LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

Hilario Barcelata Chávez

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ESTADO, FEDERALISMO Y FINANZAS PÚBLICAS

24 de julio de 1996

Mucho se ha dicho hasta la fecha sobre la política de Finanzas Públicas del gobierno mexicano. Por un lado la discusión se ha centrado en que tanto debe tributar cada quien y como debe hacerlo. Como debe gastar el Estado y en qué volumen.

Por otro lado, la discusión se ha orientado a la forma en que municipios, estados y Federación recaudan impuestos y la forma y cantidad en que éstos se distribuyen, y si las fórmulas, las competencias, y los montos son los adecuados para cada nivel de gobierno y si la soberanía y la autonomía son respetadas.

En éste sentido es importante dejar sentado que una política de finanzas públicas en general se establece atendiendo a tres criterios técnicos:

a) el criterio recaudatorio, que orienta la política de finanzas públicas a buscar fórmulas para captar recursos para desempeñar sus tareas administrativas.

b) el criterio redistributivo, que establece mecanismos tributarios y de gasto buscando redistribuir el ingreso y evitar excesivas concentraciones del ingreso y la riqueza. No sólo con el fin de cumplir con un objetivo social sino, también, con el fin de fortalecer las estructuras de consumo del mercado interno.

c) el criterio reordenatorio, que establece mecanismos para reordenar las actividades económicas de manera que se evite que el desarrollo económico se vuelva un proceso concentrador, discriminatorio desigual e inequitativo a nivel regional.

La forma en que aplican éstos criterios a una política de finanzas públicas define y caracteriza las particularidades de los fines a que obedece cada gobierno. Los criterios pueden no ser compatibles entre si, pero la falta de consideración de alguno de ellos en la forma en que se requiere al elaborar la política tributaria, define el grado en que ésta será o no, eficiente, eficaz, y equitativa.

De hecho podríamos pensar que todo gobierno debería buscar un balance entre ellos, es decir buscar fórmulas para hacerlos coincidir en una política de finanzas públicas que permita que la sociedad alcance al mismo tiempo los tres objetivos o fines fundamentales que la conforman y que son:

1.-Los fines sociales básicos aceptados implícitamente, que tienen que ver con el establecimiento de condiciones mínimas para la convivencia pacífica y la preservación del Estado.

2.- Los fines sociales explícitamente consensuados, que se refieren a la suma de los objetivos e intereses particulares que se conforman en uno o varios objetivos sociales que buscar satisfacer de manera equilibrada objetivos de grupo o clase.

3.- Los grandes objetivos nacionales, que son aquellos fines superiores de la sociedad y que tienen que ver con un proyecto de nación de largo plazo.

La forma y la proporción en que cada uno de los criterios antes mencionados sean incluidos en una política de finanzas públicas determinará en que magnitud y cuales fines fundamentales de la sociedad serán alcanzados.

Por ésta razón es fundamental plantearse y responderse las siguientes preguntas:

• ¿Qué criterio técnico se está priorizando para definir la política de finanzas públicas del gobierno mexicano?

• ¿Existe algún criterio de equidad definiendo la conformación de los tributos y el gasto público?

• ¿Son los criterios técnicos utilizados y el criterio de equidad (si lo hay) compatibles con cada uno de los objetivos fundamentales de la sociedad?

• ¿Con cuáles y en que magnitud?

Estas mismas preguntas hay que aplicarlas cuando se piensa en la Coordinación Fiscal que existe entre Federación-Estados y Municipios, que es piedra angular de las Finanzas Públicas y que sostiene financieramente todo el aparato Estatal y cuya estructura está definida por la forma particular que ha adquirido el Federalismo en México.

Y cuando pensamos bajo éstas interrogantes ello nos lleva a considerar que la reformulación del Federalismo en México tiene que pasar, necesariamente, por el replanteamiento de los fines e instrumentos de la sociedad y el Estado. Porque discutir sobre el Federalismo implica discutir y acordar como y en magnitud espera cada individuo, cada grupo social, cada clase social, cada municipio, cada entidad federativa alcanzar cada uno de los tres objetivos fundamentales de la sociedad. Para lo cual las Finanzas Públicas, la Coordinación Fiscal y el Federalismo mismo no son sino un mero instrumento.

Por ello entender el llamado Nuevo Federalismo como una nueva forma de distribuir competencias fiscales o establecer nuevas formas de captación y distribución de los ingresos públicos, no es sino trabajar por objetivos parciales que no lograrán transformar lo que pretenden: la relación Federación - Estados - Municipios. Porque el Federalismo es una forma de organización política derivada de un Pacto Social que da vida y sustenta al Estado. Y deriva en una forma de organización de gobierno encargado de orientar y materializar un proyecto de nación que incluye objetivos fundamentales e instrumentos definidos por la sociedad.

El estado actual del Federalismo en México es resultado de un proyecto con fines e instrumentos perfectamente definidos que constituyen la base sobre la que se sustenta el Estado posrevolucionario. De éste modo no podemos entender la reformulación del Federalismo sin una Reforma del Estado. Es decir la reforma del federalismo no puede darse sin crear un nuevo Estado porque la necesidad de reformar el Federalismo ha surgido de la insatisfacción que siente la sociedad por no haber alcanzado sus objetivos fundamentales y porque identifica que los instrumentos que creo para alcanzar dichos fines han fallado. Uno de los cuales es, precisamente, el Federalismo. De modo que si al hablar de Nuevo Federalismo estamos pensando en la renovación o replanteamiento de los fines y los instrumentos, en realidad estamos hablando de un Nuevo Estado.

Porque en realidad estamos buscando una fórmula, un proyecto que concatene la diversidad de intereses y objetivos de cada individuo, grupo, clase, estado y municipio.

Ello sólo es posible si se lleva a cabo un Nuevo Pacto Social que de como resultado un Nuevo Estado. Pacto que deberá expresarse en una Nueva Constitución en donde se plasmarán los nuevos fines, objetivos e instrumentos de la sociedad.

Querer reformular el Federalismo buscando nuevas fórmulas técnicas para repartir los recursos o generarlos dejando intacto al Estado, es decir, sin replantear sus bases (objetivos e instrumentos) es redundar en el fracaso. No habrá Nuevo Federalismo si no hay un Nuevo Estado y para ello, repito se requiere un Nuevo Pacto Social inclusivo de toda la sociedad en donde quién cobra o quién reparte no es lo fundamental sino el hecho de que los instrumentos que se vayan a crear propicien el alcance de los nuevos objetivos fundamentales de la sociedad. Para ello hay que hacer una Nueva Constitución.