LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

José Gpe. Vargas Hernández

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Lo ilógico de las “lógicas partisanas”.

La teoría social representa el papel de la “lógica partisana” en los debates sobre el papel del Estado, a tal grado de que convierte en el punto de articulación entre el interés del mercado y los principios sociales, cargando al Estado con la responsabilidad de mediar entre las dos lógicas antagónicas de la racionalidad social y la racionalidad económica. En otras palabras, los individuos racionales se vuelven cooperativos por interés propio y por lo tanto realizan un comportamiento de acción colectiva. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es.

Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Una vez que la acción colectiva se inicia, en el curso de este mismo proceso emerge una colectividad que puede aplicar sanciones informales contra los que contravienen y recompensar a colaboradores a bajo costo (castigo u ostracismo), a ningún costo e incluso a premio (avergonzar, reprochar o criticar) (De Swaan Abram, 1997). El pobre confrontó al rico con un problema de acción colectiva: cómo crear arreglos colectivos para controlar los efectos externos de la pobreza, al mismo tiempo que prevenir que otros ricos obtengan ganancias de sus acciones sin contribuir, (De Swaan Abram, 1997). Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil.

North (1993), por ejemplo, sostiene que el Estado puede representar un papel importante para apoyar las instituciones dentro de un ambiente de responsabilidad para reaccionar al cambio estructural, de tal forma que sea consistente con el bien social. El Estado no solamente puede crear los espacios en los cuales se encuentren los diversos agentes económicos locales e internacionales para realizar intercambios, sino que, además, puede crear, vigilar y hacer cumplir las reglas del juego de dichos intercambios a través de sus instituciones. Aquí el concepto de espacio se mueve de su caracterización física y territorial a una caracterización más abierta y dinámica. Así, el fenómeno de la desterritorialización del Estado está dando lugar a una nueva territorilización en función de creación de unidades espaciales diferentes.

El cambio estructural tiene por objetivo establecer un marco institucional para lograr mercados más competitivos. Se realiza mediante mecanismos de apertura y liberalización comercial y financiera, inversión extranjera, privatización de empresas públicas, desregulación, etc. Estas políticas han disminuido la tasa de crecimiento económico en general y han traído una drástica reducción de los servicios del gobierno así como en el empleo público. Esto ha resultado en una venta total desnacionalizadora de los más grandes beneficios y empresas públicas de estos países y abolido las tarifas protectoras y otras formas de apoyo que previamente tenían las empresas locales. El cambio estructural ha posibilitado una nueva estructura y operación de la economía del mercado que implica la racionalidad de las funciones del Estado sujeto a las reglas que establecen los principios del libre mercado.

El objetivo de los programas de ajuste estructural es el tránsito de una economía cerrada, centrada en el Estado de Bienestar y con altos niveles de regulación e intervención estatal a una economía abierta, con un énfasis en los principios del libre mercado y de competitividad internacional. La característica principal de este estado de Bienestar es la función que cumplía de hacer obligatoria la provisión de colectiva de los servicios asistenciales básicos. Esta economía de libre mercado se desarrolla con agentes económicos centrados en la propiedad privada y en la defensa de sus propios intereses. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible.

Los programas de ajuste estructural y estabilización macroeconómica en realidad desajustan la relación de las dinámicas económicas y sociales nacionales y siguen manteniendo las prácticas patrimonialistas y clientelares como formas de control social del Estado y generadoras de corrupción. Los programas de ajuste estructural fueron impuestos para rediseñar las instituciones y modificar la estructura del governance, pero los resultados han sido limitados. En este sentido, los análisis del ajuste estructural se refieren al cálculo económico de las expectativas y no consideran la apreciación a la dimensión subjetiva del fenómeno.

Cualquier cambio en la estructura del governance afecta la estructura institucional de la gobernabilidad. El estudio de governance contribuye a la gobernabilidad o gobernability, a pesar de que ambos conceptos se refieran a fenómenos soiopolíticos diferentes. La governance y la gobernabilidad son términos interdependientes en los sistemas democráticos. La operacionalización y aplicación de las diferentes formas de governance en las instituciones sociales, económicas y políticas inciden directamente en los efectos de la gobernabilidad del sistema democrático. Las instituciones económicas, sociales y políticas son determinantes de las decisiones y procesos sociales. En un sistema democrático, se espera que se desarrollen las competencias, libertades y derechos tanto individuales como sociales.

El patrimonialismo confunde el patrimonio público con el patrimonio individual y familiar. El corporativismo defiende los intereses de grupos en nombre del interés público y confunde el patrimonio del Estado con el patrimonio de los grupos de interés. El corporativismo como una forma de expresión actual del patrimonialismo mezcla intereses legítimos de grupos que se constituyen bajo el fundamento de la democracia representativa, pero que al mismo tiempo identifican sus propios intereses con el interés público.

