicó en 19 mil 600.2 en 1976 (22.4 por ciento como proporción del PIB). ¡En seis años, la deuda pública externa se multiplicó por 4.3 veces! Ver Figura 2.5).

Sin embargo, y pese al enorme aumento de los gastos públicos, del déficit fiscal del gobierno y del endeudamiento interno y externo, el crecimiento económico resultó bastante moderado: 5.0 por ciento en promedio anual medido por el PIB a precios de 1960 (Ver Cuadro 2.16), a todas luces insuficiente para solucionar el problema del subempleo y desempleo heredado del “desarrollo estabilizador”. Más que acercarse la economía al pleno empleo se alejó. ¿Qué factores, sin embargo, explican este crecimiento económico tan moderado a pesar de la enorme expansión de los gastos públicos? Básicamente se distinguen los siguientes:

Primero: el periodo 1971-1976 se caracterizó por una fuerte yuxtaposición entre dos orientaciones diferentes de la política económica: la del gobierno, que intentaba romper con el pasado del desarrollo estabilizador y dinamizar la economía gracias a una política keynesiana expansiva que alentara la producción y el empleo, y la del Banco de México, de inspiración friedmaniana y que intentaba oponerse a la política gubernamental gracias a medidas de restricción monetaria y del crédito. En consecuencia, la política monetaria y del crédito restrictiva del Banco de México, contraria a la política de finanzas públicas expansivas del gobierno, llevó a la economía mexicana a una situación de freno y arranque con graves consecuencias a nivel económico y social.

Segundo: el discurso “izquierdizante” de Echeverría y algunas de sus accione (v. gr. la creciente participación que fue adquiriendo el Estado en la economía durante su gestión y las expropiaciones de tierras que realizó para entregarlas a campesinos que las solicitaban) despertaron la desconfianza de la iniciativa privada que en consecuencia se abstuvo de invertir, restándole de esa manera dinamismo al crecimiento económico.

Tercero: en la medida en que el gobierno aumentó el gasto público disminuyó la inversión del sector privado (el famoso efecto crowding-out o expulsión del tradicional libro de texto de macroeconomía), sobre todo de la pequeña y mediana empresa. Al colocar parte de los valores gubernamentales en la banca comercial para financiar su déficit presupuestal, el gobierno mermó recursos para financiar proyectos de inversión de las empresas privadas, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas ya que las grandes pudieron recurrir a los préstamos de la banca internacional. Esa situación, junto a la ausencia de una política monetaria y del crédito de “acompañamiento” por parte del Banco de México, no permitió a la economía fluir con celeridad. Cabría esperar que a la política fiscal expansiva del gobierno le correspondiera una política monetaria y del crédito también expansiva por parte del Banco de México, cosa que desafortunadamente no ocurrió.

Cuarto: cabe destacar, por último, que muchos de los proyectos productivos que se echaron a andar durante la gestión echeverrista no rindieron los frutos esperados debido a la falta de planeación adecuada, a los ineficientes manejos financieros, a los inevitables casos de corrupción y al afán por verlos terminados antes de que finalizara el sexenio. De manera tal que se dio ahí un desperdicio importante de recursos que eran vitales para sostener el ritmo de crecimiento de la economía del país. Al respecto, Enrique Krauze señala:

“Sí había dinero había que gastarlo y si no había que imprimirlo o pedirlo prestado, gastar era sinónimo de invertir y casi todos sus proyectos eran hechos a una gran escala. En el caso de Bahía de Banderas, en la costa de Nayarit, fue patente la falta de planeación: se adquirieron terrenos ejidales en la playa para desarrollar un complejo turístico y se compraron embarcaciones para convertir a los campesinos de la zona en pescadores. El proyecto fracasó por el ineficiente manejo financiero y los inevitables casos de corrupción. Otro proyecto faraónico que tampoco cumplió con las expectativas que se planteó, fue el del complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas-Las Truchas. Errores de diseño en la planta, problemas financieros y el afán de ver terminada la primera etapa de la obra antes de que concluyera el sexenio, impidieron que la planta pudiera alcanzar los niveles de producción esperados”.

