PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL EN VENEZUELA

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL EN VENEZUELA

Alexis Guerra

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Universidad, democracia y ciudadanía

Salvador Camacho

Los derechos que sustentan los principios de ciudadanía y democracia, se convierten en reto no solamente de la sociedad en su conjunto sino también delas instituciones, que como la universidad, deben contribuir en la formación de ciudadanos.

Según Arellano, citado por Pérez Baltodano (1997), por ciudadanía se entiende la capacidad del individuo para participar en la definición de los procesos sociales, políticos y económicos que afectan su condición como miembro en la sociedad. Esta relación tan dinámica y vulnerable ha sido condicionada por el proceso histórico de surgimiento y consolidación de los Estados soberanos y de la amplitud o flexibilidad de los espacios diferentes a los controlados por el Estado.

Este proceso histórico tiene sus raíces en el siglo XVI cuando surge el Estado moderno en su ruptura con el orden medioeval, lo cual se ha expresado en los significativos cambios sociales, económicos, científicos y tecnológicos. La nueva característica del Estado involucró dos aspectos fundamentales como son el surgimiento de nuevas clases sociales y el principio de soberanía, reforzando la visión política del desarrollo histórico social en contraposición a la influencia mística y religiosa predominante, proceso que tiene una manifestación trascendental en la Europa del siglo XVIII, etapa durante la cual se consolidan las repúblicas y la protección por los Estados de la igualdad, la libertad y derechos ciudadanos a pesar de las desigualdades que acompañaron el surgimiento del capitalismo. El principio de ciudadanía guiado por la idea de igualdad acompaña el desarrollo de nuevos modelos de Estado, de ahí su gran vulnerabilidad al verse afectado por intereses políticos y económicos dominantes.

Otro de los condicionantes de la capacidad de participación del ciudadano, lo constituye la relación entre quienes hacen las políticas públicas en representación del Estado y quienes las reciben, haciendo posible la consolidación o no de la democracia y la gobernabilidad. La ciudadanía también se ve afectada, en tiempos de globalización, ante el debilitamiento de los Estados soberanos, sobre todo los países económicamente subdesarrollados, los cuales sucumben ante las presiones de los polos de poder transnacionales, que paradójicamente han generado movimientos en defensa de los derechos sociales en el planeta como son, por ejemplo, los movimientos ecologistas.

La globalización ha afectado la condición de ciudadanía a tal punto que inclusive ha generado en el hombre la creencia en una nueva ciudadanía para él, la de “ciudadanos del mundo” (Boisier, 2004). En el marco de la dinámica globalizadora también el debate se orienta a la defensa del ser individual y colectivo en vinculación con lo territorial, aflorando categorías conceptuales complejas que demandan que el análisis se oriente a la relación de la persona o el colectivo con la posibilidad de desarrollo del espacio en el cual habita, haciendo que el ejercicio de la ciudadanía sea posible, real y concreto. Uno de esos conceptos que expresan esa dinámica es el de desarrollo local; que según Buarque, citado por Boisier (2004) “es un proceso endógeno registrado en pequeñas unidades territoriales y asentamientos humanos capaz de promover el dinamismo económico y la mejoría en la calidad de vida en la población” (P. 8).

El desarrollo local impone la necesidad del aprovechamiento innovador y eficiente de los recursos del espacio territorial y la participación creativa y organizada de los ciudadanos, haciendo que el esfuerzo de ellos y de los entes gubernamentales locales sumen resultados en correspondencia con una visión de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida colectiva.

Según Pérez Baltodano (1997) la historia reciente de América Latina se caracteriza por: a. La base territorial del Estado empieza a perder relevancia como contenedor de las fuerzas sociales.

b. El diseño y ejecución de políticas públicas por parte del Estado no está sujeta a la voluntad popular.

c. Los espacios de participación ciudadana están determinados por los requerimientos y condicionamientos de la economía mundial.

d. La política social en América Latina no es el resultado de la democratización del poder estatal soberano y de la constitución de una estructura de derechos ciudadanos.

e. La política social en América Latina no es un instrumento de desarrollo social que nace de la congruencia entre los que hacen políticas públicas y los que las reciben.

f. Las políticas clientelares, asistencialistas y coercitivas han impedido la formación de espacios públicos para el ejercicio de la ciudadanía.

Este contexto se expresó claramente en la década de los ochenta,”la década perdida”, en los cuales hubo altos niveles de endeudamiento de los países latinoamericanos y altas tasas de interés con consecuencias sociales muy conflictivas ante la reducción de las posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, limitándose los espacios de participación.

En estas condiciones, en las cuales el Estado se ve cada día más vulnerable ante el ritmo de la economía de mercado globalizado y las demandas sociales cada vez menos satisfechas, la inestabilidad social se incrementa y con ella la ingobernabilidad, propiciando la ruptura entre el Estado y la sociedad, tal como ocurrió en la década de los noventa, siendo Venezuela un ejemplo de estas circunstancias.

El desarrollo de la sociedad y la construcción de un Estado que desate los nudos críticos, que frenan el fortalecimiento de la ciudadanía, se convierten en una tarea urgente que es responsabilidad de todos. Combatir la pobreza, los problemas de salud, la falta de alimentos, el desempleo y otras consecuencias de un Estado ineficiente y atado a las fuerzas del mercado transnacional y que no ha activado las fuerzas sociales y económicas para el desarrollo nacional es el reto de transformación social colectiva, teniendo como norte una visión de desarrollo humano integral.

Con Rojas (1999), compartimos las expectativas y retos en cuanto a que deberíamos: “avanzar hacia una democracia que combine la representación con la participación y le abra campo al ejercicio directo de la democracia, construyendo con ello, un sistema político de responsabilidad compartida entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes y gobernados que permita impulsar el crecimiento del ciudadano como fundamento y principio de toda república verdaderamente democrática”.

