LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

LAS FINANZAS PÚBLICAS EN MÉXICO. 1988-2006

Hilario Barcelata Chávez

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EL INCREMENTO DEL IVA. CUESTIÓN DE JUSTICIA SOCIAL.

14 de abril de 2002

La propuesta de incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) manifiesta la insensible y tecnocrática visión de Estado que tiene el actual gobierno. La postura oficial es una grosera ofensa a una de las principales preocupaciones del pueblo mexicano y evidencia un gobierno con un enorme vacío ético y moral y carente de una filosofía social. Tal pareciera que en el manejo de las finanzas públicas no fueran prioritarias las necesidades sociales de los mexicanos. Tal pareciera que no fue suficiente el daño causado en el bienestar familiar el incremento que sufriera el IVA en 1995. Tal pareciera que no han sido suficientes seis años para recomponer las finanzas públicas y que la emergencia económica no acaba. Tal pareciera que ya se olvidó que el IVA tuvo tasas del 15 y 20% a principios de la década pasada y que se redujo al 10% en 1993 sin que llegara ninguno de los terribles males que hoy presagian con prepotencia las voces oficiales.

Quizá sea necesario recordar (como todo financista público sabe) que los impuestos deben respetar un conjunto de principios doctrinarios que son (entre otros) los siguientes:

a) El principio de justicia, que significa que los ciudadanos deben de contribuir en una proporción de acuerdo a su capacidad económica. b) El principio de generalidad, que implica que cada ciudadano pagará impuestos de acuerdo a su capacidad contributiva y c) El principio de uniformidad, que significa que todas las personas son iguales frente al tributo.

Al respecto hay que decir que la propuesta del incremento del IVA viola flagrantemente los tres principios anteriormente citados porque los ciudadanos no contribuirán en una proporción de acuerdo a su capacidad económica (lo cual es injusto) y estarán siendo obligados a pagar aunque no tengan capacidad contributiva (lo cual es más injusto). Pero además, se violará el principio jurídico de equidad establecido en nuestra Constitución, porque el impacto del tributo no será el mismo para todos aquellos que tienen que pagarlo.

Según se ve, el Estado actúa con una carencia absoluta de principios de justicia social en el manejo de las finanzas públicas. Ello impide que cumpla con las tareas redistributivas que le son inherentes, porque en la medida en que el gasto público tiende a financiarse más con la contribución de los que menos tienen, se nulifica la capacidad del Estado de redistribuir la riqueza y ello implica su renuncia a la búsqueda de uno de los objetivos fundamentales que deben regir su actuación: el bien común y la justicia social.

La definición de las fuentes de los ingresos públicos no debe implicar un sacrificio económico para aquellos sectores de la sociedad más débiles. Es cierto que el Estado tiene que hacer frente a un conjunto de compromisos ineludibles, la pregunta es ¿por qué ha de hacerlo a costa del bienestar de la mayoría de los mexicanos?. El incremento del IVA podría incrementar los ingresos públicos pero ¿qué no hay otras fuentes de ingresos? digamos ¿nuevos o más altos impuestos a quienes concentran el ingreso y la riqueza en este país? que no son muchos pero su fortuna si es muy grande.

No es verdad que cualquier impuesto es por naturaleza repudiable e impopular para cualquier Estado moderno. Si lo son aquellos impuestos que no cumplen con los principios de justicia y equidad (como el IVA) y además no son usados para beneficio de toda la sociedad. Lo repudiable e impopular de las cargas fiscales radica en su injusticia y en que sirvan para mejorar la situación económica de unos cuantos, generalmente, los que más tienen.

El Estado mexicano esta obligado hoy a volver los ojos a las necesidades populares y al bienestar social. Hay que redefinir objetivos, prioridades y estrategias. No es posible que el deterioro social siga siendo el signo para identificar a nuestra generación y a las que vienen detrás.