Las “lógicas partisanas” son parte importante de los elementos del debate político. El principal p0apel que desempeña el Estado moderno es el de un “árbitro neutral” entre las demandas de la empresa económica y los derechos racionales de beneficencia social, entre la “solidaridad social” y la “racionalidad industrial”. El Estado moderno institucionalizó la violencia y administró los servicios sociales a la población con un enfoque de diferenciación territorial que profundizó la brecha de las desigualdades. La ausencia de solidaridad destruye la democracia liberal de la sociedad, y los excluidos no dominan su propia condición. Los programas de beneficencia del Estado institucionalizaron la titularidad relativa y circunstancial, dependiente de los procedimientos para reconocer los diferentes posición y la distribución de los bienes sociales. (Meredith, 1997; Donzelot, 1988)

Una forma racional de obtener el reconocimiento universal de los individuos garantizado por un conjunto de derechos humanos o derechos del hombre es a través del Estado liberal moderno. La defensa y garantía de los derechos humanos es todavía un problema no resuelto en situaciones específicas, tales como por ejemplo cuando están en peligro los derechos humanos 0de los adversarios políticos a algunos regímenes. El Estado liberal moderno con características de reformista, legalista y semiautoritario, era considerado por los liberales como el único capaz de mantener la paz.

Con la internacionalización de la economía y los cambios en las orientaciones de los modelos económicos, de una economía socialista hacia una economía capitalista centrada en empresarialismo, el Estado de beneficencia social ha modificado sus funciones, para convertirse al decir de algunos en un Estado internacionalizado, concepto que no deja de ser muy vago. La economía capitalista del mercado tiene un carácter social.

La “internacionalización del Estado”, de acuerdo al concepto de Baker (1999) involucra la priorización de los intereses del capital globalmente móvil sobre aquellos de una economía basada nacionalmente y de los agrupamientos sociales, aunque la economía global está íntimamente conectada al Estado. El Estado existe en un contexto de integración económica e intercambio transfronterizo. Lo anterior se manifiesta en la apertura de las economías nacionales a la competencia internacional, a través de una serie de medidas tales como las liberalizaciones, desregulaciones, privatizaciones y modificación del sector estatal y la persecución de políticas económicas austeras para conseguir el balance fiscal y una baja inflación.

Un segundo elemento de la “internacionalización del Estado” es la noción de que el estado actúa como una “correa de transmisión” del ámbito de lo global a lo local, establec0iendo el conjunto de ideas que proveen las bases para este acercamiento a las políticas públicas tenga un origen internacional. La transformación del estado inicia con un proceso de formación de consenso internacional, relacionado con las necesidades de la economía mundial.

La transformación del Estado desde los setenta implica el abandono de su función como mediador entre los intereses del trabajo y del capital, de los objetivos nacionales y del orden global. (Cox, 1992) Desde finales de la década de los setenta se inicia la transferencia del mando y el poder del Estado al mercado a través de programas de desregulación del estado que en realidad han significado la regulación por el mercado.

El déficit en regulación y gobernailidad de muchos países se debe al fracaso de los programas de desregulación del Estado y a las deficiencias en regulación por las instituciones del mercado. El análisis en los tipos de veto es actualmente en discusión de la reforma institucional es indicativo de la percepción que prevalece de déficit en el sistema político. El movimiento conservador iniciado en Inglaterra está transformando el papel del Estado en la economía, relegando su papel de administración económica del bienestar social e ignorando las presiones económicas de importantes grupos demográficos, para concentrarse más en la concesión de derechos de libertades personales.

Estas concesiones incluyen a la empresa privada, en la limitación y reducción de recursos asignados a la administración de servicios públicos. Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

O bien, de plano en su desregulación a través de esquemas privatizadores o corporativizadores que transfieren al sector privado, a inversionistas privados y a agencias supranacionales las capacidades para su administración, con la esperanza de que la disciplina de la propiedad privada mejore el desempeño económico tanto de las empresas como del sector gubernamental. Para que el sistema corporativo empresarial florezca, es necesario que estas formas de organización sean reconocidas por las regulaciones nacionales e internacionales y representadas por un conjunto de elementos característicos.

El otorgamiento de garantías a la propiedad privada y la introducción de incentivos para alentar la competencia por recursos que son escasos, son dos de los mecanismos usados para impulsar el libre mercado. La subcontratación para la provisión de los servicios públicos es resultado del deseo de introducir programas de aseguramiento de calidad, involucramiento más efectivo de la ciudadanía y la competencia, como la mejor forma de encontrar el mejor valor, la mejor calidad al más bajo precio por servicios que satisfagan las necesidades de las personas.

Estos cambios han dado lugar a un amplio y largo debate sobre los beneficios y alcances reales y potenciales de las empresas públicas o propiedad del Estado (EPEs), en contraste con las empresas privadas. Hasta ahora, las evidencias empíricas son muy ambiguas. Las empresas propiedad del Estado permanecen sujetas a discreción e intervención política y burocrática, lo que en muchas de las ocasiones aumentan los denominados costos burocráticos. Se argumenta que en los países menos desarrollados, las empresas públicas no son productivas y menos redituables.

Además se reconoce que la renta de las empresas públicas puede ser usadas para fines políticos, ya sea motivando la expansión del empleo o financiando actividades de naturaleza política. Quedan así estas empresas sujetas a la discreción e intervención política y burocrática. Sin embargo, la euforia privatizadora de las últimas dos décadas del siglo XX se enc0uentra ahora en una fase de reflujo, la cual tiende hacia la búsqueda de un equilibrio entre el papel del Estado, el del mercado y el de la sociedad.

Los gobiernos están procediendo a la privatización de sus empresas e instituciones paraestatales, mediante procesos de desnacionalización que promueven la competencia y el desarrollo emprendedor. Estos procesos de privatización son solamente una parte de un intento amplio para liberalizar economías que enfrentan dificultades. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional.