De esa manera, poco después de mediados de 1976 estalló en el país una crisis de balanza de pagos de enormes proporciones. La paridad peso-dólar, que se había mantenido en 12 pesos con cincuenta centavos durante 22 años (recordemos que la última devaluación había tenido lugar en Semana Santa de 1954 bajo la gestión de Adolfo Ruiz Cortines), finalmente no se pudo sostener y el peso se devaluó a fin de corregir el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, consecuencia éste del aumento desmesurado de los gastos públicos que se financiaron con emisión monetaria y con endeudamiento interno y externo que generaron una dialéctica desequilibrante al interior de la economía mexicana. Interpretación esta última que sería la explicación ortodoxa del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la primera gran crisis de balanza de pagos de México, pues otras crisis sobrevendrían después.

En medio de una situación caracterizada por una desaceleración del crecimiento (en 1976 la economía creció al 1.7 por ciento, cuando el año anterior lo había hecho a un ritmo mucho mayor: 4.1 por ciento medido por el PIB a precios de 1960), por una acentuación de la inflación (que después de desacelerarse en 1975 recobró su tendencia alcista en 1976 alcanzando una tasa del 15.8 por ciento), por un abultado déficit en cuenta corriente (que disminuyó en poco más de 600 millones de dólares con respecto a 1975 respondiendo a la desaceleración del crecimiento económico) y por un significativo aumento de la deuda pública externa (que aumentó en poco más de 5 mil millones de dólares con respecto a 1975, ubicándose en los 19 mil 600.2 millones de dólares) (Ver Cuadro 2.16), que una devaluación fue decidida en agosto de 1976 con la intención de “cerrar” el saldo negativo de la cuenta corriente vía mayores exportaciones y menores importaciones.

La imprudente gestión macroeconómica, el clima de confrontación entre el gobierno y los empresarios (que se tradujo en falta de inversiones productivas tan necesarias para el crecimiento económico y en fuga de capitales) y la recesión de la economía mundial que siguió al choque petrolero de 1973 precipitaron la crisis de balanza de pagos de mediados de 1976.

En consecuencia, el crecimiento económico moderado, la elevada inflación y la crisis de balanza de pagos de 1976 se tradujeron en más desempleo y en una disminución importante del poder adquisitivo de sueldos y de salarios, en tanto que la distribución familiar del ingreso permaneció casi inalterada (la esfera baja del consumo, déciles I al IV, aumentó apenas escasamente su participación en el ingreso nacional: 10.69 por ciento en 1968 a 10.94 por ciento en 1977; la esfera alta del consumo, subdécil Xb, siguió perdiendo participación: del 27.15 por ciento en 1968 pasó al 25.45 por ciento en 1977; en cambio, la esfera intermedia del consumo, déciles V al subdécil Xa, mejoró considerablemente su participación: en 1958 se llevaba el 52.15 por ciento del ingreso nacional y en 1977 concentraba el 63.60 por ciento). En suma, ni crecimiento económico que garantizara el pleno empleo ni reparto equitativo del escaso ingreso nacional generado entre 1971 y 1976. Las clases populares, alternativamente identificadas con la esfera baja del consumo, fueron las más perjudicadas por esta extraña combinación de escaso crecimiento económico y elevada inflación, cuando paradójicamente las políticas económicas echeverristas pretendían mejorar el bienestar de las clases más desprotegidas. En opinión del banquero Carlos Abedrop:

“Fue muy lamentable. Fue un hombre, el presidente Echeverría, que tenía las mejores intenciones respecto al sector popular y creo que fue él el más afectado, porque la inflación que sobrevino, la caída del empleo, obviamente a quien más afectó era a las clases populares”.

