LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

José Gpe. Vargas Hernández

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Un proceso de globalización cuestionado.

Los procesos de globalización están siendo seriamente cuestionados por diferentes análisis, algunos de los cuales muestran los beneficios y logros, mientras que otros cuestionan seriamente los beneficios porque no son compartidos por todos los actores. Estos análisis muestran las contradicciones existentes entre su universalidad y particularidad, su grado de integración o de fragmentación, su homogeneización o diferenciación, su yuxtaposición o sincretismo y su centralización o descentralización (Fernández Santillán, 1999). Aparte de otras contradicciones ya señaladas por Sonntag (1995), destacan la contradicción de los beneficios asimétricos para los diferentes agentes económicos, la polarización y fragmentación de sociedades y la incompatibilidad entre democracia y globalización.

Los procesos de globalización son cuestionados por el énfasis que hace en los aspectos comunes y en las similitudes de la humanidad sin que necesariamente se descuiden sus diferencias, así como también por la extensión de los beneficios y las responsabilidades al nivel global. Algunos analistas (Ali, 2001) sugieren que el mundo globalizado debe ser creado a imagen del superpoder existente, y que por lo tanto debe haber una unificación de los aspectos económicos, sociales, culturales, etc., bajo una determinada orientación política. Sin embargo, en el espíritu y los objetivos de la globalización, se aprecian las diferencias y se tratan como fundamentos para la autoexpresión, la creatividad y la coexistencia humana. No obstante, cierta convergencia en prácticas organizacionales efectivas, en áreas de regulación comercial y en derechos humanos, es más probable que ocurra.

La nueva sociedad postindustrial surgida de la sociedad industrial enfrenta dilemas para combinar estos universalismos y particularismos necesarios. También para integrar la gobernabilidad democrática de las instancias globales, regionales y locales. La tendencia de las sociedades actuales a buscar la gobernabilidad democrática a pesar de sus problemas económicos, políticos y sociales, es lo que Torrijos (2001) denomina como la gobernabilidad reluctante, la misma que considera ser una gobernabilidad que emerge desde la ingobernabilidad de los ambientes altamente inestables, inciertos y caóticos.

La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. Resulta una contradicción que en una sociedad postindustrial que desarrolla sistemas de producción flexibles, las mega corporaciones tienen la tendencia a centralizar más los procesos decisorios y de estrategias.

En términos generales, la globalización se manifiesta por un largo, inestable y lento período de crecimiento caracterizado por un cuestionamiento de sus dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales e ideológicas. Las críticas se centran en argumentos que enfatizan los beneficios de la globalización en el crecimiento, los incrementos de productividad, el avance de las capacidades tecnológicas. Petras (2001c) analiza la productividad baja lograda durante los años comprendidos de 1995 a 1999 cuando se alcanza un incremento del 0.3% de la productividad que puede atribuirse a la revolución tecnológica.

Pero la globalización no distribuye adecuada y eficientemente la riqueza y los ingresos generados a favor de los más pobres y por lo contrario, redistribuye la riqueza y el ingreso a favor de quienes menos necesitan. El alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma. Un mayor problema es dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados (De Swaan Abram, 1997).

Los analistas reconocen ahora que el movimiento hacia la globalización es más arduo y difícil de lo que se había pensado inicialmente y que está alcanzando sus propios límites. Muchas de estas reacciones son muy agrias, como por ejemplo, Pieza Rugarcía (1999) comenta: “Haber iniciado el proceso mal llamado global, puso a la mayor parte de los países, a merced de altas concentraciones de dinero en pocas manos, y de haber abierto el apetito de ilusionados, apetito que sólo podría ser atendido con espejismos dado que la mesa puesta pronto se quedaría hasta sin migajas”. En este sentido, las privaciones que bajo el capitalismo globalizador enfrentan tanto consumidores como productores potenciales presionan sobre el sistema global y lo desequilibran.

Sus alcances, ventajas y beneficios no han sido generalizados para todas las economías regionales y nacionales, creando fuertes desequilibrios y tensiones de crecimiento económico y desarrollo socio-político. Las transformaciones de las economías regionales están en función de sus propias estrategias de crecimiento económico, de la estructura macroeconómica nacional y de los procesos de globalización económica.

Las recientes crisis económicas mundiales que demuestran una crisis severa del capitalismo, nos muestran dramáticamente que tan lejos puede ir la economía global, como en el caso de la prolongada y profunda recesión del sector de manufacturas en Estados Unidos que ha tenido un fuerte impacto en la economía mundial, principalmente para los países latinoamericanos y asiáticos, afectando la implantación del modelo económico neoliberal. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados. Hay que considerar que la crisis del objeto del capitalismo es una crisis que se debe más al valor de uso que al dominio del valor de cambio. La desaceleración del crecimiento económico, más que explicar las causas de las crisis económicas, se manifiestan como sus síntomas.

Las crisis económicas y financieras del capitalismo transnacional, que han causado grandes problemas al desarrollo y crecimiento de los países en desarrollo, se iniciaron en agosto de 1982, cuando México anunció que no podía cubrir el servicio de su deuda externa. A partir de este anuncio, los bancos y las instituciones financieras internacionales suspendieron los créditos a los países del tercer mundo. Le siguieron a México, durante la década de los ochenta, los países de bajos ingresos de América Latina y África. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas.

Como resultado de la crisis de la deuda experimentada por los países tales como México, Bolivia y Argentina durante los ochentas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras agencias de préstamos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, impusieron políticas de ajuste estructural de libre mercado en los gobiernos latinoamericanos a fin de asegurar que dedicaran suficientes fondos a pagar la deuda internacional. Los contemporáneos latinoamericanos han heredado las estructuras del Estado basadas en e autoritarismo político.

La exclusión de grandes sectores de la población de los procesos gubernamentales, así como de las formas crónicas de violencia política, levantamiento militares frecuentes y dictaduras que provocan insurrecciones populares así como una brutal supresión de ellas. Además, las dictaduras militares, la represión militar de las protestas e insurrecciones populares, las invasiones militares foráneas y la frecuente intervención de los militares en los procesos gubernamentales han sido un elemento continuado y prominente de la escena política. Sin embargo, los regímenes civiles que han reemplazado a las anteriores dictaduras militares no han sido ni verdaderamente democráticas ni soberanas.

Nuevamente México tiene otra severa crisis económica y financiera en 1994, cuyo “efecto tequila” tuvo consecuencias en otras economías en desarrollo. Le siguió la crisis financiera del Sudeste asiático en 1997-98, cuyo “efecto Singha” provocó también graves consecuencias que derivaron en crisis financieras en economías de países tan lejanos como Rusia y Brasil. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados. Como resultado, a pesar de que las clases altas y sus agentes de gobierno, incurren en la carga de grandes deudas en los setenta y en los ochenta, las clases bajas han estado soportando la carga del pago de la deuda durante los noventa.

Soros argumenta que una fe ciega en las fuerzas del mercado ha generado inestabilidades causantes de las crisis económicas y financieras. No obstante, va más allá al predecir que si no se logra preservar la paz y neutralizar los excesos de los mercados financieros, la economía global se colapsará.

Los países que más se benefician de los procesos de globalización, con ganancias medidas en los términos de incrementos de niveles de ingresos y de vida, son aquellos que ya cuentan con la estructura de un mercado interno, un nivel de desarrollo avanzado y un ingreso per cápita superior al promedio del mundo. Sin embargo, el desarrollo no es acerca de crecimiento anual del producto interno bruto, está más bien relacionado con la satisfacción de las necesidades básicas de la gente.

Resulta una paradoja que mientras la globalización ha traído beneficios al nivel macroeconómico para estos países, sin embargo, al nivel de los ingresos per cápita, éstos no se corresponden y están decayendo entre los trabajadores principalmente. El futuro de los trabajadores es muy incierto. En todo caso, los beneficios del libre comercio no han sido compartidos hasta ahora. Por el contrario, los costos de la globalización han sido demasiado altos para algunos países y regiones del mundo que no pudieron sostener el ritmo de expansión sostenida durante el tiempo necesario para eliminar las diferencias con los países más avanzados.

Frente a los efectos de los procesos de globalización económica, se tiene que decidir entre aceptarlos o rechazarlos y en todo caso como confrontarlos. Después de las protestas a las reuniones de la Organización Mundial del Comercio (OCM) en Seattle, y a la del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington. Seattle dejó en claro las dificultades que hay en las negociaciones del comercio internacional que resultan de la combinación de objetivos heterogéneos del Estado y el activismo de las organizaciones no gubernamentales (ONG’S). Así, una larga lista de protestas ha seguido a partir de Seattle en contra de las reuniones de los organismos multinacionales han celebrado desde 1999.

Las protestas de los globalifóbicos tienen como causas una larga lista de quejas que van desde la irresponsabilidad del medio ambiente, favoritismo por la elite de instituciones de los ricos y poderosos, el alto valor que se pone en las utilidades del comercio por sobre la seguridad y salud del consumidor, la destrucción de los trabajos, la disolución de la soberanía del Estado y más particularmente el control sobre la economía nacional y el sistema financiero. Por otra parte, los globalifílicos, campeones de la globalización y sus prácticas y prescripciones de libre comercio, liberalización y privatización, replican que estas quejas son exageradas e infundadas (Goulet, 2000).

Las tres agencias internacionales son conocidas por la literatura de protesta como la “tríada global” que obliga a los países a reestructurar sus economías a favor de los administradores corporativos, los inversionistas y especuladores. Igualmente, ha habido manifestaciones en las reuniones de Bangkok, Davós y la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para revisar los avances de la Cumbre Social de Copenhague. En todas estas reuniones de la elite financiera internacional se anuncian con un mensaje simple que privilegia a las personas por sobre las ganancias y como un abierto rechazo al neoliberalismo y a las instituciones de Breton Woods, los implementadotes de los procesos de globalización y las políticas neoliberales de libre mercado, tendrán que reformular sus estrategias.

En Seattle se juntaron más de 40 mil personas entre trabajadores, estudiantes, activistas de derechos humanos y otras organizaciones no gubernamentales, para protestar por los efectos de las decisiones que toman los implementadores de los procesos de globalización. Davós reune a poco más de mil representantes de organismos financieros internacionales, empresarios, gobernantes y políticos para decidir las tendencias de la política económica internacional.

Ciertamente, en la reunión de Davós, la policia ha cerrado el paso a los manifestantes. Más recientemente, en enero del 2001, mientras se efectuaba la reunión de los ricos en Davós, en Porto Alegre, Brasil, se realizaba al mismo tiempo, el primer Foro Social Mundial, la que al decir de Noam Chomsky (2001), proporcionó “ una oportunidad sin precedentes para la unión de fuerzas populares de los más diversos sectores, en los países ricos y pobres, en el sentido de desarrollar altarnativas constructivas en defensa de la aplastante mayoría de la población mundial que sufre constantes agresiones a los derechos humanos fundamentales”. Fue también “una importante oportunidad para avanzar en el sentido de debilitar las concentraciones ilegítimas de poder y extender los dominios de la justicia y la libertad”.

Será difícil que estas instituciones dejen de ser los agentes de las corporaciones transnacionales para convertirse en los agentes de los pobres. Pedir su desaparición debido a que la implementación de sus programas no ha dado siempre buenos resultados es quizá un error. Queda claro que estos organismos multilaterales requieren de reformas radicales a sus estructuras y funciones para sacar a los manifestantes de las calles y a los políticos de estas agencias. La propuesta nueva arquitectura financiera internacional debe dotar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional de funciones para abatir la desigualdad y la pobreza, así como democratizar sus decisiones para evitar el predominio en la agenda del grupo de los siete (G7) representado por los países más poderosos. Quizá lo que se requiere es la creación de nuevas instituciones con autoridad económica transnacional capaces de formular una nueva coordinación de políticas económicas a niveles regionales y global y bajo la dinámica de los procesos económicos y de los mercados internacionales. Los Estados juegan un papel importante en la protección de los mercados internos y en la conquista y promoción de los mercados internacionales.

La turbulencia política puede afectar la agenda de los procesos de globalización económica. Quienes protestan contra las acciones de los organismos multilaterales, sólo muestran sus temores de que las políticas de la globalización sólo benefician a las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales en detrimento de la economía local, pero sobretodo de los ciudadanos (Malking, 2000). Sus decisiones antidemocráticas debilitan la soberanía de las naciones y sus regulaciones en materia laboral y de medio ambiente. Los movimientos sociales y grupos que defienden los derechos laborales y el medio ambiente pueden tener ciertas limitaciones de acceso a la información correcta, a las redes de información y comunicación y a los recursos financieros necesarios para realizar sus actividades.

Las redes de información y conocimiento constituyen uno de los principales elementos para la integración económica, política y social. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. La información y el conocimiento son productos que requieren mucha inversión en investigación y desarrollo pero que tienen una gran demanda. Pero también, los argumentos de los manifestantes son la expresión de la inconformidad social y la oposición franca a la aplicación de políticas y premisas neoliberales que impone la globalización.

Estas políticas y premisas pueden sintetizarse con “la sustitución del ser humano por la utilidad económica”. Así como “la imposición de las supuestas fuerzas del mercado para reemplazar la responsabilidad política de los gobiernos y sociedades” (Montemayor, 2000) En las palabras del ministro francés Lionel Jospin, estas manifestaciones de inconformidad son una “señal positiva del nacimiento de una opinión pública mundial, de ‘una toma de conciencia global’ sobre los riesgos de la mundialización”. Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. Para Giddens (1999:36) los riesgos son “la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza.”

El mismo FMI se encuentra en proceso de reforma entre cuyas propuestas destaca la de Estados Unidos que sugieren aumentar los mecanismos de control y supervisión sobre la balanza de pagos de los países así como una reducción sustancial del financiamiento a naciones que pueden tener acceso a los mercados privados de capitales. Para los formuladores de las políticas y los políticos será difícil encontrar una base común a todas las demandas ciudadanas, por las dificultades que implican el rediseño de las agencias multilaterales que prestan recursos financieros a los países en crisis así como de aquéllas que establecen los estándares globales laborales y del medio ambiente.

Sin embargo, las reformas no serán efectivas mientras no se tome en cuenta la opinión de los países emergentes y menos desarrollados en igualdad de proporción al voto de los principales prestatarios. La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica.

El objetivo de esta reconsideración será para considerar la oposición motivada por el descontento generalizado por los efectos de su aplicación. La oposición a los procesos de la globalización es real y está creciendo. Estas fuerzas de oposición ya representan un reto para las políticas de libre mercado que objetan. Los activistas reconocen que tienen raíces internacionalistas que no rechazan una comunidad global pero la quieren más justa.

Algunos de los efectos perniciosos de la globalización son el lento crecimiento económico, crecimiento sostenido de las deudas, el aumento de la miseria y pobreza, aumento en las tasas de desempleo, desigualdad social y el debilitamiento de la estabilidad económica, política y social. En el ámbito internacional se requiere un entorno económico estable que favorezca el crecimiento, establezca limitaciones a la especulación de los flujos financieros y eliminen su volatilidad asociada a los procesos de globalización. Es difícil de controlar la volatilidad delos mercados financieros por las naciones pequeñas en desarrollo

Además, la emergencia de un nuevo orden que propicia la aparición de la violencia social y el agravamiento de los problemas de seguridad pública, salud y ecología, etc. De acuerdo con Bourdeau (1998), el fundamento último de este entero orden económico que pregona el signo de la libertad, es en efecto la violencia estructural que resulta del desempleo, la inseguridad de tener trabajo y la amenaza de despido que implica.

Pero además, en este nuevo orden económico mundial se modifican las estrategias de desarrollo en torno a la modernización del Estado mediante la descentralización de funciones y la desaparición de la asistencia social. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva. Las condiciones para el funcionamiento “armonioso” del modelo micro-económico individualista están dadas en el fenómeno masivo de la existencia de una reserva de desempleados.

La globalización está polarizando la distribución de la riqueza, es decir, lo que está resultando es la globalización de la pobreza en sí. La globalización del mercado impacta en la inutilización de las actuales capacidades de los pobres y los elimina por considerarlos obstáculos para el desarrollo de procesos productivos que requieren de la competitividad global y los condena a la extrema pobreza o a su desaparición. El pobre en las sociedades pobres con una economía estancada o decreciente, constituyen un problema de proporciones no manejables, pero no que se imponga por sí mismo con mucha urgencia para la comunidad de las naciones, excepto como una tragedia humana que ruega por una solución de humanitarismo.

Esta desigual distribución de la riqueza que se produce entre los diferentes Estados-nación, tiende también a reproducirse y profundizarse al interior de cada uno de los estados-nación, acentuando los rasgos contradictorios del sistema capitalista tanto a niveles de globalidad como de localidad. No hay justificación para decir que los procesos de globalización están dando como resultado beneficios para todos los individuos y las naciones. Al contrario, existen amplias evidencias de que millones de pobres y personas vulnerables han sido afectados adversamente.

