LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

José Gpe. Vargas Hernández

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Los desafíos del diseño organizacional en un medio ambiente globalizador.

Las teorías de crecimiento y desarrollo económico denominadas bajo el rubro de neoinstitucionalismo económico o nueva economía institucional, que incorporan el análisis del papel de las organizaciones e instituciones, así como los análisis de los costos de transacción, fundamentan a las instituciones como el factor determinante para lograr la eficiencia de un sistema económico. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Hay dos variables de esta tradición de la investigación en la ciencia política.

La primera está basada en la elección racional e interpreta a las instituciones como soluciones de equilibrio para los problemas de la acción colectiva. La segunda llamada institucionalismo histórico rechaza algunos supuestos de la elección racional y enfatiza fuertemente al tiempo y secuencias en el desarrollo institucional mientras que los teóricos de la elección racional están interesados explícitamente en cómo estas preferencias se construyen socialmente.

Las preferencias de los actores políticos son cruciales para lo que se diseña institucionalmente porque los participantes conocen que los altos costos pueden involucrarse si las decisiones van en contra de ellas. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. El nuevo institucionalismo es por lo tanto, más que un mensaje simple, el cual no debe sorprender a los institucionalistas clásicos de la importancia que tienen las instituciones.

La reforma institucional puede diseñarse en una síntesis de los dos acercamientos de elección racional institucional y un institucionalismo histórico. Categorizando los puntos de veto de acuerdo a los efectos deseados, las estrategias de los actores políticos para el uso de los puntos de veto o en la propuesta de reformas institucionales pueden analizarse en modelo integrado de democracia. La propuesta de aprendizaje institucional sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional (Kaiser, 1997).

El nuevo institucionalismo se aparta del estrecho margen de tipos y explícitamente está relacionada en modelos explicativos basados en actores, tales como a teoría de la elección racional o la teoría de la organización.

La nueva economía institucional opera en las interrelaciones entre el medio ambiente institucional y las instituciones de gobernabilidad. El neoinstitucionalismo asume que los sistemas de incentivos económicos de las instituciones desempeñan un papel importante en la dinámica y desarrollo de los sistemas económicos, políticos y sociales. El análisis cualitativo de las instituciones compara discretamente las alternativas estructurales. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad. Las instituciones de gobernabilidad deben surgir ahí donde precisamente emergen disparidades en el potencial para la creación de valor.

El enfoque neoinstitucionalista de la economía provee un marco de referencia teórico que enriquece a los derechos de propiedad, que apoyan el diseño de estructuras de gobernabilidad de acuerdo a la combinación de distintos costos de transacción y competencias, problemas de agencia y contratos internos y que además toman en cuenta el medio ambiente institucional. Los contratos proveen un marco de referencia para regular las diferentes relaciones y transacciones entre los individuos y los grupos de una organización. El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados.

Los individuos que celebran contratos individuales fuera de las estructuras de gobernabilidad del Estado, lo realizan porque encuentran mejores incentivos mediante arreglos privados. Las diferencias en las estructuras de gobernabilidad están relacionadas con los atributos de las transacciones, las cuales presentan diferentes necesidades de adaptación autónoma o cooperativa. La adaptación involucra costos de transacción más bajos y más alto los resultados del cambio que la reforma.

Las diferencias en los atributos de las transacciones se alinean con las diferencias de las estructuras de gobernabilidad, tales como sus costos y competencias así como en las formas de economizar los costos de transacción. La perspectiva de economizar los costos de transacción (Williamson 2000:31) sostiene que sujeto al criterio de remediación, la ineficiencia invita a su propia pérdida, en donde la ineficiencia es evaluada en relación a las posibles alternativas, más que a un ideal hipotético, y la provisión se hace mediante los costos de implementación. Las estructuras de gobernabilidad tienen diferentes capacidades para proveer de adaptación autónoma o cooperativa.