Sin embargo, estos procesos de privatización son ampliamente promovidos por las grandes corporaciones transnacionales en sinergia con los Estados imperiales, quienes las detentan o concentran la propiedad y el control.. Por lo tanto, con la venta de las empresas del Estado al sector privado internacional, estas terminan siendo propiedad de los grandes grupos corporativos transnacionales y multinacionales, los que a su vez presionan a los Estados nacionales para la obtención de otros beneficios favorables para mantener el dominio global.

La existencia de diferentes modelos de privatización determina su impacto en el valor de la empresa privatizada, en el bienestar social agregado y en los grupos de interés. Las privatizaciones logran ganancias sustanciales por productividad (Megginson, et al, 1994). Estos procesos se llevan acabo en una amplia gama de formas de traspaso de propiedad y responsabilidades, que van desde un enfoque de “Estadidad corporatista” de empresas privadas delegadas para que actúen en su nombre, hasta la venta total de todas las prerrogativas a ciertos emprendedores que reorientan las actividades empresariales hacia un libre mercado.

Este desarrollo emprendedor (del francés entrepreneur) según Flores (1998) “destaca y diferencia a las personas que alejados de la administración o la gestión de recursos de una empresa estable, con vitalidad e imaginación, se salen de este círculo con ánimo de construir algo. Crean, inventan, seducen con nuevos modelos, nuevos productos, que a su vez generan una nueva realidad social.” Desde en cuanto habrá que distinguir claramente entre estos emprendedores y quienes son simples especuladores de la renta del capital..

Los procesos privatizadores de las empresas propiedad del Estado (EPEs) no es un fin en sí mismo sino es sólo un instrumento para la implementación de estrategias de desarrollo de un Estado-nación. Se deben formular estrategias de desarrollo para generar oportunidades mediante la optimización de los recursos y las potencialidades locales y regionales. Pero a pesar de que las empresas públicas o de propiedad del Estado se separen o se constituyan en forma autónoma e independiente del control político, permanece la propiedad del Estado por ser representados por burócratas y los políticos.

Mucho se ha discutido sobre las dificultades para privatizar los monopolios del gobierno, para convertirse en monopolios privados (Levy y Spiller, 1996). La identificación de las variables de las principales decisiones del gobierno presenta las identificaciones de los intercambios políticos que tienen que enfrentarse los gobiernos cuando llevan a cabo procesos de privatización. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación.

Los procesos de privatización se acompañan de medidas complementarias de liberalización comercial como parte de una racionalización de las economías y que se acompañan de procesos políticos. Este principio toma nota del hecho que las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica (Kaiser, 1997).

Los resultados de investigaciones (Avishur, 2000) que un gobierno que maximiza el voto, establece el valor óptimo de las variables de sus decisiones, dependiendo de las características del mercado político. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

Aizenman (2000) trata de mostrar que en una economía donde las políticas están determinadas por votantes promedio, las privatizaciones conducen a la eficiencia de las ganancias mediante el cambio del menú de impuestos. Tal es el caso, por ejemplo, la reducción de los impuestos al capital. Igualmente, North (1990:365) argumenta que los mercados políticos tienen la tendencia a ser ineficientes, y que además en torno a la política gravitan altos costos de transacción (p. 362), los cuales resultan difíciles de organizar.

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Los procesos de integración comercial internacional alientan la movilidad de las bases impositivas para minimizar los pagos de impuestos y ponen en entredicho el financiamiento de las capacidades del Estado nación. Una mayor integración de los procesos económicos internacionales pone bajo presión al sector público, sobretodo del Estado de Bienestar, debido al incremento de que las consecuencias de aplicación de impuestos que distorsionan, cuando los mercados de productos llegan a estar más integrados (Andersen, 2001).

Existe un punto de vista diferente al esencialista que separa a las empresas y al Estado y que consiste en la concepción de empresas que sean parcialmente o totalmente propiedad del Estado. El creciente interés en la privatización de las empresas propiedad del Estado (EPEs) en los años recientes es parte de la experiencia diaria de privatización de servicios y fragmentación de responsabilidades a tal grado que parece ser una evidencia empírica, aunque muy cuestionada, que indica que la empresa privada es más eficiente. Algunas investigaciones empíricas muestran que en un promedio general, las empresas del estado son menos rentables y menos eficientes que las corporaciones privadas.

Sin embargo, no necesariamente las empresas propiedad del Estado (EPEs), ni los gobiernos tienen necesariamente un monopolio de ineficiencia, como se les ha estigmatizado. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros.

La privatización es definida como la venta deliberada por un gobierno de empresas propiedad del Estado o activos, a los agentes económicos privados (Megginson and Netter, 1999) Por otra parte, Phelps (1992) argumenta como razones de la superioridad en la eficiencia de las empresas privadas, que éstas están más empresarialmente orientadas. El mejoramiento de las condiciones regionales para la promoción de la actividad empresarial conlleva el fomento de la integración o diversificación de la estructura económica regional y la coordinación interinstitucional de planes, programas y proyectos de impacto regional Terapuez Chamorro (2001).

Por otra parte, esta orientación empresarial determina los intercambios en función de mecanismos de precios y costos burocráticos. Además, los administradores actúan directamente en los procesos de producción y los productos con un enfoque en la maximización de las utilidades. El modelo de los derechos de propiedad, según De Alessi (1980), sostiene categóricamente que “la diferencia crucial entre las empresas privadas y las políticas (públicamente poseídas) es que la propiedad en la última es efectivamente no trasferible. Ya que esto excluye la especialización en su propiedad, inhibe el capitalismo de consecuencias futuras en la trasferencia corriente de precios y reduce los incentivos de los dueños para monitorear la conducta administrativa”.