Los dos términos, globalización y pobreza están íntimamente asociadas. Los procesos de la globalización están correlacionados negativamente con el crecimiento del ingreso per cápita, entre el 40 por ciento de la población mundial más pobre, de acuerdo a un informe reciente del Banco Mundial por Lundberg y Squire. Se argumenta con respecto a la relación entre globalización, crecimiento y pobreza, que si la liberalización de los mercados significa hacerlos más competitivos, considerando que son caracterizados por una desigualdad en los ingresos y la riqueza. Esto conduce a situaciones del óptimo de Pareto (tomando en cuenta que no existen externalidades), pero la desigualdad es un factor que incide en bajas tasas de crecimiento económico, lo que a su vez no contribuye a reducir la pobreza, en parte debido a que le crecimiento económico es considerado como un fin en si mismo. El crecimiento económico alivia la pobreza mediante la creación de oportunidades de trabajo y el incremento de los salarios reales.

El Banco Mundial ha determinado los niveles de severidad de la pobreza por el número de personas que viven con un ingreso diario menor de 2 dólares. Los datos son contundentes. De 1990 a 1998, el número de personas viviendo por debajo de la línea de ingresos per cápita diarios a aumentado de 2.7 a 2.8 miles de millones, mientras que la brecha entre los países desarrollados y los países pobres se ensancha cada vez más y deriva en una alta polarización social. Según datos de Ramonet (2000), la relación entre el país más rico y el más pobre era de alrededor de 3 a 1 en 1816.

Para 1950 ésta relación era de 35 a 1, en 1973 de 44 a 1, de 72 a 1 en 1992 y de 82 a 1 en 1995, lo que demuestra que a pesar de que la Nueva Economía a contribuido al crecimiento económico de algunos países, sin embargo, los beneficios no se desparraman a la mayoría de ellos, lo cual demuestra el carácter poco competitivo y la alta concentración monopólica existente en este sector. Los alcances de la nueva economía son limitados para resolver la crisis del capitalismo. Por lo contrario, la agrava, debido a los altos niveles de las expectativas especulativas de los capitales.

El modelo de crecimiento económico centrado en el “desparrame” o “trickle-down” se ha desacreditado, sobre todo cuando numerosas investigaciones han encontrado que la expansión económica de las dos décadas recientes, no ha reducido la pobreza, y por el contrario, ha profundizado los niveles. Este modelo de crecimiento económico de desparramiento consideraba que los beneficios logrados por los niveles superiores de ingreso, por efectos de “derrame” también beneficiarían a los niveles inferiores de ingreso. Pero la noción de crecimiento económico solo implica al medición cuantitativa del producto interno bruto per cápita y el consumo real promedio.

Sin embargo, Enders y Hoover (2001) muestran que los efectos del crecimiento económico y otras variables explicativas de la tasa de pobreza, no son estimaciones lineales y que por lo mismo, la expansión económica de las últimas dos décadas, en forma de crecimiento robusto, si tuvieron efectos importantes en la reducción de la pobreza. Ciertamente, hasta ahora, no existen caminos pavimentados para alcanzar la prosperidad de los países pobres como tampoco existe la voluntad de los países más avanzados para ser más justos y equilibrados en la consecución de sus propios intereses. Los países más ricos siguen enajenados en la concentración de recursos y bienes suntuarios mientras que los países más pobres ni siquiera cuentan con los recursos más esenciales para la subsistencia de su población.

Mientras que pocos reciben los beneficios de una concentración de la riqueza y viven muy bien, la pobreza económica y la pobreza intelectual se están profundizando en el Tercer Mundo y constituyen una bomba de tiempo para las naciones mas desarrolladas. Un informe de las Naciones Unidas de 1999 da a conocer que la fortuna acumulada de las 200 personas más ricas del mundo son dueñas de más de un millón de millones de personas, mientras que los 582 millones de habitantes de los 43 países menos desarrollados tienen ingresos por 146 millones de dólares. La riqueza de las tres personas más ricas del mundo es mayor que el total del producto interno bruto de todos los países menos desarrollados con 600 millones de personas. El patrimonio de las 15 personas más ricas del mundo supera el producto interno bruto de toda el Africa subsahariana.

Las causas del incremento de los niveles de pobreza y marginación de grandes multitudes de individuos, pueblos y naciones se encuentran en los límites de las acciones irresponsables e incontrolables de la rapacidad de los imperios corporativos, los cuales a su vez, al explotar los recursos naturales, destruyen la biosfera y los ecosistemas. También la pobreza económica y la pobreza intelectual en los países menos desarrollados es consecuencia de las condiciones de libertades individuales.

El fenómeno de la globalización es irrevocable y está afectando todas las prácticas humanas. El desarrollo de la tecnología de las comunicaciones está propagando la homogeneización de una nueva visión del mundo: modelo de desarrollo, instituciones, ideología, estilo de la vida, cultura, valores, patrones de consumo, etc. La homogeneización es más de valores superficiales que de valores profundos, es más de cambio superficial que de cambio fundamental.

La emergencia globalizadora de valores basados en una cultura de consumismo, homogeneiza cada vez más las culturas nacionales y aún las indígenas, a través de un proceso contradictorio en sí mismo y además de que el consumismo se manifiesta como un fenómeno inherentemente pasivo, de secularismo comercial.. El sistema capitalista induce artificialmente las necesidades y deseos de consumo creciente y continuo. Esta destrucción de las culturas nacionales arremete contra la insistencia de Herder, el romántico alemán, en la defensa de una cultura nacional como la esencia espiritual única que tiene que cerrase y protegerse de la contaminación extranjera.

Mientras que por un lado, esta emergencia globalizadora de los valores se presenta como una tendencia a la convergencia, por el otro lado se presenta al mismo tiempo a la divergencia de la sociedad. Berruga (1997) argumenta que "La segmentación tradicional de intereses y valores por niveles socioeconómicos y educativos, se ve hoy alimentada por productos de la comunicación y la cultura, que tienden a romper formas de conciencia nacional y, más claramente aún, las de aspiración universal". Es quizá, esta perspectiva socioeconómica interesada en las utilidades con un énfasis en el establecimiento social dentro del cual emergen las actividades, la más adecuada para procurar la justicia en la complejidad (Zafirovski, 1999) del fenómeno neoliberal globalizador.

Los efectos de los procesos de globalización no son del todo homogéneos y afectan en formas diferentes a los diversos países y regiones, favorecen a los sistemas económicos en los cuales el capitalismo nacional tiene poca intervención estatal por sobre aquellos que tienen una fuerte dependencia de la organización política del Estado. La intervención consciente y directa, proceda del Estado o de cualquier otra entidad es desacreditada, en nombre de la libertad individual, es desacreditada y condenada en beneficio del mercado como mecanismo anónimo. La globalización es una etapa superior de desarrollo del capitalismo que trata de imponer su modelo para regular la interacción humana con fundamento en las relaciones económicas del mercado y minimizando la acción del Estado.

Jacques Maritain afirma que el Estado es únicamente parte del cuerpo político, cuya función específica consiste en mantener la ley, en promover la prosperidad común y el orden público, y en administrar los negocios políticos. El Estado es una parte especializada de los intereses del todo. No es un hombre o un grupo de hombres: Es un conjunto de instituciones que se combinan para formar una máquina reguladora que ocupa la cumbre de la sociedad, concluye el análisis de Maritain.

Así, en teoría económica, el Estado comprende el ejercicio del poder a través de instituciones de gobernabilidad, la cual puede ser democrática en el espacio territorial en el cual ejercita este poder. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición”. Es en este espacio territorial nacional donde se contiene a la sociedad, a pesar de que los procesos de globalización están acelerando la desterritorialización del Estado para ceder su lugar a nuevas formas espaciales de organización geopolítica y geoeconómica.

La sociedad local y regional adquiere una relevancia inusitada como actor social en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo social más justo y equilibrado. Esta promoción del crecimiento económico corresponde y es producido bajo la protección de los gobiernos.

El desarrollo social debe pivotar sobre programas de desarrollo humano que promuevan la formación de capital humano y social y faciliten el acceso a mayores oportunidades de disfrute y uso de recursos y bienes sociales a efecto de elevar los niveles de calidad de vida y bienestar social. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence). Las instituciones determinan las interacciones económicas, sociales y políticas que influyen en el desarrollo humano y social. Lograr la mejora de estos niveles de calidad de vida, hasta alcanzar una sociedad satisfecha y sin asimetrías pronunciadas, es factible con la instrumentación de mecanismos institucionales de gobernabilidad que promuevan la asignación de recursos y bienes sociales.

Sin embargo, hay que recordar que la ley es el producto de un proceso político y en el contexto de una reforma regulatoria, los problemas que pueden ser atribuidos a la ley están en el centro de la estructura del sistema político. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente a la reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación. Una gobernabilidad regulatoria (Henisz, 1999:353) puede ser de carácter administrativa, legislativa o las empresas pueden ser organizadas por el Estado ya sea en posesión del Estado o como departamento de gobierno bajo un control político

Los procesos de globalización impulsan nuevas instituciones económicas y políticas que buscan superar a las anteriores, las cuales han evidenciado debilidades estructurales para afrontar los problemas de injusticia y desigualdad sociales y para asegurar la cohesión social. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado. Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Pero mientras los sistemas políticos nacionales están perdiendo la gobernabilidad de la integración económica, las instituciones políticas supranacionales no tienen todavía la capacidad para gobernar la economía capitalista con el mismo grado de efectividad y legitimidad democrática. Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional.

Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Las instituciones políticas determinan el logro de los resultados económicos y la capacidad política para gobernar un sistema político o un poder público, es decir inciden en la gobernabilidad.

Un sistema de gobernabilidad requiere de un marco de instituciones que procesen los acuerdos y negociaciones de los agentes económicos y de los principales actores políticos y sociales. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

Los elementos requeridos por las instituciones están definidas por las capacidades para “gobernar” los comportamientos de agentes y actores diferentes, quienes tienen que aceptar los parámetros institucionales en los que actúan. De hecho, las instituciones que no son producto de acuerdos a largo plazo y de arreglos institucionales entre los diferentes agentes económicos, tienen serias ineficiencias, en parte debido a la falta de adaptación de los modelos globales diseñados por los organismos multilaterales internacionales a las condiciones de desarrollo local. La adaptación al cambio involucra costos de transacción más bajos y mejores resultados que la reforma. Este desarrollo local integral debe considerar las cuestiones de pluralidad e inclusión de los intereses de diferentes agentes económicos y actores políticos. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos.

La carencia de instituciones políticas que regulen la gobernabilidad de las organizaciones con sus comunidades, ya sea a través de los partidos políticos o de políticos, es el principal obstáculo para que se desarrolle la gobernabilidad global basada en la legitimidad de instituciones globales. Al decir de Haliday (1997: 23), ya se cuenta con un sistema de gobernabilidad global con muchas capas, aunque “uno de los problemas principales es el de resolver, a través de reformas, los efectos de un sistema que ha estado vigente durante varias décadas.

El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma. La reforma solamente debiera ser llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio¿Cómo hacer que este sistema de gobernabilidad sea más efectivo, más justo, y más responsable frente a la cambiante situación internacional?”. La institucionalización de los partidos políticos es un elemento esencial para la obtención de una gestión política eficiente de la gobernabilidad democrática, cuya calidad se vincula con los arreglos político-institucionales.

La gobernabilidad democrática se entiende como “la capacidad de los gobiernos para ejercer el poder político democrático de forma continua en condiciones de legitimidad” (Castro, 2000). Torrijos (2001) ha denominado gobernabilidad reluctante a la tendencia de las sociedades actuales que buscan la gobernabilidad democrática a pesar de los múltiples conflictos económicos, políticos, sociales, etc., la cual considera ser una gobernabilidad que emerge de la ingobernabilidad de los ambientes altamente caóticos, inciertos e inestables. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

La efectividad es pensada como el alentar la legitimidad en las escalas macro y micro. Se trata de establecer nuevas instituciones que completen, regulen y gobiernen la profundización de los fenómenos de la globalización. Nuevas organizaciones en los que los individuos identifiquen las oportunidades de desarrollo de capacidades personales con el adecuado funcionamiento del sistema social. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence).

La complejidad, incertidumbre, e intensidad de la economía global actual reta a los gobiernos de los Estado-naciones, a los líderes de las corporaciones, empresas, etc., a competir en materia de comercio, inversión y nuevas tecnologías entre cualquiera de ellos, en cualquier lugar y tiempo.

Muchas de estos actores consideran que sus "ventajas competitivas" incluyen recursos humanos y naturales baratos: "los salarios de miseria, las pésimas condiciones sanitarias, la superexplotación de los trabajadores y campesinos, el trabajo femenino e infantil, la desconsideración por los recursos naturales... tanto en los países industrializados como en los dependientes, hay una fuerte oposición a hacer pagar esa "competitividad" a los obreros y campesinos y los pobres y a excluir del libre comercio la mercancía mano de obra (cuyo precio, el salario, sigue determinado sobre bases nacionales, para gran beneficio de las trasnacionales, que así tienden a rebajar también los salarios y niveles de vida en los países metropolitanos)”, (La Jornada, 1999). La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado. Además, el tradicional sector campesino está declinando como resultado de que el campesinado se orienta más a la obtención de salarios en fuentes de ingresos y a su migración a las ciudades.

Las economías menos desarrolladas están siendo integradas en la economía capitalista global como mercados cautivos y la fuente de recursos naturales y humanos baratos para las transnacionales que tienen su base en Norteamérica, las cuales se encuentran retadas por las corporaciones transnacionales que tienen su base en Europa y Asia.El futuro de los trabajadores es muy incierto. Como ejemplo, es suficiente citar que más de 300 millones de infantes son explotados brutalmente en el mundo.

Tanto es así, que la tendencia en los procesos de toma de decisiones y formulación de estrategias es clara: mientras que los trabajadores discuten sus asuntos al nivel local, las megacorporaciones lo hacen en el ámbito global. La movilidad de la mano de obra se ha incrementado mediante flujos migratorios, a pesar de que se dan reacciones negativas motivadas por ideologías conservadoras que tratan de controlar estos movimientos de migración motivada por la búsqueda de mejores oportunidades laborales. Además, el tradicional sector campesino está declinando como resultado de que el campesinado se orienta más a la obtención de salarios en fuentes de ingresos y a su migración a las ciudades.

El libre comercio internacional puede tener efectos positivos en la igualdad. Existe una relación entre el incremento del comercio internacional y la migración con respecto a la desigualdad. Una mayor inmigración y comercio internacional de un país, aumenta las desigualdades, mientras que un mayor flujo de emigración y de comercio internacional de un país, disminuyen las desigualdades. Los procesos de globalización anteriores al período de las guerras mundiales, constituyen una fuerza igualadora de los ingresos entre las naciones participantes, pero con efectos mezclados con incremento en las desigualdades dentro de los países.

En el período comprendido entre las dos grandes guerras mundiales, las barreras a los flujos comerciales y financieros aumentaron las desigualdades entre las naciones, aunque probablemente las desigualdades internas se redujeron. Pero aún todavía ahora, un mundo completamente con una economía globalizada tendrá regiones vastas con grandes desigualdades, económicas, sociales, educativas, culturales, etc.

La conclusión de que la primera causa dela extrema desigualdad social y económica en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo. La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta. Las economías contemporáneas de Latinoamérica se han convertido en partes integral del nuevo sistema económico global que es dominado no por naciones Estados, sino por grandes corporaciones transnacionales que constituyen los principales actores globales en este sistema.

En las últimas dos décadas, casi cada aspecto mayor de la vida económica, política y social en Latinoamérica estuvo influida por la integración acelerada de la región en el sistema capitalista global. Junto con las elites locales y los capitalistas transnacionales han promovido mayores cambios estructurales en las economías latinoamericanas a fin de facilitar la creciente integración de la región en la economía global capitalista. De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población latinoamericana mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso.

A nivel micro por ejemplo, la incertidumbre, la ambigüedad y el desarrollo rápido del mercado competitivo global que provee oportunidades sin precedentes a las corporaciones con visiones bien desarrolladas, para dar forma a sus mercados y para definir aquéllas características y recursos que pueden resultar en una ventaja competitiva sostenida. Además, las únicas ventajas competitivas de los capitalistas en los países menos desarrollados que tienen disponible para competir en el mercado mundial es la mano de obra barata, la cual se mantiene con bajos salarios debido a grandes niveles de desempleo y represión política y ciertos recursos naturales valiosos, pero carecen de tecnología, recursos humanos calificados, son grandes mercados de consumo doméstico y por capital financiero que es poseído por capitalistas en los mayores países capitalistas del mundo.