De acuerdo con Levy and Spiller (1996, pp. 4-6), las características del medio ambiente incluyen la existencia de un sistema judicial independiente, respetado y no corrupto, así como de equilibrios y contrapesos al poder ejecutivo que incluyen la Constitución, las cámaras legislativas, y los niveles múltiples de restricciones gubernamentales e internacionales. Cuando el medio ambiente institucional no proporciona el marco de referencia para que las transacciones se realicen adecuadamente, con costos bajos o para proteger y garantizar los derechos de propiedad de los diferentes peligros, entonces se requiere del diseño de estructuras y mecanismos de gobernabilidad.

Los costos de transacción son los cálculos de los costos para hacer y mantener los acuerdos, cuyos resultados permiten preferir una forma de gobernabilidad determinada por sobre otra. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. La eficiencia resulta de alinear los costos de transacción con las estructuras de gobernabilidad. En el diseño de las estructuras de los costos de transacción deben considerarse aquellas transacciones que proporcionen beneficios mutuos a las partes involucradas. Las estructuras de gobernabilidad se relacionan con los tributos de las transacciones, ya que los mercados se desplazan en forma selectiva más que uniformemente. Las transacciones tienen diferentes necesidades de adaptación autónoma o cooperativa.

Las diferencias en las transacciones se alinean con las estructuras de gobernabilidad las cuales a su vez difieren en sus costos y competencias, así como en las formas de economizar los costos de transacción. La perspectiva de economizar a través de los costos de transacción sostiene que sujeto al principio de remediación, la ineficiencia invita a su propia eliminación, donde la ineficiencia es evaluada en relación a las posibles alternativas, más que a ideales hipotéticos, y la provisión es hecha por los costos de implementación (Williamson, 2000:31). Las estructuras de gobernabilidad proveen las diferentes capacidades de adaptación autónoma o cooperativa.

La creación de una economía institucional de mercado requiere de estructuras de instituciones participativas, del establecimiento de normas y reglas del juego y de agentes económicos que se adhieran a ellas mediante un sistema de incentivos que estimula las contribuciones al crecimiento económico y el desarrollo social. El marco institucional de la economía de mercado se establece a través de diversos instrumentos, los gobiernos establecen como requisitos a empresas y a los ciudadanos (OCDE, 1999).

El institucionalismo económico ha hecho grandes aportaciones para estudiar a las organizaciones e instituciones y su comportamiento colectivo. Un nuevo marco de análisis institucional establece diferencias entre el institucionalismo clásico y el nuevo instucionalismo, principalmente en la explicación de los modelos empleados. El nuevo institucionalismo se basa en los modelos explicativos de actores y procede del supuesto que las preferencias son entendidas en el contexto de los incentivos generados institucionalmente y de las opciones disponibles institucionalmente que estructuran la elección. El institucionalismo clásico es raramente relacionado con la descripción de las instituciones políticas y sus interrelaciones.

Las instituciones regulan las relaciones de la acción colectiva mediante la determinación de las reglas del juego y sistemas adecuados de incentivos económicos. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es. El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otros ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir, (De Swaan Abram, 1997). Para incentivar adecuadamente a los diferentes agentes económicos, el Estado debe diseñar políticas que eliminen las discriminaciones y alineen las variables del medio ambiente insgtitucional.

El Estado crea las arenas en las cuales promueve las relaciones entre los agentes económico locales e internacionales y, además, hace cumplir las reglas del juego. En el escenario local se optimiza la participación individual, pero la acción colectiva resulta disfuncional. La acción colectiva reduce la racionalidad económica debido a malos diseños de organizaciones, inadecuados sistemas de incentivos económicos y elevación de los costos de transacción. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Los costos de transacción son los cálculos de los costos para hacer y mantener los acuerdos, cuyos resultados permiten preferir una forma de gobernabilidad determinada por sobre otra. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible. La teoría neoinstitucionalista enfoca el estudio de los fenómenos económicos, políticos y sociales para asignar nuevas funciones a las instituciones y al Estado.

