POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA PARA EL ESTUDIO MUNICIPAL: ÓPTICA ACADÉMICA

POLÍTICAS Y GESTIÓN PÚBLICA PARA EL ESTUDIO MUNICIPAL: ÓPTICA ACADÉMICA

Maria Cecilia Montemayor Marin y otros

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4. IMPACTOS DE LA DESCENTRALIZACIÓN DEL GASTO SOCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS MUNICIPIOS MEXICANOS

Diferentes investigadores (TIEBOUT, C. , 1956; OATES, W. , 1972) defienden que los gobiernos municipales deben estar principalmente a cargo de la provisión de bienes públicos locales, pues son éstos quienes deben decidir qué bienes y servicios han de producir y cómo han de emplear sus recursos, asimismo son quienes tienen mejor información sobre las distintas preferencias locales y, sobre todo, conocen más directamente las necesidades y demandas de la población.

En las últimas décadas en México se ha producido un proceso de descentralización política, administrativa y fiscal hacia los municipios. Precisamente en 1997, el Congreso aprobó el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), que ha tenido un impacto desigual entre los municipios mexicanos. A pesar de esta dinámica descentralizadora, hoy los municipios mexicanos (91,7%) siguen padeciendo una mayor dependencia financiera que otros gobiernos locales de otros países (SECRETARIA DE HACIENDA, 2000) (Gráfico 2).

Algunos estudios (RAICH, URI , 2006) han demostrado que el aumento en las transferencias a los municipios ha tenido un impacto negativo en la economía de los gobiernos y en los niveles de bienestar que éstos proporcionan a sus ciudadanos, especialmente los colectivos marginados y dependientes (jóvenes y ancianos).

Los Estados distribuyen el FAISM a sus municipios según el tamaño de su población. La retribución municipal de estos recursos se lleva a cabo a través de proyectos específicos establecidos y enfocados principalmente a la infraestructura local básica: agua, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación en áreas y colonias pobres, salud y educación básica, caminos, albergues y proyectos de infraestructura rural productiva. Fuera de estos proyectos, los municipios sólo pueden asignar hasta el 2 por ciento del FAISM para el financiamiento de programas institucionales.

En este sentido, el alto endeudamiento y la escasa capacidad económica de los gobiernos municipales explican en buena medida la política y gestión local seguida en muchos municipios y destinada a priorizar algunas de las grandes necesidades en infraestructuras básicas de las ciudades, obligando a descuidar otros apartados sociales y asistenciales básicos para los adultos mayores. Ciertamente, los estudios (BOLTVINIK, J. y DAMIÁN, A. , 2001: 21-53) indican que en México los municipios mayores de 100,000 habitantes se registran mayores tasas de marginalidad y pobreza extrema entre la población adulta mayor, demasiadas veces ignorada por las autoridades municipales y, en ocasiones, por los propios familiares que incurren en desamparo.

El debate se abre sobre la capacidad presente y futura de ofrecer respuestas validas a los ciudadanos más longevos de los municipios mexicanos. Un escenario plagado de dudas, ya que muchos municipios de este país presentan un alto grado de endeudamiento lo que repercute negativamente en la calidad de los servicios médicos, sociales y asistenciales ofrecidos a las personas adultas mayores.

Precisamente, este sector creciente de población presenta una situación socioeconómica muy desfavorable de partida en este país. Debemos recordar que el colectivo de las personas mayores es un grupo heterogéneo, sin embargo, diferentes investigaciones (NEGRETE SALAS, ME. , 2003: GARROCHO, C. y CAMPOS, J. , 2005: 5-27; INEGI , 2005) están arrojando luz sobre el envejecimiento demográfico y la situación de las personas adultas mayores en los municipios de México. En este sentido, algunos estudios (DE LA PEÑA ESTEBAN, JI. , 2003, 47-78) advierten del serio impacto que el crecimiento de la población adulta mayor tendrá en la demanda de servicios médicos, sociales y asistenciales municipales.

México, como país en vías de desarrollo presenta cierto rezago educativo que es, especialmente significativo en el caso de los ancianos, donde más del 35% de la población adulta mayor es analfabeta, tasa que se incrementa entre las mujeres de 85 y más años hasta el 53% (INEGI, 2005). Esta variable define la vida laboral y el acceso y tipo de pensión durante la vejez. En la actualidad, en las ciudades de 100,000 habitantes y más sólo el 36.5% de las personas de 60 y más años siguen trabajando después de la edad de jubilación, de los cuales, sólo uno de cada dos tiene un empleo formal y está asegurado. Este dato refleja que la mitad de los patrones de las empresas que contratan a personas ancianas incumplen las leyes de trabajo, no proporcionándoles prestaciones laborales a estos trabajadores. Como resultado, en el 2003 sólo el 20% de las personas adultas mayores disfrutaban de algún tipo de pensión y disponían de servicios de salud y otras prestaciones de seguridad social (IMSS , 2004). Se observan importantes diferencias por sexos, los hombres asegurados por derecho a pensión son el 31.4% y por beneficiarios del titular el 26.4%, mientras las mujeres son de 15.1% y 58.8% respectivamente. A tenor de los datos, en los municipios de este país la mayoría de los ancianos carecen de toda prestación económica, médica, social y asistencial, circunstancia que se vuelve doblemente difícil en el caso de las mujeres.