En otras palabras, las organizaciones enfrentan una fuerte competitividad no exenta de un número creciente de discontinuidades estratégicas debido a la incertidumbre, complejidad y ambigüedad del medio ambiente. El temor bien fundado de muchas empresas de que deben “comer o ser comidas”, las presiona a crecer a fin de sobrevivir en una economía global, para tratar de evitar convertirse en un preciado bocadillo de una adquisición por una empresa con más poder global.

El advenimiento de la globalización está demandando que los gobiernos reconsideren sus funciones al igual que aquellos otros modos y formas organizacionales (jerarquías, mercados, comunidades, etc.) así como las diferentes formas de interacción entre ellos, que en muchos de los casos tiende a ser de adversarios, más que de cooperación. Mecanismos gubernamentales, no gubernamentales y no del mercado, pueden ser más eficientes que los mecanismos del mercado para la obtención de ciertos fines importantes. Burgers, Cromatie y Davis (1998) argumentan que los aspectos estratégicos de la cooperación pueden ser entendidos en el contexto de redes de relaciones de cooperación en las cuales las transacciones entre las diversas formas organizacionales están involucradas.

La estructura de gobernabilidad de la acumulación más desarrollada es el mercado de bienes o mercancías, los cuales se definen como aquellos en que se realizan transacciones de mercancías reales y crédito pero excluye las transacciones de acciones de capital de las empresas. Un nuevo marco de análisis institucional establece diferencias entre el institucionalismo clásico y el nuevo instucionalismo, principalmente en la explicación de los modelos empleados.

El neo institucionalismo económico sostiene que en el mercado los individuos realizan con una intención y buscando resultados, todo tipo de intercambios, desde mercancías, hasta influencias, agresiones, etc. El institucionalismo clásico se relaciona con la descripción de las instituciones políticas y sus interrelaciones. El institucionalismo clásico descansa en las tipologías e implícita o explícitamente argumenta que los arreglos institucionales reflejan las condiciones estructurales. La Nueva Economía Institucional opera en dos niveles interrelacionados: el medio ambiente que establece las reglas del juego y a nivel de instituciones de gobernabilidad que representa el juego en sí mismo, y las cuales emergen como resultado de las disparidades existentes en el potencial de la creación del valor.

El institucionalismo clásico y el nuevo institucionalismo difieren principalmente en los modelos de explicación empleados. El institucionalismo clásico descansa en tipologías e implícita o explícitamente argumenta que los arreglos institucionales reflejan condiciones estructurales. El nuevo institucionalismo se basa en modelos que explican la relación de actores y procede del supuesto de que las preferencias solamente pueden ser entendidas en el contexto de los incentivos generados institucionalmente y las opciones disponibles que estructuran la elección. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. Las preferencias de los actores políticos son cruciales para lo que se diseña institucionalmente porque los participantes conocen que los altos costos pueden involucrarse si las decisiones van en contra de ellas

De esta forma, el aparato de la economía institucional, la teoría de juegos y la teoría de la elección racional queda disponible para la teoría de la democracia empírica. Por lo tanto, el nuevo institucionalismo, más que un simple mensaje que no sorprende a los institucionalistas clásicos, de que las instituciones importan. El nuevo institucionalismo se aparta del estrecho margen de tipos y explícitamente está relacionada en modelos explicativos basados en actores, tales como a teoría de la elección racional o la teoría de la organización. (Kaiser, 1997).

La premisa que sirve de fundamento al neoinstitucionalismo concibe que la acción humana se sustenta más en un sistema de apropiaciones que es gobernada más por una estructura de reglas y concepciones de identidades que en un conjunto de preferencias e intereses exógenos. Las identidades permiten la manifestación y la expresión de intereses que son comunes en las diferentes instancias espaciales locales, nacionales y transnacionales. El nuevo institucionalismo es por lo tanto, más que un mensaje simple, el cual no debe sorprender a los institucionalistas clásicos de la importancia que tienen las instituciones.

El neoinstitucionalismo asume que los sistemas de incentivos económicos de las instituciones desempeñan un papel importante en la dinámica y desarrollo de los sistemas económicos, políticos y sociales. El nuevo institucionalismo se basa en los modelos explicativos de actores y procede del supuesto que las preferencias pueden ser entendidas en el contexto de los incentivos generados institucionalmente y de las opciones disponibles institucionalmente que estructuran la elección. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva.

Hay dos variables de esta tradición de la investigación en la ciencia política. La primera está basada en la elección racional e interpreta a las instituciones como soluciones de equilibrio para los problemas de la acción colectiva. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

La segunda llamada institucionalismo histórico rechaza algunos supuestos de la elección racional y enfatiza fuertemente al tiempo y secuencias en el desarrollo institucional mientras que los teóricos de la elección racional están interesados explícitamente en cómo estas preferencias se construyen socialmente (Kaiser, 1997). La reforma institucional, por lo tanto, refiere al potencial que descansa en una síntesis de los dos acercamientos de elección racional institucional y un institucionalismo histórico. Los actores pueden reformar las instituciones básicas otras que por evolución en un largo camino institucional, de tal forma que combina las diferentes tradiciones de la democracia.

El acercamiento del nuevo institucionalismo a la regulación de la gobernabilidad enriquece el marco de referencia ofrecido por la escuela de los derechos de propiedad mediante los argumentos de que en cada estructura de gobernabilidad se ofrecen distintos costos y competencias bajo varias combinaciones del medio ambiente institucional y de las características transaccionales (Henisz, 1999: 353).

En aquellos países donde el medio ambiente no favorece las transacciones mediante un adecuado marco regulador y por lo tanto, la realización de transacciones son muy riesgosas, se requiere el establecimiento de mecanismos de gobernabilidad para atenuar todas las posibles causas de los riesgos. ” Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. Para Giddens (1999:36) los riesgos son “la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza.”

Villareal (2000) sostiene que “En la escuela del nuevo institucionalismo o neoinstitucionalismo, se plantea que el mercado no se reduce a relaciones de precios y cantidades entre individuos (homos economicus), en las que la suma de todas las decisiones explica el funcionamiento del mercado, sino que hay que incorporar el contexto institucional en el que opera el mercado.” El nuevo institucionalismo es por lo tanto, más que un mensaje simple, el cual no debe sorprender a los institucionalistas clásicos de la importancia que tienen las instituciones. El nuevo institucionalismo se aparta del rango estrecho de los tipos y se basa explícitamente en modelos de explicación relacionados con la teoría del actor, tales como la teoría de la elección racional o la teoría de la organización.

La teoría de la organización fundamenta la teoría de la empresa como una estructura de governance. Las estructuras de governance necesariamente tienen efectos sobre la gobernabilidad (Cerrillo, 2001). El concepto de governance y el de gobernability son conceptos interdependientes y operacionalizables en las estructuras institucionales de los diferentes sistemas económicos, políticos y sociales, aunque ambos hacen referencia a fenómenos sociopolíticos totalmente diferentes.

La teoría de la organización realiza importantes contribuciones a la economía de los costos de transacción y por tanto a la teoría de la empresa mediante descripciones y análisis de los agentes y actores, los procesos de transformación intertemporales, los procesos de elección de las unidades de análisis y la descripción de formas alternativas de gobernabilidad. Como una estructura de gobernabilidad, la teoría de la empresa es vista más como un proceso en continua transformación más que como una construcción terminada.

Por lo tanto, las instituciones son las reglas formales e informales del juego que regula las relaciones de la acción colectiva. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. Para Santiso (2001), las instituciones son conjuntos de reglas compartidas por la comunidad política que estructuran interacciones en determinadas forma. De acuerdo a Putnam (1993: 183), “la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político”.

Feldman (2001) define las instituciones como “mecanismos especializados, que encarnan los diferentes principios de regulación social (jerarquía, intercambio y solidaridad), que individuos o colectivos que actúan en todas y cada una de las esferas de acción social (política, económica, sociedad) y en el Estado, adoptan para coordinar acciones destinadas a la solución de problemas y/o de conflictos así como para la realización de objetivos”. Tanto el Estado nacional como la sociedad regional son dos actores sociales que promueven un crecimiento económico y un desarrollo regional más justo y equilibrado.

Las instituciones son interpretadas como incentivos estructurales para la acción política. La explicación de la acción política en un contexto institucional es diferente de explicar el cambio institucional en períodos largos de tiempo. Puede argumentarse que los cambios institucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables. En el último caso, la historia y la cultura política, entendida como los supuestos básicos del mundo de la política, las cuales restringen el rango de alternativas disponibles, tienen que ser sistemáticamente integradas como factores, los cuales entre otros, dan forma a la manera en que los actores políticos perciben las situaciones de elección (Kaiser, 1997).

Las instituciones son el resultado de acuerdos a largo plazo y de arreglos institucionales entre los diferentes actores políticos y los agentes económicos. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones. La propuesta de aprendizaje institucional (Kaiser, 1997) sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional.

El neoinstitucionalismo económico pretende sustituir al institucionalismo sociológico. Este enfatiza el papel que en las interacciones tienen las comunicaciones, los símbolos, artefactos, etc., es decir, las variables socioculturales y antropológicas, el marco jurídico, las reglas, organizaciones, actores y estructuras políticas, etc. El nuevo institucionalismo se basa en los modelos explicativos de actores y procede del supuesto que las preferencias pueden ser entendidas en el contexto de los incentivos generados institucionalmente y delas opciones disponibles institucionalmente que estructuran la elección. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. El neoinstitucionalismo económico es el paradigma de paradigmas. Es decir, el paradigma hegemónico que postula al egoísmo personal como la verdad absoluta del motor del desarrollo de la humanidad.

Las jerarquías internas son estructuras organizacionales capitalistas que constituyen un instrumento necesario para la extracción de la plusvalía de los procesos productivos al asegurar la existencia de relaciones de poder. Las jerarquías políticas y sociales en los países menos desarrollados son por herencia injustas y estas jerarquías son preservadas por estructuras y prácticas que son injustas en términos de los estándares universales y locales de legalidad y justicia, los cuales son frecuentemente expuestos pero no practicados. Las jerarquías son estructuras más rígidas que los mercados que facilitan los intercambios cuando existen reglas menos racionales, pero que facilitan la acción colectiva. El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otro ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir (De Swaan Abram, 1997). Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil.

Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. En un sistema democrático, a pesar de la existencia de arreglos institucionales que reducen los conflictos de intereses entre los diferentes agentes, los intercambios económicos y políticos son costosos e inciertos, sobre todo entre las diversas clases dominantes que generan conflictos globales. Por lo mismo, los resultados son por abajo del óptimo de Pareto.

Estas relaciones de poder permiten la gobernabilidad así como la implementación de la explotación del trabajo (Screpati, 1999) Además, la jerarquía interna tienen como funciones, entre otras la coordinación de la actividad de producción, las economías de escala y de alcance, la innovación y el desarrollo de capacidades específicas; el control y monitoreo de la información cuando las asimetrías amenazan dañar la extracción de la plusvalía, y finalmente la organización y desarrollo del conocimiento cuando la innovación y adaptación al cambiante medio ambiente requiere la solución colectiva de los problemas. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. . La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado En las jerarquías externas, como en el caso de firmas que pertenecen a grupos corporativos, los mecanismos de competencia organizacional trabajan mejor.

De acuerdo a Larmour (1997), existen dos modelos de coordinación jerárquica. Weber estableció un modelo burocrático de coordinación jerárquica, caracterizado por jurisdicciones fijas, relaciones superior-subordinado y apegamiento estricto a reglas y ordenanzas. Hood establece un modelo corporativo de administración perfecta diseñado de acuerdo a los principios de competencia perfecta y caracterizado por una organización unitaria, normas y valores compartidos, obediencia perfecta, información completa y el tiempo necesario para hacer el trabajo propiamente. Aquí, los valores deben ser entendidos como las creencias firmes acerca de acciones preferidas o modos de conducta La sub-optimización multiorganizacional es el resultado de la falta de coordinación y de objetivos conflictivos.

Las instituciones combinan en diferentes proporciones las tres típicas e ideales formas de organización, el mercado, la jerarquía y la comunidad con sus correspondientes mecanismos de coordinación, el precio, la autoridad y la confianza. Las diferentes formas de organización representan diferentes modos de gobernabilidad los cuales tienen fortalezas y debilidades propias.

Sin embargo, las teorías de la economía organizacional han demostrado que la confianza, el precio y la autoridad, son mecanismos relativamente efectivos para la administración de los activos, comparado con los activos basados en la intensidad del conocimiento estratégico. Este conocimiento estratégico es cada vez más importante como una tendencia, por lo que se esperan la proliferación de nuevas formas de organización institucional que responda a los retos que plantea la globalización. Todas las formas de organización existentes hasta ahora tienen diferentes modos de gobernabilidad que presentan fortalezas y debilidades. Estas nuevas formas de organización son modificadas por el uso y desarrollo de nuevas tecnologías que otorgan una ventaja competitiva a los países que las desarrollan.

Ni el mercado, ni tampoco las jerarquías o cualquier mezcla de ambos responde adecuadamente a los retos que plantea la revolución del conocimiento. Los costos de transacción y los costos administrativos sientan las bases de opción entre las formas de gobernabilidad del mercado y jerarquías. Así los costos de transacción desde una perspectiva de la economía, proveen el soporte para una teoría de la estructura de gobernabilidad de las empresas. Las dos estructuras de gobernabilidad enfrentan costos de transacción positivos, complejidad en el sistema de contratación interna y problemas de agencia.

Pero además, las jerarquías requieren de una administración más estricta para mantenerlas, con lo cual los costos se incrementan. Las jerarquías políticas y sociales en los países menos desarrollados son por herencia injustas y estas jerarquías son preservadas por estructuras y prácticas que son injustas en términos de los estándares universales y locales de legalidad y justicia, los cuales son frecuentemente expuestos pero no practicados. Los arreglos institucionales para solucionar estos problemas varían dependiendo de las diferentes formas organizacionales y sus adaptaciones al desarrollo local de los modelos propuestos por los organismos multilaterales. No existe hasta ahora un modelo de combinación de mercado y jerarquías que optime un equilibrio.

Adler (1999) argumenta que al mismo tiempo que el mercado se fundamenta en el precio como un mecanismo para coordinar acciones (entre proveedores competitivos y compradores anónimos) y la jerarquía en la autoridad, la comunidad se basa en la confianza, la cual es un mecanismo de coordinación por su propio derecho. En la gobernabilidad por la comunidad, la coordinación se logra por normas de compartidas de comportamientos apropiados. Si se elige la forma de gobernabilidad de la comunidad se requieren de grandes esfuerzos para crear comunidades donde nunca antes han existido.

Las nociones de gobernabilidad derivados de sociedades sin Estado, con recursos comunales, no se comparan fácilmente con otras nociones de gobernabilidad que enfatizan los derechos humanos, económicos y culturales. Las costumbres evolucionan y dividen el trabajo y para compartir los productos. Su hipótesis sostiene que comparada con la autoridad pura y el precio, la confianza hace posible la generación del conocimiento, así como el compartirlo, convirtiéndose en un importante determinante del desempeño. Las instituciones que incluyen todas las formas de organización social (grupos, mercados, empresas, redes sociales, etc.) involucran diferentes grados de mecanismos de coordinación (precios, autoridad y confianza), los cuales pueden ser combinados en diferentes grados. Cada una de las formas de organización presentan diferentes modos de gobernabilidad que tienen diferentes fortalezas y debilidades.

Sin embargo, en una sociedad capitalista en la era de la globalización, de intensa competencia y de tendencias de crisis financieras internacionales, las diferentes combinaciones de mercado, jerarquía y comunidad (confianza) operan bajo la predominancia del mercado, lo cual limita el crecimiento de los otros elementos y en muchas ocasiones las destruye. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera.

Esta sociedad capitalista orientada por las estructuras del mercado tiene contradicciones que requieren la intervención política centrada en el Estado para regular las relaciones sociales, las que a su vez demandan de mecanismos de intercambio y mercantilización, generando así procesos simbióticos entre el mercado y el Estado. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

Durante los ochenta se recomendaba más el empleo de los mercados y durante los noventa las formas comunitarias. Sin embargo, se practican formas mixtas. Por ejemplo, la regulación jerárquica se ha debilitado en ciertas circunstancias y áreas, tales como el mercado laboral, mientras que se ha fortalecido en otras, como en la protección ambiental.

Retomando los arreglos de formas organizacionales de Williamson (1991) quien argumenta la existencia de dos formas organizacionales alternativas, el mercado/precio o la jerarquía/autoridad, de Zenger/Hesterly (1997) quienes consideran existe un continuo entre el mercado y la jerarquía, y de Ouchi (1980) que sugiere tres formas de organización (mercado/precio, jerarquía/autoridad y comunidad/confianza), Adler mapea las instituciones en tres dimensiones de acuerdo a la prominencia de los mecanismos de coordinación (confianza, precio y autoridad) y a la combinación de las formas organizacionales (comunidad, mercado y jerarquía). Por supuesto, cada una de estas formas de organización presenta diferentes modos de gobernabilidad que tienen además diferentes fortalezas y debilidades.

