LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

José Gpe. Vargas Hernández

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Mercado contra Estado.

El largo debate existente entre los diferentes sistemas económicos (socialismo contra capitalismo), se caracteriza por la polarización de las funciones del Estado contra las del mercado. La conclusión de Touraine (2000) es que “la idea de Estado-nación desaparece en cuanto correspondía a una fuerte interrelación de todos los elementos de la vida social al mismo nivel territorial. Pero ni el estado ni la nación desaparecen ahogados por el poder absoluto de los mercados.”

En estos sistemas económicos, el ser humano se hace “objeto” del poder del Estado o del mercado. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición”.

El debate se ha centrado en un espectro de las formas institucionales de las economías del mercado puro, los mercados regulados, el socialismo del mercado y las jerarquías puras en la forma de las economías de planificación central. La gobernabilidad por las jerarquías opera mediante la imposición de políticas, reglas y reglamentaciones en forma autoritaria, de los niveles superiores a los inferiores, sobretodo en los aparatos burocráticos del sector público, para lo cual justifica el uso de métodos represivos contra quienes no están de acuerdo con sus proyectos y opiniones.

La violencia se institucionaliza. Las jerarquías políticas y sociales en los países menos desarrollados son por herencia injustas y estas jerarquías son preservadas por estructuras y prácticas que son injustas en términos de los estándares universales y locales de legalidad y justicia, los cuales son frecuentemente expuestos pero no practicados. Las soluciones propuestas van entre un extremo que reclama la intervención directa del Estado en las actividades económicas (economía socialista), al otro extremo, en el que el mercado con sus mecanismos de precios reclaman plena libertad para el ejercicio de sus funciones (economía capitalista). La economía capitalista del mercado tiene un carácter social.

Entre estas dos propuestas extremas, existen las intermedias como la del “socialismo democrático”, “socialismo del mercado” y la del “mercado social”, solo por mencionar algunas. La “economía social de mercado” y el “liberalismo social” son propuestas que se acercan mucho a la doctrina del neoliberalismo. Tanto el Estado comunista totalitario como el Estado nacionalista popular han resultado inviable. El socialismo del mercado se refiere, por ejemplo, a un modelo de economía en que los trabajos del mercado eran simulados, más que la existencia de un mercado real. Sin embargo, esta tipología es muy genérica y lo que se acepta es la simplificación de que existen muchos modelos de capitalismo. Screpanti (1999) hace una clasificación de las formas institucionales del capitalismo en función de las estructuras de la gobernabilidad, de la acumulación y de los regímenes de la propiedad privada. La propiedad privada es la regla fundamental sobre la que se fundamenta el mecanismo del mercado.

FORMAS INSTITUCIONALES DEL CAPITALISMO DE SCREPANTI (1999)

REGÍMENES DE DERECHOS DE PROPIEDAD

ESTRUCTURAS DE GOBERNABILIDAD DE ACUMULACIÓN Propiedad privada concentrada Propiedad privada difusa Propiedad estatal

Mercados de bienes o mercancías. Capitalismo clásico.

Revolución industrial Yugoslavia

Mercados de compañías. Capitalismo corporativo orientado

al mercado.

Estados Unidos.

Reino Unido.

Jerarquías externas Capitalismo corporativo orientado a los bancos.

Alemania

Japón. Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas.

Jerarquías internas Todas las anteriores Todas las anteriores Todas las anteriores

Las diferentes configuraciones de las formas de sociedades capitalistas y post-capitalistas correspondientes a las dimensiones del análisis sociológico de mercado, Estado y sociedad civil, son substituidas por las formas y modos organizacionales de mercado, jerarquía y comunidad. Estados efectivos y mercados eficientes son importantes para establecer una sociedad humana floreciente. Sin embargo, la reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad.

El análisis institucional cualitativo compara las alternativas estructurales discretas. La conexión entre los tres modelos de gobernabilidad (mercado, jerarquía y comunidad), deriva de los supuestos del rational choice o elección racional y principalmente los costos de transacción, es decir, mientras los costos de transacción se incrementan en una forma de gobernabilidad, otra se vuelve más eficiente. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. El cálculo de los costos y beneficios de las diferentes formas de organización mediante el empleo de costos de transacción, es un concepto perverso. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. El acercamiento que hace Adler (1999) de los tipos ideales para entender los híbridos en los que incorpora la noción de confianza se derivan en una tipología de las formas institucionales.

MERCADO

JERARQUÍA

TIPOLOGÍA DE FORMAS SOCIALES (ADLER, 1999)

Comparando los tres modelos de gobernabilidad se deben considerar como factores el número de actores involucrados, la intensidad y duración de las relaciones entre ellos, disponibilidad de la información y la presencia o ausencia de valores compartidos. A nivel macro, las tres formas de gobernabilidad, las jerarquías, los mercados y la comunidad, no necesariamente corresponden a los sectores público, privado, y social también denominado voluntario, organizaciones no gubernamentales o tercer sector.

De hecho, cada uno de los sectores diferentes contienen una mezcla de formas de gobernabilidad aunque uno puede prevalecer sobre los demás. Las formas de gobernabilidad también sugieren algunas formas específicas de entrenamiento de oficiales y aquellos involucrados en organizaciones voluntarias y privadas con varias formas de conexión al Estado y que cruzan las fronteras entre lo público y lo privado, es decir que van más allá de la esfera del sistema político.

A nivel meso, el enfoque de la gobernabilidad enfatiza la elección instrumental, en la que los costos de transacción son decisivos para determinar la forma como deben ser entregados los servicios tomando en consideración las características técnicas y de los clientes. Las transacciones entre las diferentes partes involucradas deben proporcionar beneficios mutuos a todos. El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Finalmente, a nivel micro se enfatizan la elección individual.

La emergencia de la confianza como un mecanismo de coordinación, siguiendo a Adler (1999), debilita la legitimidad del mercado y de la jerarquía. También debilita al mercado como un modelo de gobernabilidad para las relaciones ínter divisionales e ínter empresariales, en las corporaciones de forma M. Tanto las empresas como el mercado difieren en su acceso al fiat el cual es parcialmente explicado por las diferencias en los contratos legales. Igualmente, debilita la legitimidad de la jerarquía como un modelo de gobernabilidad para las relaciones de los empleados y las relaciones ínter divisionales en las corporaciones de forma U.

