SALARIOS, EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL

SALARIOS, EMPLEO Y POLÍTICA SOCIAL

Hilario Barcelata Chávez

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EMPLEO, SALARIOS Y POLÍTICA DE GASTO PÚBLICO

28 de marzo de 1996

PRIMERA PARTE

La insuficiencia de las teorías económicas para explicar el problema del empleo y los salarios ha dado lugar a la necesidad de encontrar nuevas fórmulas para explicar éstos fenómenos y encontrarles una solución en el terreno de la práctica.

A lo largo del presente siglo las profundas crisis económicas a nivel mundial y al interior de la economía mexicana han generado la idea de que los problemas económicos no pueden seguir siendo vistos a través de una óptica teórica parcial o sin correspondencia con la realidad nacional.

Teniendo en consideración éstos hechos, en las siguientes líneas se plantean algunas consideraciones en torno a la problemática del empleo, los salarios y el gasto público en México, desde una perspectiva que intenta ir mas allá de las rigideces de la teoría clásica y la insuficiencia de la teoría keynesiana.

El desempleo es en nuestro país, en la actualidad, uno de los problemas de mayores dimensiones que existe. Problema que está vinculado a la profunda crisis económica que sufre la economía mexicana.

La propuesta de política económica que ha planteado el gobierno del país a dicha problemática está fundamentada en la teoría neoclásica. Razón por la cual se sustenta en dos argumentos fundamentales: Uno es que, por la vía del mercado se debe resolver el problema de la sobreoferta de trabajo. Ello porque el sistema económico tiene una tendencia natural al equilibrio, siempre que no existan fuerzas perturbadoras que obstaculicen su funcionamiento. El otro es que, a partir de lo anterior, la política de empleo debe estar orientada a crear las condiciones necesarias para incrementar la demanda de fuerza de trabajo. Ello sólo es posible si se da un fuerte impulso al crecimiento económico que promueva la generación de empleos y genere la recuperación de los salarios reales. Esto significa implementar una política de promoción a la inversión privada (nacional o extranjera). Y de hecho se considera que es la única manera en que el gobierno deberá intervenir para la solución de éste problema.

La idea que subyace detrás de éste último argumento es que una vez que se restablezcan las condiciones para la inversión, se dará un incremento del producto tal que aumentará el empleo, el ahorro y la probabilidad de crear mas empleo. Tal política está expresada, de hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en su apartado de empleo y productividad. Aunque su implementación no es nueva, data desde 1983, por lo menos.

El hecho de que una política de ésta naturaleza no haya dado los resultados esperados y, por otro lado, haya agudizado el problema del desempleo tiene que ver con la validez de los supuestos teóricos que se están manejando y su apego a la realidad de un país como México.

En primer lugar, se supone que existe un nivel de salario real al cual podrá igualarse la oferta y la demanda de trabajo y que efectivamente los empresarios estarán dispuestos a ofrecerlo para cubrir una necesidad de puestos de trabajo.

Lo que pasa en México es una cosa muy distinta a ésta. En realidad existe una clara insuficiencia del aparato productivo para absorber la fuerza de trabajo existente y la que el crecimiento demográfico genera aceleradamente. El problema aquí ya no es definir el nivel de salario al que se demandará trabajo, sino considerar el hecho de que en virtud de la mencionada incapacidad de absorción simplemente no hay demanda de trabajo. Es decir, no existe un salario al cual los empresarios estén dispuestos a demandar trabajo.

En el mejor de los casos dicho salario necesitaría estar por debajo del nivel mínimo o de subsistencia. Pero, aún así, si los trabajadores estuvieran dispuestos a emplearse a ese nivel de salario, la absorción extra de trabajo no resolvería el problema del desempleo.

pues dicha absorción se agotaría muy pronto debido a los límites de un mercado de consumo de bienes incapaz de demandar mas allá de cierto límite.

De hecho, ese volumen de fuerza de trabajo extra demando, sólo se emplearía a condición de que existiera una posible demanda insatisfecha de los bienes que se produjeran.

De aquí, entonces que resulta falsa la noción de que siempre que operen las fuerzas del mercado, el salario real de equilibrio es el que asegura y garantiza la igualdad y equilibrio entre oferta y demanda de trabajo.

Cabe resaltar aquí, resaltar varios hechos más: Uno es que mientras la tasa de crecimiento del producto sea menor que la tasa de crecimiento demográfico no hay posibilidad de frenar el crecimiento del desempleo. Sobre todo por la estructura de edades que existe en la población del país.

