ESPACIOS REGIONALES FRONTERIZOS TEOR?A, POL?TICA Y PR?CTICA DEL DESARROLLO Y LA INTEGRACI?N FRONTERIZA

Nos referimos a la capacidad que las entidades centrales y entidades territoriales tienen para gestionar su propio proceso administrativo, de financiamiento, de inversión, etc., que les permita lograr sus objetivos de desarrollo en zonas de frontera.

Esta capacidad está estrechamente ligada a la posibilidad de construir condiciones materiales e institucionales que garanticen procesos de descentralización tal como se decía en Colombia cuando se discutía la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial en los primeros años del presente milenio .

Aquello supondrá:

• Redefinir la asignación de competencias en consideración a una rigurosa tipología de entidades territoriales.

• Desarrollar los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad entre los diferentes niveles de gobierno.

• Adoptar procesos de cooperación horizontal y de asociatividad entre entidades territoriales.

• Apoyar y asistir a las entidades territoriales en el diseño e implementación de políticas, metodologías y procedimientos de una gestión eficiente y transparente.

• Fortalecer la carrera administrativa en las entidades territoriales, así como los procesos de evaluación de desempeño de sus funcionarios y el ascenso en función a los méritos.

• Desarrollar un sistema de información territorial sobre temas de orden financiero, social, económico, ambiental y geográfico como sustento principal de la toma de decisiones.

• Poner en marcha un claro y firme proceso de delegación de competencias y atribuciones que, sin mayor argumento, son retenidos en los niveles centrales.

• Promover procesos asociativos que generen economías de escala y aprovechamiento de ventajas comparativas y competitivas, sobre la base del reconocimiento de homogeneidades en el campo económico, social, cultural y ambiental como soporte de la cooperación y la sostenibilidad del desarrollo.

• En ese contexto, las zonas de frontera deben trascender su percepción de territorios periféricos y de límites geográficos, definiendo estrategias de desarrollo para horizontes temporales sobre la base de sus particularidades y potencialidades, dando espacio a la planificación conjunta con zonas fronterizas de los países vecinos en aplicación de las diferentes decisiones de la Comunidad Andina que involucran a las fronteras.

En el caso del Perú, la principal entidad territorial en fronteras es el Gobierno Regional y cumple funciones de planificación y de concertación de la inversión pública nacional en cada región. Se cuenta, además, con recursos para cada región en el presupuesto público, los mismos que, en forma de contrapartidas, podrían facilitar el financiamiento de programas relacionados con la integración fronteriza o financiar directamente programas y proyectos relacionados con esta temática.

En un plano más restringido pero con autonomías más precisas, está el nivel municipal en distritos y provincias, cuyo desarrollo institucional no ha sido considerado como un aspecto fundamental del proceso de integración fronteriza a pesar de su enorme gravitación en los procesos sociales y económicos que se producen en sus circunscripciones.

Además de las instancias subnacionales mencionadas, se han definido parámetros legales que comprometen a los países de la Comunidad Andina a proseguir con mayor énfasis los esfuerzos para lograr procesos de integración fronteriza. En esa orientación aparecen las decisiones 501 y 502, que definen la Zonas de Integración Fronteriza entre dos o tres países y los centros integrados de control en frontera, respectivamente, como instrumentos de gestión del desarrollo fronterizo.

Con gran anticipación, la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 289, establece que "por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en las zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente".

Un aspecto fundamental del marco institucional relevante para las áreas de frontera es el que se configura en el campo de las actividades del sector privado, principal responsable de la dinámica de flujos comerciales y del establecimiento de actividades productivas que le dan contenido y proyección económica y social al proceso fronterizo.

Las Cámaras de Comercio, las empresas, las cooperativas de productores, los transportadores, los inversionistas y organismos de financiación son quienes asumen la materialización del proceso, sobre la base de las acciones que emprende el sector público en materia de inversión en infraestructura económica y social.

Finalmente, es importante señalar que las políticas de reforma del Estado en Latinoamérica han incorporado la descentralización como una de sus líneas directrices. Dicha reforma es compleja y, considerando el poder y resistencia del centralismo, con no pocos problemas. En esa dirección marcha el proceso de descentralización en el Perú, facilitando un gradual proceso de transferencia de funciones y competencias a las autoridades territoriales en materia de desarrollo fronterizo.

De hecho, frente la transferencia de competencias y recursos, especialmente asignados para la atención de los servicios públicos básicos, se han registrado requerimientos de fortalecimiento de la capacidad de gestión y por ende de capacitación y entrenamiento.