EMPRESAS TRANSNACIONALES E INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: LA GRANNACIONAL, UNA ALTERNATIVA NECESARIA Y VIABLE

EMPRESAS TRANSNACIONALES E INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: LA GRANNACIONAL, UNA ALTERNATIVA NECESARIA Y VIABLE

Zulma Donelly Ramírez Cruz

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3.2.2. Sectores estratégicos para la creación de empresas trans-fronterizas latino-caribeñas integradas

Existen tres sectores que pueden considerarse esenciales para la construcción de empresas trans-fronterizas latinoamericanas tipo ALBA, para contribuir al desarrollo económico y social integracionista de la región y que a su vez presentan un buen nivel de desarrollo lo que le da al proyecto de creación de estas empresas mayores posibilidades :

En primer lugar encontramos el sector energético. Uno de los proyectos más importantes en Estados Unidos es el que llama “Integración energética del hemisferio”, para lo que el gobierno de ese país ha hecho énfasis en la creación de una asociación energética sólida e interdependiente en las Américas, que en la práctica considera la preocupante situación global con los energéticos de origen natural. Sin embargo este proyecto, bajo el enfoque que promueve el gobierno de ese país para éste continente, busca, ante todo, asegurar al Norte industrializado un acceso seguro a la energía requerida para el mantenimiento de los irracionales patrones de consumo energético que prevalecen en esa área. EE.UU. muestra un consumo per cápita de energía comercial que supera las 8 toneladas de petróleo equivalente (TPE) al año; mientras que América Latina y el Caribe, siendo una región exportadora neta de energía, sólo registra un consumo per cápita de energía comercial de 1.2 TPE anuales, según datos de Naciones Unidas para 1997.

Entre los atractivos energéticos de América Latina y el Caribe, cabe señalar que la región en su conjunto es exportadora neta de hidrocarburos. En esta zona se localiza el 11% de las reservas mundiales de petróleo y se produce cerca del 15% del crudo que se extrae a nivel internacional. Además, América Latina cuenta con cerca del 6% de las reservas internacionales de gas natural, grandes reservas de carbón mineral -suficientes para unos 288 años de explotación- y abundantes recursos renovables, como la hidroenergía de la que cuenta con casi 23% del potencial mundial.

En los últimos 30 años la región ha sido considerada, con más fuerza que nunca, como un área estratégica sobre todo para Norteamérica, debido a la cercanía geográfica y a la mayor estabilidad política en comparación con otras regiones exportadoras del área subdesarrollada, dígase por ejemplo el Medio Oriente. Además, se calcula que Latinoamérica cuenta con reservas suficientes para más de 33 años, mientras las reservas petroleras de EE.UU. apenas alcanzarían para unos 10 años, de mantenerse el nivel de extracción de los últimos años.

En medio de la compleja situación económica mundial y teniendo en cuenta el errático curso de los precios internacionales del petróleo en las últimas décadas, el desarrollo de la cooperación energética regional continúa siendo una alternativa para enfrentar los efectos de la crisis socioeconómica. Pero esta cooperación energética no es la diseñada por Estado Unidos cuyo único interés es saquear los recursos de Latinoamérica y el Caribe, sino aquella que esté dentro del marco de la integración regional basada en los principios de solidaridad y reciprocidad.

En el sector energético, podemos observar un avance con los proyectos de PETROCARIBE, PETROSUR, PETROANDINA. La integración latinoamericana y la creación de Empresas Latino-caribeñas integradas tipo ALBA en este sector, deben partir de las necesidades de la región y de sus pueblos, para poder contribuir al fortalecimiento de la soberanía y seguridad energética de Latinoamérica y el Caribe. La creación de estos órganos es una muestra del inicio del camino.

Este sector se ha caracterizado por el consumo desmedido de energía por parte de las naciones industrializadas, como parte del modelo de desarrollo históricamente seguido por ese grupo de países, conduciendo progresivamente a una abusiva y descarada explotación de las fuentes de energía de los países subdesarrollados, abocando al mundo a una crisis energética global. En esto han jugado un papel primordial las empresas transnacionales, que han contado con la ayuda de los acuerdos de integración, muchos de ellos des-reguladores de las inversiones extranjeras directas, permitiendo la explotación indiscriminada de los recursos.