No obstante, hay que estar consciente de las críticas que esta corriente de la economía está recibiendo, porque amenaza con convertirse en un nuevo dogma con consecuencias no deseadas porque como propuesta paradigmática tiene problemas metodológicos que resolver antes de ser aplicada a las ciencias sociales y políticas. Así, por ejemplo, las explicaciones de las ciencias sociales y políticas deben organizarse alrededor de mecanismos parciales más que en teorías generales es aceptado por la economía de los costos de transacción.

Tal pareciera, argumenta Arellano, (2000) que “el neoinstitucionalismo económico requiere de un proceso ´puro’ de desarrollo, así sea a costa de redescubrir conceptos largamente estudiados en otras tradiciones pero que cometen el ‘pecado’ de no asumir la racionalidad individual y las posibilidades formalizantes que este supuesto otorga”. Hay dos variables de esta tradición de la investigación en la ciencia política. La primera está basada en la elección racional e interpreta a las instituciones como soluciones de equilibrio para los problemas de la acción colectiva. La segunda llamada institucionalismo histórico rechaza algunos supuestos de la elección racional y enfatiza fuertemente al tiempo y secuencias en el desarrollo institucional mientras que los teóricos de la elección racional están interesados explícitamente en cómo estas preferencias se construyen socialmente (Kaiser, 1997).

Los organismos internacionales promueven la construcción de instituciones bajo este enfoque cuyos procesos de intervención refuerzan los mecanismos del mercado y la democracia. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia. Por lo tanto, existe mucho escepticismo sobre este acercamiento de economía que refleja la creencia de que es demasiado estrecha para capturar las situaciones y las relaciones que surgen entre los individuos y la sociedad.

Algunos de los principios en que se sustenta, formulan que la teoría del hombre económico que busca maximizar sus beneficios (rational choice) se concreta en los incentivos económicos que proveen las instituciones, es decir, el individuo realiza relaciones oportunistas de intercambio en formas de organización que dan origen a mercados, jerarquías, etc. Las transacciones económicas en el capitalismo ocurren en un mercado entre las empresas e individuos o en las jerarquías al interior de las grandes corporaciones y los Estados imperialistas siempre en sinergia.

Todas las formas de organización despliegan un conjunto de elementos característicos. Todas las posibles formas de organización constituyen modos alternativos de gobernabilidad con diferentes fortalezas y debilidades. Las formas de organización alternativas difieren en sus procesos de transformación intrínsecos y e intertemporales y requieren de un cuerpo metodológico conceptual de economía organizacional para su buen diseño.

El diseño y operación de las instituciones se fundamenta en el hecho de que proporciones los incentivos económicos que los individuos requieren para guiar su comportamiento, de tal forma que les permita maximizar sus beneficios mediante la mayor reducción de los costos de transacción. Además, el Estado debe diseñar las políticas públicas tendientes a eliminar las discriminaciones de acción de los diferentes agentes económicos y a regular las variables del medio ambiente institucional.

Por lo tanto, la acción individual es la más conveniente de las formas, pero para ser potenciadas requieren de la acción colectiva. Una vez que la acción colectiva se inicia, en el curso de este mismo proceso emerge una colectividad que puede aplicar sanciones informales contra los que contravienen y recompensar a colaboradores a bajo costo (castigo u ostracismo), a ningún costo e incluso a premio (avergonzar, reprochar o criticar) (De Swaan Abram, 1997).

Pero la acción colectiva limita la racionalidad económica porque eleva los costos de transacción, debido a inadecuados sistemas de incentivos económicos y a malos diseños institucionales. Por lo tanto en el diseño institucional deben considerarse aquellas transacciones en donde los involucrados reciban beneficios mutuos. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

La acción colectiva se vicia y se descompone dando lugar al fenómeno del gorrón o “free rider” que se abstiene de participar a sabiendas de que de todos modos alcanza los beneficios logrados por la acción colectiva. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997).

Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente. De acuerdo con esto, si estamos interesados en la explicación del cambio institucional, se debe estar consciente que la información disponible para los participantes es limitada. Esto significa que cuando se asume que las intenciones de los actores políticos están conectadas lógica y empíricamente a los resultados institucionales, tenemos que reconocer el hecho que esto es una relación más compleja la cual está influenciada adicionalmente por una amplia gama de factores contextuales

Al igual que los accionistas del sector privado, los votantes del sector público también encuentran incentivos para gorrear pero deben cubrir ciertos costos para mantenerse informados. Se predice la existencia de los problemas del gorrón porque no pueden esperarse que los individuos contribuyan al bien público, a menos que su bienestar individual se mejore. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes. Bien público es una acción cooperativa para satisfacer una necesidad colectiva (Mueller, 1979). El concepto de bien público es un concepto multivalente, dependiendo del concepto que se tenga de lo público.

Los miembros de la colectividad tienen el mismo derecho a los beneficios del bien público ya sea suministrados por el Estado o por la sociedad civil. Involucrarse en la acción colectiva, los actores buscan traer el ansiado bien colectivo y dar forma a la colectividad con respecto al bien colectivo. Tanto el estado como la sociedad civil son actores sociales del desarrollo local integral, y deben procurar impulsarlo en forma equitativa y equilibrada. Los programas de desarrollo local deben pivotar sobre la base de una red de interacciones comunitarias, solidariamente comprometidas en forma continua y activa, más que en la simple contigüidad territorial o física.

Además, el diseño e implantación de programas de desarrollo local integral deben considerar la pluralidad e inclusión de los intereses de diferentes agentes económicos y actores políticos, a efectos de establecer los acuerdos y compromisos necesarios, así como para coordinar eficazmente los esfuerzos de todos. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

La acción colectiva tiene la tendencia a logra resultados inferiores al óptimo de Pareto para los individuos involucrados, cuando hay información incompleta y es turbulenta. Para desalentar al gorrón, las instituciones requieren de la adopción de ciertas reglas que los análisis económicos de mercado proveen. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes.

Otro caso de sub optimización de Pareto es el fenómeno del dilema del prisionero en donde los individuos involucrado pierden la racionalidad de los sistemas cooperativos. No obstante, aquí el estado todavía puede jugar un papel importante para regular el marco institucional que asegure el cumplimiento de que los beneficios del bien público alcancen equitativamente a todos los miembros de la colectividad. El concepto de bien público es un concepto multivalente, dependiendo del concepto que se tenga de lo público.

La teoría de los costos de transacción y la modelación económica formal constituyen dos canales a través de los cuales el medio ambiente de las instituciones afecta los resultados macroeconómicos, sobretodo cuando los retornos económicos pueden lograrse a través de canales políticos que hacen que los individuos reasignen sus recursos de la actividad económica a la política. Los costos de transacción ocurren cuando se presenta la racionalidad limitada en las relaciones de intercambio entre los individuos, mediante mecanismos que tienden a reducir las desventajas de la acción colectiva.

La racionalidad limita en la perspectiva de la Nueva Economía Institucional se relaciona con la misma conducta de economizar que enfatizan las explicaciones de eficiencia basadas en determinadas preferencias. Por otro lado, la explicación Vebleniana de racionalidad limitada considera el papel de ineficiencia del patrón de la conducta dependiente debido a la formación endógena y al cambio en las preferencias de los individuos. No obstante, los dos acercamientos tienen como elemento en común que la historia no permite un entendimiento adecuado de la diversidad de los caminos que han tomado las diferentes sociedades, por lo que se vuelve necesario hacer análisis comparativos de las instituciones.

La racionalidad limitada que considera que los actores tienen una racionalidad pero limitada, es una condición cognoscitiva menos limitada que sustituye a una hiperracionalidad supuesta por la economía ortodoxa. El hecho de sustituir la hiperracionalidad con una racionalidad limitada reemplaza la obtención de la maximización por la satisfacción, para encontrar un curso de acción que es bueno (Simon, 1957: 204-205. El punto clave de la racionalidad limitada para el estudio de la economía organizacional es la consideración de que los contratos son complejos e inevitablemente incompletos (Williamson, 2000).

