GLOBALIZACI?N ?UN FUTURO POSIBLE?

El fortalecimiento de la Soberanía Nacional.

Los políticos teóricos y los sociólogos usualmente afirman, siguiendo a Max Weber, que el aspecto distintivo del Estado moderno es la posesión del monopolio de los medios de violencia dentro de un territorio determinado. En el siglo XVII el sistema moderno de Estado se creó y fue mutuamente reconocido por sus miembros. El medio de ese reconocimiento era que cada Estado era la autoridad política única con exclusiva posesión de un territorio definido.

El “Estado” llegó a ser la forma dominante de gobierno, no aceptando otra agencia como rival. En la Edad Media no se había conocido tan singular relación entre la autoridad y territorio. Las autoridades políticas y las otras formas de gobierno eran funcionalmente específicas (los gremios y las comunidades religiosas, por ejemplo) habían existido en un mundo complejo y sobrepuesto de formas que hicieron paralelo y frecuente la competencia y reclamos de la misma área.

Algunos sostendrían que el período del dominio de la nación como una agencia de gobernabilidad ya terminó y que estamos entrando a un período donde la gobernabilidad y el territorio serán factores separados: diferentes agencias controlarán aspectos de gobierno y algunas actividades importantes serán ingobernables. Esto es discutible, pero el reclamo de la exclusividad del Estado en la gobernabilidad es históricamente específico y de ninguna manera predestinada.

El Estado moderno no adquirió su monopolio del gobierno basado sólo en sus propios esfuerzos. Después del Tratado de Westfalia en 1648 los gobiernos habían cesado para apoyar a sus co- religionarios en el conflicto con sus Estado propios. El reconocimiento mutuo de los Estados de la soberanía del otro es la materia contemporánea más importante, la creencia religiosa, significó que los Estados estaban dispuestos a fijar los objetivos políticos seguros en el retroceso para el control y la estabilidad interna (Limm 1984). Para respetar la autonomía de un Estado, la interferencia exterior era sancionada por este acuerdo mutuo e internacional, los Estados eran así capaces de imponer la “soberanía” sobre sus sociedades.

El acuerdo de los Estados cambió los términos del conflicto entre el reconocimiento que la autoridad territorial agrupa a favor del anterior. Así en grado importante, la capacidad para mantener la soberanía sin derramar sangre, mediante acuerdos entre Estado provoca en una sociedad que emerjan nuevamente más espacios ocupados por el Estado.

La consolidación del Estado moderno, como un territorio específico y con el poder políticamente dominante, dependió en parte de los acuerdos internacionales. La doctrina de la “soberanía” del Estado en la nueva ley internacional y el reconocimiento mutuo de sus facultades internas y los derechos por parte de los Estados Europeos jugaron así una parte central en la creación de una nueva relación entre el poder y territorio, uno de exclusiva posesión (Hinsley 1986).

Estas comprensiones internacionales hicieron posibles una “internacionalización” del poder y de la política dentro del Estado. Los Estados se percibieron como la primera comunidad política, con la capacidad para determinar la condición de, y para hacer reglas para, cualquier actividad que hubiera dentro de las comprensiones contemporáneas al alcance de una autoridad legítima. Los Estados eran soberanos y de aquí en adelante cada uno determinó dentro de sí mismo la naturaleza de sus políticas internas y externas.

La sociedad de Estado era así un mundo de entidades autosuficientes, con autoridades propias. Las relaciones Internacionales podrían concebirse como "bolas de billar", las interacciones, limitadas por el reconocimiento mutuo y la obligación de no inmiscuirse en los asuntos internos de otros Estado. La sociedad anárquica y las interacciones externas entre Estado, la autonomía de uno y otro, eran así condición precedente para un monopolio efectivo de poder dentro del territorio.

En los siglos XIX y XX los regímenes liberales y democráticos heredaron estos reclamos de absolutismo a la soberanía dentro de un coherente territorio exclusivamente regido, y trajo a ellos nuevas y poderosa legislaciones.

Así, a esta soberanía fundamental postulada por los Estados del siglo XVII podrían agregarse, sin la contradicción excedente, la mayoría de los otros aspectos de política moderna. Los Estados eran autónomos y exclusivos poseedores de su territorio, y este hecho no sé alteró, bien sean dinástico o nacional, autocrático o democrático autoritario o liberal. La noción de Estado realmente refuerza la concepción de un poder soberano primado dentro de un territorio determinado. El nacionalismo es en esencia un reclamo que el poder político debería reflejar con homogeneidad cultural, según algún conjunto común, las comprensiones específicas políticas del contenido de la nación.