Mercado/precio Comunidad/confianza

Mercado/precio

Jerarquía/autoridad

Jerarquía/autoridad Comunidad/confianza

Ouchi (1980) Adler (1999)

CONCEPTUALIZACIONES DE FORMAS ORGANIZACIONALES

La representación tridimensional de Adler considera a la comunidad /confianza en combinación con las otras dos formas o modos organizacionales. La confianza se combina con el precio en forma de “contratos relacionales” y cuando falta la confianza en el mercado, éste se convierte en ocasional o spot. La importancia de los contratos como marco de referencia determinan la continuidad mientras que adopta una posición de largo alcance en la imperfección de los mismos contratos. Las jerarquías son una forma organizacional de baja confianza como en el caso de los aparatos burocráticos, pero si combina la confianza con la jerarquía se crean tipos de burocracia representativa, dinámica y motivadora a la acción. En sí, la polisemia del concepto de burocracia es variada y comprende desde la concepción weberiana que la describe por atributos ideales o por una definición de sus rasgos con Crozier.

Los economistas han estudiado las estructuras jerárquicas con el enfoque de supervisión y asignación de tareas, de la teoría de los incentivos y la teoría del equipo y procesamiento de la información. Las jerarquías óptimas son aplicables tanto a las estructuras de los Estado-nación como a una microempresa. Así, la estructura espacial de las diferentes unidades se define en función territorial y delimitan sus interrelaciones entre las diversas entidades e instancias.

Hart y Moore (1999) desarrollan un modelo basado en la asignación de jerarquías, en el cual una empresa tiene una persona o un grupo con autoridad última en todas las decisiones, y en el caso de una economía que tiene muchas personas con autoridad última sobre las diferentes decisiones. Las estructuras jerárquicas pueden ser básicamente divisionales y funcionales de acuerdo a la importancia relativa de la coordinación en las actividades funcionales, dentro de una línea de producto y economías de escala de combinar funciones similares entre las diferentes líneas de productos. Si se segregan estas funciones por funciones de productos, sin embargo, resulta en fallas para explotar economías de escala disponibles si, por ejemplo, la mercadotecnia de todos los productos es manejada por un departamento central de mercadotecnia (Harris and Raviv, 1999)

Cuando los mercados y las jerarquías se combinan, los incentivos y la autoridad de mezclan pero la desconfianza es alta. Una combinación de incentivos, autoridad y de alta confianza las encontramos en organizaciones multidivisionales colaborativas, en las diferentes empresas como en el caso de las Keiretsu. Siguiendo a Adler (1999), quien enfatiza la confianza en las diferentes formas organizacionales, genera la siguiente tipología:

MERCADO

JERARQUÍA

TIPOLOGÍA DE FORMAS INSTITUCIONALES DE ADLER.

La competencia alienta la innovación, la toma de riesgos empresariales y el crecimiento. Tanto los Estado-naciones, como las corporaciones que alcancen mayor éxito, éste dependerá de competir por la oportunidad para definir la estructura que todavía no existe (Thomas, Pollock and Gorman, 1999) A este enfoque teórico, Hamel and Prahalad (1994) le han denominado competiendo para el futuro.

Con el surgimiento del “imperio mundial de las corporaciones” (Korten, 1995), el Leviatán del Estado está siendo desmantelado y reemplazado por el Leviatán de las “demoníacas”, impersonales y con frecuencia monopolísticas corporaciones transnacionales y multinacionales, las cuales se están dividiendo el mundo y sometiendo a los gobiernos nacionales, empresas nacionales y a las impotentes comunidades locales. Pesa más sobre los intereses de estas mega corporaciones la protección de derechos de su propiedad que la salvaguarda de la democracia y soberanía nacional.

Sin embargo, algunos países limitados en recursos y carentes de infraestructura, no pueden escapar del círculo vicioso del subdesarrollo y no tienen capacidades para absorber las tecnologías emergentes y mucho menos para innovar y competir a escala global. Estas naciones sólo tienen como elección unir sus destinos a aquéllas naciones avanzadas a través del crecimiento de su deuda externa, en espera de lo mejor.

Se han desarrollado algunos modelos teóricos (Easterly, 1999) basados en análisis históricos de lo acontecido en las dos últimas décadas del siglo pasado, para predecir las acciones de los Estados-nación efectuarán para responder a la deuda externa, y los resultados son que tienen dos alternativas: contrayendo nuevas y mayores deudas o bien comprometiendo la venta de ciertos recursos valiosos, sobretodo los naturales que derivarán en un “suicidio ambiental”.

Cuando un Estado tiene problemas financieros necesita urgentemente capital fresco de trabajo para que no se colapsen sus principales funciones y para obtenerlo de sus posibles acreedores se somete a procesos no solamente complicados, sino hasta perversos, debido a las asimetrías y transparencias de información que existen entre los potenciales acreedores y los Estados. Y si las preferencias de los Estado-nación no cambian a largo plazo, entonces los esfuerzos para la reestructuración de deuda soberana resultan contradictorios. Se debe apoyar más a aquellos Estados-nación que modifiquen este esquema determinista de preferencias inter temporales.

No son opciones de solución para los países endeudados ni la liquidación del Estado, ni el mercado, porque los Estados no tienen dueños. Los Estados no son liquidables, a diferencia de las corporaciones, su soberanía les da el espacio que necesitan para sobrevivir. A los Estados soberanos no se les liquida, ni sus activos se redistribuyen para usos económicos más valiosos.

La legitimidad política de los Estados-nación y su soberanía nacional todavía pueden mantenerse en condiciones de interdependencia económica a pesar de que las responsabilidades del desarrollo económico están siendo trasladada al mercado global. De las tres formas elementales de legitimación del Estado moderno, el derecho, la administración (cálculo) y la historia (épica), predominó la primera forma bajo el modelo del Estado liberal (Semo, 1998). Este modelo de Estado que surgió de la herencia liberal del siglo XIX, degeneró en el modelo de Estado corporativo con una democracia limitada, es decir, termina en una democracia corporativa. La transformación del Estado corporativo al modelo de Estado gerencial se debe al impulso que adquieren las fuerzas del capitalismo transnacional como agentes del desarrollo económico cuya representación de intereses se localiza en las fuerzas del libre mercado.

No obstante, por ejemplo, un marco de referencia legal supranacional para la reestructuración de la deuda externa debe alentar la rehabilitación económica de los Estados, de tal forma que se les otorgue apoderamiento (empowerment) para responder de sus deudas frente a los acreedores. La oportunidad para una rehabilitación económica puede surgir de una decisión unilateral del Estado para la suspensión de pagos, a diferencia de las corporaciones, con el respaldo de algunos activos localizados en diferentes jurisdicciones.

Lo que se conoce como deuda transnacional es el conjunto de créditos otorgados por gobiernos a otros gobiernos y todas las posibles formas de deuda entre fronteras. A través de la deuda externa, las naciones son encadenadas a una dependencia económica, política y tecnológica marcada en el mejor de los casos. La atracción de financiamiento externo es más difícil y complicado para los Estados que para las empresas. Petras (2001d) argumenta que los Estados imperialistas como Estados Unidos, Europa y Japón, a través de las instituciones financieras internacionales presionan a los países receptores de préstamos en el tercer mundo para reducir y eliminar barreras comerciales y privatizar empresas del Estado, lo que permite a las empresas transnacionales penetrar en los mercados y comprar empresas locales. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional.

Para los países que tienen economías de mercado y comparten los mismos supuestos de reorganización de empresas que tienen problemas financieros, es posible que desarrollen sistemas nacionales de reorganización de bancarrota que funcione de la misma forma, porque los aspectos funcionales de estos sistemas son formados más por necesidad que por cultura o política. Un estudio comparativo de los sistemas de bancarrota puede dar por resultado algunas diferencias, pero en todo caso éstas no son aplicables a los Estados.

Los intentos de las entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la institución central que coordina la deuda soberana, para ayudar a resolver los problemas de reestructuración de la deuda de los países soberanos han hecho las cosas peor. Los críticos del desempeño del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la pasada crisis económica de 1997-99 sostienen que la crisis se profundizó debido a que las políticas y acciones de este organismo multilateral desorientaron los esfuerzos.

Como sostiene Joseph Stiglitz, economista que abandonó la Dirección del Banco Mundial, en teoría el FMI apoya a las instituciones democráticas de los países que ayuda, aunque en la realidad socava el proceso democrático al imponer su política económica. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia. La ayuda es orientada a remediar las deficiencias del mercado que vulneran tanto a los más pobres como a las instituciones de asistencia al desarrollo.

Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, dictan y exigen el cumplimiento de la política económica a la elites burocráticas gobernantes, las que a su vez, en nombre de una democracia reducida al máximo de sus márgenes reales, gobiernan a espaldas siempre de la ciudadanía nacional. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia.

No hay que olvidar que la ciudadanía existe por efecto de la soberanía y en el marco de un Estado, aunque se quiera sustituir este concepto de soberanía nacional por el concepto de soberanía consumidora que da prioridad a las decisiones del mercado para tratar a los individuos no como ciudadanos sino como consumidores siempre en función de su capacidad adquisitiva.

En manos del mercado quedan las oportunidades de desarrollo de los individuos y en el sistema capitalista esta se reduce a su capacidad de consumo estimulado en forma artificial. La solidaridad ciudadana se debilita y desarticula la acción colectiva. El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. La manera en que muchos países que han alcanzado el estado de insolvencia temporal en un tiempo corto, obligan a replantear las funciones del FMI como organismo central del sistema monetario internacional, para la prevención de las crisis financieras más que a su solución.

Un estudio del FMI encontró que dos terceras partes de los países miembros experimentaron problemas financieros en las últimas dos décadas, y en casi todos los casos hubo desestabilización de los sistemas bancarios locales con fallas en su moneda de curso legal también. Las monedas nacionales se han devaluado y pegado al patrón del dólar estadounidense, y el crecimiento de las exportaciones, principalmente de las exportaciones no tradicionales, tales como las frutas, las legumbres, as flores y algunos bienes manufacturados, han sido promovidos a expensas de la baja en la producción de alimentos para el consumo doméstico.

El Reporte de la Comisión Meltzer propone un nuevo FMI que se limite a ayudar financieramente a corto plazo a las economías insolventes y a proporcionarles asistencia técnica-económica, tal como lo fue su función original bajo el régimen de Bretton Woods que prevaleció hasta los setenta. Además, debe considerarse que la ayuda se otorga a aquellos países que cumplen con las condiciones de las cláusulas de democratización que se les impone.

Si en nombre de la ayuda a los Estados-nación pobres, la reestructuración de la deuda externa crea incentivos para retrasar las reformas necesarias para su crecimiento económico y desarrollo social, entonces su situación se empeora más que mejorar. La ayuda foránea orientada a remediar las deficiencias del mercado que crean trampas de vulnerabilidad para los más pobres y para las instituciones de asistencia al desarrollo. La ayuda a los países más pobres declinó en los últimos años y estuvo orientada más hacia la asistencia a emergencias causadas por los desastres naturales, más que al desarrollo social.

Los componentes más importantes del desarrollo social son la educación, salud, alimentación, habitación, etc., considerada como estrategia de necesidades básicas, la cual plantea como prioridad la satisfacción de un nivel absoluto de necesidades básicas. El desarrollo social debe apuntalarse sobre la base de implementación de programas de desarrollo humano que promuevan la formación de capital humano y social y que brinden mayores oportunidades de acceso al disfrute de bienes y recursos sociales, a efecto de elevar los niveles de calidad de vida y de bienestar social. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence).

Las instituciones económicas, sociales y políticas determinan las interacciones sociales y políticas que influyen en el desarrollo humano y social. Para lograr esto y alcanzar una sociedad satisfecha y sin asimetrías pronunciadas, se requiere de mecanismos institucionales de gobernabilidad que promuevan una asignación equitativa de recursos y bienes sociales.

Como estrategia, la satisfacción de las necesidades básica difiere de una estrategia de desarrollo global y se hace difícil la consecución de sus objetivos. Se deben elaborar estrategias de desarrollo para optimizar los recursos y potencialidades existentes en las localidades y regiones. El desarrollo social se relaciona con el grado de desarrollo económico, tecnológico y cultural. Si el desarrollo económico de una sociedad tiende a aumentar la clase media y a disminuir los extremos, es decir las clases bajas y altas, se abona para crear una sociedad con una tendencia ideológica hacia el centro del espectro político que propicia la democracia. La ayuda foránea no necesariamente promueve el crecimiento económico y el consecuente desarrollo social.

Existe una percepción generalizada de que lo que el FMI hace y cómo está estructurado, al igual que otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, sus funciones no son las adecuadas a las necesidades del desarrollo mundial. El estatuto del Banco Mundial de responder al alivio de la pobreza, legitima las acciones que realice con ese fin, conciliando esta finalidad con la persecución del desarrollo económico.

Sin embargo, bajo el rubro de desarrollo económico, el Banco se convierte en el lacayo para la globalización en los términos del capitalismo transnacionalita o neocapitalismo. De esta forma, la finalidad del FMI, como la de otras organizaciones multilaterales, no es el desarrollo de los países más pobres, sino "confortar la supremacía de los países ricos" como sostiene Mark Malloch (La Jornada, 1999) Las decisiones de las instituciones y organismos multilaterales favorecen los intereses de los países ricos. Por lo tanto, mientras tienen bases para la legitimidad en estos países, son ilegítimos a escala global. Los países con problemas financieros, por lo general recurren a créditos del FMI y éstos tienen prioridad para exigir el cumplimiento de su pago por sobre otros acreedores privados.

Para algunos analistas (Schwarcz, 2000), el papel del FMI como prestador en última instancia crea un riesgo de peligro moral, porque el dinero proviene de quienes pagan sus impuestos y se presta esperando proteger sus créditos de posibles consecuencias que originan que los países fallen en el cumplimiento de sus obligaciones. Esto es, los que pagan impuestos en los países ricos subsidian a los Estados que no cumplen con sus obligaciones, así como a los bancos y otras instituciones crediticias. Si se permite a los Estados deudores determinar su prioridad para la atracción de créditos, los riesgos de incumplimiento del pago se reducen.

Además, argumentan que los países que requieren de éstos préstamos tienen menos razones para seguir un programa económico prudente. En este sentido, el peligro moral simplemente significa la mayor tendencia que tienen los prestadores quienes se protegen de las consecuencias de conductas riesgosas para engancharse en tales conductas. Los deudores y acreedores que se protegen de las consecuencias de incumplimientos de los pagos, tienen una mayor tendencia a engancharse en conductas económicas riesgosas.

También a tomar mayores riesgos financieros, sin buenas garantías (Schwarcz, 2000) Parte de la solución a este problema, argumentan, consiste en que el Fondo Monetario implemente un marco legal que deje en manos del mercado a las instituciones financieras para que presten a los Estados. Para lograr esto, es necesario modelar un sistema efectivo de reglas para una convención internacional sobre la reestructuración de la deuda soberana.

El FMI como una institución central coordinadora de la deuda soberana debe reestructurar su esquema para la administración de las deudas soberanas y las prioridades de financiamiento, así como su monitoreo y escrutinio. En las administraciones de los países se ha visto un incremento de asesores que acompañan la expansión económica que justifican las reducciones demandadas por las instituciones de Bretton Woods como parte de los planes de ajuste estructural que están implementando para liberalizar las economías de países más pobres y endeudados a efecto de que las grandes corporaciones internacionales penetren en sus mercados y tengan acceso a recursos baratos, siempre operando en sinergia con los Estados imperiales. Summers, el Secretario del Tesoro de Estados Unidos sugiere que el FMI se enfoque más a los rescates financieros de los países en crisis y en financiamientos a largo plazo, mientras que el Banco Mundial debe realizar más actividades financieras tendientes a aliviar la pobreza mundial.

Si se cambian las fuentes de los recursos del FMI a los mercados privados de capitales, puede eliminar la necesidad de que se apoye a países endeudados con recursos que provienen de quienes pagan impuestos y se evitarían que las decisiones se politicen. Además de que los mercados privados de capital son demasiado grandes y extensos para acomodarse a las necesidades propias de financiamiento de los Estados, el FMI puede asignar prioridades y servir como colateral de los créditos que otorgue el mercado de los acreedores a los Estados-nación

Los intentos de las entidades multilaterales que ayudan a los procesos de reestructuración de las deudas soberanas han creado problemas que dan origen a serios cuestionamientos morales, de tal forma que involucran a los estados miembros para financiar. Estos implica que a mayor cantidad de prestamos con cargo a los impuestos de los ciudadanos que hacen los tesoros de los países avanzados a los países endeudados, como el caso de México, más seguridad obtiene las instituciones financieras privadas. El Estado, a diferencia de una corporación, tiene el poder para imponer impuestos a los ciudadanos y tiene a su favor la capacidad de negociación de ayuda, derivada de su posición de soberanía.

