MÉXICO ANTE EL TLC

MÉXICO ANTE EL TLC

Rogelio Martínez Cárdenas y otros
rmartinez@lagos.udg.mx

ISBN-13: 978-84-691-3272-2
Nº Registro: 08/38472

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SECCIÓN III. COREA

Sobre la competitividad de Corea se han creado diferentes mitos como:

“Las leyes laborales son muy flexibles”. Desde mi punto de vista, esto no es cierto. El empleador sólo puede despedir si: (a) consigue que el sindicato le reconozca “justa causa” o “urgente razón gerencial”, (b) da 60 días de preaviso y, (c) paga una fuerte indemnización. Si no hace todo esto, puede ir preso: violar la ley laboral es delito.

“El Estado no interfiere con el mercado”. No es cierto. Para enfrentar la crisis financiera, en 1998 estatizó bancos y luego los reprivatizó. Para impulsar la inversión, se apresta a poner 20.000 millones de dólares para crear la Corporación Coreana de Inversiones.

“Hay una fuerte restricción del gasto público”. No es cierto. Se evita el mal gasto, pero en 2003 se aprobaron dos presupuestos suplementarios, para impedir la subjecución y asegurar que el gasto público dinamizara la economía.

“Tienen un tipo de cambio alto”. No es cierto. Las autoridades se preocupan de evitar la apreciación del won, a fin de mantener la competitividad.

“El desarrollo es impulsado por las grandes corporaciones”. No es cierto. Las PYMEs aportan 52% del PIB y proveen 86% del empleo. El Estado ejerce un creciente control sobre las grandes corporaciones (chaebol), y promueve una Reforma del Mercado, para evitar el fraude empresario.

“Orientada a la importación, Corea descuida el mercado interno”. No es cierto. Un motor de la reactivación fue el crédito al consumo. Otro, la rebaja impositiva a las PYMEs que sirven al protegido mercado interior. El único tratado de libre comercio que firmó Corea (con Chile, en 2002), aún no ha sido ratificado por la Asamblea. En algunos rubros (como arroz) los productores coreanos tienen el monopolio interno.

A pesar de lo anterior el secreto es otro: Corea dedica 7% del PIB a Ciencia y Técnica, ha pasado de la imitación a la innovación, produce y exporta alta tecnología.

La industrialización en las NIEs (Economías recientemente industrializadas) generalmente comienza con el desarrollo de Industrias de mano de Obra intensiva, tales como manufactura de vestido, telas y calzado, el cual permite a tales países explotar su ventaja comparativa en salarios relativamente bajos. La siguiente etapa de desarrollo económico tiende a seguir un movimiento hacia industrias pesadas, tales como acero, manufactura de barcos y vehículos de motor, a menudo acompañado de préstamos ‘ligeros’ del gobierno. Un movimiento subsecuente hacia industrias con ‘conocimiento intensivo’ de alta tecnología, requiriendo una fuerza laboral más preparada. Una de las consecuencias para Relaciones de Empleo es la necesidad de prácticas cada vez más sofisticadas ya que los países intentan mover sus economías por el camino del valor agregado .

Desde 1987 Corea del Sur ha experimentado la promoción de los derechos laborales, reduciendo la intervención del estado en actividades sindicales y el establecimiento de un sistema de negociación colectiva para determinar salarios y condiciones de trabajo en el campo laboral. El precio de esta transformación ha sido sustancial, los aumentos consecutivos de los salarios, a menudo sobrepasando las ganancias de productividad, han llegado a ser una carga para la competitividad de las compañías de Corea del Sur. La economía coreana también tuvo que pagar un alto precio debido a las frecuentes huelgas e interrupciones laborales que ocurrieron durante este periodo.

Ante ésta situación, las discusiones sobre la necesidad de una reforma de relaciones de empleo empezó y se enfocó en dos asuntos importantes: el primero fue establecer prácticas de relaciones de empleo más operativas y participativas, la segunda involucra la reforma de la ley laboral particularmente en el área de la expansión de derechos sindicales y la extensión de la flexibilidad del mercado laboral. En mayo de 1996 se estableció la Comisión Presidencial sobre la reforma de relaciones industriales. El mandato inmediato de la comisión fue formular una recomendación para la reforma de la ley laboral basada en un compromiso entre mano de obra y administración. Acercándose a un compromiso, especialmente en una lista de asuntos críticos, el gobierno y el partido en el poder pasaron unilateralmente la legislación controversial a finales de 1996. En Noviembre de 1997, incluso antes que la provisión más controversial de la enmienda de la ley laboral de 1997 entrara en vigor, Corea del Sur fue golpeada por una severa crisis financiera. El gobierno de Corea del Sur decidió acercarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) para un plan de rescate.

