LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

Hilario Barcelata Chávez

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LA RESISTENCIA SOCIAL AL INCREMENTO DE LOS IMPUESTOS.

20 de diciembre de 2001

La resistencia de los ciudadanos a pagar impuestos o a que estos crezcan, debe entenderse en tres niveles distintos de análisis: 1.-El nivel material, 2.-el filosófico-ideológico y 3.-el político-cultural.

1.- El Nivel Material.

En este ámbito, la reacción negativa de los contribuyentes se debe al impacto que los impuestos representan en la situación económica de cada persona o grupo social, toda vez que alteran la cantidad de ingreso y riqueza nacional que a estos corresponde mediante los procesos de distribución. En el proceso de producción, se lleva a cabo la llamada “distribución del ingreso nacional”, mediante los mecanismos de reparto que tiene el mercado. Los dueños del capital (empresarios) y los dueños de la fuerza de trabajo (trabajadores y empleados) se reparten dicho ingreso que adquiere la forma de ganancias y salarios. Los impuestos actúan sobre estas dos formas de ingreso, de modo que aquellos que gravan el salario (ya sea directa o indirectamente) reducen los ingresos de los trabajadores y, por tanto, alteran su participación en el ingreso nacional. Lo mismo pasa cuando los impuestos gravan las ganancias. Los empresarios reducen su participación en el ingreso nacional.

Se entiende que esos impuestos se convierten en recursos que el Estado invierte en obras y servicios públicos cuya naturaleza no es neutral, es decir, en alguna medida favorecerán más a un grupo social que a otro. Por ejemplo el gasto social para combatir la pobreza o el gasto destinado a salvar los bancos y carreteras privadas. De este modo, la implementación de un esquema impositivo implica establecer un proceso de “redistribución del ingreso” mediante el cual se le permite a un grupo social, participar en una parte del ingreso que originalmente le corresponde a otro grupo y del cual no participaría si no existiera este proceso de redistribución.

Quienes tienen que pagar un impuesto, participan menos en el reparto del ingreso y la riqueza nacional. Si además, no son beneficiarios de las obras o servicios públicos que se generen con los recursos derivados de esos impuestos, también quedan excluidos de los beneficios de la redistribución. De este modo, se puede decir que la resistencia a pagar impuestos o a que crezcan, es la expresión de una conflicto social derivado de los intereses contrapuestos que existen en toda sociedad entre los propietarios de los recursos productivos y entre quienes sólo tienen su fuerza de trabajo como único medio para generar riqueza. Conflicto en el que cada grupo social lucha por obtener una mayor proporción del ingreso nacional ya sea por la vía de la distribución del ingreso que tiene lugar en el mercado o mediante su “redistribución” que es administrada por el Estado, que es, finalmente, quien decide a quien se le cobran impuestos y en que se utiliza el gasto público.

Evidentemente, las personas y los grupos sociales, ya sean de altos o bajos ingresos, se resistirán a pagar impuestos porque no están de acuerdo en compartir parte de su ingreso con otros grupos sociales, porque eso causa merma en su riqueza y no les reporta ningún beneficio directamente.

El conflicto es permanente y se resuelve parcialmente a favor de alguno de los grupos sociales. La forma en que se soluciona es una cuestión que depende de la fuerza política que tenga cada grupo social y de su capacidad para utilizarla como mecanismo de negociación frente al Estado, de tal modo que pueda influir en las decisiones de éste para que le favorezcan. Esta negociación puede darse por la vía formal, que implica los procesos democrático-electorales o mediante procedimientos no formales como la reorganización sindical (de trabajadores o empresarios) las marchas, mítines, huelgas o amenazas de inestabilidad política provocada y, sobre todo mediante el uso de los medios de comunicación. Así, pues, en este primer análisis, la resistencia social a los impuestos se deriva, de manera natural, de la lucha de cada grupo social por defender su ingreso y su riqueza y por no compartirla.