El concepto del contrato legal como un marco de referencia de las relaciones y transacciones enfatiza la perspectiva de la continuidad a largo plazo y reconoce la naturaleza imperfecta de los mimos contratos. El concepto de contrato legal provee de un marco de referencia para regular las relaciones y las diferentes transacciones que surjan entre los individuos y grupos en la organización.

Los costos de transacción son los cálculos de los costos para hacer y mantener los acuerdos, cuyos resultados permiten preferir una forma de gobernabilidad determinada por sobre otra. La economía de los costos de transacción se desarrolla de acuerdo con las consideraciones de las complejidades de la conducta humana y siempre tarta de encontrar las aparentes explicaciones a las comparaciones de las estructuras institucionales. Tanto la conducta humana como la conducta organizacional tienen excepciones más que rutinas. La economía de los costos de transacción argumenta que cada forma genérica de gobernabilidad se apoya en formas distintivas de contratos legales bajo circunstancias determinadas.

La economía de los costos de transacción tienen como propósito la adaptación de las organizaciones (Willimson, 2000), la cual se distingue en dos tipos: la adaptación autónoma que response a los cambios en los precios relativos y la adaptación cooperativa que se logra a través de la administración, así por ejemplo, la economía de los costos de transacción considera al consejo de directores como un elemento de seguridad que apoya los contratos para lograr la rentabilidad financiera. La adaptación involucra costos de transacción más bajos y más alto los resultados del cambio que la reforma.

En este sentido, la deuda y la rentabilidad financiera de las empresas son mecanismos de gobernabilidad. Cualquier asunto o cosa que pueda ser materia de contratos, puede ser tratada en términos de economizar mediante la aplicación de los costos de transacción. Las transacciones que proporcionan beneficios mutuos a las partes involucradas deben de ser las transacciones preferidas.

Las instituciones políticas impactan lo económico e influyen en las decisiones. La economía de los costos de transacción proporciona las base para la economía mediante el diseño de estructuras de las nuevas formas de organización y por lo tanto, las consecuentes formas de gobernabilidad. La economía de los costos de transacción siempre tiene explicaciones a las estructuras de las instituciones.

La propuesta de la economía de los costos de transacción a la teoría de las organizaciones es la del principio de adaptación (Williamson, 2000), la cual pude ser de dos tipos: adaptación autónoma y adaptación cooperativa. La adaptación autónoma de las organizaciones response a los cambios en los precios relativos y la adaptación cooperativa se logra a través de la administración. La adaptación involucra costos de transacción más bajos y más alto los resultados del cambio que la reforma. La economía de los costos transaccionales siempre encuentra explicaciones a la formación de las estructuras organizacionales e institucionales.

La economía de los costos de transacción delimita las dimensiones describiendo las transacciones mediante el enfoque en los factores que son responsables por la quiebra en la transacción ideal en el derecho y en la economía, de acuerdo a lo cual los contratos tienen lugar entre los diferentes agentes económicos, para regular sus relaciones y transacciones. La perspectiva de los contratos como marco de referencia enfatiza la continuidad a largo plazo y acepta la naturaleza imperfecta de los mismos contratos. La gobernabilidad democrática se extiende y profundiza si se mejoran los vínculos entre las instituciones políticas. La conexión entre las decisiones políticas y los resultados económicos hacen evidente la necesidad de instrumentos que prueben la utilidad de las instituciones.

El diseño óptimo de las organizaciones toma en consideración los costos / beneficios de las diferentes estructuras organizacionales basadas en una coordinación óptima de interacciones entre las diferentes actividades. Las instituciones, de acuerdo a North (1984) se definen como un conjunto de limitaciones a la conducta en la forma de reglas y regulaciones, como un conjunto de procedimientos para detectar desviaciones de las reglas y de las regulaciones. Finalmente, como un conjunto de normas de conducta éticas y morales, las cuales definen los contornos que constriñen las formas en las cuales las reglas y las regulaciones son especificadas y aplicadas.