Inmediatamente después de la devaluación, el gobierno mexicano firmó un acuerdo de estabilización con el FMI que estaría vigente por un periodo de tres años: 1977-1979, la primera mitad de la gestión de José López Portillo que sucedería en la Presidencia de la República a Luis Echeverría. La terapéutica recomendada por el FMI para superar la crisis consistía en lo siguiente: acompañar la devaluación (política de “desviación del gasto”) con reducciones de la demanda agregada vía disminución de los gastos públicos, restricción monetaria y crediticia (nada extraño para el Banco de México) y contención salarial. El presidente José López Portillo comprendía lo delicado de la situación, una situación caracterizada por una deuda pública externa que casi alcanzaba los 20 mil millones de dólares, elevado déficit fiscal, alta inflación y elevado desempleo, por lo que se propuso, en un primer momento, seguir a pie juntillas los lineamientos del FMI: reducciones drásticas de la demanda agregada vía disminución de los gastos públicos y contención salarial, así como restricción monetaria y del crédito. Y no sólo eso, sino que en su mensaje de toma de toma de posesión propuso un programa de desarrollo cauteloso y prudente que comprendía tres etapas: dos años de recuperación, dos de consolidación y dos de crecimiento acelerado.

De esa manera, durante casi dos años se aplicaron severas medidas de estabilización a fin de superar la crisis e iniciar la recuperación:

“Durante casi dos años se siguió una política de austeridad absoluta que para el pueblo se tradujo en un tope salarial del 10 por ciento y en el encarecimiento de los productos de consumo básico”.

Sin embargo, tan pronto México se descubrió dueño de importantes recursos petroleros se tiró por la borda la propuesta de desarrollo en tres etapas y se incumplió con el acuerdo de estabilización firmado con el FMI. Hacia fines de 1976 las reservas probadas de petróleo ascendían, según Jorge Díaz Serrano, quien eventualmente fungiría como director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante la mayor parte de la administración lopezportillista (1976-1982), a 11 mil 200 millones de barriles, que para 1977 se incrementaron a 16 mil 800, a 29 mil millones en 1978 y a poco más de 40 mil millones de barriles en 1979 (Ver Figura 2.6). Una riqueza incalculable e inmensa que serviría a México de aval para obtener préstamos en los mercados internacionales de capital con los cuales acelerar el crecimiento económico, y que llevaría al presidente José López Portillo a declarar que los mexicanos tendríamos que “acostumbrarnos a administrar la abundancia”:

“La recesión que siguió a la crisis de 1976 fue de corta duración. El descubrimiento de cuantiosas reservas petroleras eliminó la restricción externa y propició un cambio drástico de la política económica. En lugar de ajustarse a la escasez, el gobierno debía ahora “administrar la abundancia”, una frase usada a menudo por José López Portillo, presidente de la república entre el 1º. de diciembre de 1976 y el 30 de noviembre de 1982. La postura oficial, ampliamente compartida, era que México podía crecer a tasas sin precedente a partir de 1978 (…) Poco tiempo después de asumir la presidencia, López Portillo confirmó el descubrimiento de grandes reservas petrolíferas y manifestó su decisión de usar las reservas para promover el crecimiento…”.

En consecuencia, con los recursos provenientes del petróleo vía préstamos y exportaciones el gobierno decidió relajar su política de gasto con la intención de imprimirle dinamismo y celeridad a la economía. Durante 1977-1979, periodo en que estaría vigente el acuerdo de estabilización firmado con el FMI, la economía creció a una tasa promedio interanual del 6.1 por ciento como resultado de un crecimiento particularmente lento en 1977 (3.3 por ciento) y de un crecimiento significativo en 1978 (7 por ciento) y en 1979 (8 por ciento) (Ver Cuadro 2.17)