No obstante, el establecimiento de un sistema formal de derechos de propiedad, no necesariamente crea los incentivos del mercado, ni las previene de intervención política. Además, sin que existan grupos de presión con diferentes intereses, los inversionistas se enfocan a la adquisición de activos bajo una perspectiva de largo plazo y por las dificultades para obtener asistencia pública en casos de dificultades, la penalización por no alcanzar los objetivos es muy drástica y dolorosa.

No obstante, los modelos privatizadores de las empresas del sector público no toman en consideración los efectos en la distribución del ingreso. La propiedad que el Estado tiene de los factores de producción, es una de las piedras angulares del comunismo. E incluso, bajo el sistema capitalista, el Estado representó un importante papel en los asuntos económicos, como en el caso de los países Europeos y de países en desarrollo, donde controló la producción de bienes y servicios y la distribución de los recursos. Las empresas propiedad del Estado (EPE) o empresas controladas por el Estado son entidades económicas que generan la mayor parte de sus ingresos de la venta de bienes y servicios en los que el sector privado no tiene interés en ofrecer, y que los gobiernos benevolentes realizan en beneficio de los intereses de la ciudadanía.

Además, ideológicamente los gobiernos desean mantener el control sobre la producción de bienes y servicios, no tanto por los beneficios económicos sino por otros beneficios políticos. Así las privatizaciones iniciadas por políticos son una respuesta a los cambios del mercado político-electoral, mediante el cual, la privatización introduce un modo de operación del dominio de Pareto que tiende a generar un mayor apoyo político-electoral. Muchas de las privatizaciones sólo han beneficiado a los rent seekers y a los free riders de un patrimonio económico público.

Ya se señaló el argumento de North (1990) acerca de que los mercados políticos siempre gravitan en torno de altos costos de transacción, los cuales son difíciles de organizar. Sin embargo, las empresas propiedad del Estado (EPE) operan en la mayor parte de los países que mantienen este sistema de propiedad bajo ciertas limitaciones y restricciones y además de que son más susceptibles a las presiones de los grupos políticos, con intereses a corto plazo y electoreros.0

Los políticos valoran a las empresas propiedad del Estado porque pueden usarlas para favorecer a los que apoyan políticamente, otorgándoles empleo, inversiones focalizadas regionalmente y precios subsidiados de los productos o bien pagando mejor a los proveedores políticamente conectados. Por éstas razones, la transferencia de empresas paraestatales al sector privado debe realizarse preferentemente a accionistas externos, más que a administradores y políticos que tienen las mismas motivaciones para mantener empleo excesivo.

La posibilidad de una bancarrota en el sector privado, motiva a una mayor eficiencia y productividad mediante una administración efectiva de los activos que requiere un mayor esfuerzo administrativo. La percepción acerca de la efectividad del manejo de los activos propiedad del Estado está modificándose por un lado, mientras que por otro resulta atractivo para el Estado vender estos activos por el dinero que recibe.

La privatización ha probado ser una política económica hasta cierto punto exitosa porque ha reducido significativamente el papel del Estado con el control de la propiedad de las empresas, en la vida económica de los países. Pero para poderlo afirmar es necesario analizar los efectos de las privatizaciones en los ingresos nacionales y su impacto en la tasa de crecimiento sobre el tiempo. Las privatizaciones reasignan y reorganizan los recursos con la finalidad de mejorar la eficiencia y el incremento del crecimiento económico de una nación, de acuerdo con la nueva teoría del crecimiento endógeno, o al menos por un tiempo, como lo sugiere el modelo neoclásico de crecimiento que convierte al crecimiento económico en un fin en sí mismo.

El crecimiento económico implica la noción de la medición cuantitativa en términos del producto interno bruto pre cápita y el promedio real del consumo. A través de la identificación de parámetros políticos y económicos, relevantes a la privatización, el modelo propuesto por Avishur (2000) predice la elección para la privatización de una industria, el tiempo de transición, la forma que toma y la asignación de recursos que toma. Además de que explica los diferentes enfoques a la privatización en diferentes países basados en restricciones políticas enfrentadas por gobiernos con más poder.

Rubio (1999) comenta que “algunos países vieron en la privatización de empresas una nueva manera de gobernar, una nueva manera de concebir la relación entre el gobierno y la economía. Sobre todo, una manera de restaurar al sector privado, a la inversión privada y, sobre todo (sic) a la economía de mercado, como la mejor manera de provocar el desarrollo económico. Otros países, quizás los más, incluido el nuestro, no acabaron de cambiar el paradigma: vieron en las privatizaciones una manera de agenciarse ingresos fiscales de corto plazo y de quitarse de encima pesados fardos y enormes fuentes de corrupción y subsidios descontrolados, pero no más. La noción de potenciar el desarrollo a través de un mercado activo y pujante nunca avanzó”.

La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros. El continuo de posibilidades de Avishur (2000) de programas de privatización va de un capitalismo popular como la tendencia de gobiernos que son vulnerables a las críticas y hasta compañías nomenklatura en la cual los administradores toman los activos a costos más discrecionales. En el medio de este continuo se ubican los esquemas de privatizaciones basados en vouchers y en accionistas. El elemento para entender los patrones de privatizaciones está en la identidad de los individuos que se amparan bajo el término inocente de inversionistas privados.

