POL?TICAS Y GESTI?N P?BLICA PARA EL ESTUDIO MUNICIPAL: ?PTICA ACAD?MICA

ESTADO Y SOCIEDAD EN EL MODELO TRADICIONAL DE GOBIERNO LOCAL

El actual modelo de gestión municipal se puede definir como burocrático –prestador de servicios (Alumbrado Público, Barrido y Limpieza de las calles. Cobro de tributos etc.)”

Las municipalidades en Costa Rica, o en América Latina, en cuanto organización estatal, padecen de tres tipos de limitaciones para llevar adelante políticas de desarrollo local. Estas son el centralismo de las prácticas políticas, las condiciones económicas y financieras y los problemas organizacionales. En efecto, el régimen constitucional de Costa Rica y su comportamiento político-institucional y el político propiamente son netamente centralistas De esta forma el centralismo que desde la Nación se ejerce se reproduce con los gobiernos locales. Así, pese al reconocimiento constitucional, la autonomía municipal no logra superar el nivel del discurso. Un municipio dependiente del poder central no logra desarrollar cabalmente todas sus potencialidades políticas e institucionales.

Las limitaciones de tipo económico se deben a dos factores fundamentales. Primero, a una distribución del gasto público que se concentra en la nación y el área metropolitana marginando al municipio. En efecto durante la década del noventa el gasto público agregado de los municipios nunca superó el 1% del gasto público total. Esta situación se debe, fundamentalmente, a la escasa incidencia que tienen los recursos propios para inversión dentro del total de los ingresos municipales.

Finalmente, la última limitación se encuentra en la situación organizacional del municipio. La mayoría de los municipios costarricenses continúan presos del viejo modelo de gestión, caracterizado por las prácticas burocráticas basadas en las normas y procedimientos, una división del trabajo centralizada y verticalizada, con escaso compromiso con los resultados de la gestión, y por la escasa o ninguna adaptabilidad al cambio. De esta forma se rutiniza la tarea y las acciones se realizan respetando el “como” sin preocuparse sobre el “para que”, y toda la secuela de problemas que esta práctica produce dentro de las organizaciones. A esto se suma que el municipio sufre de una escasez crónica de cuadros técnicos, originada por los bajos salarios y el desprestigio del funcionario municipal, y la ausencia de sistemas de información adecuados para la toma de decisiones.

Este modelo de municipio ha demandado un perfil de funcionario que se destaque por dos elementos. Primero, como un “buen administrador”; esto es que posea la capacidad de administrar eficientemente los recursos del municipio. Segundo, que tenga suficientes relaciones para obtener recursos de los otros entes del estado. Éstos pueden ser de tipo económico-financiero, o programas nacionales para implementar en su localidad. En este esquema, la lógica de acumulación política de la dirigencia local se sustenta en la capacidad de administrar eficientemente, de obtener recursos, y, sobretodo, en su papel de asignador de recursos. El municipio es uno de los principales asignadores de recursos a la sociedad local. Estos pueden ser económicos (bienes o servicios), culturales o simbólicos. Entonces, la capacidad del dirigente político para asignar esos recursos de forma eficiente y equitativa, con relación a su base de sustentación política, es uno de los principales elementos que sostienen su poder y legitimidad política.

El modelo tradicional de gestión municipal se sustenta en una concepción del estado donde el municipio ocupa el centro de la escena local y, generalmente, monopoliza la acción pública. Esta concepción estado-centrista se encuentra profundamente arraigada, no sólo en los municipios, se debe, fundamentalmente al papel central que ha tenido el estado en la construcción y conformación de la sociedad costarricense

En las nuevas formas de gestión que plantean al funcionario político como un gerente que conduce pero no implementa directamente las políticas, los cuadros técnicos cumplen una función central, regulación del mercado y la ciudad, y también en las políticas que se pueden englobar en la nueva función del desarrollo local.

Dentro de la lógica de este modelo tradicional, muchos municipios han comenzado a implementar políticas que tienen por objetivo estimular y promover la actividad económica a partir de acciones tendientes a incrementar las ventajas competitivas de la ciudad. Esto se ha realizado a través, fundamentalmente, de la construcción de infraestructura, el otorgamiento de ventajas tributarias, y ciertos esfuerzos de gestión destinados a obtener inversiones. Estas acciones son de promoción económica y tienen por objetivo el crecimiento económico local, sin que, necesariamente, se convierta en desarrollo local. En estos casos, rara vez se encuentra articulación con el sector privado, sino que, más bien, prima la lógica estado-centrista que tiende, fundamentalmente, a generar condiciones beneficiosas para la inversión privada.