No es casualidad que el gobierno de los Estados Unidos, uno de los que más se beneficia, esté controlado por intereses corporativos. De hecho, en el gabinete actual de la administración prima la presencia de ex directores de grandes transnacionales en las posiciones claves. El vicepresidente Dick Cheney, fue director de Halliburton, empresa de servicios petroleros más grande a nivel mundial, que mantiene grandes intereses y es conocedora de muchísima información sobre yacimientos de hidrocarburos, por ejemplo en Colombia; Condoleeza Rice, Secretaria de Estado, fue parte del directorio de Chevron Texaco, empresa que juega un papel clave en el control de yacimientos.

Las empresas latino-caribeñas de este sector, deben estar sometidas al estricto control de los gobiernos de los países latinoamericanos, quienes deben decidir sobre las políticas y procesos relacionados con los recursos energéticos, desde su extracción hasta su distribución, incluyendo la política de precios; es decir deben constituirse en empresas soberanas, lo que permitirá la redistribución justa y equitativa de energía y de recursos económicos en la región, bajo el principio de la complementariedad solidaria. Debe recordarse que el potencial energético de la región se encuentra muy desigualmente distribuido. Consecuentemente, las exportaciones latinoamericanas se concentran preferentemente en apenas cinco países (Venezuela, México, Ecuador, Trinidad-Tobago y Colombia) y dos de estas naciones (México y Venezuela) concentran alrededor del 86% de las reservas petroleras probadas de la región. La mayoría de los países latinoamericanos dependen básicamente de las importaciones de petróleo para el funcionamiento de sus economías y es por eso que es de vital importancia esa redistribución justa de la que hablamos.

En segundo lugar vemos el sector farmacéutico. Las grandes empresas transnacionales que trabajan con biotecnología en farmacéutica y agricultura, y que son las principales interesadas y destinatarias comerciales de los recursos biológicos de los países Latinoamericanos, utilizan la “biopirateria” como medio para la apropiación y privatización de recursos genéticos y conocimientos indígenas y de comunidades locales, incrementando sus utilidades, “biopiratería”es la utilización o reproducción sin autorización de sus innovaciones patentadas.

Los biopiratas utilizan diferentes mecanismos de propiedad intelectual para reclamar para sí, el uso de recursos tangibles e intangibles de pueblos localizados primariamente en el Sur. Básicamente la biopiratería privatiza los recursos que siempre han sido públicos, comunitarios y para el bien de la humanidad, para el beneficio y lucro de un puñado de empresas transnacionales. Aunque una empresa o institución haya firmado un contrato que alegue seguir la legalidad vigente nacional o internacional, aunque incluya cierto grado de consulta o participación de comunidades y/o estados y alguna forma de "reparto de beneficios", sigue siendo biopiratería, porque la protección y primacía de los derechos indígenas y campesinos, de las comunidades locales, que son los principales actores del proceso de la biodiversidad y sus componentes, no sólo es totalmente insuficiente, sino que en muchos casos niega estos derechos fundamentales, legitima el saqueo y mina las bases mismas sobre las que fue construido históricamente el acervo de recursos de la diversidad biológica y cultural.

Las medicinas tradicionales y el conocimiento indígena y local han adquirido un alto valor comercial. Aproximadamente tres cuartas partes de los medicamentos de receta, derivados de plantas en el mundo, fueron utilizados primero por indígenas, lo que permitió su "descubrimiento" posterior por empresas y laboratorios de países industrializados. Se calcula, según cifras de 1996, que la industria farmacéutica global tiene ganancias de más de 32.000 millones de dólares estadounidenses anuales, gracias al uso de remedios tradicionales que incorporó a medicamentos de receta. Entre 1950 y 1980, las medicinas derivadas de plantas utilizadas en la industria farmacéutica significaban más del 25% de los fármacos de receta vendidos en los Estados Unidos. Se estima que el valor económico total anual de las drogas derivadas de plantas es más de 68.000 millones de dólares anuales, solamente en Estados Unidos.

Según las investigaciones del Grupo ETC, para el año 2001 las 10 mayores compañías farmacéuticas controlaban aproximadamente el 48% del valor del mercado mundial, calculado en $317 mil millones de dólares y las 10 mayores compañías farmacéuticas veterinarias el 60% del valor de ese mercado, que es de USD $13,6 mil millones.