Las costosas fluctuaciones con las manifiestas fallas de los mercados, así como el dominio coercitivo y la especialización enajenante de las jerarquías, las convierte en incapaces para administrar las capacidades generadas por el conocimiento. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado.

La evolución de la estructura socioeconómica hacia más altos niveles de capacidades de administración del conocimiento requiere del desplazamiento del mercado como la forma organizacional dominante. La infusión de confianza en el mercado y en la jerarquía parece legitimar la democratización de las organizaciones. Los procesos de planeación requerirán de altos niveles de confianza de las personas involucradas, pero sobretodo, de una transformación de las relaciones sociales. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

Las relaciones sociales dentro y entre las empresas difieren y deben de considerarse en la decisión para usar formas de gobernabilidad del mercado y de las jerarquías. Las empresas y los mercados difieren en su acceso al fiat lo que se explica parcialmente por las diferencias en los contratos legales. Las relaciones de intercambio entre las empresas pueden ser reducidos a transacciones que representan ciertos costos burocráticos establecidos en mecanismos de precios. La dirección de una economía planificada requerirá de procesos y mecanismos democráticos para lograr una apropiada satisfacción de las necesidades de la población. Por lo mismo, la dirección de una economía planificada, responde más apropiadamente a las necesidades de la población si se utilizan mecanismos democráticos.

El modelo de Estado de Bienestar fue implementado en muchos países durante varias décadas de este siglo, mediante políticas públicas y decisiones de gobernabilidad que iban desde posturas keynesianas que favorecían un intervencionismo estatal, hasta posiciones extremas socialistas en donde el Estado asume control total del mercado. El Estado de Bienestar representó después de la Segunda Guerra Mundial, un régimen de economía social del Estado que procura una mejor distribución de la riqueza. Muchos de los Estados nacionales implementaron una política económica y social diferente a la recomendada por las instituciones financieras internacionales durante el período de la posguerra comprendido entre los años de 1945 a 1975.

La economía social del mercado, del término alemán soziale Marktwirtschaft, afirma Semo (1998), es una metáfora que significa “la regulación del mercado por el conflicto social y el control del Estado por los contrapesos democráticos”. El déficit de regulación y gobernabilidad se debe a los fracasos en la transferencia del poder y el mando de las instituciones del Estado a las instituciones del mercado mediante programas de desregulación del Estado que significan en realidad la regulación por el mercado. El análisis en los tipos de veto es actualmente en discusión de la reforma institucional es indicativo de la percepción que prevalece de déficit en el sistema político.

La nacionalización de las empresas, basado en ideales socialistas o comunistas, ha sido un fenómeno recurrente en los países en desarrollo. Habermas (1998) acierta un punto que finalmente resulta ser muy discutible cuando afirma que en las actuales dimensiones, las funciones del Estado de bienestar social sólo pueden cumplirse cuando pasan del Estado nacional a unidades políticas que se adelantan en cierta medida a una economía transnacionalizada. En sí, el modelo de Estado de Bienestar a escala global o mundial es un proyecto que alienta el rescate de lo mejor de la sociedad humana en contra de declarar su desaparición para beneficiar la maximización de los grandes intereses bursátiles corporativos.

La influencia de la Nueva Derecha y los trabajos académicos de Hayek, Friedman y la Escuela Austriaca de economía en la década de los ochenta, inclinó las decisiones en favor de un sistema económico basado en las libres fuerzas del mercado. La Escuela Austriaca enfatiza la teoría subjetiva del valor a diferencia de la teoría clásica de la economía política que enfatiza la teoría objetiva del valor.

Probablemente el economista y filósofo político Hayek es el más influyente en el neoliberalismo. Es famoso el debate que sostuvo Hayek con Keynes acerca del intervencionismo. Keynes argumentó la existencia de fallas para entender el papel que las tasas de interés y el capital juegan en la economía de mercado. Milton Friedman sigue las propuestas de Hayek y junto con otros prominentes economistas norteamericanos forma la escuela Americana Neoliberal con varias corrientes: la Escuela de Chicago, la teoría de la elección pública, la teoría del capital humano. Hayek previno de los peligros políticos del socialismo, como el totalitarismo que surge que surge de la naturaleza planeada de las instituciones económicas y se preocupa por restaurar el liberalismo clásico en una sociedad libre, la cual incluye al mercado libre como su principal institución.

La orientación del Estado hacia el bienestar obstaculiza el desarrollo del mercado, consume la riqueza e infringe los derechos ciudadanos, sostienen estos economistas. No obstante, es el Estado el garante de los derechos ciudadanos conquistados en luchas por nuevas libertades políticas y sociales por los individuos, grupos y naciones. Al decir de Inherin (1987:15), “todos y cada uno de los derechos, ya sean derechos de personas o derechos individuales, se reafirman únicamente mediante una continua tendencia a la lucha”. A una primera etapa en que se crearon los derechos individuales, se establecieron los mecanismos para la defensa de estos derechos.

Hayek resume la doctrina social del neoliberlismo diciendo que “una sociedad requiere de ciertas morales que en ultima instancia se reducen a la mantención de vidas: no a la mantención de todas las vidas porque podría ser necesario sacrificar vidas individuales para preservar un número mayor de otras vidas. Por lo tanto las únicas reglas morales son ... la propiedad y el contrato” (Hayek, 1990). Anteriormente (Hayek, 1980) había dicho que “El Estado debe proveer un cuerpo general de leyes al mejor funcionamiento del mercado. Esto implica mejorar gradualmente las reglas del derecho privado y comercial. El estudios de los fundamentos de la teoría de los contratos son de mejor fundamento que el estudio de los procesos de adjudicación judicial.

Luego está la función de proveer, por fuera del mercado, un conjunto de bienes y servicios para algunas personas que no tienen la capacidad de ganar un nivel mínimo de salario en el mercado de trabajo. Pero esto no debe hacerse interfiriendo en el mercado. Las personas que no puedan lograr un nivel de ingreso que les permita cubrir sus necesidades más elementales deben recibir una compensación uniforme del Estado.” Esta política de compensación a los requerimientos y demandas de los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales sobrecargan las estructuras político burocráticos y provocan la crisis del Estado de Bienestar. No obstante, la integración internacional debe conducir a estructuras más descentralizadas de los mercados laborales.