Sin embargo, sin una prioridad los Estados no pueden obtener crédito y financiar mercados de capital debido a que las asimetrías de información entre el Estado y los potenciales financieros son grandes y carecen de transparencia. Hasta ahora no se ha demostrado que exista una relación directa entre la liberalización de mercados de capitales y el crecimiento económico. La volatilidad de los mercados de capitales limita el crecimiento económico e incrementa los niveles de pobreza. La ausencia de transparencia permite que los funcionarios actúen como clubes privados en los procesos de toma de decisiones en las organizaciones implicadas. Los Estados con problemas financieros miran a las instituciones multilaterales como instituciones acreedoras de última instancia. Las instituciones multilaterales internacionales creadas son costosas y políticamente tenues para mantener la soberanía del Estado.

La definición de la soberanía como la capacidad de gobernabilidad queda entrampada en lo que es el punto crucial aquí, la determinación de si la soberanía de las agencias económicas internacionales es compatible con la soberanía del Estado nacional y si la gobernabilidad de las instituciones públicas y privadas multinacionales es compatible con la gobernabilidad del Estado nacional. La gobernabilidad del Estado tenía como fundamento una política de integración del Estado orientado por la provisión de bienestar social. Estudios empíricos en sociedades premodernas y pequeñas permiten concluir que la gobernabilidad puede lograrse sin la necesidad de mantener un ominoso y costoso aparato burocrático.

Estudios empíricos han demostrado que en las sociedades sin Estado, se identifican las condiciones en las que las personas mantienen el orden sin formas de gobierno centralizadas y jerárquicas, entre las que sobresalen, las creencias y valores comunes en el grupo para lograr la coordinación, interrelaciones múltiples y directas para el trato cara a cara entre los individuos, reciprocidad, y el uso de la crítica y la vergüenza como formas de control social (Larmour, 1997).

La gobernabilidad es resultado de instituciones capaces de procesar los acuerdos y negociaciones de los principales agentes económicos y de los principales actores políticos. Etimológicamente, la gobernabilidad se refiere a “la habilidad de gobernar”, y a “la capacidad de procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas”, lo cual representa una de las capacidades para procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas (Altaman, 2001). La gobernabilidad es la capacidad que se tiene para gobernar.

La gobernabilidad se refiere al acto de gobernar en un sentido amplio. Gobernar la conducta de diferentes agentes y actores requiere de capacidades para coordinar los cursos de acción que decidan. Como concepto, el PNUD (1997b:2) la gobernabilidad es el “ejercicio de la autoridad económica, política y administrativa para administrar los asuntos de un país en todos los niveles. Comprende los mecanismos, procesos e instituciones a través de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercitan sus derechos jurídicos, cumplen sus obligaciones y median sus intereses”.

Es el resultado emergente de las interacciones privadas y públicas.Los Estados nacionales son la fuente primera para establecer y legitimar su soberanía a través sistemas de gobernabilidad y democracia. Estudios empíricos en sociedades premodernas y pequeñas permiten concluir que la gobernabilidad puede lograrse sin la necesidad de mantener un ominoso y costoso aparato burocrático. Sin embargo, para los neoinstitucionalistas, la gobernabilidad no puede surgir de las instituciones tradicionales del Estado-nación, sino de la emergencia misma de la sociedad (Peters, 1998)

El concepto de soberanía proviene del latín superanus, super omnia, que significa por encima de todo, por sobre de. Se define como “aquélla unidad decisoria que no está subordinada a ninguna otra unidad decisoria universal y eficaz” (Herman Heller) El concepto de soberanía del Estado desarrollado en los siglos 16 y 17 concibió a la soberanía como algo que puede ser poseída exclusivamente. Así también como una cantidad determinada de poder, como un comandante no comandado capaz de ordenar pero no de recibir ordenes (Bodin, 1576; Hobbes, 1651) La lucha por el poder se representa como un juego de suma cero donde uno gana lo que otro pierde. Es por lo tanto, es un poder supremo, la última instancia de decisión y la libre determinación del orden jurídico.

La soberanía del Estado tiene aquí dos vertientes. Hacia el interior consiste en el poder que el Estado tiene por sobre los otros poderes y fuerzas que conviven dentro. La manifestación externa de la soberanía del Estado se expresa en la autonomía e independencia de otros Estados y organización internacional. La autonomía es una condición para el ejercicio pleno de la soberanía de los pueblos y de su libertad política. Por lo tanto, la soberanía del Estado, en su sentido más básico, está siendo redefinida por las fuerzas de la globalización y de la cooperación internacional.

Las compañías transnacionales y la tecnocracia de las agencias internacionales están concentrando el poder de los Estados nacionales en nuevas configuraciones de clase. Tanto las empresas multinacionales como las organizaciones internacionales tienden a limitar la autonomía de los Estados-nación y su capacidad para ejercer la gobernabilidad. Las funciones de las organizaciones internacionales tienden a suplementarse mediante el empleo de redes de políticas que involucran a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales, etc.

Las estructuras del poder mismo están cambiando y la tendencia se manifiesta en el sentido de que el poder se está trasladando de las instituciones políticas a las instituciones económicas. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. La estructura de las diferentes entidades se delimita territorialmente mediante las fronteras geográficas y físicas, las que a su vez definen los diferentes tipos de interrelaciones entre las unidades.

Por lo tanto, el desarrollo económico no es causa de la democracia, los orígenes de la democracia están en el fortalecimiento de instituciones políticas de representación, la defensa de los derechos humanos, la existencia de fuentes de opinión, y la protección de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos (Ortega Ortíz, 2001). En la sociedad moderna hay un conflicto latente entre capitalismo y política. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La política exige por lo menos un uso comunitario sometido a reglas que se regulan por leyes, desde el impuesto obligatorio a las reglas de tráfico, pasando por la reglamentación de la construcción, el comercio etc.

Las instituciones políticas son determinantes en el logro de resultados económicos. Por lo tanto, también la soberanía puede ser política y económica (Colmenares Páramo, 1999) La soberanía política es la capacidad suprema, sustantiva e independiente de la comunidad para definir sus metas y organizar sus propias instituciones, políticas e instrumentos para alcanzarla. De acuerdo a Putnam (1993: 183), “la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político”.

La soberanía económica es la facultad para ordenar los gastos e ingresos necesarios para el ejercicio de la soberanía, el funcionamiento de las instituciones y el desarrollo económico y social. En el caso de las corporaciones transnacionales y multinacionales, por su modus operandi limitan la soberanía interna en materia de política económica del Estado-nación. No obstante, ahora se trata de sustituir la soberanía política por el concepto de soberanía del consumidor que deja las decisiones sobre el desarrollo en manos del mercado.

Por ejemplo, los intentos para crear una autoridad mundial reguladora de los mercados por parte del Grupo de los Siete ("G-7") a logrado muy poco éxito debido a las discrepancias de los ministros de finanzas para controlar los cambios violentos de los mercados financieros. De hecho, las naciones que mantienen altos niveles de crecimiento económico se debe a que tienen sistemas de regulación adecuados de sus mercados financieros. Es urgente el establecimiento de un sistema de regulación internacional de los flujos especulativos de capitales porque atacan los cimientos de las economías nacionales y vulneran el sistema económico global.

La deuda externa implica mecanismos de subordinación de los Estados-nacionales de la periferia al centro, los cuales traen como consecuencia la pérdida de soberanía y la transferencia de riquezas en favor de la acumulación del capital. Las fuerzas motivo asociadas con la acumulación de riqueza que enfatizan el sistema capitalista orienta los costos de capital individual y las empresas privadas capitalistas para expandir sus actividades acumulativas y eliminar todas las barreras geográficas culturales y políticas que obstruyen su paso a la acumulación de riqueza.

Petras (2001d) argumenta que los Estados imperialistas como Estados Unidos, Europa y Japón, a través de las instituciones financieras internacionales presionan a los países receptores de préstamos en el tercer mundo para reducir y eliminar barreras comerciales y privatizar empresas del Estado, lo que permite a las empresas transnacionales penetrar en los mercados y comprar empresas locales. Los patrones de apropiación, acumulación y distribución del capital económico se han intensificado en el globo terráqueo y las instituciones que regulan la acumulación del capital son denominadas “estructuras de gobernabilidad de la acumulación” (Screpanti, 1999) Las fuerzas motivo asociadas con la acumulación de riqueza que enfatizan el sistema capitalista orienta los costos de capital individual y las empresas privadas capitalistas para expandir sus actividades acumulativas y eliminar todas las barreras geográficas culturales y políticas que obstruyen su paso a la acumulación de riqueza.

Screpanti (1999) ha acuñado el término “estructuras de gobernabilidad de acumulación” para definir los sistemas que gobiernan los usos de la plusvalía que sostienen la acumulación, tales como los “mercados de bienes”, los “mercados compañías” o mercados para el control corporativo, las jerarquías externas y las jerarquías internas. Los mercados de bienes o mercancías son aquellos en los que los consumidores individuales y organizacionales aparecen como sujetos y los objetos de transacción son insumos y productos reales, dinero y créditos.

Los mercados compañías o mercados para el control corporativo son aquellos que tratan a las empresas como cosas que son el objeto de la transacción. Los costos de transacción explican la existencia de las jerarquías como formas de gobernabilidad para reducir los costos de hacer y mantener los contratos en un mercado determinado. Por lo tanto, los costos de transacción proporcionan el soporte técnico y teórico para la teoría de la estructura de gobernabilidad de las empresas.

La amplia gama de relaciones contractuales en los fenómenos organizacionales se comprenden desde la perspectiva de la estructura de governance. Los conceptos de governance y gobernability aunque se refieren a fenómenos totalmente diferentes, son interdependientes y operacionalizables en las estructuras institucionales de los diversos sistemas económicos, sociales y políticos. Las jerarquías internas son estructuras de relaciones que unen a los miembros de una organización. Las estructuras externas son estructuras de relaciones de poder y subordinación entre las organizaciones. Sin Embargo, tanto los mercados, como las jerarquías, consideradas como estructuras de gobernabilidad, enfrentan altos costos de transacción, una complejidad en sus sistemas de contratación interna y problemas de agencia.

Schwarcz (2000) reconoce que dejar la decisión de fondear en los mercados, remueve la decisión del área de las relaciones internacionales, lo que puede ser o no políticamente aceptable. En tal caso, propone la creación de una teoría legal normativa, una regulación legal supranacional para la reestructuración de la deuda soberana, basada en los principios de la ley de reorganización en bancarrota.

Un primer cuestionamiento con respecto a la globalización es el esclarecimiento de sí la globalización es una política específicamente diseñada o si consiste en un proceso que es objetivo. En la economía global, la fuerza dominante que modela las relaciones económicas, políticas, sociales, tecnológicas y culturales entre las diversas naciones, tiene su origen en las relaciones comerciales que se establecen en los mercados internacionales. La promoción de estas relaciones comerciales a niveles internacionales y la protección de los mercados internos son funciones que todavía desempeña el Estado nacional.

Por lo tanto, la globalización de los mercados tiene efectos importantes en las relaciones internacionales de cada país en particular, ya que el Estado-nación es el principal sujeto actor de estas relaciones internacionales en cuyo espacio se ordena el sistema económico, político, social, jurídico, cultural, etc. Los apuntalamientos políticos que tienen su origen en las relaciones intergubernamentales contribuyen a la estabilidad del sistema financiero internacional, como en los casos de Japón-Estados Unidos y Alemania-Francia, por lo cual, en la medida en que dichos apuntalamientos son frágiles, esto contribuye a desestabilizar el sistema financiero global.

Existe un fuerte debate entre el desarrollo de una “economía internacional al nivel mundial” y “una economía internacional globalizada”. En estas formas de economía internacional las funciones extendidas del estado juegan un papel relevante Para los que argumentan que la economía internacional al nivel mundial avanza, la integración económica está ocurriendo mientras que las economías nacionales mantienen un significante grado de autonomía, de tal forma que los gobiernos nacionales todavía mantienen el poder para la administración económica nacional y de negociación con los capitales transnacionales.

La autonomía de los pueblos es una condición esencial para el ejercicio de la soberanía y la independencia política de los pueblos. Para los que argumentan la formación de una economía globalizada, las distintas economías nacionales son absorbidas y prearticuladas en el sistema económico internacional por procesos y transacciones esencialmente internacionales. En una economía globalizada se presentan procesos de benchmarking que comparan el desempeño de las políticas en diferentes países.

La “arena global” es definida como “un producto de un conjunto definitivo de propiedades dinámicas que incluyen la formación de estructuras de centro-periferia y su expansión, contracción, fragmentación y re-establecimiento a través de los círculos de hegemonía”. Es una precondición para la globalización, argumenta Friedman (1994) En este mismo sentido, tal parece que más que una "economía global", es una "economía unipolar". La misma que de acuerdo con Jalife-Rahme (1999), "ha sentado sus reales y por medio de la globalización financiera especulativa, se está adueñando en silencio de las joyas estratégicas de los cobayos de experimentación llamados mercados emergentes".

Esta globalización financiera, de acuerdo a Sandoval Ballesteros (2000), no es otra cosa más que un sistema a través del cual los bancos occidentales y las élites se enriquecen a expensas la demás población, quien cargada con la “crisis de la deuda” resulta la principal contribuyente de estas manipulaciones en los centros financieros de los países occidentales.

Los países imperialistas desempeñan un papel fundamental mediante la gestión de las crisis financieras y económicas de aquellos países menos desarrollados que confrontan problemas de insolvencia de la deuda externa, fuertes devaluaciones de sus monedas, etc., así como de aquellas empresas transnacionales que entran en quiebra, bancarrota, y que tienen problemas de solvencia financiera. Las monedas nacionales se han devaluado y pegado al patrón del dólar estadounidense, y el crecimiento de las exportaciones, principalmente de las exportaciones no tradicionales, tales como las frutas, las legumbres, as flores y algunos bienes manufacturados, han sido promovidos a expensas de la baja en la producción de alimentos para el consumo doméstico. Los gobiernos de los países considerados económicamente como satélites no tienen el poder, bajo las presiones de las organizaciones internacionales, para reducir la importación de bienes que no son necesarios para el desarrollo.

El espacio internacional de la economía política está siendo reconceptualizado en una nueva lógica que delimita a un escenario global. El concepto de espacio ha evolucionad de una configuración territorial física a otra más dinámica y abierta. Los procesos de desterritorialización del Estado acelerados por la globalización económica está dando lugar a nuevas formas de unidades espaciales de organización geopolítica y geoeconómica.

Para Arellanes Jiménez (2001), este nuevo concepto de espacio es un “concepto dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando as diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones.” Esta nueva lógica da origen a la noción de “globalización” como una narrativa organizada de una incluyente política económica internacional, la cual es necesariamente global en el sentido de que lo que es requerido para tal inclusividad es una “apertura a todos los efectos e influencias que pueden tener significancia en la política económica” (May, 1997)

También las interrelaciones entre las naciones se han vuelto inherentemente más complejas que la administración de las actividades dentro de una sola nación. Muchos esfuerzos de la globalización han sido demolidos bajo el peso de la coordinación de necesidades sociales insatisfechas (Boudreau, Loch, Robey, Straud, 1998) La coordinación de políticas económicas Inter.-gubernamentales ha tenido un relativo avance, al menos más que en el caso de las políticas macro organizacionales.

Los procesos de globalización también son cuestionados desde otras perspectivas. Stein (1999) hace referencia a tres tendencias negativas: la creciente volatilidad de los flujos de inversión, el retraso y la marginalización de algunas regiones a estos procesos y la creciente hegemonía de la economía neoclásica como la inspiración de estas políticas económicas dirigidas a la estabilización, transformación y desarrollo económico. Es difícil de controlar la volatilidad delos mercados financieros por las naciones pequeñas en desarrollo Esta hegemonía de la economía neoclásica se fundamenta en el principio que establece que el mercado resuelve eficientemente la organización de los factores de producción (tierra, capital, trabajo y organización), pero no integra a las instituciones de la economía. La movilidad de los factores de la producción es una de las características distintivas de este modelo neoclásico, así como el enfoque emprendedor y de innovación que modifica constantemente las estructuras de la economía.

Los establecimientos institucionales de los sistemas político-democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, el desarrollo económico, la homogeneidad cultural, la herencia de un imperio colonial anterior y el lugar del país en el sistema económico y político internacional. Estos problemas incluyen un pronunciado grado de explotación económica, desigualdad social y económica, injusticia social y política que ha caracterizado a la región desde los tiempos en que los indígenas pobladores de estas tierras fueron subyugados por la fuerza a la dominación colonial europea en el siglo XVI.

El cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra. La herencia colonial ha marcado las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de los pueblos colonizados. Una mayor atención al diseño de las políticas nacionales, ubica la importancia que tienen los factores externos, tales como el crecimiento industrial y la tasa de interés mundial.