En la actualidad se estima que más de 200 compañías de investigación en todo el mundo, están evaluando compuestos de origen animal y vegetal en busca de propiedades medicinales. Este aumento del interés, se debe en parte a nuevas tecnologías que han revolucionado las posibilidades de análisis y eventual aplicación posterior en fármacos u otros productos comerciales, y a la expansión de los sistemas de propiedad intelectual a ámbitos donde nunca habían llegado, particularmente a los seres vivos y a los procesos biológicos. Sin embargo esa investigación farmacéutica no se orienta hacia la salud de la población mundial, si no a la satisfacción de las necesidades de los sectores más ricos. Según el Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU en el año 2001, de 1223 nuevas medicinas lanzadas al mercado entre 1975 y 1996, sólo 13 se diseñaron para atacar enfermedades de los pueblos pobres.

La industria biotecnológica ha buscado una fórmula que resulta muy eficaz para adueñarse de la materia prima que utiliza y asegurarse el monopolio de su utilización futura: las patentes biotecnológicas. El sistema de patentes es una norma para la protección de la propiedad intelectual, que concede derechos exclusivos sobre una invención al autor de la misma. En una época que pregona el liberalismo económico, las patentes se han convertido en una fórmula extraordinariamente provechosa de proteccionismo legal, a la que las grandes compañías recurren para afianzar su primacía y asegurarse el monopolio de determinados sectores de la producción. No por casualidad el proyecto del ALCA era portador de un capítulo dedicado al asunto.

El reparto de los títulos de patente, sin embargo, es enormemente desigual: el mundo industrializado, donde se lleva a cabo un 84% del I+D mundial, detenta nada menos que el 97% de todas las patentes, la mayor parte de las cuales están en manos de grandes empresas. Los diez países más ricos acaparan igualmente un 90% de los pagos trans-fronterizos de royalties y tasas por licencias de patente, realizándose un significativo 70% de los mismos desde las filiales de transnacionales en el extranjero a la casa matriz.

En 1998 el gasto global en investigación para la salud fue de 70 mil millones de dólares, pero menos del 1% de ese dinero se utilizó en encontrar vacunas para el SIDA o para aliviar una enfermedad como la malaria. Según un reciente informe de Oxfam, once millones de personas morirán de enfermedades infecciosas este año por falta de acceso a medicamentos adecuados. Mientras tanto Glaxo/Smithkline Beecham, una de las cuatro transnacionales que dominan la industria farmacéutica mundial, obtuvo unos beneficios récord de 5.320 millones de libras esterlinas en el año 2000: nada menos que 14 millones de libras esterlinas en ganancias diarias

Es importante resaltar que los Tratados de Libre Comercio que Estados Unidos “impone” a los países latinoamericanos -y que está utilizando como alternativa ante la negativa de la gran mayoría de naciones del Sur a firmar el ALCA-, tienen un importante contenido sobre este aspecto y por medio de los llamados Derechos de Propiedad Intelectual, otorgan las patentes a empresas transnacionales y despojan a los pueblos de sus conocimientos ancestrales, además de prohibir la producción de medicamentos genéricos que tienen un menor costo y que son mas accesibles a la población.

Por lo tanto es imprescindible que la integración latinoamericana tenga en cuenta las serias afectaciones que los pueblos latinoamericanos y del Caribe tienen con el saqueo de sus recursos naturales y sus conocimientos ancestrales sobre la utilización de los mismos. Se impone la necesidad de dar mayor relevancia a la investigación y el desarrollo en el campo de la biotecnología, sector que Cuba ha desarrollado ampliamente, siendo este comparable con muchos países avanzados, lo mismo sucede con Brasil y Argentina, por solo mencionar a los más destacados en el área.

En Cuba, por ejemplo, el complejo biotecnológico-farmacéutico-.médico es comparable por su capacidad investigativa, productiva y de productos a las grandes transnacionales de occidente, aún teniendo que enfrentar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos. Cuba cuenta con una estructura de ciencia, tecnología e innovación tecnológica que posee mas de 200 instituciones de investigación y de servicios científico-técnicos, cun un cuerpo de más de 30.000 profesionales y trabajadores.