Sin embargo, y junto a la aceleración del crecimiento económico, la situación fiscal y externa del país tendieron a complicarse. De un déficit fiscal del 6.7 por ciento en 1977 y en 1978, se pasa a uno del 7.6 por ciento como proporción del PIB en 1979 como resultado del segundo “choque” petrolero mundial, consistente en una elevación de los precios internacionales del petróleo, que condujeron al gobierno a relajar todavía más la política de gasto público (Ver Cuadro 2.17). El déficit en cuenta corriente, por su parte, tendió a incrementarse de manera persistente después de que en 1977 disminuyera en poco más de mil 400 millones de dólares con respecto al año anterior, para ubicarse en mil 596.4 millones de dólares, para brincar luego a 2 mil 693 millones de dólares en 1978 y a 4 mil 870.5 en 1979. En consecuencia, la deuda pública externa, contratada para financiar tanto el déficit fiscal como el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, se fue hacia arriba: de 19 mil 600.2 millones de dólares en 1976, se incrementó a 22 mil 914 en 1977, a 26 mil 264 en 1978 y, finalmente, a casi 30 mil millones de dólares en 1979 (Ver Cuadro 2.17). ¡En cuestión de tres años, la deuda pública externa se incrementó en poco más de 10 mil millones de dólares, a razón de casi 3 mil 400 millones de dólares en promedio por año!

Pero no sólo el sector público se endeudaba con el exterior, sino que también el sector privado hacía lo mismo con tal de expandir su capacidad de producción:

“Una suerte de faraonismo petrolero cundió también en el sector privado. En Monterrey el poderoso grupo Alfa empezó a comprar empresas al por mayor, pagando generosamente por ellas. Lo mismo adquiría fábricas de cuchillos o de plásticos que empacadoras. Como en el caso del sector público, el dinero provenía de bancos extranjeros. En conjunto, los sectores público y privado contrataron deuda externa por un total de 51 mil 788.5 millones de dólares entre 1977 y 1982”.

Así, la deuda externa total, que en 1976 era de 27 mil 500 millones de dólares (20 mil 800 del sector público y 6 mil 700 del sector privado), alcanzó los 92 mil 400 millones de dólares en 1982 (59 mil 700 del sector público y 32 mil 700 del sector privado) (Ver Figura 2.7). ¡En cuestión de seis años, la deuda externa total del país se incrementó en casi 65 mil millones de dólares (64 mil 900 para ser exactos), pensando en que el petróleo proporcionaría las divisas suficientes para devolver los préstamos (y sus respectivos intereses) que se estaban contratando!

Las cuantiosas inversiones del sector público y del sector privado financiadas con endeudamiento externo, le imprimieron un vigoroso dinamismo a la economía mexicana en términos de producción y de empleo. Las cuantiosas reservas petroleras descubiertas y la tendencia al alza en los precios internacionales del petróleo, generaron expectativas optimistas en los sectores público y privado que los condujo a expandir sus proyectos de inversión que decidieron financiar con endeudamiento externo en momentos en los cuales las tasas de interés internacionales eran relativamente bajas. De esa manera, al aumentar las inversiones productivas aumentaron en consecuencia la producción y el empleo de manera notable:

“La perspectiva de mayores ingresos asociados a las exportaciones petroleras llevaron a los sectores público y privado a expandir sus proyectos de inversión a partir de 1978. En 1979, ante el aumento del precio internacional de petróleo y nuevos descubrimientos de yacimientos petrolíferos la inversión total se aceleró aún más. Durante los cuatro años que duró el auge petrolero, la estrategia de crecimiento basada en la expansión del gasto público produjo resultados impresionantes en términos de producto, inversión y empleo. Entre 1978 a 1981, el PIB creció a un promedio anual de 8.4%,, mientras que la inversión total aumentó a 16.2% anual y el empleo urbano se expandió a 5.7% anual”.