Ciertamente, los mismos problemas internos que previenen el florecimiento de un desarrollo basado en el mercado, también entorpece la dimensión externa, la esfera globalizada de los mercados. Esto es, si la sociedad se encuentra atrapada en el desarrollo de sus instituciones domésticas y su economía política, la globalización no es la solución ciertamente a los problemas. Por el contrario, si se enfatizan los procesos de globalización bajo este esquema de desarrollo nacional, lo más seguro es que las dimensiones de los problemas crezcan. Se sobre enfatiza la importancia de la globalización en el amplio esquema del desarrollo.

En vez de ajustar el desarrollo local y nacional a las tendencias y patrones globales, una estrategia de desarrollo nacional debe tomar en cuenta las necesidades locales y nacionales, sus particularidades y potencialidades, sus ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales, como la base para una más articulada integración en los procesos de globalización. La estrategia de modernización neoliberal se ha absolutizado bajo un dogma ortodoxo que no distingue diferencias de desarrollo entre los Estados nacionales y las localidades. Las estrategias de desarrollo deben ser formuladas para generar oportunidades locales y regionales mediante el uso óptimo de recursos y potencialidades.

En este sentido el desarrollo nacional que promueve el desarrollo local y regional, debe avanzar en doble sentido. El crecimiento económico y desarrollo de la economía regional está relacionada directamente con la estructura económica del mismo territorio, las variables macroeconómicas nacional y los procesos de globalización económica. Los procesos de globalización económica y de los mercados son resultado de los acuerdos entre los Estados y por el crecimiento de las empresas transnacionales. Los programas de desarrollo local deben pivotar sobre la base de interacciones comunitarias y solidariamente comprometidas en forma activa y continua, más que por la simple contigüidad física o territorial.

Esfuerzos para un desarrollo estructural con una amplia cobertura de arriba hacia abajo y esfuerzos de abajo hacia arriba que enfatizan las particularidades de las diferentes localidades y regiones. La estructura espacial delimitada por los diferentes niveles de territorios, definen las interrelaciones entre las diferentes entidades geográficas. Con la desterritorialización del Estado a escala de espacio nacional, nuevas formas de unidades espaciales están emergiendo.

La construcción territorial del espacio de las decisiones públicas de abajo hacia arriba, que privilegia con una mayor autonomía al gobierno local, debe considerar la corresponsabilidad de competencias en la gestión pública. El ejercicio de la autonomía del gobierno local entra en conflicto con otros niveles de gobierno, por lo que no es una autonomía absoluta, sino relativa. Las competencias exclusivas y las concurrentes deben ser delimitadas en los diferentes niveles de gestión pública.

De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales. La gestión pública es un factor importante en la gestión del desarrollo local, aunque desafortunadamente los gobiernos locales no asumen su responsabilidad como agentes de desarrollo en las decisiones relacionadas con la sociedad local.

El desarrollo local es un proceso orientado por estrategias y políticas que articula esfuerzos y recursos de agentes económicos y actores políticos con capacidad de acción territorial para lograr objetivos de crecimiento económico, desarrollo social y mayores niveles de bienestar de la población. Son actores y agentes todos los que toman decisiones que afectan al territorio (Marsiglia y Pintos, 2001). Los programas de desarrollo local deben pivotar sobre la base de una estructura de interacciones comunitarias, solidariamente comprometidas en forma activa y continua, más que en una simple contigüidad territorial o geográfica,

Por lo tanto, no existe un modelo único de desarrollo local sino distintas propuestas de proyectos. El desarrollo, según Tarapues Chamorro (2001) se entiende como el “proceso capaz de permitir un mejoramiento de las capacidades humanas y, por tanto, un alza de la producción y de la productividad de bienes y servicios favorable al crecimiento”. Y lo local se refiere al “espacio donde, de manera inmediata, se concreta tal proceso; se trata de encontrar métodos para ayudar a la creación de la actividad en ámbitos locales”. La tendencia en la formulación e implantación de una política de desarrollo empresarial, es orientar la producción hacia sectores de mayor valor agregado y lograr una inserción en los mercados internacionales de la economía nacional y regional.

El Estado nacional todavía tiene un papel importante que desempeñar en la promoción y conquista de los mercados internacionales y en la protección de los mercados internos. La eficacia de la política de desarrollo depende mucho del ejercicio de una burocracia desarrollista que no ha logrado consolidarse en forma autónoma y que sigue arrastrando viejos vicios patrimonialistas. Lechner (2000) sostiene que las políticas de desarrollo tienen que manejar complementariamente la modernización y la subjetividad. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000).

Los actores son las personas e instituciones que desarrollan acciones directas en un territorio, así como también a las “estructuras, organismos y personas que por misión o acción tienen un lugar y un papel en los engranajes de los intercambios locales (Cachón, 1996). Tomando en consideración que el término local se asocia tanto a un territorio físico definido, como también a un grupo en movimiento en un espacio móvil, van Helmerick (2001) define una localidad o un sistema localizado como “un conjunto de elementos en interacción dinámica, localizado dentro de los límites de un espacio físico determinado, organizados en función de un fin”.

El concepto anterior de espacio como una delimitación física y territorial ha evolucionado a un concepto más dinámico, abierto y multilineal. Arellanes Jiménez caracteriza este espacio como “concepto dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones”, Una redefinición del territorio es la base para el nuevo espacio geopolítico que requiere la nueva gestión pública local para involucrar a los diferentes actores y agentes en la promoción del desarrollo de la sociedad. La gestión pública es un factor importante para el fortalecimiento o el debilitamiento de la acción gubernamental. La sociedad regional adquiere relevancia en la promoción del desarrollo local equitativo y equilibrado. El espacio geopolítico redefinido, además cede su lugar al espacio geoeconómico donde se organizan las instituciones del mercado.

