ANUARIO DE ENSAYOS DE SUCESOS POLÍTICO-ECONÓMICOS EN MÉXICO Y SU REGIÓN CENTRO

ANUARIO DE ENSAYOS DE SUCESOS POLÍTICO-ECONÓMICOS EN MÉXICO Y SU REGIÓN CENTRO

Ángel Enrique Carrillo Picón y otros

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ENSAYO L. El tratado salinista de libre comercio

Sin maíz no hay país

En el Programa de Desgravación Arancelaria de los productos agrícolas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México y Estados Unidos, acordaron la eliminación gradual de las barreras impositivas, en plazos de diez a quince años, y terminó el 31 de diciembre de 2007.

Los principales productos que ingresan a México sin pagar impuesto a partir del primer día de 2008, y que pondrá “en la cuerda floja” a cuatro productos básicos, son: el maíz, que vive crisis por políticas internas y su superficie de cosecha ha caído; el frijol, que genera, tan sólo en la etapa de producción agrícola, 78 millones 316 mil empleos (jornales).

La leche en polvo, que sus importaciones ganaron terreno; y la caña de azúcar, que afecta económica y social a 227 municipios del país, donde viven 12 millones de personas.

Enfrentaremos la apertura comercial en desventaja por los enormes subsidios a la agricultura en Estados Unidos y Canadá, y porque, los únicos beneficiados con el TLCAN son los grandes productores del noroeste del país, favorecidos con apoyos que les permiten competir, pero el gobierno federal de Calderón, no piensa en los miles de pequeños productores que viven en condiciones de pobreza.

Con la entrada en vigor del TLCAN el (impuesto) arancel cuota de importación del maíz se redujo de 206 por ciento ad-valorem a 18 por ciento en 2007, para terminar totalmente su desgravación el primer día de 2008, fecha en que se podrá importar libremente maíz de Estados Unidos sin límite de cuota.

Un informe de la Cámara de Diputados, dice que los migrantes hacia Estados Unidos y Canadá se incrementará 10 por ciento en 2008, al entrar el capítulo agropecuario del TLCAN, por lo que “abandonaran el campo para buscar trabajo”, principalmente en el “norte”. Porque el campo mexicano ha padecido el retiro del 50 por ciento de subsidios gubernamentales durante la década anterior, dejando a campesinos nacionales “en desventaja” respecto a estadunidenses y canadienses, que reciben grandes apoyos de sus gobiernos.

El fenómeno migratorio trae consecuencias: desintegración de familias, que destroza el tejido social; el sometimiento de trabajadores mexicanos –indocumentados– a condiciones laborales inhumanas, jornadas extenuantes y salarios inferiores a los trabajadores estadunidenses, así como centenares de muertes.

El Consejo Nacional de Población reporta que “nueve de cada 10 mexicanos que buscan ocuparse en el mercado laboral estadunidense logran hacerlo en los sectores primario, secundario y terciario con un salario promedio anual de 23 mil dólares”, lo que equivale a 253 mil pesos por año o 21 mil pesos mensuales. Qué lamentable, pero días atrás el gobierno calderonista, empresarios y “líderes” obreros acordaron un salario mínimo promedio de 51 pesos diarios, mil 551 mensuales o 18 mil 615 anuales, es decir, mil 692. 27 dólares por año, una cantidad casi 14 veces menor a la que obtiene la paisanada en el “norte”.

A pesar de limitaciones que “impone” la Organización Mundial de Comercio para que reduzcan los subsidios que otorgan a sus productores, entre 2000 y 2005 la asistencia oficial estadunidense a su sector agropecuario, otorgó subsidios por 611 mil millones de dólares, mientras los subsidios de México a su sector agropecuario ascendieron a 46 mil millones (13 veces menos que su vecino del norte).

