ANUARIO DE ENSAYOS DE SUCESOS POLÍTICO-ECONÓMICOS EN MÉXICO Y SU REGIÓN CENTRO

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Ángel Enrique Carrillo Picón y otros

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ENSAYO XLVIII. Solicitar justicia será igual a “terrorismo”

El Senado de la República con la oposición de los integrantes del Frente Amplio Progresista, aprobó el 26 del presente, reformas a 12 leyes, con el propósito de sancionar el terrorismo, pero se “criminaliza la protesta social” y se posibilita que luchadores sociales sean acusados de terroristas. Permite prisión hasta de 40 años, a quien se involucre en algún movimiento social o político con apasionamiento y sea confundido con violencia.

El “terrorismo” no forma parte, de la problemática nacional: las desigualdades sociales, la inoperancia de los sistemas públicos de salud y educación, la corrupción en los organismos gubernamentales, los enormes huecos legales de una democracia formal impugnada, la ofensiva de delincuencias que no guardan relación alguna con organizaciones terroristas, el retroceso en materia de derechos humanos y el escandaloso régimen de privilegios fiscales para los grandes capitales son, temas que afectan de manera real al país, que ameritan modificaciones a las leyes correspondientes y que, tendrían que ocupar la atención del Legislativo y no el dichoso “terrorismo”.

Un problema fue la premura con que los senadores de PAN, PRI y Verde Ecologista aprobaron el manuscrito proveniente de la Cámara de Diputados, con el argumento de que se trata de un asunto de seguridad nacional.

El artículo 139, considera actos terroristas los que sean para “presionar a la autoridad para que tome alguna determinación”, significa que cualquier toma de instalaciones, un plantón en una alcaldía, o cualquier otra dependencia, ya cae en ¡clasificación de terrorismo!

Después, el PRI, a pesar de que apoyó su aprobación, coincidió en que la redacción del artículo 139 del Código Penal Federal que se propone “efectivamente puede ser utilizada para generar, en medio de una lucha social, un enfrentamiento que termine en tribunales y culmine con una condena de quien hace uso de sus derechos políticos”. Reconoció que ese párrafo tendrá que ser modificado.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista Alejandro González, dijo: “sigo pensando que está bien”, reiteró que son “infundadas” las preocupaciones de los perredistas, porque el gobierno actual es muy distinto a los regímenes priístas, en los que “se cargaba a los adversarios políticos los delitos de motín para que no pudieran salir bajo fianza”.

El llamado paquete antiterrorista aprobado por el Senado, provocó el repudio de académicos en derecho y de ciencias sociales en la UNAM, Iberoamericana (Uia) y Autónoma Metropolitana (UAM).

Los expertos consideran dichas reformas “un atentado contra las garantías individuales” contempladas en la Constitución, y advierten que al prácticamente no existir terrorismo en el país, van destinadas a frenar la intranquilidad social por la pobreza y los movimientos que legítimamente aspiran a un cambio de las instituciones, por medio de restricciones a derechos fundamentales, como los de asociación, manifestación y expresión; apunta a la “criminalización de grupos sociales que legítimamente desean la transformación de las instituciones públicas”.

Miguel Angel Eraña, constitucionalista de la Universidad Iberoamericana, afirmó que el artículo 139, “debe ser nuevamente analizado, porque no sólo se favorece la persecución política, también se le da manga ancha al Estado, por medio de sus instituciones de seguridad política como el Cisen, para intervenir en las investigaciones, al prever la penalización de la protesta social, que en cualquier país es un derecho fundamental de la democracia y la libertad de expresión”.

Con dichas modificaciones se corre el riesgo de que se transforme en un pretexto que dé apariencia de legalidad a las acciones gubernamentales de hostigamiento y uso de la justicia en contra de sectores críticos y opositores al gobierno en turno.

Las reformas no son precisas ni concretas, por lo que permiten que cualquier manifestación sea considerada por el poder como terrorismo, delito que, aún no ha sido tipificado por la Organización de Naciones Unidas.

Se facilita la persecución indiscriminada de opositores, reviviendo el postulado del virrey Lacroix, quien dijo que los mexicanos nacimos para callar y obedecer, no para ocuparnos de los altos designios de la política.

Las reformas son contrarias a la Constitución Política, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Carta de las Naciones Unidas.

Es preocupante como los gobiernos panistas, han reprimido opositores, como en los conflictos de Texcoco-Atenco y de Oaxaca, hay en las cárceles reclusos que pueden ser considerados presos políticos. Se ratifican las tendencias autoritarias y represivas del actual régimen. Con la aprobación, movimientos como el mexiquense y el oaxaqueño podrían ser homologados con Al Qaeda. Tal es el tamaño del despropósito senatorial.

Es urgente y necesario, esforzarse por revertir los cambios legales introducidos, especialmente los del artículo 139 del Código Penal Federal.

También la propuesta de reforma penal enviada en marzo por Felipe Calderón al Congreso debe delimitar claramente qué es delincuencia organizada, pues en dicha iniciativa se incluyen figuras como la acusación anónima, el arraigo sin orden judicial y las intervenciones telefónicas.