Este conjunto de elementos se refiere a las personas que viven habitualmente y a las unidades económicas establecidas en un territorio. Marsiglia y Pintos (2001) conceptualizan el territorio local/regional como “una dimensión económica, una dimensión identitaria e histórica, una comunidad de intereses y como espacio con un potencial endógeno para potenciar el desarrollo. De acuerdo a Putnam (1993: 183), “la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político”.

La reinvención del espacio geopolítico del gobierno local implica una nueva estructura territorial que implica el desarrollo del espacio geoeconómico donde se organiza el mercado, en la cual la gestión pública municipal se manifiesta como el escenario en que los diferentes actores y agentes interactúan en proyectos de colaboración conjunta para la solución de sus propios problemas, mediante políticas que articulan los esfuerzos locales con los nacionales.

Por otro lado, la redefinición de las funciones de los gobiernos municipales requieren del compromiso de servidores públicos capaces de formular e instrumentar estrategias de desarrollo a largo plazo. La ciudadanía, organizaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales, organismos empresariales, etc., como actores de la sociedad civil, deben ser involucradas por el gobierno municipal para participación en los procesos de tomas de decisiones para la formulación y ejecución de políticas públicas orientadas a estimular el desarrollo local y regional.

El gobierno municipal puede establecer determinadas reglas del juego en el ejercicio de su autonomía, la cual, de acuerdo a Ruíz Blanco (1993: 120) comprende “la elección de sus propias autoridades (autonomía política); la libre gestión en las materias de su competencia (autonomía normativa); la creación y recaudación de impuestos (autonomía tributaria) y la inversión de sus propios ingresos (autonomía administrativa)”. De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes. La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

La gestión pública municipal es un factor importante para el fortalecimiento o debilitamiento de las acciones gubernamentales, aunque desafortunadamente los gobiernos locales no asumen su responsabilidad en los procesos de tomas de decisiones relacionadas con la sociedad local en la promoción del desarrollo. El fortalecimiento de los gobiernos municipales requieren de una mayor autonomía financiera y administrativa, la participación ciudadana y de la sociedad, el manejo eficiente de sus recursos, proyectos intergubernamentales e interinstitucionales, etc.

La autonomía municipal se clasifica en política y administrativa. Es autonomía política la que se refiere directamente al ejercicio del poder de elegir y gobernar y la autonomía administrativa se refiere al funcionamientos de las organizaciones. De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes.

El gobierno municipal puede establecer determinadas reglas del juego en el ejercicio de su autonomía, la cual, de acuerdo a Ruíz Blanco (1993: 120) comprende “la elección de sus propias autoridades (autonomía política); la libre gestión en las materias de su competencia (autonomía normativa); la creación y recaudación de impuestos (autonomía tributaria) y la inversión de sus propios ingresos (autonomía administrativa)”. La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

Van Hermelrick (2001) define el espacio local como un sistema compuesto de “un conjunto de subsistemas en interacción dinámica entre sí y con su medio ambiente, cuya finalidad es la satisfacción de necesidades.” El mismo autor entiende el desarrollo local como “un proceso basado en alianzas entre actores, que se genera en un ámbito territorial inmediato, con el fin de impulsar procesos de cambios para el mejoramiento de su bienestar colectivo.”

Los proyectos de desarrollo local integral deben tener como fundamento la reconstrucción de su propia realidad y no ser elaborado desde el escritorio de una oficina del gobierno central, de tal forma que tome en consideración las necesidades de desarrollo locales, los recursos y capacidades locales existentes, las áreas prioritarias y el involucramiento de los principales agentes económicos y actores políticos y sociales. Estos agentes y actores son el Estado y gobierno mismo, sociedad civil, empresas privadas, etc. Por lo tanto, no existe un modelo único de desarrollo local sino distintas propuestas de proyectos.

Enríquez (2001) plantea la apertura del campo del desarrollo local en tres vertientes: la concepción metodológica de trabajo que impulsan las organizaciones de la sociedad civil y que impulsa acciones desde abajo para enfrentar la problemática del crecimiento económico y desarrollo social; como resultado de los procesos de descentralización y democratización del Estado, y como respuesta a los requerimientos de la cooperación internacional, la promoción de la reforma del Estado y la tendencia democratizadora. Corresponde a los gobiernos la protección para la producción del crecimiento económico.

López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una “propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y sociallo permiten y, presionan en su favor.” La tendencia hacia las reformas en los gobiernos municipales y en su autonomía se expresa en las reformas constitucionales en muchos países del mundo.

La democratización y el desarrollo social se encuentran en una relación estrecha íntima. Lo que queda claro es que los procesos de democratización social, requerirán de procesos de transformación socialista. Las concepciones extremas de los modelos autárquicos a los modelos globalizadores, con diferentes componentes. Sin embargo, hasta ahora, el desarrollo local sufre de los efectos recesivos de las políticas de ajuste estructural y de estabilización económica que arrojaron un incremento masivo del desempleo, elevación de los niveles de pobreza y desigualdad social.

Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

Visto desde la perspectiva global y a través de los lentes conceptuales de la integración contemporánea en la economía capitalista global, se ha reforzado, sino acentuado esta extrema desigualdad así como las relaciones injustas de subordinación y dominación que mantiene y complementa esta desigualdad. La economía capitalista del mercado tiene un carácter social. Junto con las elites locales y los capitalistas transnacionales han promovido mayores cambios estructurales en las economías menos desarrolladas a fin de facilitar la creciente integración de la región en la economía global capitalista. La naturaleza de la integración regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo

Por lo anterior, el desarrollo local integral tienen que ser reorientado en su objetivo para cubrir o minimizar estas deficiencias y los impactos negativos en el desarrollo social, impulsando y promoviendo proyectos que impliquen nuevas formas de organización para incrementar los niveles de eficiencia pero también la consecución de una mayor igualdad en el acceso a los recursos y beneficios del crecimiento económico medido en términos cuantitativos del producto interno bruto per cápita y el promedio real de consumo.

No obstante, la promoción del desarrollo económico local se mantiene solamente con una orientación en el ámbito del mercado, por lo que sería importante no conceptualizarlo subordinado siempre a la eficiencia de los agentes económicos. Para Tarapuez Chamorro (2001), el desarrollo económico local es el proceso que reactiva la economía y dinamiza la sociedad local mediante el aprovechamiento eficiente de recursos endógenos existentes en la localidad a efecto de estimular el crecimiento económico, crear empleo y mejorar los niveles de calidad de vida.