En 1979, ante el incremento en el precio internacional del petróleo, el gobierno decidió aumentar todavía más los gastos públicos. Tendencia que continuó en 1980 y a principios de 1981 cuando los precios internacionales del petrolero siguieron subiendo. No obstante, el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos alcanzaron niveles alarmantes: el déficit fiscal pasó del 7.6 por ciento como proporción del PIB en 1979 al 14.1 por ciento en 1981, en tanto que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos aumentó en poco más de 7 mil 600 millones de dólares al haber pasado de 4 mil 870.5 millones de dólares en 1979 a 12 mil 544.3 millones de dólares en 1981 (Ver Cuadro 2.17)

La economía respondió en consecuencia al fuerte aumento de los gastos públicos. El crecimiento económico del 8.0 por ciento en 1979, se incrementó al 8.3 por ciento en 1980 y al 8.1 por ciento en 1981 (Ver Cuadro 2.17). El gobierno mexicano pensó que los precios internacionales del petróleo subirían indefinidamente, por lo que decidió aumentar fuertemente los gastos públicos a fin de imprimirle celeridad y dinamismo a la economía confiando en que el petróleo proporcionaría las divisas suficientes para saldar los adeudos que se estaban contratando con el exterior. Nunca pensó que pronto, muy pronto, los precios internacionales del petróleo empezarían a bajar y que las tasas de interés internacionales comenzarían a subir en momentos en los cuales la economía mexicana dependía bastante del petróleo para su crecimiento (en 1981, por ejemplo, las exportaciones petroleras representaban el 72.5 por ciento de las exportaciones totales) y en los que el país tenía contratada con el exterior una importante proporción de deuda a tasa variable (70 por ciento del total en 1981).

En tal situación, tanto el fuerte aumento en las tasas de interés internacionales de fines de 1980 como el descenso en los precios internacionales del petróleo iniciado a mediados de 1981 comenzaron a golpear muy fuertemente a la economía mexicana. El incremento en las tasas de interés internacionales del 6 al 20 por ciento, elevaron automáticamente la deuda externa del país en poco más de 34 mil millones de dólares; en tanto que el descenso en los precios internacionales del petróleo significaron para el país dejar de percibir cerca de 16 mil millones de dólares al año. En momentos en los cuales el país necesitaba de más recursos para cumplir con un servicio de la deuda externa incrementado y con el pago del principal, los precios internacionales del petróleo de desplomaban colocando al país en una situación muy delicada.

Ambos acontecimientos requerían, por supuesto, de ajustes drásticos y convincentes de la política económica, ajustes que al no darse propiciaron una fuga masiva de capitales que precipitaron las devaluaciones del peso de febrero y agosto de 1982. Y que eventualmente llevarían al país a la postración económica y a la insolvencia financiera. En palabras de Jesús Silva Herzog, secretario de hacienda hacia los últimos años de la gestión de José López Portillo:

“Hay que recordar que 1982 cierra con cero crecimiento, un déficit del gobierno de 17 por ciento del PIB; que para aquellos que no estén enterados de estas cosas, es difícil encontrar otro caso, en otro país, en otro tiempo, con un déficit de ese tamaño, incluyendo países que han estado en estado de guerra. Fue un despilfarro brutal. Y el 20 de agosto de 1982 en Nueva York, el Secretario de Hacienda de México, que era yo, le declara a la comunidad financiera internacional que ya no tenemos dinero. Entonces en una reunión, que ustedes se podrán imaginar lo tensa, lo difícil que fue, decirle a la comunidad financiera internacional: se me acabaron las fichas, no tengo dinero; debo no niego, pago no tengo, como el famoso dicho mexicano, pero no sólo eso si no que necesitó que me presten más dinero para poderles pagar a ustedes los intereses de sus créditos”.

Si en alguna ocasión el presidente José López Portillo había expresado que él era la última oportunidad de la Revolución, con sus políticas macroeconómicas tan imprudentes e irresponsables canceló en realidad las posibilidades de desarrollo de muchos mexicanos.