El nacionalismo así, extiende y ahonda el alcance de la “soberanía”: requiere tipos seguros de concordancia cultural para los ciudadanos. Es en este aspecto que el advenimiento del nacionalismo no altera nuestra comprensión de Estado como cuerpo “soberano”, más bien requirió lo primero: el concepto de un Estado culturalmente homogéneo y, por lo tanto, un territorio legítimamente soberano que podrían justificar ambos la formación y la desintegración del Estado. El resultado de las diversas olas de nacionalismo desde principios del siglo XIX en adelante han servido para aumentar la población de la anárquica sociedad de Estados soberanos, más bien que en cambiar su naturaleza. Desde luego, por cualquier cosa, el nacionalismo rindió cooperación internacional más difícil, reforzando la noción de la comunidad nacional como el dueño de su destino. La democracia no tuvo ningún efecto mayor sobre las características fundamentales del Estado soberano, una entidad política creada en una era pre-democrática.

La democracia, en el sentido de gobierno representativo basado sobre el sufragio universal, ha llegado a ser virtualmente una aspiración e ideología universal en el inicio del siglo veintiuno. Los regímenes no-democráticos son ahora señales de fracaso político y torpeza económica crónica. La noción de que una gente soberana podría reemplazar fácilmente la “soberanía”, anexando reclamos del siguiente principio como los medios de decisión política dentro de un territorio determinado, se esfumó. Igualmente, la democracia y el nacionalismo pueden estar, a un precio, compatibles entre sí.

La democracia requiere, en una substancial medida, de homogeneidad cultural (o que públicamente se reconozca la diferencia cultural dentro de alguna cúpula de identidad política) si está puede ser aceptable. Las comunidades amargamente divididas no pueden aceptar la lógica de gobierno por mayoría o no tolera los derechos de las minorías.

La personalidad nacional - su determinación- es un reclamo político que deriva la legitimidad desde las nociones de democracia y homogeneidad cultural en igual medida: su esencia sostenida es un plebiscito sobre la independencia en un territorio teniendo un grado de coherencia cultural distintiva.

Desde las polis (ciudades) Griegas, a los Estados urbanos Italianos mediante los republicanismo cívicos, a las ideas de gobierno por la aquiescencia, la noción de los controles comunitarios a su mundo social mediante la elección colectiva ha sido centro de nuestra comprensión política. La teoría democrática moderna mezcló juntas lo qué había tendido a ser todavía ideas contradictorias de la soberanía de la comunidad (que el poder finalmente derivado desde la gente y ese gobierno debe estar por consentimiento) y soberanía de regla, que Estado y sociedad eran entidades separadas y que el soberano era solo el mandatario (Hinsley 1986).

Las elecciones democráticas legitimaron las facultades soberanas de las instituciones estatales, y así proveyeron de una base para un Estado mejor que lo inspeccionara como el órgano de una personalidad - la comunidad gobernante territorial que hizo la voluntad de un príncipe. La soberanía democrática incluye ciudadanos y los compromete mediante unos miembros comunes que se niegan a los otros.

Desde la Paz Perpetua de Kant (1991), la propuesta que los Estados liberales no atacarán uno a otro ha sido la fundación para la esperanza que los gobernantes de los Estados puedan ser pacíficos, esa es la democracia dentro de la disposición de las relaciones anárquicas entre Estados.

La moderna representatividad del Estado podría restringir su territorio con un grado de entereza y expansión inútil de regímenes previos. El gobierno representativo reforzó y legitimó la capacidad del Estado para la tributación y dio este poder fiscal y la remoción de competir y autoridades subordinadas, para poder crear un sistema nacional uniforme de administración. Sobre esta base podría extenderse la gobernabilidad social, por ejemplo, creando sistemas universales de educación nacional o medidas públicas de salud. El tercero, pero único en el siglo XX, los Estados adquirieron los medios para administrarse bien como economías nacionales directas, o mediante la autarquía y el Estado planificado, como las economías estatales dirigidas en Bretaña y Alemania en las dos guerras mundiales, o mediante medidas Keynesianas, usando política monetaria y fiscal para influir las decisiones de actores económicos y así modificando los resultados económicos.

Así, por el decenio de 1960, el Estado pareció ser la entidad social dominante: el Estado y la sociedad eran virtualmente vecinos. El Estado rigió y dirigió la sociedad en los mundos comunistas y occidentales, aunque de maneras más bien diferentes. Los Estados comunistas representaron una variante distinta de los objetivos de la gestión económica nacional, lograda mediante la planificación central permanente.