2.- El nivel Filosófico - Ideológico

Una filosofía política ofrece un conjunto de principios que permiten elegir entre diferentes tipos de organización social y se expresa en una ideología mediante la cual se justifica la existencia de algunas instituciones o prácticas y se condena a otras (Writgh Mills, The marxists). De este modo, se atribuye un papel determinado a la intervención estatal en una economía de mercado.

Identifico aquí tres concepciones filosóficas. En primer lugar, la filosofía liberal promovida recientemente por Robert Nozick (Anarchy, State and Utopia, 1974) cuya idea central radica en que la propiedad privada es un derecho natural de los individuos, igual al derecho a la vida y a la libertad. Ningún individuo o conjunto de individuos puede forzar a otro u otros a renunciar a los bienes que ha adquirido de manera justa. Según Nozick, la posesión de una persona es justa en dos circunstancias: a) si ha sido adquirida mediante el esfuerzo (justicia adquisitiva), o b) si ha sido recibida en donación o herencia de otra persona que tenía derecho de posesión (justicia transferida). En este sentido el Estado no tiene derecho a imponer contribuciones, ya que la intervención pública se establece precisamente para salvaguardar el derecho a la propiedad y los impuestos constituyen un robo, porque son un acto de privación de un derecho de posesión justamente adquirido. Acto que, de acuerdo con Nozick, es tan condenable como la esclavitud o la privación de la vida.

En la misma vertiente liberal Friedrich Hayek (Law, Legislation and Liberty) y Milton Friedman (Capitalism and Freedom) promueven el rechazo a la imposición de contribuciones, pues, según argumentan, éstas buscan acabar con la injusticia del mercado, argumento que está lógicamente infundado, porque no existe injusticia derivada de fuerzas o mecanismos impersonales como el mercado. Además, al ayudar a distribuir riqueza sin correspondencia con el mérito o esfuerzo individual, los impuestos reducen el bienestar colectivo, ya que los individuos dejarán de esforzarse si el Estado se hace cargo de su bienestar.

En segundo lugar están las filosofías socialistas. Según éstas, la sociedad vive en una permanente lucha de clases en la que el Estado juega un papel fundamental por su capacidad para beneficiar a alguna de las partes en conflicto. En el capitalismo, el Estado (burgués) actúa a favor de la clase propietaria de los medios de producción (empresarios, burgueses) por ello su función primordial es crear y reproducir las condiciones básicas para la acumulación privada de capital y la apropiación del excedente. De ahí que las políticas fiscales que se implementen tiendan a beneficiar a ésta clase y a perjudicar a las clases no propietarias (trabajadores y empleados). Por ello habrá un rechazo permanente a los impuestos, pues estos se identifican como un instrumento de enriquecimiento de los que más tienen en perjuicio de quienes menos tienen.

En tercer lugar están las filosofías social-liberales que ocupan una posición intermedia entre el socialismo y el liberalismo. Para éstas es normal que la sociedad rechace los impuestos siempre que apelen al beneficio individual y no al colectivo. Quienes sustentan y se adhieren a esta perspectiva filosófica, rechazarán los impuestos siempre que a) tengan un carácter regresivo; b) los recursos recaudados no tengan efectos distributivos a favor de los mas pobres; d) cuando inhiben la actividad económica; e) cuando son impuestos de baja rentabilidad y costosos; f) cuando los recursos a que dan origen se pierden en ineficiencia, corrupción o en la atención de aspectos no prioritarios para el interés colectivo.

En la actualidad es innegable la necesidad de cobrar impuestos para crear recursos que permitan atender las necesidades sociales. El problema es poder crear el convencimiento de que la intervención del Estado, imponiendo contribuciones a la sociedad, no sólo es legítima sino, además, necesaria. Para ello es indispensable realizar una reforma fiscal integral que resuelva los problemas que provocan la aversión a los impuestos.

