POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA PARA EL ESTUDIO MUNICIPAL: ÓPTICA ACADÉMICA

POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA PARA EL ESTUDIO MUNICIPAL: ÓPTICA ACADÉMICA

Maria Cecilia Montemayor Marin y otros

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SITUACIÓN SOCIOPOLÍTICA RECIENTE

Desde la década de los setenta, las imperfecciones del Estado moderno mexicano se reflejaron en las presiones que el sector indígena anunciaba, a razón de una política indigenista insuficiente. Esta situación llevó al Estado corporativista mexicano, de aquella década, a optar por abrir espacios mediante el apoyo a la creación de organizaciones indígenas afines a él mismo.

En 1973, surge el Movimiento Nacional Indígena (MNI), integrado por profesores bilingües, los cuales fungieron como supuestos representantes de sus comunidades. En realidad, sólo se dedicaron a legitimar las políticas indigenistas del Estado.

En 1975, nace el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), compuesto por Consejos Supremos corporativistas. Nuevamente, el Estado erró en otorgar a este Consejo la representatividad indígena que no le correspondía.

En 1977, es creada la Asociación Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües A.C. (ANPIBAC), apoyada por el gobierno como medida integracionista de lo indígena mediante su aculturación. Aunque el propósito original de esta organización fue establecer demandas ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), éstas se fueron caracterizando por su naturaleza política y agraria, provocando la división de la asociación.

Como se puede evidenciar, estas tres experiencias son un claro ejemplo de cómo el movimiento indígena fue restringido a desarrollarse dentro de las estructuras institucionales del Estado. En realidad, sólo se trató de iniciativas gubernamentales que buscaron su legitimación a través de organizaciones “representativas” de los indígenas.

Posteriormente, el movimiento indígena decidió actuar con independencia del gobierno, sin embargo, careció de originalidad étnica. Ahora se mezclaba con movimientos campesinos –con los que existe una empatía natural- pugnando por demandas relacionadas con tierra, recursos naturales, elección de autoridades propias, y cese a la represión; asimismo, constituía organizaciones indígenas con estructuras jerarquizadas que postulaban proyectos productivos –de carácter económico, más que político o étnico-.

Un nuevo matiz caracterizó al movimiento indígena en 1988, cuando el Frente Independiente de Pueblos Indios (FIPI) colocó en el terreno de las demandas indígenas la cuestión de la autonomía –retomado del modelo nicaragüense-. Es, a partir de la influencia de esta organización, que el movimiento indígena presenta, verdaderamente, un discurso étnico, marcando su distancia respecto de los movimientos campesinos.

Para 1992, el panorama político se presenta, aparentemente, favorable para los movimientos indígenas. Aparece una reforma constitucional al artículo cuarto de la Constitución, el cual, en su primer párrafo, reza: “La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley” . No obstante, en aquel sexenio, la reforma constitucional de carácter agrario al artículo 27, la nueva estrategia económica con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la reforma religiosa, y en cierta medida, la política, perjudicaron al artículo cuarto; aunado a esto, “no se avanzó en la elaboración de la legislación reglamentaria derivada de la reforma constitucional en materia indígena” .

En otras palabras, las últimas reformas que pretendieron el perfeccionamiento del Estado moderno mexicano, no contemplaron la pluralidad de la población. Es así como el sector indígena terminó, legislativamente, a la zaga.

En 1994, el surgimiento de un fuerte movimiento social responde a la modernidad de ese Estado. Desde luego, nos referimos al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas.

La coincidencia de dos versiones aclara la cuestión sobre la naturaleza de este movimiento social. Por un lado, Arturo Warman menciona que “el EZLN no apareció como una rebelión indígena, aunque lo era la mayoría de sus integrantes, sino como un extemporáneo foco guerrillero de una guerra prolongada para la toma del poder nacional y la instauración de un régimen socialista. La calidad indígena se mencionó, pero no se reclamó como causa de la movilización ni se formularon demandas o promesas específicas para los indios” . Por otro lado, Francisco López Bárcenas expresa que “en el inicio los rebeldes no hicieron mención explícita a demandas indígenas” -contrario a lo que en la generalidad pudiera pensarse-; más bien, en un principio, las demandas del EZLN se centraron en “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz” –las cuales, no son particulares del sector social indígena-.

