Difícilmente podríamos desligar las reformas a los sistemas de salud del contexto histórico que las acompañaron. Por un lado estas condiciones demográficas, sociales, económicas, políticas y epidemiológicas motivaron las reformas en Latinoamérica durante la década de los 80, pero esas mismas condiciones a su vez dificultaron su implementación. Es así como en los albores del siglo XXI, más de una década de iniciada, se vienen presentando una especie de “nueva generación de reformas” a los sistemas de salud, las cuales obedecen a similares condiciones que les dieron origen en los diversos países.
En América Latina la atención de la salud se provee por tres sectores:
a) el público, administrado por el ministerio de salud, que en la mayoría de los países ampara al menos legalmente a la mayoría de la población, con bajo ingreso y los pobres (en Brasil y Cuba existen sistemas nacionales de salud integrados que cubren a toda la población);
b) el del seguro de enfermedad-maternidad que cubre usualmente a los grupos de ingresos medios y, en unos pocos países, a la mayoría de la población; y
c) el privado, muy pequeño aunque en rápida expansión en varios países, que cubre a los grupos de ingreso medio-superior y alto, y está compuesto por planes pre-pago lucrativos e instituciones sin ánimo de lucro. Hasta la fecha, no se ha efectuado una reforma de salud con privatización total o mayoritaria, como en la reforma de las pensiones.
De los países latinoamericanos, cuatro no han tenido aún reforma de la salud, Cuba y Costa Rica han hecho reformas que mantienen un sistema totalmente estatal en el primero y predominantemente estatal en el segundo, y los cuatro restantes han implantado o tienen en proceso reformas que terminan con el monopolio o cuasi-monopolio público-seguro social, otorgan diversos grados de libertad a la población para seleccionar a los proveedores, y promueven la expansión del sector privado con la aspiración de mejorar la eficiencia. Las reformas en estos cuatro países pueden agruparse en dos modelos: selectivos duales (Chile y Perú) y selectivos múltiples (Colombia y Argentina); el grado mayor de privatización ha ocurrido en Chile, seguido por Perú, con un menor grado en los otros dos países, un porcentaje muy pequeño en Costa Rica y ninguno en Cuba.