Los flujos de inversión extranjera directa y los portafolios de inversión están creciendo abruptamente en la relación al tamaño de muchas economías nacionales y por lo tanto son motivo de preocupación crítica en la formulación de una política económica efectiva, que tenga consideraciones con respecto al medio ambiente en constante degradación. Los gobiernos nacionales han saneado las economías únicamente para favorecer la inversión internacional. Sin embargo, existen muchas dificultades para controlar, monitorear y medir los flujos de inversión en una marco de referencia de liberalización de controles, que da lugar a reportar por debajo de los niveles normales los flujos de inversión que vienen y van en las organizaciones internacionales.

En un mundo donde no existen agencias regulatorias el sistema financiero está en riesgo constante. Por esto la necesidad urgente de establecer una institución internacional que regule el sistema financiero. La analogía del sistema financiero con un casino es ya muy conocida. Lo cierto es que en una globalidad en que el capital financiero es la bola demoledora que provoca la ruina de las naciones enteras y no necesariamente las más subdesarrolladas.

El modus operandi de estos capitales desestabilizan los equilibrios macroeconómicos de los países financieramente más dependientes de capitales foráneos y los hunden en crisis profundas de desarrollo y crecimiento económico. Existe una masa de más de dos billones de dólares en constante rotación diaria que se involucran en actividades de especulación financiera, bursátil y cambiaria que distorsiona los mercados financieros internacionales y destruye las sociedades.

Los flujos de capitales especulativos circulan sin controles y con mucha volatilidad en un sistema globalizado, distorsionando las economías nacionales y causando serias crisis financieras y monetarias que traen consigo deflaciones y depresiones porque destruyen la confianza sobre la que descansa la actividad económica de los Estados-nación. Los estados imperialistas desempeñan una función importante en la gestión de las crisis de los Estados menos desarrollados y en las empresas transnacionales que confrontan problemas financieros. Dos de las causas principales de estas crisis financieras son la volatilidad de las transferencias de inversiones altamente especulativas y la irresponsabilidad de los Estados nacionales para administrar sus economías.

Las crisis financieras han aumentado los efectos perversos de los procesos de globalización en la sociedad tales como la reducción del gasto público en educación, salud, vivienda y el aumento en la desigualdad y pobreza. Las crisis afectan adversamente el comercio internacional y los flujos de capital, el crédito doméstico y en general el producto. Esto demuestra que no existe un equilibrio en los mercados financieros sustentado sobre la base de las expectativas que anulan los equilibrios. El concepto del equilibrio en la teoría económica queda invalidado. Todo esto hace pensar que el fin del neoliberalismo ya está cercano.

Resultados de análisis empíricos de las relaciones entre el riesgo monetario y el riesgo nacional, al igual que el desarrollo nacional y la localización del país, sugieren que aquellos países con relativamente altos niveles de riesgos nacionales, experimentan relativamente altos niveles de riesgos monetarios, tal como Yenin and Borde (1998) sostienen. Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. Esta conclusión apoya el argumento de que aquellos factores que conducen al riego nacional, parecen tener también una influencia en la tasa del riesgo del cambio monetario. Las instituciones que promueven el fundamentalismo del libre mercado no han sido capaces de lograr sus objetivos para proporcionar una mayor estabilidad y desarrollo político, económico y social a los pueblos de la tierra.

El mismo concepto de la transformación de los sistemas globales, bajo procesos de expansión y contracción se relaciona con las cambiantes relaciones de poder existentes entre el centro y la periferia e involucra una multitud de cambios en nuevas configuraciones de clase.. Los procesos de globalización desdibujan la figura del Estado-nación en su tránsito hacia otras formas de organización multinacional. Las nuevas formas de organización y de autoridad emergen con el uso de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento (TICs) y dan como ventaja una mayor flexibilidad.

La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. Las concepciones de la globalización delimitan las estructuras de las relaciones de poder entre los Estado-nación como un fenómeno ambiguo y exponen los efectos de pesadilla del emergente orden global (Kayatekin y Ruccio, 1998)

Los efectos de la globalización tienen diferentes impactos en las economías nacionales y regionales, dependiendo de sus niveles de desarrollo y el grado en que se integran a los nuevos procesos de la internacionalización económica. Frente a las expectativas que se tenían de la globalización de los supuestos beneficios para todos los habitantes del mundo, hasta ahora las consecuencias han sido un incremento en los niveles de pobreza y hambre en los individuos, economías disfuncionales para muchas naciones, desintegración y violencia social, catástrofes ecológicas, etc. Los procesos de globalización tal como avanzan en la actualidad son procesos que pauperizan y polarizan a la sociedad, generan desempleo, depreda los recursos naturales, contamina, etc. Las disfuncionalidades de los mercados constituyen un importante factor que limita el uso efectivo de los derechos y asignaciones de los recursos y genera pobreza.

La emergencia del mundo globalizado es contradictoria, a nivel macro surgen nuevas identidades de regiones y a nivel micro se agudizan los problemas de identidades de los regionalismos y sus expresiones en separatismos. La expresión de estas identidades encuentran sus vehículos en las diferentes instancias nacionales e internacionales.

Por un lado, desde afuera la globalización afecta la racionalidad del estado-nación, por el otro lado, desde adentro los procesos de los regionalismos y separatismos afectan la gobernabilidad. No obstante, a pesar de la disfuncionalidad del Estado-nación como forma política para el control territorial de los mercados, y frente a capitales que no reconocen nacionalidades, la gobernabilidad de las instituciones que promueven los procesos de globalización resulta ser prioritaria. Es cuestionable si la soberanía y autonomía representan obstáculos para los procesos de globalización, considerando que los Estados-nación no han podido resistir los embates de los centros de poder económico y político mundial. La autonomía es la condición esencial para que los pueblos ejerciten su soberanía y su independencia.

En el análisis de Berruga (1997), "el globalismo económico y la fragmentación política son fenómenos de signo contrario y, potencialmente, punto de origen para importantes fricciones internacionales. La fragmentación política, en el fondo, es una reacción al centralismo y a la toma de decisiones a distancia del destinatario... Esta tensión entre el parroquialismo (sic) político y la globalidad económica tiene importantes repercusiones sobre las relaciones internacionales". La fragmentación espacial regional y local es una fuerza que se contrapone a los procesos de globalización y genera tensiones dando como resultado una dispersión internacional, como la denominado Torrijos (2001). La fragmentación política debilita los sistemas de gobernabilidad centralistas. El mundo tiende más a fragmentarse que a unificarse.

La forma en que se han resuelto algunas de estas fragmentaciones es mediante los acuerdos confederados que conceden autonomía a los miembros en coherencia con las estructuras de los gobiernos centrales. En las decisiones tomadas por los grupos dominantes mayoritarios en los foros de los Estados-nación, con los mismos símbolos y lenguaje usados en las instituciones públicas que operan en todo su territorio, las separaciones y fragmentaciones implican siempre cambios radicales.

Esta tendencia a la fragmentación del Estado-nación conduce a globalizar los fenómenos locales y a exacerbar la estabilidad debido a conflictos políticos, económicos, sociales, étnicos, religiosos, etc. La tendencia del mundo, más que a unificarse es a fragmentarse. Desde esta perspectiva, la globalización debilita las culturas locales, la soberanía nacional, la independencia económica y política de estas naciones, la integridad de las instituciones políticas y sociales y la seguridad nacional.

La soberanía nacional está siendo afectada en forma asimétrica porque las principales decisiones internacionales son tomadas por un selecto número de países sin considerar los organismos internacionales integrados por las comunidades de naciones. Se asume que incluso, los poderes occidentales sacrifican el principio de integridad de las fronteras territoriales del Estado-nación porque tienen razones geopolíticas de más peso para hacerlo, razones que luego se convierten en geoeconómicas con la expresión de sus diferentes instituciones del mercado. La desterritorialización del Estado está dando lugar a nuevas formas de organización espacial geopolíticas y geoeconómicas.

No obstante, la geoestrategia y la política, ante los acontecimientos recientes, se ha complicado a tal grado que para Sandoval Ballesteros (2000), este período corresponde a una “geopolítica del caos” que cede su lugar a los intereses de las instituciones del mercado, es decir a una geoeconomía. Las grandes corporaciones transnacionales promueven la geopolítica y la geoconomía del espacio nacional al espacio global. Este espacio global está representado por la globalización, la cual se manifiesta en un contexto de procesos fragmentados.

Los discursos existentes sobre la globalización se enfocan en la conceptualización de una pluralidad de formas de la subjetividad y las posibilidades para la clase política, de las que emergen dos en la literatura de la economía política radical, el “Keynesianismo nacional” y el “imperativo global”. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). Las políticas keynesianas perdieron legitimidad para avanzar en el desarrollo del sistema capitalista que busca más altos niveles de participación global.

Algunos economistas políticos radicales sostienen la idea de que las políticas macroeconómicas inspiradas en la teoría de la política económica del Keynesianismo, fueron capaces de generar y mantener balances internos y externos de los Estados-nación con la creación y el desarrollo de un Estado de Bienestar. El modelo de Estado de Bienestar se arraigó principalmente en los países desarrollados del norte, mientras que los países del sur adoptaron las estrategias desarrollistas. En este modelo, el Estado acepta la obligación de otorgar los bienes y servicios asistenciales a la población.

Durante el último medio siglo, los gobiernos de los países del occidente practicaron medidas de redistribución del ingreso bajo el modelo de un Estado de Bienestar, para contrarrestar los efectos negativos del capitalismo agravados por las consecuencias de las crisis económicas y la creciente presencia de la amenaza comunista. La racionalidad de la intervención estatal para la obtención de una mejor distribución del ingreso cae dentro de la teoría marginalista que justifica el argumento de la equidad. En este sentido, las políticas de bienestar responden a un contexto de fuerzas sociales que emergen en una fase de la acumulación capitalista.

Bajo las condiciones de un Estado de Bienestar en sus diferentes modalidades, la economía es una esfera de actividad relativamente independiente, a diferencia de una economía de Estado, que no distingue entre el Estado y la economía como esferas separadas de actividad pero entendida la economía como un componente planeado y organizado del Estado. La racionalidad económica del Estado de Bienestar es la combinación óptima de la justicia social y la eficiencia económica que pueden lograrse dentro del capitalismo. El modelo de Estado de Bienestar retiene la obligación moral de proveer los servicios y bienes asistenciales a toda la población. El modelo de Estado de Bienestar llevado a escala global o mundial es un proyecto que alienta lo mejor de la sociedad humana en contra de maximizar los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

La literatura sobre el bienestar económico y la teoría de la opción social tratan sobre los mecanismos de transferencia y redistribución del ingreso para la maximización del bienestar social y minimizar las pérdidas de eficiencia. Se emplea el término utilidad para referirse al bienestar individual, pero cuando existe incertidumbre respecto de los resultados esperados, se emplea el término “utilidad esperada”. En economía del bienestar, la noción de bienestar de los individuos incorpora cualquier cosa que puede ser de valor en una forma positiva para dichos individuos. Todo lo que sea socialmente relevante porque tiene valor a los miembros de la sociedad se incluye en la medida del bienestar social. Los factores no relacionados al bienestar de los individuos son irrelevantes al bienestar.

La economía del bienestar promueve el bienestar individual favoreciendo una mayor precisión en el logro de los beneficios y reducción de costos para conseguirlo, mediante el control de la conducta de los burócratas que ejercitan discreción, logran una mejor percepción de legitimidad del sistema legal y concentran la atención en la reducción de costos administrativos. Aparentemente se ha mantenido la legitimidad en las economías de bienestar si se considera que los gobiernos tanto de izquierda como de la derecha que se mantienen en el poder y por los movimientos sociales que se manifiestan y que realmente mantienen objetivos democráticos. Mientras que la derecha ha aprovechado las circunstancias para promover activamente las funciones del Estado orientados por una política económica en beneficios de los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, los de la izquierda hablan de un desmantelamiento de las funciones del Estado.

El bienestar individual afecta el bienestar social en forma simétrica. El bienestar social depende del bienestar de los individuos. Sin embargo, las transferencias destinadas a mejorar el bienestar social pueden aumentar o disminuir la desigualdad. El óptimo de Pareto puede sancionar la injusticia al menos peor si se maximiza el bienestar social. El concepto de bienestar de la sociedad se basa en el bienestar de los individuos y es postulado como una función creciente del bienestar de los individuos sin que dependa de otros factores. En forma utilitaria, el bienestar social es la suma de las utilidades individuales. Es decir, se da una agregación. La relación entre el bienestar individual y el bienestar social es una relación de dependencia positiva.

Las políticas efectivas del Estado de Bienestar dependen de los poderes centrales de los gobiernos de los Estados-nación. La formación y ascenso de los Estados nacionales facilitó la creación de instituciones que fueron capaces de centralizar las decisiones No obstante, el Estado de Bienestar encuentra una serie de restricciones impuestas por la competencia global, la cual ha removido, y más aún todavía, eliminado a los principales defensores de las políticas del Estado de Bienestar.

Quienes critican el desempeño del Estado de Bienestar están a favor de una economía con base en los principios de libre mercado y en contra de una política social orientada a solventar el bienestar de la colectividad. Involucrarse en la acción colectiva, los actores buscan traer el ansiado bien colectivo y dar forma a la colectividad con respecto al bien colectivo.

Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación. Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil.

En la sociedad moderna hay un conflicto latente entre capitalismo y política. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado La política exige por lo menos un uso comunitario sometido a reglas que se regulan por leyes, desde el impuesto obligatorio a las reglas de tráfico, pasando por la reglamentación de la construcción, el comercio etc. Una vez que la acción colectiva se inicia, en el curso de este mismo proceso emerge una colectividad que puede aplicar sanciones informales contra los que contravienen y recompensar a colaboradores a bajo costo (castigo u ostracismo), a ningún costo e incluso a premio (avergonzar, reprochar o criticar).

El modelo de Estado de Bienestar llevado a escala global o planetaria es un proyecto que alienta lo mejor de la sociedad humana en contra de maximizar los intereses económicos de los grandes grupos corporativos transnacionales. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

La noción de bienestar social está enmarcada en una tensión que surge de la consideración de que la sociedad se integra por clases como una simple agregación de individuos y que por lo tanto, las trasferencias que originan un mayor bienestar social, pueden aumentar o disminuir la desigualdad social. El bienestar social es una función de la utilidad que los individuos gozan bajo un régimen legal. La utilidad es definida como el gozo que cada individuo tiene por la satisfacción de las preferencias del individuo.

Precisamente, uno de los métodos para la evaluación de cambios de políticas públicas es mediante la determinación de la función de bienestar social. Esta función compara las asignaciones de utilidad antes y después del cambio postulando niveles de asignación de la utilidad alternativa y la política de cambio recomendada como deseable si la nueva asignación de utilidad genera un más alto nivel de bienestar social. Algunos factores que influyen el bienestar de los individuos son difíciles de analizar y de cuantificar. Si un individuo prefiere un estado de cosas por sobre otro, entonces el bienestar social es mayor en el primer estado que en el segundo. Sin embargo, para muchos economistas esto es inaceptable porque involucra comparaciones interpersonales de utilidad y, además, cuestionan la determinación de la función de bienestar social correcta.

La competencia económica impide a las regulaciones del Estado de Bienestar que imponen cargas desiguales sobre los ingresos de capital y de negocios móviles. En el Estado de bienestar, la economía básicamente se controla a sí misma, de acuerdo con sus propios principios. El Estado interviene, sin que necesariamente exista una solución uniforme para la diferenciación entre las responsabilidades y bienes públicos y privados, o entre oferta pública y tenencia privada. La oposición a la regulación vista como un impedimento al desarrollo social y al crecimiento económico, es fuerte en quienes sostienen la idea de que es necesario una reforma regulatoria eficiente del Estado. El crecimiento económico se ha producido bajo la protección de los gobiernos.

Esta reforma regulatoria es concebida como un nuevo marco institucional de regulaciones económicas, sociales y administrativas que los gobiernos establecen a través de diversos instrumentos a los individuos y a las organizaciones. La reforma regulatoria mejora el costo, desempeño y la calidad jurídica de las regulaciones. Estas regulaciones “incluyen las leyes, ordenamientos formales e informales y reglas subordinadas emitidas por todos los niveles de gobierno, así como las reglas emitidas por órganos no gubernamentales o auto-regulados a los cuales los gobiernos hayan delegado facultades regulatorias” (OCDE, 1999).

Esta reforma regulatoria se identifica con la reforma institucional de acuerdo a Villareal (2000) porque “norma, más que regula el comportamiento de los agentes (empresas, ciudadanos, trabajadores, bancos extranjeros) en una nueva economía de mercado privatizada y abierta a la competencia internacional.” Esta economía de mercado se orienta por las necesidades. Los actores pueden reformar las instituciones básicas otras que por evolución en un largo camino institucional, de tal forma que combina las diferentes tradiciones de la democracia.