Aunque inicialmente el EZLN no se caracterizó por la defensa de la demanda indígena, los actores y hechos que se presentaron, posteriores a su levantamiento, se encargaron de definirlo como movimiento de esta naturaleza. Ejemplo de esto es, que los pueblos indígenas fueron uno de los primeros sectores sociales que se sumaron a la causa del EZLN; las organizaciones indígenas encontraron un espacio ideal de acción ante la coyuntura que representó el EZLN; y las demandas que se plasmarían en los Acuerdos de San Andrés.

El papel que estas organizaciones desempeñaron, aunque conservando nexos con el ejército zapatista, permite alejar el carácter de exclusividad que se le ha querido adjudicar al EZLN dentro del movimiento indígena. Por ello, resulta conveniente hacer una breve revisión, al menos, de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), que han sido los más representativos.

La creación de la ANIPA se remonta a la Convención Nacional Democrática (CND), organizada por el EZLN, y a la cual, asistieron el FIPI y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Éstas, al no encontrar la resonancia deseada a su propuesta en aquel espacio, organizaron la Convención Nacional Indígena (CNI), la cual hizo posible que la propuesta de estas organizaciones se convirtiera en el punto de integración de la demanda indígena: el régimen de autonomía regional . En la búsqueda del reconocimiento de esta demanda en la Constitución mexicana, nació, en 1995, la ANIPA, la cual fue una iniciativa que partió de organizaciones indígenas a favor de la propuesta y legisladores indígenas.

A la creación del CNI en 1996, antecedió una serie de desencuentros entre la ANIPA y el EZLN. Por una parte, la propuesta de autonomía regional que la ANIPA venía trabajando no encontró respaldo en otras organizaciones indígenas, las cuales acabaron por pugnar por sus formas de autonomía -de carácter comunal o municipal-; las organizaciones asistentes a los dos Foros Nacionales Indígenas de 1996 expresaron mayor simpatía por los Acuerdos de San Andrés, suscritos entre el EZLN y el gobierno federal, que por la propuesta autonómica de la ANIPA; además, la ANIPA consideró como una traición al movimiento indígena la postura del EZLN, en el marco de los Acuerdos de San Andrés, sobre el ejercicio de la autonomía indígena “en los ámbitos que los pueblos indígenas la hicieran valer” . Por otra parte, el EZLN comenzó a interactuar con las organizaciones de proyectos autonómicos comunales o municipales que habían divergido de la ANIPA; además, se percató de que la misma ANIPA participaba con él, a la vez que lo hacía con el gobierno federal para beneficio de los proyectos de esta última organización, suscitando un ambiente de desconfianza . Finalmente, los dos Foros Nacionales Indígenas de 1996 dieron paso al nacimiento del CNI, el cual retomó de éstos los acuerdos suscritos de San Andrés, y dejó a un lado la propuesta de autonomía regional.

Posteriormente, la ANIPA, que no había dejado de luchar por los Acuerdos de San Andrés, decidió apoyar el proceso electoral del año 2000 a diferencia del CNI. A partir del triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones presidenciales, se mantuvo en estrecha colaboración con el nuevo gobierno, lo cual le valió puestos políticos, sin resultados satisfactorios en cuanto a demandas indígenas. En el 2001, abandonó los Acuerdos de San Andrés y reivindicó nuevamente su lucha por la autonomía regional.

Por su parte, el CNI acompañó en el 2001 al EZLN a la Marcha de la Dignidad Indígena –también conocida como del Color de la Tierra-, con la demanda indígena de reconocimiento de carácter constitucional. Terminada la marcha, el silencio del movimiento indígena da cabida a una reforma constitucional que no contempla los Acuerdos de San Andrés. La asimetría en los tiempos de reacción por parte del movimiento, en contra de la reforma, reflejó su desorganización.

En resumen, a partir de la irrupción del EZLN en el escenario sociopolítico mexicano en 1994, el movimiento indígena comienza su unificación y se consolida. Posteriormente, las posturas distintas entre las principales organizaciones frente a la problemática indígena, así como la franca oposición gubernamental hacia el propio movimiento indígena, lo dividieron, provocando que estas organizaciones establecieran líneas de acción opuestas.

De esta forma, la ANIPA ha seguido apostando a la participación dentro de la estructura institucional del gobierno, criticando lo que termina por apoyar. Mientras tanto, el CNI ha provocado la dispersión de sus organizaciones, al mostrarse incapaz para respaldar la resistencia de éstas; y continúa subordinado al EZLN, cuando debería presentarse como una fuerza independiente a la vez que complementaria del movimiento indígena.