Como doctrina económica del Estado, la privatización ha tenido una amplia aplicación, a pesar de que la literatura académica apoya teórica y empíricamente las empresas propiedad del Estado, al extremo de que algunos estudios muestran que la administración de la propiedad del Estado no tiene necesari0amente un desempeño pobre. Quizá más importante que el criterio de privatizar para hacer eficientes las organizaciones, debe considerarse la máxima realización de las prestaciones.

Sin embargo, los movimientos sociales que se manifiestan en contra de los procesos privatizadores de la vida social están reconstruyendo su identidad colectiva y reivindicando una nueva dimensión de lo público al proponer una agenda contra hegemónica de la ideología dominante, mediante organizaciones con estructuras más planas que permiten la horizontalidad de las relaciones sociales y de producción, sí como la apropiación de un nuevo discurso. La transformación del capital social tiene relación con los cambios a niveles sociales y con los cambios en la identidad de los individuos. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Los procesos de la individualización enfatizan la presencia del individuo por sobre lo colectivo, escindiendo en forma nominalista entre el individuo y la sociedad, mediante el debilitamiento de los referentes materiales y simbólicos de las identidades colectivas.

Los diferentes tipos de intereses que existen en una sociedad hace que sus individuos se expresen en espacios locales, regionales, nacionales y transnacionales. La sociedad local y regional es uno de los principales actores del desarrollo el cual puede ser equilibrado y equitativo. Es en el espacio global donde tiene lugar el fenómeno de la globalización en u contexto de fragmentación. Las relaciones sociales son diferentes dentro de las empresas que entre las empresas lo que debe de considerarse a la hora de elegir entre el mercado y las jerarquías.

Las relaciones económicas en el sistema capitalista ocurren en un mercado entre las empresas y al interior delas jerarquías de las grandes corporaciones, empresas burocráticas y el estado mismo. Las empresas y los mercados difieren en su acceso al fiat debido principalmente a las diferencias en los contratos legales. En otras palabras, a pesar de los avances en la consolidación del sistema económico neoliberal globalizador, se separan las características políticas, sociales y culturales de los pueblos, las cuales aumentan las capacidades de las identidades colectivas de los pueblos. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas.

La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). Estas capacidades de las identidades colectivas encuentran sus espacios para expresar sus intereses en las instancias locales, nacionales y transnacionales. La lógica del sistema hegemónico es inversa al protagonismo de lo colectivo, dando mayor énfasis a las políticas y estrategias individuales.

Muchas de las expresiones de los movimientos sociales constituyen actos de rebeldía contra las desigualdades sociales. Los movimientos sociales contribuyen a la formación de la ciudadanía mediante la afirmación de los derechos individuales civiles, políticos y sociales frente a su imprecisión como “derechos de tercera generación” que promueven los organismos multilaterales. Muchos de estos movimientos sociales son románticos porque critican la destrucción de las culturas tradicionales y los modos de vida por el capitalismo.

En realidad, el sistema capitalista ha evolucionado hacia formas más tolerables durante los últimos 150 años, en parte debido a la acción de los movimientos sociales, hasta que en los últimos 25 años todo parece cambiar, y el capitalismo adopta tendencias autoritarias. Con la caída de los sistemas socialistas en los finales del siglo pasado y frente a los excesos del capitalismo globalizador, es necesario que los movimientos sociales nuevos redefinan sus estrategias y métodos de resistencia y oposición a los efectos negativos de los procesos de globalización. Thoreua ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia, lealtad y a resistir un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insportables.

Quienes argumentan a favor de la privatización afirman que la propiedad privada siempre resulta en un alto nivel de eficiencia productiva en un buen Estado, porque el bienestar de los consumidores entra en la función de utilidad del gobierno, pero no en la de los gerentes de las empresas privadas. La distinción entre la propiedad privada y la propiedad pública no toma en consideración importantes mecanismos de gobernabilidad como los problemas de la agencia, los costos de transacción y la complejidad de los contratos internos. Estos contratos internos regulan las relaciones y las transacciones entre los diferentes individuos y grupos dentro de la organización. El dilema de la acción colectiva característicamente emerge en un nivel transaccional cuando los agentes son independientes, están conscientes de su interdependencia y no existen agencias que puedan coordinar las acciones de los agentes involucrados. Cuando los individuos deciden realizar contratos individuales y privados fuera de las estructuras de gobernabilidad del estado, es porque encuentran los suficientes estímulos para hacerlo.

La ventaja primaria de la propiedad privada sobre la propiedad pública es la responsabilidad a la información sobre la demanda de los consumidores y los costos de insumos, según Glaeser and Scheinkman (1996) Estos autores concluyen que la privatización debería empezar donde la incertidumbre o la ignorancia es mayor en áreas que transmiten información a otros agentes económicos. Por tanto, el gobierno tiene más que ganar de un incremento en la eficiencia productiva y debería ser capaz de pagar más por esa ganancia (Megginson and Netter, 1998)

En las últimas dos décadas se ha presentado una tendencia que muestra claramente como los gobiernos de todos los rincones del mundo y de diferentes ideologías han aceptado como política económica la desincorporación de las empresas propiedad del Estado, a través de programas de privatización, como resultado de objetivos múltiples que tienen fines económicos y políticos. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación.

Se considera que los Estados-nación mejoran su capacidad de competencia internacional si se limitan a configurar los sectores social y privado. Al decir de Patras (2001d) la competencia “en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados”.