En el acercamiento tradicional, las sanciones por una falta de conducta ética va de la mano con el castigo del oficial público por la falta para cumplir sus compromisos. Cualquiera que sea el tipo de control solamente tiene que ver con las funciones del oficial administrativo que se relaciona con esa ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales caen dentro de este campo. Las cuestiones institucionales son propiamente tratadas por la economía del bienestar porque en todos los aspectos se trata de reglas legales e instituciones que afectan el bienestar individual.

La teoría neoinstitucional ha encontrado un lugar especial en la teorización económica con los trabajos de Arrow, Alchian, Demsetz, Williamson y otros autores, quienes equipados con las teorías básicas de los contratos se han concentrado en la determinación de las fronteras de las empresas. El concepto de contrato establece la regulación de las relaciones y transacciones entre los diferentes individuos y grupos en la organización.

Todo esto sucede en los tiempos en que las alianzas estratégicas, las inversiones conjuntas, las fusiones y las adquisiciones adquieren relevancia como el rostro más visible de la globalización económica y como formas de organización y producción que ofrecen una urgente respuesta a la necesidad que tienen las empresas para crecer y ganar poder en los mercados globales. Las estrategias de desarrollo empresarial tienden a orientar la producción hacia los sectores que tienen ventajas competitivas y un mayor valor agregado para insertar eficazmente la economía local y regional en los flujos de los mercados internacionales. El Estado tiene importantes funciones en la promoción y conquista de mercados internacionales y en la protección de mercados internos.

En sí, las relaciones interempresariales están determinadas por los intercambios regulados mediante mecanismos de precios y costos burocráticos que se tratan de reducir al máximo. Las estrategias de fusiones y adquisiciones fundamentan la expansión y crecimiento de grandes corporaciones multinacionales y transnacionales las que mediante los mecanismos de corporaciones fusionadas atraen empresas de otros Estados-nación. En cada fase expansiva de las grandes empresas transnacionales se requiere el apoyo de los Estados imperiales, los cuales avanzan la expansión militar y política previa a la expansión de las transnacionales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

En 1999 se concretaron nueve mil 240 fusiones y adquisiciones entre empresas que alcanzaron un valor de dos billones 963 mil millones de dólares. Esta cantidad supera 67 por ciento el producto interno bruto anual de todos los países de América latina y el Caribe, calculado por el Banco Mundial en un billón 769 mil millones de dólares (González Amador, 2000) Tan sólo en el sector financiero, las fusiones y adquisiciones bancarias se han acelerado como una respuesta a la globalización de los servicios. Totalizaron más de 300 mil millones de dólares en 1999 más otros cien mil millones de dólares que se esperan para el año 2000.

No obstante, uno de los efectos perniciosos de la ola de fusiones y adquisiciones es el nulo crecimiento en la generación de empleo. El total de las fusiones en 1998 alcanzaron los $2 400 billones de dólares, más, sin embargo, no se generaron puestos de trabajo.

El paradigma económico fundamentado en la economía institucional y neoclásica impone el tipo de instituciones y políticas, al menos en formas idealizadas, al estilo Estadounidense. Según North (1993), las instituciones dan forma a las reglas del juego de la interacción humana, estructuran incentivos en los intercambios económicos, políticos y sociales. Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales. Sin embargo, a escala internacional, las regulaciones son muy diferentes de país a país y las negociaciones pueden ser estropeadas por la inhabilidad para sortear las políticas sociales locales.

Las instituciones pueden ser formales o informales. En las instituciones formales, las reglas son construcciones creadas y están escritas leyes para resolver problemas de coordinación económica, política y social. Mientras que en las instituciones informales, los problemas se resuelven de acuerdo a normas no escritas, tales como el uso y las costumbres (Ayala Espino, 1996) Las formas de contratación formal son costosas, poco factibles a las futuras contingencias ambientales difíciles de verificar por anticipado y pueden tener muchos problemas debido a los costos de negociación.