Lejos de sacar de la pobreza al país, el petróleo lo hundió todavía más. Con una deuda externa tan elevada, acabó hipotecando el futuro mediato e inmediato del país. Lejos de eliminar las restricciones fiscal y externa al crecimiento económico, el petróleo las agudizó todavía más. O como bien lo expresa Héctor Guillén Romo:

“… A pesar de los importantes descubrimientos petroleros que constituyeron un auténtico maná caído del cielo, o más bien debido a dichos descubrimientos, los límites financieros al crecimiento se alcanzaron muy rápidamente y comenzaron a bloquear el proceso de reproducción del capital”.

De esa manera, 1982 cerró con una caída de la producción del 0.5 por ciento, con una inflación del 58.8 por ciento, con un déficit fiscal como proporción del PIB del 17 por ciento (en este caso explicado por el aumento en las tasas de interés internacionales que incidió en un fuerte incremento del servicio de la deuda pública externa), con un déficit en cuenta corriente de balanza de pagos de 4 mil 478.5 millones de dólares (en este caso explicado por las devaluaciones de febrero y agosto, así como por la restricción del gasto público) y con una deuda externa total de aproximadamente 93 mil millones de dólares (Ver Cuadro 2.17).

A pesar del enorme aumento de los gastos públicos, durante esta última etapa de la industrialización por sustitución de importaciones (1970-1982) la economía creció a una tasa promedio interanual del 5.3 por ciento (muy por debajo del 6.7 por ciento del periodo anterior, 1956-1970), en tanto que la inflación lo hizo a una tasa promedio interanual del 21.2 por ciento (muy por encima del 4.2 por ciento en promedio anual del “desarrollo estabilizador”). El PIB per cápita, mientras tanto, pasó de 9 mil 212 pesos en 1970 a 13 mil 49 en 1980, significando una tasa de crecimiento compuesta anual del 3.5 por ciento, apenas ligeramente por encima del 3.4 por ciento del periodo inmediato precedente (1956-1970).

Cabe destacar que durante este periodo se asiste a un profundo proceso de crisis y estancamiento productivo del sector agropecuario, mismo que se inicia a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta. El sector agropecuario en su conjunto creció a una tasa promedio interanual del 2.6 por ciento, en tanto que el subsector agrícola lo hizo a una tasa mucho menor: 2.3 por ciento en promedio anual (Ver Cuadro 2.18), muy por debajo del crecimiento de la población que pasó de 48 millones 225 mil 238 habitantes en 1970 a poco más de 66 millones en 1980, significando una tasa de crecimiento compuesta anual del 3.3 por ciento. Lo anterior significaría para el país la pérdida completa de la autosuficiencia alimentaria lograda con tanto esfuerzo en etapas precedentes, sobre todo en la etapa de 1941-1956 cuando la producción agropecuaria en su conjunto y la agrícola en particular crecieron muy por encima de la población. Para Romero Polanco:

“Una de las principales manifestaciones del deterioro del sector lo constituye la pérdida de la autosuficiencia alimentaria y la consecuente dependencia de granos provenientes del mercado mundial, fenómeno que por sus implicaciones se ha transformado no sólo en un problema económico sino también social y político”.

Las demás ramas del sector agropecuario, ganadería, silvicultura y pesca, siguieron mostrando cierto dinamismo económico pero sin superar las tasas de crecimiento de los periodos precedentes, sobre todo las de 1941-1956 cuando el agro mexicano tuvo su mejor momento al grado en que proporcionó las divisas necesarias para financiar las importaciones de bienes intermedios y de capital que requería la incipiente industrialización del país. Así pues, entre 1970 y 1982 la ganadería creció a una tasa promedio interanual del 3.1 por ciento (por debajo del 3.3 por ciento de 1941-1956 y todavía más del 4.4 por ciento de 1956-1970), en tanto que la silvicultura creció al 3.2 por ciento en promedio anual (muy por encima del 1.5 por ciento de 1956-1970 pero muy por debajo del 3.9 por ciento de 1941-1956) y, finalmente, la pesca, la rama más dinámica del sector, creció a una tasa promedio interanual del 7.1 por ciento (superior al 5.0 por ciento de 1956-1970 pero muy por debajo del 10.9 por ciento de 1941-1956) (Ver Cuadro 2.18).