Tan sólo en 2005, los subsidios que Estados Unidos otorgó al campo, fueron 20 veces superiores a los que otorgó el gobierno de México. Para el periodo 2004-2008, se estima que el gobierno estadunidense subsidie, con más de 150 mil millones de dólares a sus productores agrícolas, mientras en México, los subsidios no excederán a 27 mil millones de dólares, de acuerdo con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

Los agricultores de Estados Unidos reciben 340 dólares per cápita y los mexicanos 77 dólares; el rendimientos en frijol es de 1.8 y en maíz de 8.4 toneladas por hectárea en Estados Unidos contra 0.6 y 2.5 toneladas en México. México carece de un programa de inversiones, ya que el sector agropecuario representa 5.4 por ciento del PIB pero sólo recibe 0.91 por ciento de la inversión total, y la falta de apoyo a productores de autoconsumo, semi comerciales y a los trabajadores rurales sin tierra.

La crisis del campo se inicia en los años 70, cuando se cambió la política económica y se dio inicio al desmantelamiento de la agricultura, por lo que esta nueva etapa del TLCAN servirá para demostrar la marginación, la falta de políticas públicas eficientes y el abandono al competir frente a dos potencias agrícolas que tienen subsidiada 50 por ciento de su producción.

La crisis, se agudizó 15 años después con el desmantelamiento de instituciones de respaldo para el campo (Fertimex, Banrural, Conasupo, etc.), y la reforma del artículo 27 constitucional y la firma del TLCAN con Salinas de Gortari.

Salinas buscó abrir los mercados a la competencia externa para hacer competitivos los productos nacionales, pero antes es indispensable contar con infraestructura suficiente para fortalecer mercados y hacer rentables las inversiones, y no lo hizo.

A la situación económica y social que esto causa, se suma el efecto contraproducente sobre las variedades nativas del maíz, de las cuales 59 se presume que desaparecerán progresivamente.

“Una vez que se abran las fronteras al maíz, y con ello a granos transgénicos sin ningún tipo de monitoreo, división y etiquetado, se abrirán también las puertas a la contaminación más agresiva de nuestras variedades milenarias de semillas. La contaminación de éstas puede ser una catástrofe no sólo para México y su patrimonio cultural, sino para el mundo, porque el maíz es un alimento de la humanidad”, aseguró Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.

Explicó que el gobierno mexicano debe revisar el apartado agrícola del TLCAN, de acuerdo con los términos establecidos en el propio tratado y en la legislación mexicana (capítulo IV, artículo 29 de la Ley de Comercio Exterior) que establece “claramente” que el maíz y el frijol no formarán parte de ese acuerdo.

México debe recurrir en primera instancia a la negociación con sus socios del TLCAN para proteger lo positivo y neutralizar lo negativo, pero también debe estar dispuesto a renunciar al TLCAN y tal vez buscar otros acuerdos más modestos pero menos dañinos. El futuro del país está en el comercio justo con el norte y en la integración económica con el sur.

Al paso de cuatro presidentes, dos surgidos del PRI y dos del PAN, la apertura de México iniciada en 1994 con la entrada en vigor del TLCAN, consolidó el dominio de empresas extranjeras sobre la economía del país.

En León, Guanajuato, el arzobispo José Guadalupe Martín Rábago exigió a las autoridades que asuman “su responsabilidad” de apoyar a los campesinos que serán afectados con la desgravación arancelaria.

América Latina ya entendió que neoliberalismo y desarrollo son incompatibles y casi ha logrado erradicar a los partidarios del mercado. En México seguimos en el pasaje de la irreflexión y poco se puede avanzar cuando el mismo gobierno y una mayoría legislativa parecen estar en contra del país, su patrimonio y su pueblo.

Mientras el gobierno calderonista no encontró mejor política que la de avestruz para “hacer frente” a la apertura del sector agropecuario, organizaciones campesinas y de productores se preparan para tomar las calles como única alternativa para que la supuesta autoridad reaccione, desentierre la cabeza y, por fin, haga algo para evitar el previsto colapso económico y social del campo nacional.

El problema principal radica, en que para negociar con sus socios, México debe tener un gobierno que esté dispuesto a hacerlo y bien, y esto… hoy no existe.