Desde luego, la solución no es de tipo demográfico. Sólo por no dejarlo en aire pensemos que pasaría por ésta vía: Frenar el crecimiento de la población no sólo tiene un impacto a muy largo plazo, sino que, además, aún si ese fuera el caso, el equilibrio se restablecería a un nivel muy bajo del producto, pero la menor oferta de trabajo presionaría los salarios al alza lo que podría llevar a propiciar la aparición del desempleo, de nueva cuenta.

Otro hecho se refiere a que los empresarios no tienen como objetivo el pleno empleo. Y por tanto no harán nada por propiciarlo. De modo que si éste se cumple o no, no es una cuestión que impida el logro de sus particulares objetivos. Desde luego una tendencia creciente del producto tiende a llevar a la economía al pleno empleo al tiempo que genera una mayor posibilidad de realizar ganancias. Pero, en todo caso, esa es la única razón por la cual los empresarios pueden estar interesados en incrementar el empleo, puesto que, incluso, en un determinado momento, desde la perspectiva de la producción, puede haber una relación inversa entre número de trabajadores empleados y nivel de ganancias. Ello porque pueden existir opciones tecnológicas intensivas en capital que sean mas redituables que aquellas intensivas en mano de obra.

Ese es un tercer hecho: existe una tendencia dentro del mercado en virtud a su lógica de funcionamiento, en el sentido de generar un balance negativo entre absorción y rechazo de fuerza de trabajo. Ello debido principalmente al hecho de que las tecnologías que generan más ganancias son las que posibilitan ahorro en el empleo de fuerza de trabajo.

De éstos dos últimos hechos, se puede concluir, entonces, que los empresarios no sólo no están comprometidos (aunque si pueden estar interesados) en el incremento del empleo. Y lo que es mas, de hecho las medidas que toman a nivel de empresa van en el sentido de incrementar el desempleo.

El límite aceptable de desempleo para ellos, será aquel volumen de empleo que asegura una demanda para sus productos. Por debajo de ese volumen sus ganancias no se realizarían en el mercado puesto que no habría ventas suficientes.

Un cuarto hecho se refiere a que el desempleo es compatible con el deseo de los empresarios de contratar fuerza de trabajo al menor salario posible. Incluso bajo condiciones de existencia de instituciones como el salario mínimo, o una legislación prolaboral. Siempre, una sobreoferta de fuerza de trabajo que compite por ser contratada sin que exista la capacidad de absorción, provocará que los salarios reales se muevan a la baja.

Principalmente por éstos dos últimos hechos expuestos, es posible decir que la tendencia de una economía como la mexicana es hacia no poder impedir la existencia del desempleo, cuando se confía el ajuste entre oferta y demanda de trabajo exclusivamente a los mecanismos de mercado.

Es decir, podemos hablar de un desempleo orgánico, inherente al funcionamiento de una economía de mercado, dado por la insuficiencia en el desarrollo de la capacidad productiva del país y por la propia lógica de funcionamiento del mercado de trabajo.

Desempleo orgánico que se opone a la existencia de la tasa natural de desempleo neoclásica, porque no se da como producto de una decisión del trabajador, sino que se le impone de manera involuntaria, no como cosa propia del funcionamiento óptimo del mercado sino, por el contrario como evidencia de su propia ineficiencia.

SEGUNDA PARTE.

Por otra parte, según la teoría clásica un incremento del dinero en circulación incrementa excesivamente los balances reales de efectivo de los individuos. Por esa razón, éstos, tratan de reducir dichos balances incrementando su demanda de bienes. Este incremento no se ve acompañado de una mayor oferta de bienes porque ésta depende de variables reales y no monetarias y por tanto no cambia con el incremento del circulante o de la demanda. Habrá un exceso de demanda y los precios subirán, en la misma proporción en que se incrementó la cantidad de dinero.

De aquí que una política de gasto público expansivo propicia sólo inflación y ninguna efecto sobre la oferta. Porque se considera que la demanda no puede ejercer ninguna influencia sobre la oferta (siempre que se acepte el supuesto de pleno empleo).

Pero las cosas son de otra manera en la realidad. Un incremento de la demanda sólo incrementará los precios en tanto los empresarios detectan ese incremento de la demanda y deciden incrementar su producción al observar la posibilidad poder vender mas. Y, en la medida que todos los empresarios reaccionan de la misma manera, la oferta se incrementa y los precios tienden a bajar y vuelven al nivel anterior.