En 1986 se funda en Cuba el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), donde se instalan capacidades para aplicar las técnicas más avanzadas de la biotecnología moderna, disponiendo de los recursos humanos preparados y capaces de transferir y adaptar el conocimiento externo disponible. En este centro se realiza desde la investigación y examen de laboratorio, toda la fase experimental, hasta el desarrollo producción; el ciclo completo de la investigación hasta la producción misma.

Los avances biotecnológicos en estos países y en otros de la región, deben ser coordinados y dirigidos complementariamente hacia formas institucionales trans-fronterizas, que permitan enfrentar con éxito la competencia y el saqueo de las empresas transnacionales extra-regionales y favorezcan el aprovechamiento de los desarrollos en la biotecnología y la industria farmacéutica, en bien de nuestros pueblos.

En tercer lugar encontramos el sector del transporte: la globalización capitalista ha incrementado los fenómenos de intercambio a escala mundial, lo que ha fomentado el control del mercado internacional por parte de los países desarrollados y ha acentuado las diferencias con los países menos desarrollados

A pesar de la promulgación del “libre cambio”, el sector del transporte goza de gran protección de la industria nacional en los países desarrollados. El sector del transporte aéreo es un caso típico de oligopolio, cuyas empresas líderes operan estrategias globales de competencia, basadas en el uso intensivo de recursos de la frontera tecnológica, siendo al mismo tiempo, fuertemente protegidas en sus respectivos mercados domésticos. En Estados Unidos el mercado local es reservado a las empresas nacionales, que sólo pueden emplear a extranjeros en sus líneas internacionales. Además, el “Fly America Act” les asegura la reserva adicional del transporte de cargas y de pasajeros, costeado con recursos públicos. En base a esos privilegios y al diversificado conjunto de acuerdos bilaterales firmados por Estados Unidos, las empresas aéreas con sede en ese país controlan actualmente cerca del 50% del mercado internacional de pasajeros y el 43% de los fletes internacionales.

En el transporte marítimo, los patrones de protección son aun más restrictivos. Tal como en diversos países, este sector funciona como un cártel legalmente establecido en los Estados Unidos, exento de la legislación anti-trust, bajo el mando de la Federal Maritime Commission (FMC), cuyas atribuciones incluyen la fijación de precios a través de las llamadas “conferencias de fletes”, distribución de fracciones de mercados y fiscalización de la conducta de los miembros del cártel en el país y en el exterior.

En el sector de cabotaje, que genera empleo para cerca de 124 mil personas, está vedada cualquier especie de competencia externa: el transporte de carga entre dos puertos americanos, aun cuando incluya escalas en puertos extranjeros, sólo puede hacerse mediante navíos construidos en los Estados Unidos, cuyos propietarios y operadores sean empresas con por lo menos el 75% de capitales nacionales, y cuya tripulación esté integrada exclusivamente por ciudadanos norteamericanos. Con excepción del origen del navío, estas reglas también se aplican a la flota con bandera americana usada en el transporte internacional. Como esta norma implica costos elevados para los armadores, la mayor parte del comercio internacional de los Estados Unidos es transportada por navíos con bandera extranjera, aunque los propietarios sean empresas americanas. De hecho, la flota con bandera nacional sólo sobrevive debido a la política de reserva de mercado que le asegura el 50% de la demanda gubernamental y el 100% de las cargas militares y operaciones financiadas por el Export-Import Bank.

Analizando este sector en Latinoamérica encontramos que la empresa aeronáutica brasileña Embrear tiene todo el potencial para competir exitosamente con grandes empresas como Airbus y Boeing. Los niveles de cooperación entre Brasil y China en esta área, es un factor que también puede contribuir a estos propósitos.

Por otro lado, Argentina perdió sus líneas aéreas nacionales en medio de la euforia de los modelos neoliberales y algunas compañías brasileñas se encuentran en dificultades, al igual que otras aerolíneas de la región. De manera que es posible pensar en la unión de los gobiernos de estos países y de otros de la región para crear una gran empresa del sector del transporte que disminuya la dependencia de las transnacionales que dominan y controlan este mercado y que beneficie el comercio exterior Latinoamericano.