LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

Hilario Barcelata Chávez

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REDUCCIÓN DEL IVA. CUESTIÓN DE JUSTICIA SOCIAL.

24 de julio de 1997.

La negativa de la Secretaría de Hacienda a aceptar una reducción en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), evidencia la insensible y tecnocrática visión del Estado que tienen los altos funcionarios públicos hacendarios de este país. Por el rechazo abierto y agresivo, la postura oficial se convierte en una grosera ofensa a una de las principales preocupaciones del pueblo mexicano, y evidencia un gobierno carente de una filosofía social y un enorme vacío ético y moral. Tal pareciera que el manejo de las finanzas públicas fuera una cosa reservada a los yupies doctorados en el extranjero para quienes no existen o son segunda prioridad, las necesidades sociales que como profundísimas llagas ha abierto la crisis económica en los mexicanos. Tal pareciera que no ha sido evidente el daño que ha causado en el bienestar familiar el incremento que sufriera el IVA en 1995. Tal pareciera que no han sido suficientes dos años para recomponer las finanzas públicas y que la emergencia económica no acaba. Tal pareciera que ya se olvidó que el IVA tuvo tasas del 15 y 20% a principios de la década y que la misma diputación príista aprobó su reducción al 10% en 1993 y no llegó ninguno de los terribles males que hoy presagian los juniors hacendarios.

Quizá sea necesario recordar (como todo financista público sabe) que los impuestos deben respetar un conjunto de principios doctrinarios que son (entre otros) los siguientes:

a) el principio de justicia, que significa que los ciudadanos deben de contribuir en una proporción de acuerdo a su capacidad económica.

b) el principio de generalidad, que implica que cada ciudadano pagará impuestos de acuerdo a su capacidad contributiva

c) el principio de uniformidad, que significa que todas las personas son iguales frente al tributo.

Al respecto hay que decir que el manejo que se ha hecho del IVA lleva a concluir que, en la actualidad, dicho impuesto viola flagrantemente los tres principios anteriormente citados porque los ciudadanos no están contribuyendo en una proporción de acuerdo a su capacidad económica (lo cual es injusto), están siendo obligados a apagar aunque no tengan capacidad contributiva (lo cual es mas injusto). Pero además, se viola el principio jurídico de equidad porque el impacto del tributo no es el mismo para todos aquellos que tienen que pagarlo.

Es evidente, por lo anterior, que en el manejo de las finanzas públicas, el Estado actúa con una carencia absoluta de principios de justicia social. Ello impide que se cumpla con las tareas redistributivas que le son propias al Estado (bueno, que le deberían de ser propias), porque en la medida de que gasto público tienda a financiarse mas con la contribución de toda la población ( incluso de los que menos tienen y quizá en mayor proporción de ellos) que con una mayor contribución de los que mas tienen, la capacidad de redistribuir la riqueza por parte del Estado se nulifica, de modo que se manifiesta una tendencia a renunciar a uno de los principios fundamentales que deben regir su actuación: la búsqueda del bien común y la justicia social.

Es evidente que la ciudadanía se ha percatado de esta situación y que ello ha provocado un sentimiento de descontento social por el desacuerdo a la política fiscal que ha seguido el Estado, por lo menos, desde 1995. Es evidente porque el 6 de julio las votaciones favorecieron, ampliamente a partidos de la oposición, lo que evidencia un rechazo categórico a dicha política ¿es necesario algo mas para modificarla, habida cuenta de su antipopularidad, su injusticia e inequidad?

La definición de las fuentes de los ingresos públicos no debe implicar un sacrificio económico para aquellos sectores de la sociedad mas débiles. Es cierto que el Estado tiene que hacer frente a un conjunto de compromisos ineludibles, la pregunta es ¿por qué ha de hacerlo a costa del bienestar de la mayoría de los mexicanos?. La reducción del IVA, efectivamente, traería como consecuencia una reducción de los ingresos públicos pero ¿qué no hay otras fuentes de ingresos? digamos ¿nuevos o mas altos impuestos a quienes concentran el ingreso y la riqueza en este país? que no son muchos pero su fortuna si es muy grande. Y, el Estado, ¿no podrá recortar sus gastos? digamos ¿reducirle el sueldo a los altos funcionarios hacendarios que cobran mas de cien mil pesos al mes? porque, pensándolo bien ¿por qué ha de pagar el pueblo mexicano el sueldo de aquellos que ni siquiera se preocupan (y deberían de hacerlo) por su bienestar? Y no sólo esos gastos se pueden recortar. De hecho aunque Hacienda ha dicho que la reducción del IVA podría provocar un incremento importante de la deuda pública en realidad esta ocultando el hecho de que si no hay suficiente ingresos públicos no habrá para pagar la deuda pública, cuyo estratosférico monto es hoy, producto de las erróneas políticas de esos que ganan miles de pesos. Ello nos conduce ha darnos cuenta que los impuestos están sirviendo en alta proporción para pagar deuda y que la reducción del IVA bien podría repercutir en reducir el pago de la deuda pública. Eso podría ser técnicamente erróneo pero socialmente adecuado ¿qué eso se llama populismo? pues llámesele como sea, pero de otro modo los pobres seguirán teniendo las mismas dificultades para comer. Y los pobres son muchos en este país.

El Estado mexicano está obligado hoy a volver los ojos a las necesidades populares y al bienestar social. Hay que redefinir objetivos, prioridades y estrategias. No es posible que el deterioro social siga siendo el signo para identificar a nuestra generación y a las que vienen detrás.