En México, la familia continúa siendo la principal institución responsable del cuidado y la integración de las personas adultas mayores. Todavía México es uno de los países que en mayor medida sus mayores cuentan con el apoyo informal de sus familias. Aquí, los hijos y familiares cercanos, especialmente las hijas, son los encargados de atender las necesidades económicas, médicas, sociales y asistenciales de los ancianos. Sin embargo, en las áreas urbanas la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo está provocando cambios en la atención a la dependencia del mayor. Así, según estudios de INEGI (2005), el 16.8% de los adultos mayores que viven solos tienen discapacidad, de los cuales más del 60% no cuentan con ningún tipo de prestación y ayuda económica, médica, social y asistencial. Consideramos que esta cifra podría ser sensiblemente superior en las grandes áreas urbanas, donde se está produciendo un aumento del problema de la dependencia, incrementándose los casos de personas mayores dependientes en situación de pobreza extrema, abandonadas y desatendidas. A este hecho se suma que culturalmente, las personas ancianas no asumen el hecho de que sus familias puedan abandonarlos, lo que explica que sea sumamente difícil que un anciano denuncie a un familiar. Dicha circunstancia está favoreciendo el incremento de personas ancianas aparecidas muertas viviendo solas y desatendidas en las ciudades mexicanas.

Las viviendas de las personas de edad presentan deficiencias en cuanto a los materiales de construcción, ya que el 32.2% están construidas con materiales no duraderos (hojalata, chapa, cartón, madera); el 20% no cuenta con agua potable en sus casas; el 30% no dispone de drenaje; y casi el 10% no tienen excusado ni electricidad (INEGI, 2000). Además, el 20% de las viviendas habitadas por ancianos tienen techo de lámina de asbesto, un material que es dañino para la salud. También, el 15% de las mismas no tiene firme o recubrimiento, lo que dificulta el aseo del lugar y facilita la propagación de enfermedades a través de parásitos (cucarachas, ratas).

La problemática de muchas viviendas habitadas por ancianos se debe a la autoconstrucción que es una estrategia que emplean los sectores más desfavorecidos de la sociedad, como los adultos mayores. Precisamente, la exclusión de los programas de vivienda de interés social (ROMERO, L., HERNÁNDEZ, M. y ACEVEDO, J. , 2005: 105-131), como las del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), viene determinada por la exigencia de una serie de requisitos (empleo formal, ahorro e ingresos) que no pueden ser cubiertos por la población adulta mayor con escasos recursos. Esta exclusión de los programas de viviendas sociales refuerza la marginación de millones de ancianos pobres y sus familias. Además, estos programas resultan ser insuficientes y se alejan de los parámetros de confort, funcionalidad y materiales de sus destinatarios. Por el contrario, el hacinamiento y segregación son característicos de las unidades habitacionales de los ancianos, lo que conlleva aislamiento y exclusión social (SCHTEINGART, M. y GRAIZBORD, B. , 2000).

El problema del hacinamiento de las viviendas afecta a uno de cada cuatro adultos mayores en las ciudades mayores de 100,000 habitantes (INEGI, 2005). Dicho problema puede verse incrementado de continuarse la actual política de la vivienda en este país, donde las “micro-viviendas” sociales tienden a favorecer casas de reducidas dimensiones y con un coste social importante. Ya que, las nuevas viviendas no contemplan la posibilidad de atender a personas discapacitadas o dar alojamiento a familias extensas con adultos mayores a su cuidado. Los municipios deberían de contemplar en sus futuros Planes de Ordenamiento Urbano reservas de suelo donde se contemple la construcción de viviendas sociales más amplias y habitables.

A tenor de los datos expuestos, en México el papel de los municipios se convierte en una necesidad imperiosa en la atención socioeconómica, médica y asistencial de las personas adultas mayores. En este sentido, la dinámica demográfica indica un aumento considerable de las personas de 60 y más años de edad en las ciudades. Sin embargo, el verdadero reto de los gobiernos municipios será comprender la necesidad de que dicho progreso social esté acompañado de mejoras en la calidad de vida de este colectivo. Además, los agentes sociales de los municipios deben prever recursos humanos y materiales para atender los efectos negativos que tendrá sobre la dependencia los cambios en el papel y la estructura de la familia. De igual modo, es necesario que se realicen estudios sobre los cambios en la desigual distribución espacial población adulta mayor y la situación de estas personas a escala de colonias y manzanas en los municipios. Todo ello, necesariamente debe derivar a que los gobiernos municipales realicen una verdadera planeación gerontológico que prevea y atienda el desigual avance del envejecimiento demográfico regional, municipal e intra-municipal, la feminización y la prevalencia de la inequidad social de este colectivo.