DERECHO: ¿CUÁL DERECHO?
DE LA CONSTITUCIÓN BURGUESA A LA CONSTITUCIÓN DE NUEVA DEMOCRACIA

DERECHO: ¿CUÁL DERECHO? DE LA CONSTITUCIÓN BURGUESA A LA CONSTITUCIÓN DE NUEVA DEMOCRACIA

Álvaro Bedoya Salazar

Volver al índice

 

 

 

 

 

4. 24 Belisario Betancur

Betancur se posesionó el 7 de agosto de 1982, con la cantinela del “Sí se puede” y llamando a una apertura democrática.

En sus primeros días de gobierno nombró la “Comisión de Paz” en la cual incluía a partidos políticos, jerarcas de la Iglesia, ex militares y representantes de los gremios económicos, del Congreso de la República y de los comités ejecutivos de las centrales sindicales UTC, CTC y CSTC. Así quedó preparado el bodrio de la pacificación dialogada, que con su demagogia saturó el cuatrienio belisarista.

Sobre la decisión del MOIR de no ir a esta “comisión”, explica Francisco Mosquera, su secretario y fundador:

El MOIR no ha impetrado la paz, entre otras cosas, porque no ha declarado la guerra. Desde la época del asesinato de Gaitán y de la violencia no ha habido en Colombia condiciones para que las fuerzas populares se embarquen en empresas insurreccionales que, como el heroico intento de Camilo Torres y de otros muchos abnegados combatientes de los últimos veinte años, han significado serios tropiezos en el avance político y organizativo de las grandes masas de obreros y campesinos. Son problemas de la táctica de cuya acertada solución depende la libertad de los oprimidos y la prosperidad de Colombia. Nos encontramos todavía en un periodo caracterizado por la fiebre reformista, hoy llevada al paroxismo con el advenimiento de Belisario Betancur. Los auténticos partidos revolucionarios, en lugar de coadyuvar a tales ilusiones, o de desesperarse por el reflujo, han de rebatir las imposturas de la reacción y aumentar pacientemente sus efectivos, confiados en que la crisis económica, ocasionada por el saqueo de los monopolios externos e internos, seguirá ahondándose irremediablemente y permitirá los factores políticos indispensables para la victoria de las mayorías vilipendiadas y engañadas. Desde luego, estos temas no constituyen materia de asesorías oficiales.

Fuera de esta firme posición, el resto de organizaciones políticas y gremiales se sumergieron en la cantata demagógica del diálogo nacional.

A los trabajadores colombianos también intentó endulzarlos con demagogia, para encubrir el irrisorio 10% de aumento salarial para los empleados públicos. También los comités ejecutivos de las centrales obreras viajaban por el incierto camino de los embelecos de la “paz” belisarista, alucinados con el nombramiento de Jorge Carrillo como ministro de Trabajo. Si como dirigente sindical Carrillo nunca luchó por la defensa de los auténticos derechos de la clase obrera, como ministro ilegalizó huelgas y recortó derechos ya conquistados por la lucha de la clase obrera.

Para cubrir la quiebra de las entidades bancarias se apoderó del ahorro nacional, o sea, saqueo al pueblo para refinanciar a los desfalcadores.

Impuso la extradición de nacionales para que fueran juzgados por tribunales norteamericanos, violentando la Constitución Nacional.

Con la toma del Palacio de Justicia, por parte de un comando del M19, el 6 de noviembre de 1985, que detuvo como rehenes a doce magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo los empleados y visitantes de las demás Cortes, el gobierno fue víctima de su propio invento. Los asaltantes comunicaron que esa acción era con el objetivo de hacer un juicio político a Belisario Betancur por sus traiciones al “proceso de paz”.

El gobierno decidió contraatacar a sangre y fuego, sin importarle la vida de los magistrados ni la de los jueces, y menos la de los trabajadores judiciales y ciudadanos en general que cayeron en la red terrorífica del desgobierno, por un lado, y el desespero pequeño burgués, por el otro. Se sabe que este hecho terminó en un holocausto y aún no se sabe cuántos y quiénes perdieron la vida en la tragedia.

Siete días después, la naturaleza cobró en Armero, Tolima, la desidia del gobierno, porque con un mes de antelación, los organismos del Estado habían sido informados por la comunidad científica colombiana e internacional que el Volcán Arenas, en el Nevado del Ruiz, estaba próximo a entrar en erupción, y recomendaban por tanto la evacuación preventiva de los habitantes de las vertientes de río Magdalena y Cauca sobre la Cordillera Central y sobre todo, en forma urgente, los de Armero. Según los cálculos de los vulcanólogos, Armero recibiría tanta carga de magma que desaparecería en medio del aluvión. Belisario engavetó los informes y no tomó la decisión de poner a salvo la población. En la madrugada del 13 de noviembre de 1985, precisamente una semana después de los trágicos acontecimientos del Palacio de Justicia , explotó el Volcán Arenas, dejando veinticuatro mil muertos en Armero y más de dos mil en las poblaciones caldenses de Villa María, Palestina y Chinchiná.

Tal fue el “cambio con equidad” propuesto por el gobierno de Belisario Betancur, con otro agravante: mientras la nación entera lloraba sus muertos, él entregaba los recursos naturales a los monopolios extranjeros, como lo hizo con los yacimientos carboneros del Cerrejón, en La Guajira, a la multinacional Exxon, los yacimientos petroleros de Arauca y Meta, a la Texas Petroleum, y las minas de níquel de Cerromatoso, a la Stainless Corporation.

Y como acto de despedida para premiar a los desfalcadores del erario público y el ahorro privado, nacionalizó el grupo financiero Grancolombiano, el Banco de Colombia y otras entidades campeonas de los autopréstamos. Con este acto, el Estado asumió las deudas, de forma que al final, por decreto, se desfalcó al pueblo colombiano.