Precisamente, Boisier (1988), argumenta que lo local es el escenario óptimo para la participación individual en la orientación del mercado, pero insuficiente para la participación colectiva. El diseño e implantación de programas de desarrollo económico local se requiere de una estructura institucional orientada a la promoción de la formación de capital humano y social para elevar los niveles de productividad.

El desarrollo económico regional es descrito como la serie de incrementos en el volumen de las operaciones económicas tales como el producto agregado y el ingreso total, entendidos como la suma del valor de lo producido en las diferentes actividades económicas y como la suma total de los ingresos generados para quienes participan en dichas actividades (Tarapuez Chamorro, 2001). El crecimiento y desarrollo de la economía regional está determinada por la estructura económica existente en el mismo territorio, las variables macroeconómicas nacionales y los procesos de globalización económica.

Así mismo, en detrimento de la acción centrada en el papel del Estado como promotor del desarrollo y crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. El crecimiento económico se ha producido bajo la protección gubernamental. En este nuevo modelo económico definido por una relación hacia dentro de separación entre el mercado y el Estado y hacia fuera por la integración a los procesos de globalización económica, e implementado con algunas diferencias en las políticas económicas.

En términos generales, la primera fase de reformas del Estado estuvo marcada por un desmantelamiento del mismo Estado y por el reforzamiento de una economía antiestatista, en lo que se ha dado en llamar, reformas de la primera generación. Los ideólogos ortodoxos neoliberales limitaron las funciones del estado en materia de regulaciones y en la protección y bienestar social. Los procesos globales de la reestructuración capitalista e integración y las reformas liberales tomadas por los gobiernos latinoamericanos han reconfigurado el mercado laboral, incrementado la transferencia del ingreso de las clases bajas a las clases altas y debilitado grandemente la posición de la clase trabajadora en Latinoamérica.

Sin embargo, existe también la otra tendencia opuesta que consiste en la promoción del desarrollo local y regional mediante el fortalecimiento de la función regulatoria. En esta última tendencia, la reestatización o neoestatización de las funciones del Estado se orientan a recuperar algunas de las funciones eliminadas o disminuías por la aplicación de las políticas económico-sociales del modelo neoliberal, la cual constiituye por sí misma una de las piezas clave en la expansión de las grandes corporaciones transnacionales, la cual ha sido posible debido a la expansión militar y política de los Estados imperialistas.

Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales Esta expansión la logran las corporaciones transnacionales mediante el reparto de los mercados internacionales apoyados por los Estados imperialistas que aumentan su poder e influencia. El cuestionamiento es cómo debe hacer el Estado para involucrarse en el desempeño eficaz de estas actividades y mediante qué formas de gobierno.

Estas reformas fueron reformas ortodoxas que se implantaron a finales de los años ochenta y principios de los noventa, enfocadas a la estabilización macroeconómica sin considerar cambios en el sistema político. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Los gobiernos que instrumentaron esta primera generación de reformas lo hicieron en forma autoritaria, haciendo uso de sus prerrogativas ejecutivas para gobernar por decreto y sin consultar a la ciudadanía. El gobierno por decreto deja repercusiones negativas en la gobernabilidad, por lo que los métodos y estilos de gobierno empleados no garantiza el éxito en la aplicación de las reformas de la segunda generación.

Sin embargo, en un entorno de globalización, el Estado tiene problemas para garantizar el bienestar de los ciudadanos que se encuentran desempleados, marginados o excluidos socialmente. En otras palabras, las instituciones que garantizan el bienestar social se han vuelto disfuncionales. Los apoyos del Estado para el bienestar social quedaron desvirtuados cuando se destinaban preferentemente a una clase media y no a los pobres y marginados quienes verdaderamente lo necesitaban. Pero tampoco el nuevo orden propuesto por la globalización no ha creado las instituciones que resuelvan los grandes desajustes que genera y que enfrenten los costos sociales.

El problema se reduce a una rehabilitación de las funciones del Estado necesario y suficiente, más que un Estado mínimo, para llevar a cabo las tareas y funciones del nuevo modelo de desarrollo, a dotar al Estado de las capacidades que se requieren para el desempeño de nuevas funciones, prioritariamente la función reguladora. Esta función de regulación del Estado en una sociedad democrática y solidaria, amplía las funciones económicas, políticas, sociales, culturales, etc., mediante estructuras de gobernabilidad colaborativa entre las instituciones del Estado y de la sociedad civil en la realización de proyectos comunes.

Este concepto de Estado ampliado que involucra a las instituciones de la sociedad civil no les permite a estas sustraerlo de importantes funciones para reducirlo a la expresión del Estado policía. En este sentido, El Consenso de Washington orienta la agenda y los desafíos de las instituciones de la sociedad civil a sustituir importantes funciones del Estado, a liberalizar la economía, privatizar empresas y a limitar la intervención del gobierno en el mercado. Los países que tienen mejores beneficios de los procesos de globalización son aquellos que se han separado de los postulados del Consenso de Washington regulando su propio crecimiento.

Igual que antes, el sistema de asistencia social del Estado ayuda a ciertos sectores empresariales y otros estratos sociales que han sido debilitados por las fuerzas de la globalización, pero no a quienes lo necesitan por su condición de ser marginados del desarrollo. Alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma. Un mayor problema para dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados.

Las condiciones para la promoción regional de la actividad empresarial, de acuerdo a Tarapuez Chamorro (2001) requieren también el fomento de la integración o diversificación de la estructura económica regional y la coordinación interinstitucional de planes , programas y proyectos que incluyan a los marginados en los procesos de desarrollo. La globalización despoja del poder a la gente marginada y sus correspondientes representantes electos y otorga el poder a procesos e instituciones que son controlados por gente que no parecen entender incluso que la pobreza es más que una perspectiva abstracta de números deshumanizados.

Por tanto, en una economía capitalista, los modos en que se organiza la actividad económica tales como los roles de los mercados, las jerarquías, las alianzas entre empresas y los gobiernos, se han vuelto más complejos. La economía capitalista del mercado tiene un carácter social. En las economías en desarrollo, son las fuerzas libres del mercado las que orientan sus objetivos de crecimiento económico y su desarrollo social, la propuesta de los países capitalistas desarrollados, aunque no señalen como lograr el equilibrio de un desarrollo sustentable en el logro de estos objetivos, una vez que se han rebasado los ánimos iniciales.

