DERECHO: ¿CUÁL DERECHO?
DE LA CONSTITUCIÓN BURGUESA A LA CONSTITUCIÓN DE NUEVA DEMOCRACIA

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Álvaro Bedoya Salazar

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5.11 Álvaro Uribe Vélez

En las elecciones de 2002, Uribe acumuló a su favor más del 51% de los votos, con lo cual se eligió, derrotando al candidato liberal, el remitente Horacio Serpa.

Como una de sus primeras medidas, impuso la congelación de salarios y la pérdida de prestaciones sociales para los empleados del nivel nacional, departamental, municipal y del sector descentralizado que no tuvieran amparo convencional. Además, propuso la reducción del tamaño del Estado o “Estado mínimo”, en el que no se responde por nada ni por nadie, suprimiendo y fusionando Ministerios y Superintendencias, y acometiendo una ofensiva en especial contra la Rama Judicial. Desaparecieron de un plumazo el Ministerio de Justicia y el de Trabajo y Seguridad Social.

La celada perjura y apátrida de Gaviria, Samper y Pastrana continúa con Uribe, que profundiza las medidas neoliberales arrebatándole a dentelladas al pueblo los derechos y libertades, siguiendo a píe juntillas las órdenes del FMI, entidad que no es otra cosa que la herramienta básica de sojuzgación de Estados Unidos contra todos las naciones de la Tierra.

Uribe llevó a Washington su programa de gobierno, como cualquier lacayo, para que el FMI se lo aprobara y corrigiera. Se le exigió violentar los derechos de la clase obrera, tramitar la reforma tributaria y de pensiones, continuar con la privatización de las empresas de servicios públicos, entregándolas a monopolios extranjeros, y someter recursos como el petróleo, el gas y el carbón a la exacción más aterradora que haya conocido nuestra historia.

Dentro de los acuerdos con la banca internacional, Uribe se comprometió a realizar un referendo, al que, después de muchas maniobras y violaciones al orden constitucional, le fijo fecha para el 25 de octubre del 2003, uno de cuyos puntos principales era la limitación de las pensiones y salarios con cargo a recursos de naturaleza pública.

Sobre este tema dice el doctor Juan Pablo Arango Posada, abogado y profesor universitario, en el artículo Uribe comienza su gobierno antidemocrático:

La reforma política del referendo debilita la democracia, fortalece al ejecutivo –principal ejecutor de la política aperturista– y amansa precautelativamente al Congreso para que apruebe el paquete legislativo presentado por el nuevo mandatario. Como dijera Alfonso López Michelsen, en el décimo aniversario de aquella otra reforma Constitucional, la de 1991: ‘Fue, entonces (se refiere al foro de Paipa de 1991) cuando quien estas líneas escribe le llamó la atención al auditorio sobre la coincidencia entre la apertura económica, que también se señalaba como una panacea por aquellos años, y la Constitución del 91. De lo que se va a tratar en los próximos diez años es sobre el nuevo modelo económico y algo, periódicamente, acerca de la Constitución’.

El Congreso, repitiendo su comportamiento de 1991, cuando se dejó disolver sin levantar la voz contra semejante desafuero, que no sólo comprometía su propia existencia sino la misma institucionalidad colombiana, agachó otra vez la cerviz ante la celada de la revocatoria y, cediendo ante ella, “negoció” con el Ejecutivo una reforma política que recortaba la democracia y profundizaba las medidas globalizadoras.

Lo cierto es que al considerar estas propuestas que trae el Referendo, el Congreso se verá enfrentado a un reto cuyo proceso y desenlace servirán para evidenciar cuántos de sus miembros responden a una condición de demócratas y patriotas. Ojalá calen en tan enclenque cuerpo voces de aquellos parlamentarios que, como el senador Jorge Enrique Robledo, se han levantado contra la estirpe retrógrada de la propuesta reforma política y sumado a la lucha por instaurar una democracia a la que le faltan muchas calendas para otear su real materialización y en pro de la cual porfían sin denudo el pueblo de Colombia y los del resto del orbe”. (Héctor Valencia Henao, Tribuna Roja, 5 de octubre de 2002).

Frente al referendo, la nación se puso de pie, y aquel 25 de octubre de 2003, encabezada por la Gran Coalición Democrática, cobró en las urnas la osadía de Uribe Vélez y sus áulicos de pretender destruir los derechos adquiridos por los colombianos que, como nación independiente, hemos defendido desde la derrota del imperio colonial español.

El artículo 103 de la Constitución define el referendo como una forma de participación democrática mediante la cual el pueblo admite o rechaza una ley o una reforma constitucional puesta a su consideración: Referendo quiere decir refrendar. El artículo 170 de la Carta precisa que una décima parte del censo electoral puede pedir a la organización electoral la convocatoria de un referendo para derogar una ley, pero señala que, no pueden derogarse por referendo las leyes que aprueban tratados internacionales, ni las de presupuesto, ni las que se refieren a materias fiscales o tributarias, acción popular que se complementa con los artículos 377 y 378, de la misma Carta fundamental.

La abstención activa propuesta por la Gran Coalición Democrática es una victoria para varios frentes de la lucha popular, pero se destaca el avance en la forma de organización como germen del Frente Unido que ha de dirigir las batallas que a diario enfrentamos en defensa de nuestros derechos y la soberanía e independencia del pueblo de la Nación Colombiana.