Por tanto, la tendencia al estancamiento productivo del sector agropecuario observado durante este periodo no es en absoluto un fenómeno generalizado que englobe a todo el sector, sino que más bien es más propio del subsector agrícola que por su significativa importancia relativa arrastró hacia la baja al sector en su conjunto. Y es que durante este periodo se asiste a una importante reducción de la superficie de temporal dedicada casi exclusivamente al cultivo de granos básicos (maíz, trigo, fríjol y arroz), cultivos que fueron perdiendo paulatinamente participación dentro de la superficie nacional cultivada: del 67.3 por ciento en 1971, disminuyó al 63.5 por ciento en 1975 y, finalmente, al 49.3 por ciento en 1979, recuperándose a partir de entonces pero sin alcanzar la participación de 1971. Similar situación experimentaron algunos cultivos de exportación como el algodón y el henequén, que tuvieron una importancia significativa en el periodo de auge de la agricultura mexicana. Por tanto, al disminuir la superficie cultivada de granos básicos y de fibras duras como el algodón y el henequén, su producción se vino abajo.

En consecuencia, el agro capitalista mexicana dejaba de producir granos básicos y fibras duras para volcarse a la producción de cultivos más comerciales y rentables como las oleaginosas (ajonjolí, cártamo, soya, copra, semilla de algodón, cacahuate, etc.), las hortalizas, los frutales y algunos cultivos forrajeros, en razón al cambio experimentado en la estructura del consumo nacional alimentario explicado, a su vez, por el creciente desarrollo urbano-industrial del país.

Por último, las múltiples medidas de política agropecuaria del echeverrismo y del lopezportillismo (v. gr. la creación, durante el echeverrismo, del Programa Nacional de Inversión y Desarrollo Campesino; la fusión de los bancos agropecuarios oficiales en uno solo: el Banco Nacional de Crédito Rural; la promulgación de la Ley Federal para el Fomento de la Pesca; la creación de la Comisión Nacional del Cacao; la puesta en marcha del Plan Nacional Ganadero; la elevación de los precios de garantía; la creación, durante el lopezportillismo, del Sistema Alimentario Mexicano que pretendía lograr la autosuficiencia en la producción de maíz y fríjol, y la promulgación de la Ley de Fomento Agropecuario) no impidieron que la crisis del agro mexicano iniciada en 1965 se generalizara y profundizara a partir de 1980, extendiéndose hasta nuestros días.

Durante esta tercera etapa de la industrialización por sustitución de importaciones (1970-1982), se trataron de producir internamente bienes de capital, sobre todo aquellos ligados a las industrias petrolera y eléctrica que fueron precisamente las de mayor dinamismo económico durante el periodo. La industria petrolera creció a una tasa promedio interanual del 12.6 por ciento (superior al 8.4 por ciento de 1956-1970 y todavía más al 6.6 por ciento de 1941-1956), en tanto que la industria del gas, el agua y la electricidad lo hizo a una tasa promedio interanual del 9.8 por ciento (superior al 7.4 por ciento de 1941-1956 pero muy por debajo del 12.1 por ciento de 1956-1970). El conjunto del sector industrial, por su parte, creció a una tasa promedio interanual del 6.8 por ciento durante 1970-1982 (superior al 6.0 por ciento de 1941-1956 pero muy por debajo del 8.5 por ciento de 1956-1970 cuando la industria mexicana tuvo su mejor momento). Al lado de cierto repunte económico de industrias extractivas y minería (tasa de crecimiento promedio interanual del 4.0 por ciento, superior al 2.4 por ciento de 1956-1970 y al 1.8 por ciento de 1941-1956), las industrias de la construcción y de la transformación experimentaron una pérdida importante de dinamismo económico en relación al desenvolvimiento mostrado en las dos etapas anteriores. La industria de la construcción creció a una tasa promedio interanual del 6.9 por ciento (muy por debajo del 8.4 por ciento de 1956-1970 y del 9.6 por ciento de 1941-1956), en tanto que la industria de la transformación creció a una tasa mucho menor: 5.7 por ciento en promedio anual (por debajo del 7.2 por ciento de 1941-1956 y todavía más del 8.8 por ciento de 1956-1970) (Ver Cuadro 2.19).