De la misma manera que el FMI ofreció un fondo de alivio también demando que se tomaran pasos extensos para mejorar la flexibilidad del mercado laboral. El presidente electo Daejoong Kim estableció la Comisión Tripartita para las relaciones Industriales y en enero de 1998 el comité había acordado permitir despidos en dos casos: cuando sean inevitables o durantes fusiones o adquisiciones, estos cambios debieron ser efectivos desde Abril de 1998, un año antes del acordado originalmente con los sindicatos. Las confrontaciones entre los sindicatos y empresarios sobre despidos colectivos por razones administrativas han estado creciendo, con tasas ascendentes de desempleo agravadas por la crisis financiera. Un año antes, el desempleo se había elevado a más de un millón. Los trabajadores y aquellos ya desempleados estuvieron haciendo llamados por las seguridades laborales.

El año de 1987 fue hito para la liberalización política en Corea del Sur, y fue también un punto de retorno para sus Relaciones laborales (RL). Las políticas, el marco institucional y las prácticas comprendidas en las RL de Corea del Sur han padecido un cambio significativo desde entonces. Desde Junio de 1987 hasta Diciembre del mismo año el número de sindicatos aumentó de 2,725 hasta 7,883 y el número de miembros se elevó a 1.9 millones. Durante el mismo periodo las disputas industriales se incrementaron .

Un acercamiento neo-corporativo ha sido experimentado en Corea del Sur como parte de la reestructuración del proceso económico el cual empezó con el paquete de rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI). El liderazgo nacional recientemente instalado de Daejoong Kim enfatizó en acuerdo social entre los tres partidos de las RL para facilitar las prontas y decisivas implementaciones de medidas de reforma estructural. Así se estableció una comisión tripartita en enero de 1998, fue esta Comisión Tripartita la que sostuvo el proceso estructural y algunas enmiendas adicionales a las leyes laborales mediante el logro del acuerdo hito, ya señalado, en 20 de enero de 1998, constituyéndose ésta en un rotundo fracaso por la cerrazón de las demandas sindicales.

La segunda Comisión Tripartita fue establecida en Junio de 1998, basada en el consenso social de que la crisis económica nacional de ese tiempo podía solo ser superada con la participación y cooperación de todos los participantes en las relaciones laborales.

Con la ascensión al poder del Presidente Young-Sam Kim, a principios de 1993, un jefe de estado civil, las revisiones la de la ley laboral prometidas durante su campaña de elección presidencial fueron esperadas, principalmente por los sindicalistas. Sin embargo, el gobierno pospuso sus iniciativas sobre las enmiendas de la ley laboral hasta 1994, argumentando que un debate sobre el tema intensificaría la confrontación administrativo – laboral y dañaría a la economía de Corea del Sur, la cual ya estaba en aprietos. Este retroceso decepcionó a muchos activistas de unión laboral, especialmente aquellos representados por la KCTU.

En 1996 Corea del Sur se unió a la Organización para la Coordinación y desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés). En la revisión de la aplicación de Corea del Sur para ser miembro, algunos elementos de la OECD fundaron sus observaciones en las leyes laborales de Corea del Sur sugiriendo que fueran de mayor interés. Algunos de los países miembros argumentaron fuertemente que Corea no calificaría como miembro a menos que su gobierno revisara algunas leyes claves, principalmente las concernientes a las leyes laborales.

Otra fuerza para cambiar había venido de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a la cual se unió Corea del Sur en 1991. Desde entonces, los casos que involucran los derechos laborales de los trabajadores de Corea del Sur, tales como violaciones del principio de libertad de asociación, han sido conocidos y sancionados por la OIT, reconviniendo al gobierno de Corea del Sur. En todos los casos involucrados, la OIT ha recomendado que las leyes laborales de este país sean revisadas en línea con los principios fundamentales de la OIT.

Con todos estos intereses elevados por la comunidad internacional , así como la creciente presión de los sindicatos no afiliados a la FKTU, en 1996 la Comisión Presidencial sobre la Reforma de Relaciones Industriales fue establecida con una visión de proponer la reforma para la ley laboral y prácticas de relaciones laborales mas justas y humanas. La Comisión consistió de 30 miembros: cinco laborales, tres de la FKTU, dos del KCTU, cinco de administración y 20 miembros representando los intereses públicos.

Cuando el FMI ofreció su paquete financiero , el gobierno de Corea del Sur y el FMI acordaron que deberían tomarse pasos intensos para mejorar la flexibilidad del mercado laboral. Reconociendo que este asunto no podría ser decidido sin consulta de los representantes laborales. En Enero de 1998, el presidente electo Kim estableció la segunda Comisión tripartita para las Relaciones Industriales. Los miembros incluyeron representantes de los sindicatos, patrones, los partidos políticos en el gobierno, miembros del gabinete, representativos de otras organizaciones. Desde el inicio, la Comisión se enfrentó con oposición severa de los representantes de los sindicatos por su programa de despidos: El 28 de Enero de 1998 la Comisión acordó que permitiría despidos en casos donde fueran inevitables o durante fusiones y adquisiciones. En la revisión de la ley laboral de 1997, los ajustes laborales mencionados no fueron considerados como una razón justificable para despidos. Además, bajo el nuevo acuerdo, la redundancia de los despidos colectivos serían permitidos un año antes del tiempo originalmente programado.