La reforma institucional, por lo tanto, refiere al potencial que descansa en una síntesis de los dos acercamientos de elección racional institucional y un institucionalismo histórico. Los actores pueden reformar las instituciones básicas otras que por evolución en un largo camino institucional, de tal forma que combina las diferentes tradiciones de la democracia.

Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica.

La dificultad para predecir futuros efectos de la reforma institucional da como resultado una estrechez de visión. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma. La reforma institucional así vista, requiere de “un nuevo marco de reglas formales (leyes, normas, etc.) e informales (valores, actitudes, etc.) que promuevan la operación eficiente de los mercados en el nuevo sistema de economía privatizada y mercados libres y abiertos a la competencia internacional...”.

Esta retórica basada en los mercados libres repetida hasta el cansancio por los ideólogos conservadores es también usada por la izquierda. Mientras que el conservadurismo institucional y las propuestas dependentistas institucionales nos conducen a esperar que la evolución de los sistema políticos democráticos exhiben diferentes patrones, la propuesta de aprendizaje institucional apunta a la convergencia. La reforma institucional, por lo tanto, refiere al potencial que descansa en una síntesis de los dos acercamientos de elección racional institucional y un institucionalismo histórico.

El diseño de las nuevas instituciones debe ser el resultado de negociaciones y arreglos entre los diferentes agentes económicos. Las nuevas instituciones deben favorecer el desarrollo de las capacidades del individuo a efecto de que su interés se identifique con el del sistema social. Además, debe tomar en cuanta las restricciones existentes, los resultados logrados anteriormente y la incertidumbre de un cambiante medio ambiente. Los niveles de restricciones institucionales existentes determinan el desempeño económico.

Spence and Gopalakrishnan, (2000) argumentan que la distinción entre un alivio regulatorio y una reforma regulatoria es una distinción entre fines y medios, entre simplemente reducir la carga regulatoria sobre la industria, bajando sus estándares, y en dar solución al problema de cómo obtener un estándar mejor. La crítica a la eficiencia de la regulación es antigua y bien conocida como la solución económica a las ineficiencias, en la que se da el reemplazo de mandatos regulatorios con los incentivos de los mercados. Los sistemas de colaboración regulativa han fallado al alcanzar las expectativas de los proponentes, aunque los críticos argumentan que lo que atacan es el proceso de decisiones de las políticas no su contenido. Por otro lado, se argumenta que la regulación colaborativa mejora la persecución de las agencias del interés público.

La doctrina del interés general se manifiesta así misma como un sistema de representación que intenta inculcar la creencia en la legitimidad del orden político y social. Es la medida de la legitimidad de cualquier acción administrativa. Asume que la habilidad para solucionar las diferencias sociales y los antagonismos a fin de lograr una meta común a todos los miembros de la comunidad nacional. La idea principal que incorpora es que los oficiales administrativos no llevan a cabo sus acciones administrativas por sí mismos y para su propio beneficio, sino en nombre y beneficio del grupo entero (Kampto, 1997). Para esto, la regulación tiene que ser mínimamente prescriptiva, dejando a las empresas la determinación de los medios de cumplimiento con los límites regulatorios y sus metas.

Una forma de intervención del Estado moderno en las esferas autorreguladas de la sociedad, como en el caso de la competencia del mercado, es que una de las tareas de la planeación política es decidir que funciones socio-económicas el Estado debe realizar. La tendencia a fortalecer las funciones de intervención y de regulación para promover el desarrollo regional está mediada por una demanda en la satisfacción de necesidades de la sociedad. El Estado nacional sigue siendo un importante actor social en la promoción del crecimiento y desarrollo regional en forma equilibrada y equitativa.

La dirección de una economía planificada satisface más apropiadamente las necesidades de la población si se utilizan mecanismos democráticos. Las capacidades de intervención del Estado todavía son grandes en muchos sectores de la economía. Baumol (1993) desarrolló una teoría económica que justifica la intervención estatal que cuestiona por qué con ciudadanos racionales en una democracia, se tolera la interferencia gubernamental en la operación de la economía. La racionalidad de la intervención del Estado bajo la teoría marginalista se hace en consideración a lograr una mayor distribución en el ingreso y una mayor eficiencia del mercado.

A finales de la década de los treinta, los Keynesianos sociales buscaron atar el gasto social a políticas macroeconómicas para mantener el pleno empleo. El Keynesianismo dominó en la formulación e implementación de las políticas públicas desde los cuarenta y hasta los setenta. Durante esta época, el modelo económico imperante, promueve los programas basados en una política de desarrollo social, orientados a eliminar las desigualdades económicas y sociales, aunque finalmente se benefician más las clases medias urbanas que las rurales pobres. El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido de los beneficios.

El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido de los beneficios. Por tanto, la naturaleza excluyente de la transformación económica de la agricultura latinoamericana ha incrementado el empobrecimiento de la población rural y acelerado la migración del pobre rural a las ciudades en busca de empleo.La eficacia de la política de desarrollo estuvo determinada por una burocracia desarrollista que no alcanzó a consolidar su autonomía y que siempre estuvo marcada por vicios patrimonialistas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la intervención estatal se centró en la seguridad de desempleo y seguridad medica. La doctrina del libre mercado se aplicó a los sistemas de seguridad social desde el New Deal de Franklin D. Roosvelt en Estados Unidos y durante el período de posguerra en Inglaterra, se realizaron grandes transformaciones de política social, fomentando la igualdad democrática y seguridad social, subvencionadas por el Estado de Bienestar. Los ideólogos conservadores han promovido esta retórica del mercado libre y ha sido asimilada y repetida por la izquierda.

Hay que dejar claro que la política social puede ser una práctica pública estatal que dista mucho del Estado de Bienestar y que su principal objetivo es la procuración de los bienes y servicios públicos en materia de educación, salud, habitación, alimentación, etc. El liberalismo creó un sistema de seguridad social que tuvo éxito durante la segunda mitad del siglo XX, en pago a su apertura, el cual se encuentra ahora bajo presión. No obstante, el modelo del Estado de Bienestar llevado a escala global o mundial es un proyecto que alienta lo mejor de la sociedad humana en contra de maximizar los intereses económicos bursátiles de los grandes grupos corporativos transnacionales.

Los Keynesianos propusieron medidas para crear el pleno empleo por medio de políticas estatales activas que más tarde fueron reemplazadas por las políticas de los Keynesianos comerciantes y éstas a su vez, al final de los setenta, por las políticas de libre mercado. A finales de la década de los setenta, la desregulación del estado transfiere el mando al mercado, es decir, la regulación por el mercado. No obstante el problema que existe actualmente en muchos países es una déficit de regulación y gobernabilidad debido principalmente a que la transferencia de mando y poder no se ha dado porque por un lado mientras las instituciones del Estado se han vaciado en sus funciones reguladoras, por otro lado las instituciones del mercado no han sido capaces de adquirir estas funciones reguladoras.

Las fallas para coordinar las políticas sociales y macroeconómicas, así como la política del pleno empleo ha reforzado la creencia política de que cada persona buscará maximizar su beneficio. La gradual erosión del Estado de Bienestar se relaciona con el gradual avance de las políticas basadas en las expectativas racionales-monetaristas (Moudud and Zacharias, 1999) El laissez faire y la “responsabilidad personal” son los principales postulados de las fuerzas conservadoras dominantes.

Kaiser (1997) afirma que la hipótesis del conservadurismo institucional sostiene que las reformas constitucionales en las democracias son relativamente poco comunes, no debido a factores institucionales sino al cálculo de los actores políticos, solamente cuando una gran crisis ocurre, ya sea por un abrupto cambio de factores contextuales o a través de un deterioro dramático de la satisfacción de la política pública, es una ventana de oportunidad abierta para la persecución de planes de reformas. La investigación en la ingeniería constitucional ha tomado nota de los efectos de difusión, tales como la globalización de las comunicaciones que enriquece las bases cognitivas de las cuales escoger.

Los bienes y servicios continúan produciéndose y distribuyéndose por el Estado. Sin embargo, en vista de la carga pesada que soporta el Estado de Bienestar, se le cuestiona si debe restringir su función de Estado moderno a garantizar la seguridad y el orden público en todas las áreas de la sociedad, llegando a institucionalizar el monopolio de la violencia. El Estado moderno ha sido el principal instrumento para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En estas áreas, se incluye la economía (König, 1998)

A principios de los ochenta, el Estado de Bienestar empieza a ser atacado y diez años después empieza a desaparecer. En las últimas dos décadas, las funciones del Estado de Bienestar han sido objeto de un largo debate en las políticas públicas, como resultado de los avances de los procesos de globalización, la cual muestra dos tendencias, hacia la eliminación de funciones o a su fortalecimiento mediante la promoción de la regulación del desarrollo local.

Este debate ha resultado en propuestas para adelgazar y hacer más eficiente al aparato del Estado mediante la aplicación de medidas de austeridad, las cuales, consideran sus principales detractores, son necesarias para elevar el crecimiento económico y mantener bajo los niveles de desempleo. Las crueles medidas de austeridad han sido adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de la región a fin de reducir sus gastos en educación, salud y otros servicios sociales de tal forma que pueden servir a la combinación de deudas de los sectores privados y públicos de los diferentes países.

Por la otra tendencia, la reestatización o neoestatización del Estado se orienta a recuperar funciones eliminadas o disminuidas por el modelo neoliberal y constituye ahora la pieza fundamental sobre la que pivota la expansión de las grandes corporaciones transnacionales. Esta expansión de las transnacionales descansa en la expansión militar y política de los Estados imperialistas. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

En esta fase del sistema capitalista se alienta una contrarrevolución para desmantelar las instituciones del bienestar social y revertir los beneficios alcanzados en materia de igualdad social y democracia participativa, en la que los ciudadanos tienen la capacidad para la formulación de políticas públicas que requiere el desarrollo. No obstante, el empleo de los mecanismos de participación política, económica y social, puede dar lugar a procesos de manipulación y control político por regímenes autoritarios que consideran usar la violencia contra quien se opone, por considerar que desestabiliza, tanto en la esfera pública como en la privada, logrando institucionalizar la violencia. Ahora que la amenaza comunista ya no existe, ya no es necesario contener los efectos negativos del modo de producción capitalista. El recuento que hace Said (2000) es por demás claro:

“Primero los sindicatos fueron disueltos o divididos (los mineros británicos y los

controladores de tráfico aéreo estadounidenses) A esto le siguió la privatización de

los principales servicios, como el transporte, la luz, el gas, la educación y la industria

pesada sobre todo en Europa. En Estados Unidos, donde la mayoría de las industrias,

excepto la luz y el gas, estaban ya en manos privadas, pero los precios eran

controlados por el gobierno en el sector de los servicios básicos, la liberalización

estaba a la orden del día. Esto significaba que el Gobierno ya no desempeñaría

ningún papel a la hora de garantizar que los precios de transporte, las necesidades

básicas, la sanidad, la educación, así como el gas y la electricidad, se mantendrían

dentro de ciertos límites. El mercado iba a ser ahora el que dictara las normas, lo que

significaba que el mantenimiento de los costes y beneficios de las líneas aéreas,

hospitales, compañías telefónicas y, más tarde, el gas, electricidad y el agua

quedaban en manos de las compañías privadas frecuentemente con un considerable

perjuicio económico para el consumidor. Muy pronto, hasta correo y buena parte del

sistema de prisiones fueron privatizados y liberalizados. En Gran Bretaña, el

thatcherismo destruyó prácticamente el sistema universitario, pues veía a cada

institución universitaria como un proveedor de aprendizaje y, por tanto, como un

negocio que, desde el punto de vista de pérdidas y ganancias, tendía a perder dinero.

Se eliminaron muchas cátedras, lo que provocó una pérdida extraordinaria de moral y

productividad, ya que miles de profesores tuvieron que buscar empleo en el

extranjero”.

La privatización se convirtió en parte del paradigma hegemónico del neoinstitucionalismo para eficientar la acción de los individuos eliminando las ineficiencias de las empresas propiedad del Estado. Sin embargo, hasta ahora, los efectos han sido negativos. Las bases de la gobernabilidad se han trastocado. Las empresas propiedad del estado a pesar de ser independientemente constituidas, autónomas, o separadas del control político, permanecen como propiedad del Estado representado por los políticos y burócratas.

Se establecieron programas de privatización sin los correspondientes esquemas de incentivos que, además, requieren la creación de nuevas instituciones capaces de encausar los comportamientos racionales pregonados por el neoinstitucionalismo económico. El neoinstitucionalismo asume que los sistemas de incentivos económicos de las instituciones desempeñan un papel importante en la dinámica y desarrollo de los sistemas económicos, políticos y sociales. El nuevo institucionalismo se basa en los modelos explicativos de actores y procede del supuesto que las preferencias pueden ser entendidas en el contexto de los incentivos generados institucionalmente y de las opciones disponibles institucionalmente que estructuran la elección. Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. Las preferencias de los actores políticos son cruciales para lo que se diseña institucionalmente porque los participantes conocen que los altos costos pueden involucrarse si las decisiones van en contra de ellas.

Estas nuevas instituciones deben de sustituir a las anteriores con todos los supuestos vicios como la corrupción, el patrimonialismo, el nepotismo, las acciones no éticas, la degradación del medio ambiente, etc. La mejora institucional y el incremento de sus capacidades para el combate abierto a la corrupción está determinado en buena parte por los recursos destinados por la sociedad civil

Por lo tanto, la globalización económica ha puesto en serias dificultades al Estado de Bienestar porque trata de eliminar el control nacional sobre las transacciones económicas que cruzan las fronteras de los Estados-nación y por lo tanto expone a los productores nacionales a colocar sus productos y servicios al nivel mundial con las condiciones de competencia. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula.

Así, los procesos de la globalización realizados puramente por transacciones de capital especulativo, están reacomodando el ejercicio del poder económico y político en nuevas configuraciones de clase para pasar de un mercado regido por el Estado a un Estado regido por el mercado que debilita la soberanía nacional y la autonomía de las decisiones políticas de los gobiernos. La misma expansión de este capital especulativo de corto plazo, limita los alcances de una planeación estratégica del Estado-nación, con las consiguientes limitaciones al ejercicio de los sistemas de democracia política y soberanía nacional. De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo han favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

La emergencia durante los ochenta del “racionalismo económico” en las políticas públicas en aquellos valores que parecen ser inherentes a la cultura y en la práctica de la economía del bienestar, particularmente evalúa los aspectos de la relación entre los modelos de la microeconomía y la macroeconomía de la intervención del Estado. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. La teoría de la microeconomía identifica la política comercial, la competencia entre los productores foráneos y las inversiones internacionales, así como las diferencias relacionadas con la apertura en los costos de diseño institucional.

El vínculo entre los agentes económicos y las instituciones requiere del análisis del diseño institucional de los sistemas políticos. Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente. La propuesta de aprendizaje institucional sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional.

De acuerdo a Kaiser (1997) el argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma.

Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional.

Los post-positivistas y los institucionalistas atacan el paradigma tradicional de la racionalidad del análisis de las políticas públicas como un instrumento de la administración pública. La administración está perdiendo de vista sus propios objetivos, entre ellos, la consideración de que la democracia es el principio razonable de la buena administración pública (Amín, 2001). Tal parece que existe para sus propios propósitos y con frecuencia parece ser el fin en sí mismo para aquellos que desean entrar. Los procesos de globalización están sometiendo a tensiones al Estado y lo someten a una reforma de la administración pública.

El análisis de las políticas públicas es el nuevo diseño instrumental de la nueva administración pública y de la denominada gerencia pública, cuyos objetivos no son solamente lograr la eficiencia y la maximización de utilidades, sino también lograr la legitimidad del modelo económico que postulan mediante la aprobación ciudadana, tomando en consideración que la conducta y la acción humana se sustenta también en la cultura y las instituciones. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. Esto ha dado lugar a una supremacía de los análisis de políticas públicas basadas en modelos de conducta humana que buscan la maximización de las utilidades, y por lo tanto con una clara orientación al mercado.

Estas políticas públicas organizan al sector público bajo el enfoque de una nueva administración pública, denominada gerencia pública, con fundamento en principios de economía neoclásica, cuya operatividad y funcionalidad responden a los intereses de la globalización económica. Las funciones tradicionales del Estado-nación son redefinidas por las presiones de los procesos de globalización, las cuales reclaman una reforma a la administración pública. El mercado como forma de coordinación está siendo adoptada por el sector público, en relaciones de comprador-proveedor y de subcontratación de servicios. Así, el Estado es considerado como un conjunto de organizaciones interconectadas y no un solo actor. El concepto de Estado implica el ejercicio del poder a través de instituciones. Es un archipiélago más que una isla de poder consciente. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición”.