Hacer realidad el modelo de desarrollo humano pasa por promover el cambio en las instituciones de la sociedad, no solamente en las públicas sino también las privadas. En ambas, la responsabilidad social debe convertirse en una política que derive estrategias que impacten el mejoramiento significativo de los índices de calidad de vida de la gente. En este sentido, la universidad, centro de reflexión y producción de conocimientos científicos y tecnológicos debe jugar un rol destacado, convirtiéndose en escenario para agilizar el encuentro con la sociedad y colocar la ciencia al servicio del desarrollo. Universidad, ciencia y ciudadanía se integran en perspectiva del desarrollo de las sociedades en la medida que el acceso, almacenaje, comprensión y uso del conocimiento impactan la calidad de vida de la gente. Esta interacción y el impacto que genera el conocimiento produce un desequilibrio creciente entre los países con diferentes niveles científicos y tecnológicos lo cual representa un tema de interés central no solamente por el significado de la transferencia de conocimientos y la dependencia tecnológica, sino también por las consecuencias del debilitamiento del estado/nación. (Lema, 2000).

Esta situación de vulnerabilidad y comprometimiento de la estabilidad de muchas naciones en desarrollo, entre ellas Venezuela, puede ser enfrentada en gran medida si los centros de generación de conocimientos, como las universidades, asumen definiciones espistémicas e implementan políticas que permitan fortalecer un sistema nacional deciencia y tecnología que contribuyan a hacer posible el desarrollo social. El debate entre ciencia y desarrollo se pone al servicio de la construcción de ciudadanía, en la medida que la investigación científica tenga impacto social y económico y para ello la ciencia y la tecnología debe convertirse en componente básico de las políticas públicas para contribuir a la democratización y garantía de los derechos ciudadanos, lo cual supone sectores políticos que usen más intensamente la información y los conocimientos disponibles.

Con Vessuri (2000), asumimos el siguiente planteamiento.

Los países tendrían que elaborar una visión estratégica de su integración en el nuevo escenario mundial, reestructurando su aparato administrativo y colocando en el corazón de su esfuerzo de desarrollo a la ciencia y tecnología, estrechamente ligadas a la formulación de la política económica y de distribución de recursos de la nación. Dadas las debilidades existentes, sería importante profundizar y acelerar las reformas en curso no sólo de la educación superior y de los sistemas nacionales de ciencia y tecnología sino también del aparato del Estado, construyendo canales efectivos de diálogo sobre problemas en los que la ciencia y la tecnología tienen un nuevo papel social. (P. 56).

En tal sentido, es posible que el Estado y las instituciones públicas y privadas conjuntamente con las comunidades organizadas, en una cruzada diálogo de saberes, no solamente jerarquicen los problemas frenadores del desarrollo sino que de manera colectiva se definan las estrategias y acciones a tomar. En este proceso la universidad tiene una altísima responsabilidad; puede convertirse en institución integradora, en el espacio para la discusión, en donde ciudadanos todos construyamos el destino de nuestra sociedad.

A manera de conclusión y tendiendo a una visión optimista de profundización de la ciudadanía en el país y la región, estamos obligados a reflexionar en los siguientes aspectos: 1. Existe la necesidad de transformar un Estado excluyente de grandes estratos de población, que ha generado altos niveles de vulnerabilidad porque no ha eliminado sus causas estructurales, en un Estado incluyente con claridad en las dimensiones locales y globales del desarrollo social.

2. La ciudadanía, en perspectiva de las capacidades y derechos, debe ser ejercida por ciudadanos conscientes de su realidad histórico social, capaces de influir en el diseño de políticas públicas y de implementar estrategias y acciones que se reviertan en la eliminación de los nudos críticos representados en la pobreza, el desempleo, la desnutrición, los problemas de salud y educación y las condiciones inadecuadas de vivienda y hábitat.

3. La anterior afirmación, demanda repensar no solamente el ejercicio de la ciudadanía, sino también el rol social que cumplen las instituciones públicas y privadas.

4. La Universidad, como institución pública también tiene que ser repensada, haciéndola más pertinente e innovadora, en la cual el proceso educativo sea centrado en la formación de profesionales ciudadanos.

5. Es urgente la búsqueda de coincidencias en el complejo mundo del trabajo académico, conformando equipos multidisciplinarios que transciendan al análisis social y contribuyan con su conocimiento a promover espacios de encuentro con los ciudadanos, fortaleciendo el diálogo de saberes y así orientar de mejor manera el desarrollo local.

Bibliografía

Boisier, Sergio. (2004). Desarrollo endógeno: ¿Para qué? y ¿Para quién? El humanismo es una cuestión contemporánea del desarrollo. En: Revista RIADEL. Cuarto trimestre. Santiago de Chile.

Pérez Baltodano, Andrés. (1997). Estado, Soberanía y Políticas Públicas en América Latina. En: Globalización, Ciudadanía y Política Social en América Latina. Editorial Nueva Sociedad. Caracas.

Rojas, Jorge. (1999). El individuo flexibilizado por un orden social precario. Criterios de sustentabilidad social. Revista Sociedad Hoy. Año 2. Santiago de Chile.

Vessuri, Hebe. (2000).Prioridades en Ciencia y Tecnología y Contexto Político. La experiencia latinoamericana. En: Pensar la Ciencia. Los desafíos éticos y políticos del conocimiento en la posmodernidad. UNESCO/ IESALC. Nº 15. Caracas.

Lema, Fernando (2000). Pensar la ciencia: Los desafíos éticos y políticos del conocimiento en la posmodernidad. UNESCO/ IESALC. Nº 15. Caracas.