Puntos adicionales del acuerdo fueron como se presentan a continuación:

1.- El gobierno debe establecer un fondo de cinco trillones (aproximadamente $4.4 billones de dólares como en enero del 2000) para el desempleo.

2.- A los servidores públicos se les permitiría formal cuerpos de consulta laboral en 1999 (Los Profesores tendrían permiso de formar una unión laboral en Julio de 1999)

3.- Las Uniones serían capaces de comprometerse en actividades políticas empezando en la primera mitad de 1998.

4.- Sería permitido un sistema de despacho, consistente principalmente en contratos a prueba.

Los derechos industriales –laborales- de servidores públicos y profesores así como el sistema de despacho fueron asuntos que no se acordaron en la revisión de la ley laboral en 1997.

Algunos miembros radicales de la KCTU votaron en contra del acuerdo de 1998, a pesar de su endoso representativo del paquete, reclamando que no reflejaba completamente los intereses laborales. No siguieron con huelgas importantes, las cuales habían programado, aunque había un descontento público y decepción. La mayoría de la gente aclamó el acuerdo de 1998, diciendo que contribuiría en gran parte a restaurar la confianza de Corea del Sur dentro de la Comunidad Internacional.

El establecimiento de la Segunda Comisión Tripartita Administrativa-laboral del gobierno fue más controversial que la primera. Al principio, la KCTU progresivamente boicoteó la segunda Comisión, reclamando su falta de medidas gubernamentales para minimizar despidos y ayudar al desempleado. La tasa de desempleo de Corea del Sur había alcanzado un nivel récord desde que la primera comisión produjo un acuerdo entre las tres partes, principalmente sobre la legislación de despidos y la reestructuración de negocios. La KCTU también convocó a huelgas generales, reclamando que los trabajadores tenían garantías constitucionalmente para organizar acciones colectivas para proteger sus derechos, los cuales estaban siendo ignorados en nombre de la reestructuración de la economía nacional. El gobierno decretó que las huelgas no podrían ser protegidas por las leyes laborales y tratarían severamente con una huelga general ilegal.

La segunda Comisión tripartita fue lanzada sin la participación de la KCTU . En la medida que se incrementó el problema del desempleo en la nación, la FKTU también se rehusó a participar en al Segunda Comisión. Ambas uniones de Confederaciones acusaron al gobierno de forzar sacrificios unilateralmente sobre los trabajadores en violación del espíritu básico del acuerdo hito el cual convocó a compartir la carga traída por la crisis económica. En Julio de 1998, el Jefe de la Segunda Comisión aceptó la mayoría de los reclamos que los sindicatos habían hecho como precondiciones para regresar a la mesa de negociaciones. Este movimiento fue bienvenido por los representantes de las uniones pero molestó a los representantes patronales. Bajo los acuerdos, se les daría a los sindicatos más voz en la Comisión tripartita. Los cargos legales contra líderes de sindicatos involucrados en huelgas ilegales serían también minimizados.

El primer paso crucial para remediar la crisis de Corea del Sur fue la atracción de tanta inversión extranjera como fuera posible. Mantener la paz industrial fue un prerrequisito para atraer la inversión extranjera, para la resurrección y sobrevivencia de las industrias de Corea. El estallido de huelgas y descontento social subsiguiente desalentarían a los inversionistas extranjeros y las acciones industriales imprudentes precipitarían el colapso nacional.

El destino de Corea del Sur depende de si el gobierno puede crear medidas específicas y fáciles de implementar para asistir a la supervivencia de esos trabajadores y las familias de quienes fueron despedidos. En el proceso, la fuerza laboral organizada debería ser consultada, dado su importante papel en la reestructuración económica continua. El establecimiento de una institución tripartita a nivel nacional sería una opción razonable y podría legitimar el proceso de reforma en el punto de vista de los trabajadores.

A nivel del campo laboral, la administración ha estado experimentando dificultades para introducir medidas a la flexibilidad del mercado laboral , especialmente en grandes empresas con fuertes sindicatos, ya que hay pocos prospectos de re-empleo para los trabajadores despedidos. En los sectores de no-unión o empresas más pequeñas fue más fácil para los patrones introducir más flexibilidad. Así que, un resultado a corto plazo ha sido la polarización profunda de condiciones laborales entre grandes y pequeñas empresas.

En cierto grado la institucionalización de un sistema de despidos colectivos por razones administrativas fue mucho más fácil en el contexto del paquete del Fondo Monetario Internacional. Las uniones así como los trabajadores no tenían alternativa pero aceptaron el principio de ajuste de empelo, un mandato requerido por el FMI y los inversionistas internacionales.

El desarrollo de la economía basada en el conocimiento ha rendido sus primeros frutos, los difíciles acuerdos entre los miembros de las relaciones laborales van tomando su cause en la medida que la situación económica de los trabajadores mejora, comprendiendo éstos la necesidad de una calificación ascendente de sus habilidades para la competitividad de sus bases de ingreso y bienestar social: las empresas.