La privatización tiene un impacto diferencial del papel del Estado en las diferentes economías. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros.La privatización ha sido aceptada como una herramienta legítima de las funciones del Estado por los gobiernos de más de 100 países.

Pero estas políticas de desincorporación dañan el tejido democrático de la sociedad. Habermas (19998) ha escrito con singular maestría que este dilema llamado “la cuadratura del círculo” por Ralph Dahrendorf, “se trata de unir tres cosas sin conflictos: Conservar y fortalecer la capacidad de competencia en el viento huracanado de la economía internacional; No sacrificar la cohesión social ni la solidaridad; y llevarlas a cabo con las condiciones y en las instituciones de una sociedad libre”. Es en el terreno de la economía internacional en donde el papel expandido del Estado es fundamental.

Las investigaciones empíricas sobre la efectividad concluyen a favor del sector privado por sobre las empresas del Estado, con una evidencia de que es más rentable, con más bajos niveles de deuda y sistemas de producción menos intensivos en empleo de recursos. Las investigaciones académicas están marcadamente en favor de la proposición de que las empresas de propiedad privada son más eficientes y más rentables que las empresas propiedad del Estado.

Sin embargo, la literatura académica ofrece poca información sobre el mejor método para privatizar y los análisis teóricos de costos y beneficios son limitados. La mayor parte de los programas de privatización se realizan como actos de fe (Megginson, Nash and Randenborgh (1994) Los modelos económicos estándar de contratación financiera dentro de las empresas no encajan en el contexto de la privatización, principlamente porque las empresas no evolucionan sobre el tiempo de pequeñas empresas, sino que son creadas por fiat gubernamental (Coffee, 1999)

El teorema fundamental de la privatización concluye que la intervención del gobierno es menos costosa bajo la propiedad gubernamental. Pero la promesa del gobierno de no intervenir tiene más credibilidad bajo la propiedad privada (Sappington and Stiglitz, 1987) Los programas ortodoxos de privatización de empresas de un número creciente de gobiernos de países han sido aceptados como un instrumento de economía política. Investigaciones sobre el incremento del desempeño de las empresas privatizadas demuestran que se incrementa en términos económicos y estadísticos después de que han sido traspasadas al sector privado (D'sousa, Juliet and Megginson L. William, 1999) Sin embargo, la competencia, o desregulación es más importante que la privatización, para mejorar el desempeño económico.

Por otro lado, las empresas están pasando por un período de autorreflexión y auto evaluación para determinar si sus competencias y capacidades están en tono con los grandes cambios que se avecinan en los mercados globales. Administradores y trabajadores reconocen la importancia de trabajar conjuntamente en una economía crecientemente compleja y retadora. El futuro de los trabajadores es muy incierto.

El aumento del papel del gobierno de redes de políticas e intereses privados, el incremento del uso de la subcontratación, la automatización y un simultáneo proceso de internacionalización y descentralización de las instituciones públicas de gobierno, son algunos otros eventos que están ocurriendo. La formación de redes de pequeñas y medianas empresas, vinculadas por niveles de competencias y una creciente tecnología informática innovadora, y la creación de alianzas y asociaciones estratégicas entre los sectores público y privado son otras de las tendencias crecientes.

Brada (1996) ha clasificado los métodos de privatizaciones en privatizaciones a través de la restitución, privatización a través de la venta de propiedad estatal por ventas directas o por emisión de acciones, privatización masiva y privatización desde abajo mediante el inicio de nuevos negocios. La propiedad privada es preferida a la propiedad pública si el incentivo para innovar y contener los costos es fuerte.

Los agentes administrativos del sector público tienen pocos incentivos para eliminar o reducir los costos y mejorar la calidad. La propiedad pública se prefiere sólo cuando las oportunidades de reducción de costos conducen a reducciones de calidad no contractables que son significantes, si la innovación es relativamente no importante, si la competencia es débil y la elección del consumidor es inefectiva y si los mecanismos reputacionales son débiles (Hart, Shleifer and Vishny, 1994)

Los procesos de privatización están modificando las estructuras de los sistemas económicos de muchos países, como parte de una medicina amarga que está provocando muchos cambios acompañados de inestabilidad e incertidumbre. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros.

La preponderancia de los intereses particulares que buscan el máximo beneficio en el más corto plazo en los procesos de privatización están arrojando resultados negativos en términos sus contribuciones a una mayor fragmentación y polarización social, aumento de la incertidumbre, incremento de los niveles de desigualdad económica y social que luego resultan en altos niveles de violencia. Estos procesos de privatización conducen inexorablemente a profundizar la dualización de la sociedad que genera brechas profundas de desigualdades económicas y sociales, por un lado los ricos beneficiarios del sistema capitalista y por el otro los excluidos y marginados del desarrollo capitalista.

Ferreira (1999) ha desarrollado un modelo sobre la dinámica de la distribución de la riqueza y lección ocupacional para investigar las consecuencias distribucionales de las políticas asociadas con economías en transición y concluye que la más eficiente privatización diseñada para ser más igualitaria conduce a incrementos en la desigualdad y pobreza. Los resultados de estos procesos de privatizaciones subrayan la importancia de retener la provisión gubernamental de bienes y servicios públicos básicos, la remoción de barreras para prevenir la participación de los pobres en el nuevo sector privado y establecer las necesarias redes de seguridad.