Cuando los costos de negociación basados en sus características transaccionales se incrementan, los contratos para proteger los derechos de propiedad llegan a ser tan altos que son difíciles de adquirir. Así mismo sucede con los costos asociados con el monitoreo y de exigencia de cumplimiento de los contratos. Es decir, solo contratos incompletos pueden ser factibles de aplicar en situaciones futuras de interés, ni tampoco los contratos pueden sustituir las culturas de las partes involucradas en los intercambios económicos, políticos y sociales para especificar todas las posibles contingencias ambientales futuras.

En este sentido, Hermalin (1999) sostiene que la formalización de una cultura corporativa permanece como un fundamento para categorizar y entender posibles comportamientos futuros imprevisibles de contingencias ambientales hasta que se desarrollen modelos más aceptables que reduzcan la incertidumbre de las contingencias, y en términos más generales, modelos de racionalidad delimitada.

Cuando la cultura entra dentro de estos modelos, determina acciones tales como por ejemplo, cuales son consideradas como de explotación y cuales son de trato justo. Cuando las contingencias específicas surgen, la cultura especifica y determina la validez de las acciones en función de aquellos comportamientos esperados y exigibles en los contratos formales. Se puede afirmar, que la cultura corporativa facilita las inferencias acerca de los comportamientos esperados de los agentes económicos. En una cultura corporativa, las empresas transnacionales muestran comportamientos directamente proporcionales al grado de apoyo y las restricciones que reciben de los Estados nacionales.

Las teorías de la empresa necesitan moverse más allá de las fallas del mercado. Pero también necesitan reconocer el papel positivo de las organizaciones en los procesos de identificación y explotación de combinaciones de nuevos recursos (Moran y Ghoshal, 1999) Las empresas globales sólo toman en cuenta la relación óptima de los factores de la producción, los que mediante el empleo de técnicas de gestión avanzadas, permitan obtener el máximo nivel de explotación.

Las relaciones interempresariales quedan determinadas por los costos burocráticos y mecanismos de precios que regulan sus intercambios. Por lo tanto, resulta ser críticamente importante diseñar organizaciones que respondan a los desafíos de un medio ambiente globalizador. Las interacciones entre las organizaciones y las instituciones que representan un papel importante en la asignación de recursos en una economía, constituyen el principal componente que da forma al desarrollo económico, así tanto las empresas como los mercados son necesarias para el desarrollo de cualquier economía. Las empresas difieren de los mercados en su acceso al fiat, debido principalmente a las diferencias en los contratos legales.

Las teorías apreciativas (Nelson y Winter, 1982) del desarrollo económico, sugieren que los papeles que juegan las organizaciones, están relacionadas con la asignación eficiente de respuestas a las fuerzas del mercado (Coase, 1960, 1988) Así como para constituirse en la fuente primaria del cambio institucional (North, 1990b) En cada cambio de las constelaciones institucionales se involucran altos costos de transacción de los actores políticos afectados. Estas tareas son extendidas por Moran y Ghoshal (1999) para elaborar un punto de vista de las empresas. Se consideran a las empresas como las fuentes primarias donde los recursos de la sociedad se localizan, se desarrollan y se emplean para iniciar y completar los procesos de desarrollo económico. La sociedad local y regional es un actor social que puede impulsar el desarrollo equitativo y equilibrado.

Este enfoque del papel que juegan las empresas y los emprendedores en el desarrollo económico, es diferente a las teorías de la empresa basadas en la eficiencia (Case, 1991; Willimason, 1985) y de las teorías ecológicas que dejan al mercado los determinantes del desarrollo (Hannan y Freeman, 1977). La característica de emprendedor hace posible capitalizar y explotar el capital intelectual de las organizaciones requerido para la innovación, desarrollo y acumulación tecnológica que crean la ventaja competitiva. Por lo tanto es el capital intelectual que las organizaciones adquieren, promueven, desarrollan, cultivan y aprovechan del poder cerebral de sus miembros y trabajadores, lo que constituye la base de su competitividad. Veliyath y Zahara (2000), ofrecen el siguiente esquema para explicar las relaciones existentes entre globalización, cualidad emprendedora y competitividad.