LA GESTIÓN LOCAL DEL DESARROLLO
EXPERIENCIAS DE PANAMÁ, ESPAÑA. MÉXICO, ARGENTINA Y PERÚ

LA GESTIÓN LOCAL DEL DESARROLLO EXPERIENCIAS DE PANAMÁ, ESPAÑA. MÉXICO, ARGENTINA Y PERÚ

Lorena G. Coria (coordinadora)

Volver al índice

 

 

 

 

 

5. Conclusiones

Para considerarse sostenible, un modelo de desarrollo debe ser incluyente, equitativo y participativo tanto en su concepción como en su gestión e implementación. La coordinación, concertación y gestión participativa de la estrategia de desarrollo sostenible requiere entonces del fortalecimiento del capital social como factor clave para lograr el desarrollo sostenible. Se entiende por capital social “rasgos de la organización social, como la confianza, las normas y redes, que pueden mejorar la eficacia de la sociedad facilitando acciones coordinadas”. , y “la capacidad de los individuos de trabajar juntos a otros, con grupos y organizaciones, para alcanzar objetivos comunes”.

Para complementar los espacios o mecanismos existentes de participación ciudadana (cabildo abierto, referéndum, consulta popular, comisiones mixtas, audiencias públicas, plebiscitos) – que por supuesto requieren ser fortalecidos y dinamizados - se propone la creación de espacios formales y permanentes de concertación, dialogo y toma de decisiones para la definición e implementación de la agenda de desarrollo sostenible.

La participación debe estar íntimamente ligada al acceso a la toma de decisiones para caminar responsablemente hacia la meta de que estos se conviertan en protagonistas del desarrollo. El desarrollo de la provincia necesita la presencia activa de los actores individuales y organizados en los diversos niveles de consulta, discusión, tomas de decisiones con respecto a estrategias, planes y proyectos. Al igual que monitoreo y auditoria social. Cada nivel de la participación da lugar a resultados de más legitimidad y efectividad en las acciones.

El esquema preliminar de coordinación y concertación para la planificación e implementación descentralizada y participativa del desarrollo sostenible se basa en las estructuras político administrativas existentes. Promueve la institucionalidad planteando el fortalecer, complementar y consolidar la comunicación y participación responsable enriqueciendo el potencial comunicacional.

Como se señaló al inicio de este documento, la provincia de Colón es parte de la región más privilegiada del país, pero se caracteriza por una fuerte desigualdad socioeconómica y marcadas disparidades territoriales entre los distritos que la conforman. Este diagnóstico y las consultas realizadas con actores claves de la región han permitido constatar que no existen señales sustanciales de cambio ante una situación en la que el crecimiento económico acelerado se acompaña de creciente deterioro ambiental y de las condiciones de vida de sus pobladores.

El modelo institucional del país caracterizado por un marcado centralismo se expresa a escalas regionales y locales en lógicas que prolongan la acción de los actores públicos centrales y reviste la forma de clientelismo funcional. La inexistencia de espacios de coordinación o de concertación obedece, en gran parte, a que los funcionarios de cada institución que interviene en el territorio no consideran necesaria esta interacción ni buscan generarla. Esta situación se traduce en disfuncionamientos y dificulta la movilización social alrededor de una visión integral de futuro que pueda resolver las contradicciones del modelo de desarrollo vigente. La concertación social es incipiente y la población colonense expresa más un sentimiento de “soportar” que de gozar el “desarrollo” y el crecimiento económico acelerado de la provincia.

El desarrollo económico y la distribución de la riqueza generada no son dos procesos paralelos que puedan concebirse de manera separada. La relación entre producción y distribución de la riqueza adquiere un sentido relevante cuando se convierte en un requisito de las políticas públicas orientadas a generar condiciones de seguridad social para todos los ciudadanos. En el contexto de Colón, donde se fomenta el desarrollo de actividades de comercio y producción “libre” de obligaciones tributarias, la situación de la redistribución de la riqueza generada es particularmente compleja. En este modo de desarrollo desarticulado dual, le pertenece al Estado en primera instancia resolver - o crear las condiciones para hacerlo- la problemática de la falta de derrame de los beneficios financieros o de inclusión de la población local de los llamados “enclaves” con políticas públicas apropiadas.

La provincia parece carecer de elites locales capaces de asumir con mayor beligerancia los retos del desarrollo local a beneficios de la población. No surge ni se demuestra gran interés para generar una visión integradora del desarrollo susceptible de movilizar la población para la reducción de las desigualdades y la superación de las carencias básicas.

La capacidad de inserción laboral nace y se desarrolla en estrecho contacto con las realidades de la producción y del trabajo de la provincia. El Estado debe actuar no solo como coordinador e intermediario, sino además crear las condiciones legales para favorecer el encuentro entre los actores en el mercado laboral, basándose en el fomento de la responsabilidad social hasta ahora poco demostrada de las empresas de los enclaves y la beligerancia de las organizaciones sociales para generar iniciativas propias de creación de empleos formales.

El modelo que ha articulado a la región a la economía mundial no ha solucionado problemas apremiantes de la población y se ha expresado en deterioro de los ecosistemas, de las condiciones ambientales y de la calidad de vida. La definición de posibilidades de intervención para alcanzar un desarrollo más sostenible se enfrenta a un escenario de desigualdad social y disparidad territorial que constituyen restricciones fundamentales. Lo que está en juego es la sostenibilidad social y ambiental de un modelo que privilegia el crecimiento basado en economías de enclave y en la extracción de recursos naturales sin beneficio para la región.