Los defensores de la privatización la justifican insistiendo en el supuesto de que los mercados sean esencialmente democráticos y eficientes frente a la corrupción e ineficiencia de las empresas del Estado. Los monopolios del Estado tienen numerosos casos de corrupción, mal uso del poder y los recursos e ineficiencia. Sin embargo, la corrupción es producto del monopolio del poder y del uso discrecional que hacen de él. Las diferentes formas de corrupción, entre otras, el patrimonialismo, el nepotismo, el cleintelismo, etc., son ataques directos a la res publica. Por lo tanto, mientras no exista una profunda reforma a las instituciones, una reforma de la denominada segunda generación después de aplicadas las reformas estructurales y de estabilización macroeconómica, las conductas corruptas seguirán manifestándose aún en el sector empresarial privado.

Las reformas de segunda generación se orientan a profundizar la reforma del Estado, el desarrollo de las instituciones y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, dentro de un marco de crecimiento económico y consolidación democrática. La tendencia de las sociedades actuales a lograr la gobernabilidad democrática a pesar de la inestabilidad económica y política es lo que Torrijos (2001) ha denominado como gobernabilidad reluctante la cual considera ser una gobernabilidad que emerge desde la ingobernabilidad, porque se construye a partir de ambientes de alta incertidumbre, inestabilidad y caos. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Las economías en desarrollo tienen que dar especial atención a la reforma de sus institucionales, lo cual en sí mismo constituye un formidable reto. Las reformas de segunda generación requieren una nueva forma de gobernabilidad, lo cual implica nuevos modos y métodos de gobierno. Sin embargo, la reforma institucional carece de un marco conceptual que sirva de guía a la implementación de las acciones en una agenda política precisa, la cual debe orientarse a proteger y defender la res pública de los ataques de la corrupción y de los buscadores de rentas.

La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio. categorizando los puntos de veto de acuerdo a los efectos deseados, las estrategias de los actores políticos para el uso de los puntos de veto o en la propuesta de reformas institucionales pueden analizarse en modelo integrado de democracia. La dificultad para predecir futuros efectos de la reforma institucional da como resultado una estrechez de visión.

La protección de la res publica tiene hacerse a través de leyes y regulaciones y una política de Estado que limite los alcances de la corrupción y que no tenga como propósito la defensa de los intereses de sectores específicos y privados, como el caso de los banqueros en México. La corrupción está influencias por la existente estructura del poder institucionalizado, por lo que se requiere de una reforma institucional para reducirla, conocida como reforma de segunda generación. No hay duda de que la corrupción depende positivamente del monopolio del poder y la discreción de su ejercicio que tienen los miembros de cualquier organización.

Por otro lado, argumentan que el sacrificio de eliminar empleos se ve compensado con el mejoramiento del desempeño. Sin embargo, estos procesos de reforma económica denominados como reformas de primera generación, de ajuste estructural y estabilización macroeconómica con las consecuentes adecuaciones, además de que están inconclusas, están originando otras disfuncionalidades y profundos desajustes en las dinámicas económico-sociales nacionales. En este sentido, los análisis del ajuste estructural se refieren al cálculo económico de las expectativas y no consideran la apreciación a la dimensión subjetiva del fenómeno.

Estas reformas de primera generación fueron ortodoxas y se implantaron a finales de los años ochenta y principios de los noventa bajo modos de gobierno que no permiten profundizar la segunda etapa de las reformas, conocidas como de segunda generación. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. El objetivo de las reformas de “segunda generación”, de acuerdo con Santiso (2001), consiste en “ profundizar, completar y corregir las insuficiencias de las reformas de mercado de la primera “generación”.

Estas reformas de segunda generación se orientar a profundizar la reforma del Estado, la reinvención de las instituciones políticas y el desarrollo de las instituciones dentro de un marco de crecimiento económico y consolidación de la gobernabilidad democrática. La aplicación de las reformas de segunda generación implica la implementación de procesos de reingeniería política, es decir, son procesos eminentemente políticos cuya finalidad es profundizar la gobernabilidad democrática. La reingeniería política implica involucrarse en cómo debe realizar las actividades, los métodos y las formas de gobierno.

Originalmente los programas de ajuste institucional representan un cambio en el diseño de las instituciones para modificar la estructura de governance y en los mecanismos que pueden dar el sustento a una gobernabilidad democrática que mantiene en equilibrio las relaciones entre la economía, la política y la sociedad, dando lugar a la emergencia de una sociedad “multi-céntrica”, para usar las palabras de Luhman (1982).

Tanto la governace como la gobernabilidad son conceptos interdependientes en las estructuras económicas, políticas y sociales de los sistemas democráticos, aunque se refieran a fenómenos sociopolíticos diferentes. Es en este sentido que el estudio de governance contribuye a la gobernabilidad en su concepto amplio. Las instituciones forman el entramado de la sociedad, la economía y la política. Las diversas formas de operacionalización y aplicación de la governance en las instituciones económicas, sociales y políticas tienen incidencia directa en los efectos de la gobernabilidad de un sistema democrático. Las modificaciones de la estructura de governance afectan el diseño de la ingeniería institucional de la gobernabilidad.

La pirámide del empleo se ha volteado, de tal forma que menos personas tienen acceso a los beneficios del empleo mientras se incrementa el número de dependientes. Además, la obtención de empleo está condicionada a las competencias y habilidades que el mercado requiere. Así la capacidad del empleo como medio de acceso a los mercados es muy limitada.