3.-El nivel Político - Cultural

Sin embargo, la sociedad ha perdido la confianza en sus gobernantes en lo que se refiere al manejo de los recursos públicos. Esta falta de confianza es un factor de orden político - cultural fuertemente arraigado y se explica en tres sentidos: Primero, como comportamiento cultural se cree que todos los funcionarios públicos son corruptos. Segundo, Es una práctica cotidiana, culturalmente establecida, el que los funcionarios incurran en actos de corrupción (a todos los niveles y en diversas modalidades). Tercero, culturalmente la corrupción no es reprobada socialmente como lo que es: una violación a los principios sociales de la honestidad y honradez. Se puede decir, que es tal la costumbre de la corrupción, que culturalmente la sociedad se ha acoplado a ella, de modo que es tolerada y en muchos casos hasta alentada como lo expresa el sentir popular con la famosa frase: “el que no transa, no avanza”

La falta de confianza en los gobernantes y en las instituciones es un problema de orden social y tiene su origen en el uso ilegal de los recursos públicos. Grandes cantidades de dinero de la sociedad han servido para enriquecer a múltiples funcionarios públicos. Y, lo que es más grave, casi ninguno de ellos ha pagado con cárcel su delito o ha devuelto lo que se robó. La falta de claridad en el manejo de estos recursos, la incertidumbre respecto al destino que tendrán, alimentada por el convencimiento social de que no hay funcionario honesto, provoca que los contribuyentes muestran una alta aversión a las cargas fiscales.

Es claro que los ciudadanos tienen razón. El comportamiento de los funcionarios públicos (no todos, pero si muchos) ha propiciado la ruptura del “contrato social” que se haya detrás del sistema impositivo. Mediante este contrato la sociedad acepta financiar el gasto público, a través del pago de los impuestos. El gobierno cobra esos impuestos cumpliendo, como autoridad, con el mandato de la sociedad de recolectar estos recursos con el fin de utilizarlos en el mejoramiento del bienestar colectivo.

Los impuestos, se cobran y se pagan porque existe un contrato que se materializa en las leyes y reglamentos fiscales. Pero ese contrato implica un compromiso social entre gobierno y sociedad. Ambos deben cumplir con las responsabilidades que les corresponden. Si el gobierno cobra los impuestos pero no usa los recursos recaudados para fines colectivos, sino particulares, está faltando a su compromiso social y está quebrantando el contrato que da origen a la posibilidad de cobrar impuestos. Un gobierno que no aplica adecuadamente los recursos públicos, un gobierno con funcionarios corruptos, no está moralmente facultado para cobrar impuestos. Mientras no corrija esa anomalía no puede exigir a los contribuyentes los pagos correspondientes y mucho menos usar, para tal fin, métodos coactivos.

Entonces, que para recuperar la contribución de los ciudadanos al financiamiento del gasto público, es necesario reestablecer el contrato social que la corrupción ha quebrantado. Ello implica la necesidad de erradicar por completo (o por lo menos de manera muy notoria) la corrupción. Esto deberá hacerse con tal profundidad, que los esquemas culturales arriba mencionados se rompan. De esta manera se recuperará la confianza social en los gobernantes y en las instituciones y la corrupción dejará de ser vista como algo natural y socialmente tolerado. Es decir, la corrupción y la desconfianza, dejarán de ser valores culturales de nuestra sociedad. Este es un camino para lograr que los contribuyentes estén dispuestos a pagar, solidariamente, sus impuestos.

Así pues, el problema de fijar las contribuciones es muy complejo, sin embargo, este último nivel analizado es trascendental para modificar los comportamientos de quienes se oponen. En todo caso, no será por la fuerza ni el terror lo que hará que los mexicanos se vuelvan contribuyentes cumplidos o ciudadanos solidarios que acepten pagar más impuestos. No, a fin de cuentas se trata de una cuestión de confianza social.