POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA PARA EL ESTUDIO MUNICIPAL: ÓPTICA ACADÉMICA

POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA PARA EL ESTUDIO MUNICIPAL: ÓPTICA ACADÉMICA

Maria Cecilia Montemayor Marin y otros

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4. EL DESAFÍO POLÍTICO

El desarrollo local es ante todo un desafío político que tiene, sin duda, aspectos económicos, técnicos y de gestión. Este desafío se da en un marco en donde, siguiendo a Joan Prats, (2) “...el buen gobierno no depende tanto de la eficacia y eficiencia de las organizaciones gubernamentales como de la capacidad de establecer una arquitectura y un proceso social que incentiven, coordinen, orienten, influencien y equilibren las interacciones antes aludidas. Gobernar la interacción significa, en primer lugar, procurar el equilibrio entre los diversos grupos y fuerzas sociales; pero significa también, y principalmente, influir en dichos grupos y fuerzas y orientar su dinámica con la finalidad de alcanzar nuevos y mas deseables equilibrios. El gobierno debe mantener la cohesión social y procurar a la vez el cambio estructural, y hacerlo respetando y fortaleciendo la autonomía de los diversos grupos y organizaciones. Tal tarea no tiene nada de fácil”.

Tomado este concepto sobre lo que significa, en términos generales, gobernar, entendemos que la implementación de un proyecto de desarrollo local demanda resolver lo que Cotorruelo Menta (3) ha llamado “el triángulo conflictivo del moderno desarrollo regional” en el que se deben conjugar de manera positiva los objetivos de eficiencia en la asignación de recursos públicos y privados, de equidad en la distribución de la riqueza y el empleo generados y de preservar a largo plazo el entorno medioambiental”. Ahora bien, en el marco de los conceptos expuestos, la tarea de gestionar el desarrollo local requiere la articulación, coordinación, mediación y asignación de recursos entre la red de actores locales cuyas acciones influyen en las dinámicas del territorio, lo que constituye la base de las nuevas funciones políticas del gobierno local.

La articulación, en sentido político, significa coordinar y mediar para resolverlas tensiones y conflictos que la interacción público-privado y la dinámica del entramado de las instituciones y los actores locales generan. En este sentido encontramos al menos dos puntos centrales a resolver. Por un lado, la desigual distribución de poder local. En efecto, no todos los actores tiene la misma capacidad de influencia. Siguiendo a Martha Díaz de Landa podemos decir que:

“En un sistema de decisión política municipal o regional, se reconocerán como actores reputados relevantes a individuos y organizaciones participantes tanto en los ámbitos gubernamentales como no gubernamentales, sean de carácter local o extralocal, que desarrollen actividades de índole política (partidarias o sectoriales) o social (incluídos en esta última categoría también los económicos: productores, empresarios y negocios en general, comunitarios, etc. ) siempre que se los identifique por su capacidad de afectar procesos de políticas públicas por otros actores, a su vez, también reconocidos por esta capacidad”. De esta forma, los diferentes niveles y espacios de poder que cada actor posee generan un abanico heterogéneo y dispar de relaciones entre actores sociales y poder político. Sin dejar de reconocer la influencia de instituciones como la Iglesia, los sindicatos, las asociaciones de profesionales o las organizaciones no gubernamentales, entre otros; es el sector de los empresarios (Cámaras empresariales, grandes empresas asentadas en la zona, en general los grandes contribuyentes) el que posee mayor influencia en las decisiones del gobierno local, tanto sobre las que lo afectan directamente (por ejemplo, temas de infraestructura o de tasas) como de aquellos que son de interés general. En este sentido, es necesario tener en cuenta que la lógica del desarrollo local no es la de misma que la de la empresa, como advierte Clark: “Los negocios quieren negocios, pero no necesariamente desarrollo”.

El segundo punto es la necesaria reasignación del ingreso y la riqueza. En efecto, la equidad en la distribución de la riqueza y el empleo al que hace referencia Cotorruelo Menta demanda en América Latina revertir el actual proceso de redistribución regresiva del ingreso y la riqueza que ha caracterizado la década de los noventa. No se trata de plantear que el desafío de una distribución más equitativa de la riqueza es una tarea de la dirigencia política local, ni del gobierno local. De la misma forma en que es sumamente difícil sostener un programa de desarrollo local sin una política nacional y regional que se oriente al desarrollo, resulta poco razonable pretender una distribución del ingreso local sin un marco nacional. Lo que es necesario plantear es que el esfuerzo social que demanda el desarrollo, y en particular el desarrollo local, debe contemplar, desde el comienzo y explícitamente, alternativas para mejorar las condiciones de empleo, tanto cuantitativa como cualitativamente, y para garantizar una equitativa distribución de la riqueza obtenida. Para América Latina este es el desafío central de la democracia ya que es el estado, a partir de su propia autoridad, el actor central de un proceso de redistribución del ingreso (4).

Ahora bien, más allá de la resolución de los conflictos, se destaca la tarea de coordinar las acciones y los intereses de una amplia gama de actores. Esta no es una tarea meramente técnica; no se reduce a compatibilizar las acciones gubernamentales con las de los otros actores tratando de evitar la duplicación, superposición, y desperdicios de esfuerzos. Por el contrario, su carácter estratégico, en términos de buscar y seguir un rumbo, la convierte en una función esencialmente política. Siguiendo a Leonardo Garnier (5):

“En otras palabras, se trata de coordinar con un sentido estratégico, se trata de coordinar para avanzar en determinada dirección, para promover determinados resultados de la acción pública en su conjunto, y no sólo de cada una de sus parcelas sectoriales o institucionales. Y el proceso mediante el cual se alcanza o se define ese sentido estratégico, esa dirección en la que la sociedad pretende marchar, es un proceso eminentemente político”.

La coordinación, en sentido político, requiere también de la aceptación de una suerte de doble liderazgo o liderazgo compartido que lleva a un liderazgo coordinado entre los políticos que conducen el municipio y los actores de la sociedad local. Y, por lo tanto, demanda cambios actitudinales tanto de los actores sociales como de los políticos locales. Asimismo, la dirigencia política deberá asimilar y afrontar el surgimiento de nuevos liderazgos sociales que pueden articularse con sus propios intereses políticos o, también, pueden transformarse en competidores al poder político de turno.

La sustentabilidad ambiental del desarrollo local es, sobretodo en América Latina, una tarea conflictiva. En efecto, si bien actualmente la localización de las empresas de gran capital tiende a privilegiar las condiciones creadas socialmente (infraestructura, comunicaciones, nivel de cualificación laboral de la población, acceso a las redes del mercado mundial, estabilidad política, entre las principales); para los países periféricos sus condiciones naturales continúan siendo uno de los principales atractivos para la inversión externa. En estas condiciones, entonces, resulta sumamente complejo balancear la perversa balanza donde se debe pesar la preservación ambiental contra la creación de empleo y crecimiento económico. En todo caso es un punto sumamente vulnerable para un proyecto de desarrollo local.

Finalmente, la política adquiere otro valor, que le brinda una nueva legitimidad, en la medida que “la actividad política, entendida como la generación de compromisos explícitos, de liderazgos asumidos y estrategias claras, es la base para el éxito de iniciativas que apunten a dinamizar los factores que determinan los procesos de crecimiento económico y, a partir de allí, de desarrollo integral y equilibrado” (6).

La tarea esencialmente política será la de catalizar las fuerzas de los actores sociales locales y coordinar las acciones que se lleven adelante para alcanzar el políticas de desarrollo local. De esta manera el principal desafío político actual para los dirigentes locales es el de gobernar para lograr el desarrollo de su comunidad.