Por supuesto que aquí el concepto de desarrollo sustentable está enfocado hacia la obtención de una racionalidad de medios-fines según el concepto Weberiano. En un sistema de libre mercado, por ejemplo, no existe forzamiento para la producción de acuerdos sobre cualquier cosa, de tal forma que cualquier acción puede ser tomada, pero ajustándose a esta racionalidad en la relación medios-fines.

Mientras, el sistema socialista pregonaba que los medios de producción y distribución debían ser propiedad y administradas por el Estado en substitución del mercado. La propiedad social, de acuerdo a Amín (2001) se convierte en “una realidad solo desde el momento en que la democratización ha realizado tales poderosos progresos que los ciudadanos-productores han llegado a ser amos de todas las decisiones tomadas a todos los niveles de la vida social desde el lugar de trabajo a las cumbres del estado”.

La propiedad social tuvo como paso inicial “la abolición de la propiedad privada del capital y de la tierra”. Pero en sí, la tarea implica “la construcción de una nueva cultura, que requiere de generaciones sucesivas que gradualmente se transforman a sí mismas mediante su propia acción.” Frente a la concepción socialista moderna que ve un problema en la propiedad privada y prefiere una propiedad colectiva, Aristóteles consideraba, en efecto, que solamente lo que el individuo tenía como propio es aquello de que me se ocupa con más esmero. Aristóteles pensaría que estaba en la esencia humana el ocuparse más de lo propio que de lo común.

Aristóteles no solo se preocupa por la defensa de la propiedad privada, sino la promoción, al mismo tiempo, de un uso en común. Aristóteles plantea (Libro II cap 5) la dos formas de economía agraria: en unos pueblos la propiedad de la tierra es individual, pero la cultivan y consumen comunitariamente y otros poseen y cultivan juntos y reparten el producto para uso individual (como hacen algunos pueblos bárbaros, dice). ?O es mejor que tanto la propiedad como el uso sean en común? se pregunta el filósofo. Cuando tenemos demasiadas cosas en común nos peleamos más, dice.

En esto difiere Aristóteles radicalmente de lo que se advierte en el capitalismo de mercado, con su mano oculta que todo lo arregla y sus sociedades anónimas. Pues lo que sucede en la sociedad moderna capitalista es que cada uno se ocupa de lo suyo también en el uso y se desentiende del prójimo. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La filautía no debe ser enemiga de la filía.

El progreso económico se logra no solamente mejorando la eficiencia dentro de una asignación constitucional de los derechos y mediante cambios en las reglas que definen la eficiencia con los consecuentes cambios en la asignación constitucional de derechos sobre los recursos. Por lo tanto, puede argumentarse que las constelaciones constitucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables. La suposición de que las políticas públicas comunes de varios Estados-nación sobre la integración de los mercados, representan para estos Estados-nación mayor eficiencia y mayores beneficios que pueden modelarse bajo la simetría del clásico Dilema del Prisionero, no es del todo clara.

La peor solución al Dilema del prisionero se logra mediante el uso de mecanismos de competencia, por ejemplo, en la provisión de los bienes públicos si estos fueran, contrario a su definición, no proveídos por el Estado o por la sociedad civil y sí por empresas privadas que lo convierten en bienes privados para obtener con ellos utilidades. No todos los bienes y servicios públicos pueden proporcionar utilidades a los particulares, porque hay algunos que son intrínsecamente no lucrativos. Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

Sin embargo, la eficiencia de un mercado puede estar limitada por altos grados de incertidumbre que complican el cálculo del valor potencial de los recursos, la perversidad de los costos de transacción que distorsionan las percepciones de la naturaleza de recursos disponibles y su grado de accesibilidad y las presiones de la competencia. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Las organizaciones y las empresas pueden balancear las limitaciones institucionales impuestos a los mercados mediante el debilitamiento, la reposición y la modificación de los incentivos económicos del mercado, redefiniendo la motivación y la eficiencia de las actividades económicas en las que influyen. Las empresas y el mercado difieren en su acceso al fiat debido en parte a las diferencias en los contratos legales.

Cuando esto sucede, el concepto de eficiencia se modifica, de ser una eficiencia de asignación a una eficiencia adaptativa (Moran y Ghoshal, 1999). Las necesidades adaptativas de las transacciones en forma autónoma y cooperativa varían de acuerdo a los atributos de las transacciones y a las capacidades adaptativas de las formas alternativas de gobernabilidad también difieren (Williamson, 2000:8) El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es.

Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes.

El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. La interdependencia entre las transacciones también varía para crear el ambiente económico. Las teorías económicas no han podido fundamentar implícita o explícitamente el desarrollo de los Estados-nación como resultado de la motivación externa y a iniciado a cuestionarla mediante el reemplazo de una motivación intrínseca.

Los métodos para evaluar la elección entre los mercados y las jerarquías como modos de creación y asignación de recursos no pueden ser usados para evaluar la elección entre gobiernos y jerarquías o entre gobiernos o mercados. La gobernabilidad por las jerarquías opera mediante la imposición de políticas, reglas y reglamentaciones en forma autoritaria, de los niveles superiores a los inferiores, sobretodo en los aparatos burocráticos del sector público, institucionalizando la violencia como método de control político. Las jerarquías políticas y sociales en los países menos desarrollados son por herencia injustas y estas jerarquías son preservadas por estructuras y prácticas que son injustas en términos de los estándares universales y locales de legalidad y justicia, los cuales son frecuentemente expuestos pero no practicados.

En la asignación de los recursos, todos estos mecanismos presentan fallas. Incluso, dentro de las economías basadas en el mercado, el marco de referencia institucional y las percepciones del papel de los gobiernos, jerarquías y mercados entre sí, difieren, junto con una reacción a las fallas organizacionales.