¿El crecimiento económico y la inflación durante este largo periodo (1940-1982) de industrialización por sustitución de importaciones? 6.0 y 11.3 por ciento en promedio anual, respectivamente; resultado de políticas keynesianas expansivas durante 1940-1955, de políticas conservadoras durante 1956-1970, de una fuerte yuxtaposición entre dos orientaciones diferentes de política económica (el keynesianismo del gobierno y el monetarismo del Banco de México) durante 1971-1976, del auge petrolero de 1977-1982, y en buena medida del modelo ISI inspirado en el estructuralismo latinoamericano como política económica de largo plazo. Lo anterior sin mencionar que durante la instrumentación del modelo ISI tuvo lugar el famoso “milagro mexicano” o “desarrollo estabilizador”, caracterizado por altas tasas de crecimiento económico y baja inflación, así como por un importante crecimiento del PIB industrial (tasa de crecimiento promedio interanual del 8.5 por ciento). En tanto que el PIB por habitante pasó de 3 mil 559 pesos en 1940 a 13 mil 49 en 1980, significando una tasa de crecimiento compuesta anual del 3.3 por ciento. Sin lugar a dudas, los logros más importantes de la industrialización por sustitución de importaciones que se sustentó fundamentalmente en el mercado interno para impulsar el crecimiento económico.

Al respecto, resulta importante observar que las importaciones de mercancías perdieron importancia relativa en la oferta global debido a la lógica del modelo de industrialización: en 1950 representaban el 9.6 por ciento de la oferta global, y para 1967 solamente el 7.8 por ciento (Ver Cuadro 2.20).

Asimismo, la estructura de la demanda global nos deja entrever que bajo el modelo ISI fue la demanda interna, más que la externa, la que contribuyó en mayor medida a la expansión de la demanda real y, por tanto, del producto interno bruto a precios constantes. El elemento más dinámico de la demanda global fue la inversión bruta fija que pasó del 13.9 por ciento del total en 1950, al 14.6 por ciento en 1958 y a más del 18.0 por ciento en 1967; y que pasó de una tasa de crecimiento promedio interanual del 6.4 por ciento en 1951-1958, a una del 9.1 por ciento en 1959-1967 (Ver Cuadro 2.20). Lo cual confirma, como bien lo asienta Nora Lustig, que durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial México siguió un modelo de crecimiento “hacia adentro”.

Junto con María Luisa González Marín, podemos establecer que las principales deficiencias o insuficiencias del modelo de industrialización por sustitución de importaciones fueron las siguientes:

1. Incapacidad para mejorar la distribución del ingreso.

2. Incapacidad para desarrollar una industria productora de bienes de capital.

3. Incapacidad para eliminar la restricción externa al crecimiento económico.

4. Propició una industria con poca capacidad para competir en el mercado mundial.

5. Propició una creciente dependencia tecnológica.

6. Llevó a una falta de integración de las cadenas productivas.

7. Propició apenas un escaso aumento en la productividad.

8. Fomentó la producción de productos de mala calidad y precios elevados.

9. Generó un creciente endeudamiento externo que alcanzó su clímax en el verano de 1982.

10. Fomentó el surgimiento de monopolios internos.

11. Generó grandes utilidades para los empresarios manufactureros.

¿Sería capaz, no obstante, el modelo de economía abierta y Estado mínimo inaugurado en 1983 de subsanar las deficiencias del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y, lo que es más importante, de superar sus logros? Es el tema del próximo capítulo.