Así podemos decir que el incremento de precios es mas bien producida por el comportamiento de variables reales: la imposibilidad de los empresarios de hacer frente a un incremento inesperado de la demanda. Así, los precios subirán en proporción al tiempo que los empresarios tarden en incrementar su oferta (suponiendo que no existen monopolios). Dicho de otro modo, el incremento de los precios depende de la capacidad de reacción de la planta productiva y mas en particular de su capacidad productiva.

De modo que en una situación de crisis económica donde la oferta y la demanda se encuentran contraídas, un incremento de la oferta monetaria (vía gasto público) mas que un incremento de precios, provocará un incremento de la oferta, precisamente porque bajo condiciones de crisis económica existe suficiente capacidad de rápida respuesta pues hay capacidad instalada (ociosa por la crisis) lista para ser utilizada.

Desde éste punto de vista, una política expansiva para incrementar el empleo, incrementa la oferta y otra vez el empleo.

De igual forma, la teoría clásica supone que el empleo está determinado por el nivel de salarios reales. De modo que como el incremento del gasto público no ejerce ninguna influencia sobre dicho nivel, entonces no produce ningún movimiento en el nivel de empleo. Pero es evidente que el incremento del gasto público va a incrementar el empleo, sobre todo si se aplica a inversiones productivas, ejecución de obras públicas o a ampliar la estructura burocrática. Sin contar con el efecto que éste tiene sobre el empleo generado por empresas privadas a través del incremento de la demanda. Y para ello, el Estado no necesita modificar los salarios. De hecho, es posible que, en una situación de recesión económica, el gobierno pueda contratar mas trabajadores ofreciendo un salario por debajo del nivel existente. Y esto se debe a que existe, por lo menos, un parte de la población que se encuentra desempleada de manera involuntaria, a causa de la incapacidad de la economía de ofrecerle un puesto de trabajo.

Así, entonces, la incapacidad del gasto público para generar empleo radica en el hecho de aceptar dos de los supuestos de la teoría clásica: que el empleo está en función del salario real; y que no existe desempleo involuntario. Supuestos de los que, lo menos que podemos decir es que se encuentran, en México, alejados de la realidad.

De igual modo, la teoría clásica establece que una política expansiva del gasto público para generar empleo propicia crecientes niveles de inflación y por ello no es recomendable. Esa afirmación se deriva del hecho de considerar que dicha expansión se da a través de la emisión de dinero. Es decir, la discusión en torno a si el gasto público es inflacionario o no parece radicar en el hecho de si es financiado con recursos sanos o no.

Desde la perspectiva keynesiana, aún si el gasto público es financiado con emisión de dinero no es inflacionario, ya que ejerce un impacto sobre los niveles de oferta al actuar sobre los niveles de inversión y producto.

Pero suponiendo que fuese verdad que por esta vía si ocasiona inflación, cabría preguntarse si al ser financiado por otras vías, ocasionaría los mismos efectos. Por ejemplo: vía ingresos públicos derivados del sector paraestatal. Ahí no habría un exceso de dinero sobre el volumen de producto. Esto estaría actuando como una reinversión de utilidades de cualquier empresa que con sus ingresos, acrecienta el número de trabajadores empleados. Y la demanda extra que estos realizarán está respaldada por el incremento del producto que su contratación significa.

Aquí llegamos a otro punto de gran importancia para la utilización del gasto público como promotor del empleo: Es cierto que cualquier expansión del gasto público puede generar empleo, pero si no existe un efecto expansivo de éste gasto sobre el volumen de bienes y servicios, entonces se incurre en un gasto improductivo que podría tener efectos inflacionarios y recesivos. De éste modo lo mas importante del gasto público al ser utilizado como impulsor del empleo es que debe utilizarse de manera productiva. Es decir, la expansión del gasto debe definir el contenido del empleo. De manera que no sólo sirva para tener ocupada a la población con un salario, sino que verdaderamente permita incrementar el volumen del producto.

Así, definir una vía sana para financiar la expansión del gasto público y establecerlo como vía para la creación de empleo productivo, son dos elementos que aseguran que la intervención del Estado para incrementar el empleo será positiva. Pero, además, permite deshechar las objeciones que la teoría clásica opone a el gasto público expansivo.