Sin embargo, el límite de este enfoque instrumentalista de las políticas públicas son los valores de la sociedad. La “racionalidad instrumental” tiene serias implicaciones en la formulación de las políticas públicas al desarrollar una “tiranía de la ciencia política”. En los términos de Dryzek (1990) es un proceso de políticas controlado por una elite de manipuladores que sobre regulan y dan forma a los deseos y aspiraciones de los demás individuos. Estos individuos son considerados como idiotas, en la acepción original del griego, que llamaban así a los individuos que eran irresponsables en las políticas públicas que los tenían sin cuidado.

El análisis de las políticas públicas deben fundamentarse más en los valores sociales y en las instituciones que las sustentan que en modelos gerenciales basados en la economía neoclásica de maximización de utilidades y efectividad. La reforma a la administración pública implica su despolitización y la exigencia ciudadana de que las políticas públicas tengan “responsividad” Los valores son creencias firmes acerca de acciones preferidas y de modos de conducta. Aaron, Man y Taylor (1994: p. 3) sostienen que los analistas han empezado a reconocer que los valores y las normas no son exógenos o independientes de la política pública y la idea de que los valores pueden cambiar, combinado con el reconocimiento de que las respuestas a las políticas dependen de las preferencias a la gente, esto es, de sus valores, lo que conduce a pensar acerca de cómo las políticas públicas deben cambiar los valores directamente o indirectamente, y por lo tanto cambiar las repuestas a las mismas políticas públicas.

Esta relación es con referencia al impacto de la teoría Keynesiana desde los finales de los treinta. Todas las promesas que hace la macroeconomía Keynesiana para cuidar de las variables económicas de la sociedad en su conjunto, con cierta autonomía de las implicaciones confusas de la microeconomía, resumió la economía que tomó seriamente los temas de la microeconomía, como la asignación de los recursos escasos, la determinación de los precios y la oferta.

Sin embargo, el Keynesianismo es disfuncional bajo el esquema de la globalización de la economía. La teoría de la microeconomía identifica la política comercial, la competencia entre los productores foráneos y las inversiones internacionales, así como las diferencias relacionadas con la apertura en los costos de diseño institucional. El vínculo existente entre la eficiencia que buscan los agentes económicos y las instituciones requieren de análisis de diseños institucionales de los sistemas políticos. Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional. Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional.

El neoliberalismo de los ochenta redefinió el papel del Estado en la economía nacional y en el sistema internacional, dejándole pocas opciones bajo el imperativo de encoger sus funciones mientras que por otro lado enfrentan el reto que representa un mundo cada vez más competitivo. El nuevo papel del estado neoliberal rechaza las responsabilidades contraídas por el Estado de Bienestar profundizando los efectos negativos de la diferenciación social y la disociación de la vida social en amplios sectores de las comunidades.

Los ideólogos ortodoxos neoliberales anularon el papel fundamental del Estado, por lo que es necesario se reconsidere cómo debe desempeñar más eficazmente las actividades y funciones de regulación, protección y bienestar social, y mediante que métodos de gobierno debe hacerlo. No obstante, el modelo del Estado d Bienestar llevado a escala global o mundial es un proyecto que alienta lo mejor de la sociedad humana en contra de la maximización de los intereses económicos bursátiles de los grande grupos transnacionales. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

El Estado con un perfil neoliberal asume, promueve y defiende la aplicación de las leyes del libre mercado que más benefician a los agentes multinacionales y trasnacionales del capital. El Estado-nación juega ahora un papel reducido frente a las decisiones de los grandes centros de poder globales. Los gobiernos de los Estados-nación se adaptan a los mandatos del modelo neoliberal. La adaptación al cambio involucra costos de transacción más bajos y mejores resultados que la reforma. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Las políticas que modelan al nuevo Estado se sintetizan en reducciones de sus funciones, y en las privatizaciones y “ajustes estructurales”. Las demandas que los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales formulan en forma incluyente al Estado, sobrecargan sus estructuras y procesos y lo convierten en un Estado ineficiente.

La formulación e implantación de políticas públicas y políticas sociales se olvidan de considerar los principios de equidad, participación, solidaridad, etc., en nombre de la eficiencia económica. En la sociedad moderna hay un conflicto latente entre capitalismo y política. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La política exige por lo menos un uso comunitario sometido a reglas que se regulan por leyes, desde el impuesto obligatorio a las reglas de tráfico, pasando por la reglamentación de la construcción, el comercio etc.

Esta eficiencia económica se logra con la remoción de todas las formas de intervención del gobierno en las actividades económicas y no debe haber restricciones de tarifas en la industria y en el comercio dentro de una nación. Las relaciones de comercio y de mercados se delimitan en acuerdos entre los Estados, los cuales operan dentro de sus fronteras. El neoliberalismo desprecia al Estado-nación porque lo considera ser el principal obstáculo para que las leyes de la “mano invisible del mercado” funcionen bajo criterios de eficiencia racional.

El deterioro del Estado de Bienestar puede explicarse bajo el argumento de la falla del mercado que usa la teoría marginalista para explicar la intervención del Estado. La forma en que el Estado capitalista media en las demandas sociales y los resultados determinan la política social durante las diferentes etapas del proceso contradictorio de acumulación capitalista. La actual tendencia de redefinición de funciones del Estado, la que algunos analistas han denominado como la reestatización o neoestatización del Estado frente a las presiones de los procesos de globalización, la cual se orienta al fortalecimiento de las funciones de intervención y regulación en el desarrollo local y regional, están mediadas por las demandas sociales.

Esta reestatización o neoestatización pretende recuperar funciones eliminadas o disminuidas por el Estado durante la implantación del modelo neoliberal y es la pieza fundamental sobre la que pivota la expansión de las grandes corporaciones transnacionales, la cual es precedida por una expansión militar y política de los Estados imperiales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

El modo de producción capitalista aseguró las relaciones sociales y el desarrollo de las fuerzas productivas en un espacio geopolítico organizado por el Estado-nación y que protege la organización geoeconómica donde tiene su organización las instituciones del mercado. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Las estrategias de desarrollo empresarial tienden a orientar la producción hacia los sectores que tienen ventajas competitivas y un mayor valor agregado para insertar eficazmente la economía local y regional en los flujos de los mercados internacionales. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales. La promoción y conquista de estos mercados internacionales es una función todavía que realiza el Estado nación, como lo es también, la protección de los mercados internos.

La concepción del espacio nacional se encuentra delimitada por la delimitación territorial en función de fronteras físicas y geográficas donde ocurren los fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales. En el espacio nacional ocurren los fenómenos geopolíticos de donde avanzan hacia los niveles espaciales internacionales y global la preponderancia en los fenómenos geoeconómicos. La determinación de los espacios nacionales contribuye a delimitar las unidades de espacios de soberanía.

Con el proyecto neoliberal de Estado, se supeditó la política social a la política económica. La política social neoliberal sigue la lógica de la caridad, sólo para desatender a erradicar las causas de la pobreza, para concentrar recursos en programas de atención limitada a sujetos en pobreza extrema. Un mayor problema es dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados. El alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma (De Swaan Abram, 1997). A pesar del libre movimiento de capitales, las trampas de la pobreza emergen debido a la inmovilidad del trabajo y a la baja productividad que repercuten en ingresos salariales más bajos.

El neoliberalismo modificó radical y profundamente la política económica de los Estados-nación transformando sus funciones de subsidiario a regulador, cuando lo que se requiere con urgencia es enfatizar el rol subsidiario del Estado mediante el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la sociedad civil. La sociedad adquiere una relevancia importante como actor social en la promoción del crecimiento y el desarrollo equilibrado y equitativo entre las diferentes regiones y localidades. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

También hay que considerar la posibilidad que al declinar las funciones del Estado, la sociedad civil pudiera desintegrarse. Así mismo, la política social tiene que volver a darle una orientación más humana a la estrategia de desarrollo neoliberal. Las estrategias de desarrollo deben ser formuladas para generar oportunidades mediante la optimización de recursos y potencialidades existentes en las localidades y regiones.

Por eso, en el diseño de la política social y en su implementación, deben impulsarse sobre la base de consensos con todas las orientaciones ideológicas y fuerzas políticas activas en la sociedad. Sin embargo, la eficacia de la política no está determinada por su diseño, sino que también depende de muchas otras variables. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva.

El neoliberalismo modifica también la política económica promoviendo la competitividad y la liberalización de los mercados, la creación de acuerdos comerciales, la desnacionalización de las empresas estatales, la privatización y transnacionalización de los factores de producción, estimulación y concentración de capitales transnacionales e inversión extranjera, etc. La privatización de los factores de producción concentra los procesos e tomas de decisiones a escala planetaria, como acciones concretas de las corporaciones transnacionales. Una mayor movilidad de los factores de producción es la principal característica de estos cambios que conllevan un enfoque emprendedor y de innovación.

En la globalización económica, ninguno de los factores de la producción (materias primas, capital, trabajo y organización) es determinante, pero sí lo es el nivel óptimo de una relación entre éstos factores. No obstante, a las corporaciones no se les requiere que se ajusten a una sustentabilidad porque para modificar las actuales reglas del juego en que operan se generarían tensiones. Una corporación orientada a la sustentabilidad tiene una redefinición de su contrato social con la sociedad.

La estructura estatal se está modificando para apartarse de las agencias que están más cercanas a las fuerzas sociales, hacia aquéllas otras agencias que están más relacionadas con los procesos transnacionales de formación de consensos. Las estructuras espaciales delimitadas territorialmente por fronteras físicas y geográficas definen hasta cierto punto las interrelaciones entre las diferentes unidades.

La inversión directa borra las fronteras entre existentes entre los Estados-nación y las empresas permitiendo a éstas penetrar en aquél y al mercado penetrar y doblegar el sistema político. Así, el Estado nación queda limitado para ejercer la facultad soberana de control de las actividades que desarrollan las corporaciones transnacionales. En función de ello, la globalización ha impuesto al Estados-nación la condición ineludible de participación en bloques comerciales y serias restricciones en su política económica. Los grandes intereses de los grupos corporativos transnacionales limitan las acciones de regulación de los Estados a efectos de lograr mayores ventajas que les reditúen altas tasas de utilidades.

Las crisis que detuvo el Estado de Bienestar, han resurgido con más fuerza una vez que se le ha sustituido por el Estado Neoliberal. Soros (1999) sostiene que el origen de la crisis del sistema capitalista global, caracterizado más por el libre flujo de capital que por el libre comercio, se encuentra en el mecanismo que define su esencia: los mercados de capital libres y competitivos que “mantienen capital privado en movimiento constante a los largo y ancho del planeta, al acecho de mayores beneficios y de, supuestamente, la distribución más eficiente de las inversiones y los ahorros a escala mundial” Hasta ahora no se ha demostrado que exista una relación directa entre la liberalización de mercados de capitales y el crecimiento económico. La volatilidad de los mercados de capitales limita el crecimiento económico e incrementa los niveles de pobreza. El capital privado se expande a todas regiones del mundo y continúa en estrecha relación con los Estados-nación imperiales en la economía global. Por lo tanto, las crisis son sólo un síntoma de la patología de una epidemia económica global. Las crisis del objeto del capitalismo se deben más al dominio de su valor de uso que al dominio del valor de cambio.

Los cambios que se dan en las finanzas internacionales están abrumando a los gobiernos del Estado-nación. Bajo un enfoque de finanzas internacionales y de servicios corporativos, como formas de globalización económica en las últimas dos décadas, las agencias en cuestión, no necesariamente están fortaleciendo el sistema interestatal (Sassen, 1995) Las diferentes formas de globalización de hecho pueden estar llevando a incrementar las tasas de pobreza de algunas naciones y en determinados sectores sociales. Mientras que simultáneamente están disminuyendo las tasas en otros sectores y naciones. Las agencias internacionales no pueden reconfigurar las bases sociales para provocar cambios de gran impacto pero mediante presiones tienen una mayor influencia para recomendar cambios en las funciones del Estado-nación.

Con el surgimiento del capitalismo corporativo o neocapitalismo, la conducta de los individuos definidos como “consumidores” es regulada por agentes económicos. Estos agentes económicos toman decisiones para operar en un mercado, en función de la información disponible. Sin embargo, los analistas de la globalización actualmente hacen énfasis en que las fuerzas y las instituciones globalizadoras están por encima y atrás de todas los Estados-nación, con la consecuente pérdida de su poder soberano debido a la transformación radical y al desplazamiento de la posición de las relaciones existentes entre el centro y la periferia.

Incluso, Brzezinski va más allá, cuando afirma que a largo plazo, las políticas globales tenderán a ser cada vez más incompatibles con la concentración de poder hegemónico en manos de un único Estado. De ahí, que Estados Unidos, sostiene el autor, no sólo es la primera y la única verdadera superpotencia global sino que, probablemente, será también la única. Cualquier intento de los Estados-nación por regular las actividades de las grandes corporaciones transnacionales, es visto como acciones de insubordinación, amenazas e intimidación y por lo tanto es severamente castigado.

A pesar de las diferencias significativas entre los análisis de la economía política y otros análisis como el cultural, un punto que unifica los desarrollos teóricos es la conceptualización de la omnipotencia del capital global (Kayatekin y Ruccio, 1998) Korten (1995) acusa a la intelligentsia neoliberal de distorsionar las teorías del libre mercado de Adam Smith y David Ricardo sobre el mercado libre y la ventaja comparativa, en favor de las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales. La retórica del libre mercado ha sido promovida por los ideólogos conservadores de la derecha y asimilada y repetida por la izquierda.

La teoría de la ventaja comparativa sostiene que las empresas de los países que se abren al comercio internacional, tienden a especializarse en aquello en lo que el país en que operan hace lo mejor. Desde tan pronto como, la subestimación de los factores culturales del desarrollo ha causado grandes trastornos, por lo que es urgente la incorporación de la etnocultura a los proyectos de desarrollo basados en una ventaja comparativa..

Las instituciones y las fuerzas impulsoras de la globalización están por arriba y más allá de las naciones-Estado, transformando y desplazando las relaciones del equilibrio existentes en la economía y la sociedad. La globalización de la producción y las finanzas debilita la habilidad de los que elaboran la política económica nacional delimitada por un marco de referencia internacional establecido por las fuerzas globales transnacionales. Una política económica que no tiene consideraciones de un medio ambiente en constante degradación.

Algunos analistas hacen referencia al impacto que estas tendencias están teniendo sobre el Estado para señalar la transición hacia un “Estado virtual” que basa sus estrategias en la movilidad del capital, el trabajo y la información. Y que, además, busca controlar más los mercados mundiales que sostener la soberanía sobre grandes extensiones territoriales, los cuales ya no constituyen la base estructural del crecimiento económico y el desarrollo social.

Sin embargo, la tendencia globalizadora a la sobreproducción deriva en ciclos económicos con periodos de crisis que rasgan el desarrollo de regiones y países. La estrategia de reproducción del sistema capitalista es dual en donde los actores hacen y no hacen sucesiva e interrumpidamente algo (Barel, 1989). Al respecto, Ramos (2001) concluye que las respuestas adaptativas de los actores sociales atrapados en las redes de poder, consisten en apostar por estrategias dobles que permiten construir contraintuitivas identidades paradójicas, con lo cual los actores logran reproducir las redes, consolidarse y “enjaularse” e “incapacitándose para romper la lógica perversa que la anima”.

Las investigaciones evidencian que la comparación de los ciclos de negocios entre los países desarrollados documenta la existencia de fluctuaciones macroeconómicas entre los países que están más unidos y que, además, los ciclos de los negocios en las economías en desarrollo exhiben varias características que son comunes con los ciclos de aquéllas economías de los países desarrollados.

Sin embargo, hasta ahora no ha habido estudios que examinen las propiedades de los ciclos de negocios mundiales en forma simultánea con los ciclos regionales o nacionales. Los factores dinámicos nacionales representan un papel importante en la explicación de las fluctuaciones del consumo más que los factores mundiales y regionales.

Las instituciones internacionales que limitan la acción de las instituciones nacionales constituyen en sí mismas los obstáculos para un dinamismo socio técnico global que resuelva los problemas a un macro nivel, en parte debido a su carácter antidemocrático que excluye de participar en los procesos de tomas de decisiones a las instituciones nacionales. Resulta una utopía pensar que las instituciones internacionales pueden tener prácticas democráticas. Un problema crucial para el futuro inmediato es el diseño de instituciones internacionales requieren de un diseño bien articulado adaptado a las normas democráticas apropiadas.

La adaptación al cambio involucra costos de transacción más bajos y mejores resultados que la reforma. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio (Kaiser, 1997). Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica.

Por lo tanto, la mayor parte de las protestas en contra de estas instituciones se basan en esta deficiencia democrática. Muchos estudios se están realizando bajo esta perspectiva teórica implicando evitar la “trampa territorial” que se concentra en el Estado como el primer actor, perspectiva que en todo caso está en discusión. No obstante, las instituciones internacionales son débiles con relación a los Estados que son ricos y poderosos.

La tendencia apunta al entendimiento global del sistema económico internacional y a la teorización de la pluralidad de espacios de la economía política.