El imperativo del capitalismo sobre la globalización económica ha sido ampliamente reconocido, pero los sistemas de organización eficaces para llevarla a cabo no son del todo muy claras. En esta forma, el mercado adquiere importancia tanto en términos económicos como culturales, dando sentido a criterios de eficiencia, productividad, legitimidad, transacciones y relaciones interpersonales, etc. La interdependencia de las transacciones crea un ambiente económico. Los mercados operan en un medio político. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. La aplicación de una política económica neoliberal que favorece el libre mercado ha generado una mayor desigualdad, pobreza, exclusión y degradación de los recursos naturales del medio ambiente.

Las investigaciones empíricas, hasta ahora, no evidencian una simple asociación entre los cambios en la apertura comercial y los cambios en las desigualdades y, sin embargo, en muchos países la desigualdad se ha elevado con los procesos de integración de estos países con la economía global. La naturaleza de la integración de la regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo No obstante, en otros casos de países, la desigualdad ha caído con la apertura económica abonando a favor del argumento de que en términos generales, una mayor apertura eleva los ingresos per cápita de los pobres y por lo tanto el ingreso de los pobres. Algunos investigadores como Tildert and willliamson (2001) culpan a los malos gobiernos y antidemocráticos de ser las principales fuentes de las desigualdades.

No obstante, la distribución del ingreso per cápita entre países ha llegado a ser más desigual en las últimas décadas, y por supuesto, las diferencias se reflejan en su población. Esta es la razón por la que no todo aumento en los ingresos per cápita se corresponde con aumentos en desarrollo, ni tampoco todo desarrollo es sustentable. Las investigaciones arrojan resultados generalizados de que los procesos de globalización tuvieron efectos que incrementaron las desigualdades en los países abundantes en tierra y un efecto más igualitario en los países con escasez de tierra. Se puede concluir que abrir las puertas al comercio exterior es positivo si se hace en el mejor interés de cada nación y no en los intereses de la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Las relaciones de comercio y de mercados se delimitan en acuerdos entre los Estados, los cuales operan dentro de sus fronteras.

Los gobiernos neoliberales no han podido reorientar las instituciones para lograr una distribución más justa y equitativa en los beneficios de la globalización. Los beneficios que han obtenido algunas de las naciones del mundo que se han involucrado en los procesos de globalización por sí mismas, se han distribuido en forma equitativa. Sin embargo otras naciones no lo han logrado, sobretodo aquellas que han tenido la asesoría de las instituciones financieras internacionales. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación. El capitalismo consiste en no más que un modo de producción en el cual formalmente se recluta libremente el trabajo por empleadores regulares de empresas que compiten en el mercado por la obtención de utilidades (Runciman 1995) Las implicaciones son obvias: Cómo se pueden hacer predicamentos democráticos que postulen la igualdad política bajo condiciones de una economía que intrínsicamente favorece la desigualdad.

Al nivel de economía nacional se exhiben variaciones sustanciales en el significado de asignaciones del mercado basadas en los precios, la política industrial y las relaciones de los negocios con el Estado (Appelbaum and Henderson, 1995) Al mercado se le objeta de que está profundamente enraizado en principios que promueven la competencia y la codicia entre los seres humanos. Que, además, conduce a la explotación y a la profundización de las desigualdades.

El mecanismo sobre el que se organiza la globalización es el de una selección permanente en un contexto de competencia entre los principales factores de la producción, como por ejemplo, entre el trabajo y el capital, con mayores ventajas para éste último por la movilidad que le proporcionan los mismos procesos de globalización. Actualmente se discute la significación del valor del trabajo frente al capital. Los procesos globales de la reestructuración capitalista e integración y las reformas liberales tomadas por los gobiernos latinoamericanos han reconfigurado el mercado laboral, incrementado la transferencia del ingreso de las clases bajas a las clases altas y debilitado grandemente la posición de la clase trabajadora en Latinoamérica. La orientación de una política económica de crecimiento hacia fuera basado en la competitividad para poder insertarse en los mercados internacionales, ha limitado la capacidad redistributiva del Estado y como resultado se han incrementado los índices de pobreza. No hay que olvidar que el concepto de pobreza es un concepto relativo.

Las elecciones económicas sobre el consumo y la inversión individuales son influidas por las variables sociales, culturales, institucionales, etc. Esta ambigüedad se manifiesta más claramente en la necesidad que tienen los ciudadanos para mantener lealtades separadas. Por un lado, a sus propias tradiciones e instituciones, y por el otro lado, a las características de una cultura internacional que rápidamente se desarrolla (Ireland and Hitt, 1999)

Con las transformaciones económicas ocurren las políticas, sociales y culturales. Las transformaciones económicas y políticas también implican transformaciones de los valores sociales, culturales y sobretodo de valores morales. Los valores, costumbres, tradiciones, ideas, modas, etc., como manifestaciones sociales y culturales, al igual que los procesos económicos, han experimentado procesos de mundialización. La organización económica de las sociedades democráticas ha quedado delimitada por las diferentes funciones que desempeñan los gobiernos, ya sea como iniciador, supervisor del sistema económico y árbitro en las disputas que surgen entre los diferentes agentes económicos.

Estas funciones se consideran especiales y de responsabilidad única para gobiernos, o bien como dueño de activos, participante e influenciador de la forma en que los recursos son asignados, funciones que son frecuentemente realizadas por las instituciones tanto del sector público como del privado. La creación de mecanismos de coordinación entre los sectores público y privado es una estrategia para impulsar el desarrollo económico desde una perspectiva micro y una orientación a la solución de los problemas locales.

De acuerdo a Boisier (1988) el ámbito espacial local es el escenario óptimo para la participación individual. Cualquier sociedad moderna debe ser un equilibrio ajustado de una mezcla de instituciones del sector privado y del sector público que regule y redistribuya los recursos y que, además, experimente la autoorganización. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado.

Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política. La sociedad regional es un actor importante en la promoción del desarrollo local integral equilibrado y equitativo y para lograrlo, debe considerar la inclusión y pluralidad de intereses de los diferentes agentes económicos y actores políticos, para lograr los compromisos y coordinar eficazmente los esfuerzos. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones. Las condiciones sociales, económicas, tradiciones culturales o eventos impredecibles importan pero no influyen en forma mecánica en la acción política

Para mantener un nivel de gobernabilidad en la organización económica de una sociedad y conseguir los objetivos sociales, se requiere equilibrar estas dos funciones de los gobiernos con las funciones de otras instituciones, como el mercado mismo, por ejemplo. Este dilema de disfuncionalidad y desequilibrio de las relaciones entre Estado y mercado es delimitado por Orive (1997) Este autor anota que "el mercado funciona con competencia pero la cooperación exige el papel activo del Estado... como promotor y catalizador de acuerdos entre los actores económicos y sociales que el mercado por sí mismo no garantiza... un papel más allá de ser el simple corrector de las fallas del mercado sin por ello volver a ser el actor dominante".

La contingencia de gobernabilidad se incrementa porque ni el Estado alcanza a coordinar políticamente, ni el mercado garantiza la integración de la vida social y funcional de una sociedad contemporánea altamente diferenciada. El Informe del Banco Mundial de 1997 previene que : “Han fracasado los intentos de desarrollo basados en el protagonismo del Estado, pero también fracasarán los que se quieran realizar a sus espaldas. Sin un Estado eficaz el desarrollo es imposible” (Benco Mundial, 1997:26).

El mercado puede ser el principal asignador de recursos, pero el Estado puede crear las condiciones de equidad y justicia para que prioritariamente las necesidades de los más pobres sean satisfechas por sobre los deseos o preferencias. Sin embargo, es difícil delimitar la frontera entre el mercado y el Estado, las cuales cambian constantemente, cargándose a un lado o a otro y ha sido el tema central de luchas políticas e ideológicas que trastornan al mundo y modifican drásticamente a la humanidad, causando muchas de las veces enormes daños y desigualdades.

Las luchas políticas producidas dentro del ámbito del Estado-nación, pueden cuestionar la legitimidad de su gobierno, pero no cuestionan la legitimidad misma del Estado. La acción de un Estado fuerte que apoya a empresas pequeñas y medianas puede fortalecer un sistema económico con una política social más justa y equitativa, con base en relaciones de servicio que se expresan en acciones de cooperación individuales y colectivas. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, creando lo que se ha dado en llamar la ación del “gorrón”. El fortalecimiento de un Estado activamente involucrado en la asignación de recursos, que incluya las políticas de distorsión del mercado, es importante para la obtención de una masa crítica de capital, de conocimiento, etc.,

Así, la dinámica de la acumulación del capital humano está relacionada con el cambio tecnológico y las elecciones e interpretaciones ideológicas. Las ideologías tienen como propósitos establecer generalizaciones sobre las complejidades e incertidumbres del medio ambiente, de tal forma que permiten a los individuos operar. No obstante, una vez que la masa crítica de capital físico y capital humano se acumula, como resultado de sistemas económicos orientados por una ideología neoliberal que trata de transformar realidades, hay una necesidad crítica de abrir y usar las políticas comerciales activamente para promover la competencia y la disciplina de las empresas. Al decir de Patras (2001d) la competencia “en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados”. Sin embargo, en las relaciones entre el Estado y las empresas, estas últimas mantienen su primacía sobre el Estado.

Appelbaum y Henderson (1995) sostienen que las compañías tendrán una presión creciente a niveles nacional e internacional a fin de formular estrategias corporativas que sean determinantes para lograr objetivos que tomen en cuenta la naturaleza de las estructuras de la gobernabilidad. El grado en el cual las compañías son capaces - en algunos casos incluso interesadas - en institucionalizar la innovación como el mayor objetivo de su operación, son centralmente importantes no solamente para el desempeño económico nacional, sino que también para el grado en que pueden construirse sociedades más igualitarias y prósperas.

Así pues, no es sorpresa que las transformaciones económicas han traído consigo cambios políticos, sociales culturales y psicológicos. Las transformaciones económicas y políticas también implican transformaciones de los valores sociales, culturales y sobretodo de valores morales. Estos cambios tienen que analizarse no solamente en sus actores, estructuras y procesos, sino también desde el punto de vista del ciudadano, a efecto de delimitar la urgencia que tiene el Estado para atender las exigencias de una ciudadanía más capaz para deliberar y tomar decisiones. Pero también para exigir que se cumplan irrestrictamente las políticas públicas y una mayor transparencia en las acciones gubernamentales. Decir que los principios democráticos y los principios solo se manifiestan en un modelo económico "neoliberal" resulta una falacia, de tal forma que de la misma afirmación esos principios se convierten en antidemocráticos.

La existencia de principios democráticos y de libre mercado tampoco es garantía de un modelo de desarrollo social legitimado. No obstante, existe una estrecha relación entre el desarrollo social y la democratización. De hecho, no existe todavía una economía pura de mercado donde la democracia esté totalmente consolidada. Lo que existen son democracias con diferentes grados de intervención estatal en la economía para garantizar a los ciudadanos ciertos bienes públicos, tales como la educación, salud, vivienda, etc. Son las demandas sociales las que establecen la base de una política de regulación e intervención del Estado en la promoción del desarrollo local y regional.

La decisión de qué bienes públicos producir y cuánto producir es colectiva, así como el ingreso geográfico que se destina a la producción. Los bienes públicos que benefician a la gente pero cuyos costos no pueden ser recuperados para que resulten atractivos a las empresas, por ser intrínsecamente no lucrativos. En situaciones como esta se hace necesario el establecimiento de mecanismos de precios para determinar las relaciones de intercambio entre las empresas y los costos burocráticos. Por otro lado, la democracia está siendo delimitada por los cambios tecnológicos y el industrialismo. El concepto de democracia ha sido vuelto de definir para ajustarse a los requerimientos del sistema capitalista.

De acuerdo con Linz y Stepan (1996), la consolidación de la democracia requiere de "la institucionalización de un mercado políticamente regulado. Esto requiere de una sociedad económica, que a su vez requiere de un Estado efectivo. Aun un objetivo tal como estrechar el alcance de la propiedad pública (por ejemplo, la privatización, como una actividad del Estado, que requiere una buena participación institucional) en una forma legal y ordenada es llevado a cabo con mayor eficacia por un Estado fuerte que por uno débil. El deterioro económico provocado por la incapacidad del Estado para desempeñar funciones regulatorias básicas en buena medida conjuga los problemas de la reforma económica y la democratización".