Esta percepción del Estado ha cambiado fuera de todo el reconocimiento y con rapidez sorprendente. Las revoluciones de 1989 en Europa Oriental y su consecuencia han conducido a una percepción generalizada del mundo moderno como uno en que los Estados nacionales pierden sus capacidades para gobernar y los procesos planos nacionales ceden sus privilegios a uno global. Qué terminado 1989 había una estructura específica de un conflicto entre grupos de naciones aliadas, la Guerra Fría, es una realidad. La fuerza impulsora de este conflicto era el mutuo temor entre dos campos armados: se explotó entonces en ambos lados para propósitos ideológicos pero no era necesariamente un choque de ideologías. La Guerra Fría reforzó la necesidad del Estado, para sus capacidades militares y para las llanas formas nacionales de regulación económica y social necesaria que los mantenga. El sistema de Estado se congeló en un modelo de enfrentamiento pasivo rígido al centro, con el conflicto por procurarse al margen. El Estado permaneció necesario, aunque sus facultades establecidas quedaron en espera de un conflicto, hasta 1989 que la permanencia posible, aunque inverosímil y mutuamente suicida, que las dos superpotencias y sus Estados aliados pudieran declararse la guerra. Esta eventualidad, y el temor de una movilización enemiga inmediata, es un hecho que la nación afirma necesario. Sí ellos debilitaron o perdieron su capacidad para controlar sus sociedades entonces el enemigo los podría hundir, y, dependiendo del punto de vista, destruyendo las ganancias del socialismo o imponiendo la tiranía comunista. Esto bloqueó el conflicto y conservó la proyección del nivel nacional de gobierno de una forma que demoró o enmascaró los cambios que los debilitarían consecutivamente.

Por su lado, el sistema político de los países en desarrollo se encuentra hoy en un proceso de sacudimiento por convulsiones y pasiones políticas extremas. Aunque hoy las razones sean diferentes. Los partidos políticos propugnan por el cambio y lograr la consolidación de la democracia, pero su discurso –muchas veces antidemocrático- no logra convencer a la sociedad. Habría que preguntarse por qué ese atributo clandestino al espíritu jacobino de una historia donde la voluntad individual de un grupo de intelectuales “reformadores”, y la arenga inflamatoria de algunos partidos no ha podido encontrar la respuesta buscada de manera unívoca en la voluntad general. ¿No se entiende todavía que para que el cambio se dé debe sentirlo y desearlo la mayoría? ¿No es suficiente el mensaje enviado de que primero se requiere mostrar hacía donde se quiere ir y que tan sólido es el camino mostrado para suscitar la respuesta anhelada? ¿Dónde está la fuerza de los gobiernos y partidos “democráticos”?

La experiencia de estos últimos años, pareciera mostrar que se espera que aquellos que se auto designan líderes del cambio primero deben mostrar la humildad y la sencillez y no dejar que sean la desnudez de su alma y las pasiones democráticas que adoptan las máscaras y los falsos ropajes de un individualismo radical para impulsar la posibilidad de cambio. Tampoco tendrá impacto en la sociedad el quererla seducir por las virtudes “misionales” individualistas, de sentirse los llamados y los “iluminados” destinados a salvar países de las garras del autoritarismo..

Es por eso que ni todas las mitologías contemporáneas esgrimidas por los partidos políticos serán capaces de penetrar en los oscuros pasillos del mundo subterráneo de lo que realmente mueve a la sociedad a votar por determinada propuesta política. La decisión final, en la mayoría de la sociedad, lo queramos o no, esta determinada por otras pasiones pero no necesariamente por la pasión democrática. Es nuestra concepción individual inmersa en una cultura no totalmente democrática la que facilita la manipulación y la “compra” de conciencias. Además, para los que conocemos el juego del poder, nos queda más claro todavía que el cúmulo de intereses detrás de cada partido político es tan fuerte e irrenunciable que adoptar posturas democráticas o de sacrificio para que el país sea el beneficiado, a veces es imposible.

Entonces, ¿Cómo sustraerse hoy de los procesos políticos que presentan fragmentos autoritarios, de una visón parcial de la sociedad que es mucho más que esa visión, de unas necesidades sociales insatisfechas que seguirán siéndolo porque no es posible satisfacerlas, de un desencanto de millones de los resultados económicos de la política, que es una realidad, pero que no pierden la esperanza de un futuro mejor? ¿Cómo creer en partidos políticos que prometen la democracia cuando en su interior y en los procesos para elegir a quienes aspiran a un cargo de elección popular utilizan métodos antidemocráticos? ¿No será que esperamos demasiado de eso que llamamos democracia?

¿Cómo volver a creer después de años de promesas incumplidas, de ver que los gobiernos de diferente signo político caen en los mismos errores y son impulsados por las mismas pasiones? ¿Cómo introducirse a una nueva realidad que se configura con elementos democráticos en ese entorno adverso?

Ojala pudieran estas consideraciones servir como soportes para contestar algunas preguntas como las siguientes: ¿Estamos en una democracia o estamos en una transición a la democracia? ¿Qué valoración hay que hacer a la transición? ¿Queda algo por hacer para terminar con el autoritarismo del pasado? ¿Cómo plantear la relación entre los partidos políticos y los nuevos movimientos sociales? ¿Cómo se manifiesta la crisis en los partidos? ¿Cuál es el futuro de los partidos políticos? ¿Cómo valorar los cambios en la geografía política y en la orientación de los partidos? ¿Cuáles cambios requieren hacer los partidos para responder a un electorado cada día más enterado y exigente?