SALARIOS, EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL

SALARIOS, EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL

Hilario Barcelata Chávez

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PACTO: SALARIO Y EMPOBRECIMIENTO

15 de noviembre de 1990.

El domingo pasado se renovó, por segunda vez en este año, la vigencia del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE). Su renovación demuestra que la crisis aún persiste. Igualmente pone al descubierto la incapacidad del gobierno para estabilizar la economía sin poner en peligro el desarrollo nacional.

El nuevo pacto mantiene vigentes las medidas de control económico que sus antecesores. Con ello, reproduce las graves consecuencias sobre bienestar de la población y los efectos perversos sobre el crecimiento económico.

El pacto renovado se mantiene privilegiando las medidas de ajuste para la estabilización en detrimento de la justicia social.

El esquema se repite. Raquíticos aumentos a los salarios mínimos que no compensan en nada la pérdida del poder adquisitivo del ingreso e incrementos a los precios que pulverizan ese mínimo avance de los salarios. Tal ha sido la base del mecanismo concertador desde su inicio en diciembre de 1987. Desde entonces, los salarios mínimos reales han recibido un duro castigo. Las estrictas restricciones a su incremento lo evidencian. Ello ha imposibilitado, a la vez, que recuperen la pérdida de cerca del 59% en su valor que sufrieron de 1980 a 1987. Ha propiciado, también, que su deterioro se amplíe aún más. Ello porque su crecimiento ha sido menor al crecimiento de la inflación desde el inicio del pacto.

Mediante las estadísticas y cálculos presentados en el cuadro anexo se puede observar fácilmente esta situación.

En 1988 el salario tuvo tres incrementos, del 20% en enero, del 3.0 en febrero y de 8.0 % en diciembre. De esta forma acumuló un incremento anual del 33.5%. En el mismo año la inflación mostró un crecimiento del 51%. La caída de los salarios reales fue del 17.5% en ese año. En 1989 solo hubo dos incrementos salariales. El primero del 6% en junio y el segundo del 10% en diciembre. Su incremento acumulado anual fue de 16.6%. La inflación para ese mismo año fue de 16.6%. La pérdida del valor del salario fue del 3.1%. En el presente año, hasta octubre, no se había autorizado ningún incremento en los salarios. Sin embargo, la inflación avanzó un 22.8%. Hasta ese mes el deterioro salarial equivalió a ese mismo porcentaje.

Desde enero de 1988 hasta octubre de 1990 el salario obtuvo un incremento del 55.7%. La inflación en el mismo periodo creció en un 121.9%. El deterioro salarial fue del 66.2%.

Con la renovación del pacto, las retribuciones mínimas obtuvieron un incremento del 18%. Si suponemos, conservadoramente, que la inflación de noviembre sea de 1.5%, la tasa inflacionaria anual es este mes llegaría a 24.6%. Con ello el deterioro salarial (considerado anualmente) se ubicaría en un 6.6%. De donde podemos ver que el actual aumento salarial no logra, siquiera, compensar la pérdida de valor que tuvo el salario durante el año. Ello, además, sin considerar aún falta observar el comportamiento de la inflación en diciembre. Mes en que, seguramente, los precios sufrirán un fuerte incremento reflejando el impacto del aumento de la demanda y del alza del precio de los energéticos que se ubicó entre un 10 y un 33%.

Al considerar el incremento salarial acumulado en el periodo, una vez sumado el actual 18% tenemos lo siguiente: de 1988 a la fecha este incremento se ubica en un 81.7%. Pero la inflación acumulada en el mismo periodo es de 125.2%. Por eso, el deterioro salarial para todo el periodo es del 43.5%. el deterioro salarial para todo el periodo es del 43.5%.

Como vemos, la brecha entre salario e inflación se amplía al paso del tiempo. Los incrementos salariales logran únicamente reducir temporalmente esa brecha, aunque por muy poco tiempo.

Para devolver al salario, al menos, el valor que tenía en 1987, el incremento de este mes debió haber sido del 45%. Y aún este sería insuficiente para satisfacer las necesidades mínimas de la población. Ello ocurre porque ya en 1987 el salario se hallaba seriamente lesionado. Así que si se quisiera establecer un salario mínimo justo (en los términos que marca la constitución) el incremento debería de ser el menos, del 100%.

Desde luego, semejante concesión en casi una utopía. Las metas de estabilización están primero que las del bienestar social. Si la población se vuelve más pobre debido a la estrategia inflacionaria, aún queda el recurso de las tortillas gratis de CONASUPO. Todavía queda el PRONASOL para no dejar morir de hambre a los mexicanos pobres o para darles “cristiana sepultura” si mueren por no resistir la “modernización del salario”. O porque físicamente sean incapaces de aceptar la “estabilización del hambre”.

Pero aun hay más. Esta pérdida brutal del poder adquisitivo de los salarios no sólo atenta contra el bienestar de la población. También atenta contra la estabilidad misma de la economía mexicana. En la medida que se reduce el ingreso real, también se reduce la demanda global. Ello pone en riesgo la existencia de empresas productivas y comerciales. Muchas de las cuales de hecho ya han cerrado por quiebra. Y es que si no hay poder de compra no hay ventas. Esto significa también un peligro muy grande para el aparato productivo del país y un riesgo para la reactivación económica.

Nuestra economía no puede producir más pues no hay compradores. Al no existir incentivos en el mercado las inversiones se han contraído y se ha paralizado la producción. El desempleo va en aumento y la escasez de productos genera más inflación. E igualmente mayor pobreza.

Así, la reducción de los salarios reales ha traído como consecuencia la aparición de un círculo vicioso. Y es que dicha reducción implica la reproducción de los problemas que pretenden solucionar.

Por lo anterior, deviene necesario y urgente establecer una estrategia que incluya el fortalecimiento del salario real como el eje central del proyecto económico. Esto permitiría impulsar la demanda. Estimularía la producción, la oferta y la inversión. Al mismo tiempo generaría empleo y, vía aumento en el ingreso, una mayor demanda. Este proceso aseguraría un pleno abasto de mercancías que evitarían las presiones inflacionarias. La reactivación económica y la estabilidad llegarían.

La política económica está de cabeza. Hay que ponerla de pie.