Según Coffe (1999), la privatización ha producido una incongruencia conceptual: inherentemente produce una inicial dispersión de la propiedad, pero bajo un régimen legal intencionado para acomodar la concentración de la propiedad. Sin embargo, los sistemas de la ley civil no toman en cuenta los abusos que no han podido atestiguar, tales como el robo o el control explotativo. Y por lo tanto, dejan a los accionistas públicos en un sistema de propiedad dispersa expuesta a una situación de ganar y tomar todo, mientras que los perdedores recrean como expectativa una futura expropiación.

El cuestionamiento será determinar si la globalización está dejando beneficios y ganancias netas a los países, ¿por qué entonces no emplean estos excedentes del producto interno bruto para compensar a los perdedores y por lo tanto, disminuir las resistencias? Pero el sistema se ha diseñado para operar exactamente al revés: la trasferencia de los excedentes de los países menos desarrollados a los más desarrollados se garantiza mediante el diseño y aplicación conjunta de políticas.

Precisamente la privatización crea tal sistema de propiedad dispersa de tal forma que facilita estos abusos. Una privatización rápida sin acompañarse de una protección minoritaria y una adecuada exposición de estándares conducirá a la expropiación y a la búsqueda de rentas. La privatización es modelada como una política incierta debido al problema de información asimétrica porque los inversionistas no tienen certeza de que un gobierno determinado sea populista o está comprometido con programas de privatización. La información asimétrica entre los diferentes agentes económicos facilita que otros agentes incurran en oportunismo, como cuando se oculta información relevante para terceros, dando lugar a que surja el daño moral.

Los gobiernos orientados hacia el mercado pueden ser desplazados por gobiernos con orientación socialista. Estos tienen como programa expropiar las utilidades de los procesos de privatización (Perota, 1995) Desde el punto de vista populista, las privatizaciones de los bienes públicos pueden significar retrasos sociales considerables y una “racionalidad ética insostenible” de acuerdo con Benítez (1998), en la medida en que limiten los beneficios sociales. La orientación, apunta este investigador, debe ser hacia la eliminación de los factores que han hecho ineficientes a las instituciones responsables, a la recomposición de la sociedad más que a la racionalización del mercado. Es la sociedad local y regional uno de los actores sociales promoventes del desarrollo que puede ser más equilibrado y equitativo. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Por lo tanto, la provisión eficiente de los bienes públicos por el Estado o por la sociedad civil no pueden actuar los mecanismos de la competencia generadores de los bienes privados (Samuelson, 1954).

Los gobiernos populistas no pueden resistir ni enfrentar las presiones sociales para redistribuir los beneficios de las empresas, ya sea mediante la interferencia en las operaciones, cambiando el medio ambiente regulatorio o bien haciendo reversibles los procesos de privatización. Los motivos de un gobierno populista para privatizar son el obtener dinero y adquirir la opción políticamente valuable para redistribuir el valor de la empresa después de la privatización. Los beneficios económicos potenciales no son motivos porque no pueden apoyar la privatización en el futuro por razones políticas. Los gobiernos populistas están motivados para mal representarse a sí mismo porque perciben que el compromiso incrementará los ingresos y motivará a los administradores a mejorar el valor de privatización de las empresas, resultando en un mayor valor para la redistribución.

En el otro extremo, los gobiernos que están comprometidos con los programas de privatización, no expropian las utilidades derivadas de los esfuerzos privados. Los beneficios económicos derivados de la privatización incluyen la reducción de la interferencia pública en la asignación del valor de la empresa, la iniciación de la reforma económica como resultado de la disciplina del mercado, el desarrollo del mercado de capitales domésticos, el acceso al capital foráneo y el incremento de los ingresos para el gobierno. Hasta ahora no se ha demostrado que exista una relación directa entre la liberalización de mercados de capitales y el crecimiento económico. La volatilidad de los mercados de capitales limita el crecimiento económico e incrementa los niveles de pobreza. No planean interferir en el futuro y están dispuestos a enfrentar la redistribución del riesgo asociado con pequeñas ventas parciales (Dones, et al, 1999).

La gran falla de los científicos sociales, los formuladores de las políticas públicas y de los líderes es el diseño de un sistema económico y social que sostenga los ecosistemas mundiales y provea de las condiciones morales decentes para el desarrollo social y el crecimiento económico. De hecho, los procesos de diseño y puesta en práctica de políticas públicas eficientes y eficaces, capaces de lograr el crecimiento económico y el desarrollo social, sigue siendo uno de los grandes retos de políticos, burócratas y científicos. Los tomadores de decisiones y formuladores de planes de desarrollos deben estudiar las necesidades expresadas y manifiestas de la población a quienes deben de beneficiarse. Las necesidades a satisfacer se relacionan con el consumo.

Es en este sentido que Galbraith (1962) argumenta que el requerimiento final de la planeación moderna del desarrollo es que tiene una teoría del consumo, el punto de vista de que la producción es últimamente sirve para determinar que tipo de consumo debería ser planificado. La aplicación de políticas públicas tiende a producir sesgos que favorecen a determinados grupos sociales. Los burócratas pueden manipular los objetivos de la política para ajustarlos a las condiciones contextuales y ambientales, o bien para beneficiar y proteger los intereses de determinados grupos o individuos. El cuestionamiento de cómo organizar un sistema económico de tal forma que el desarrollo tenga lugar, sin que se deteriore el medio ambiente, en el cual estén representados todos los intereses, incluyendo los futuros, es, por tanto, un cuestionamiento no fácil de contestar.

Los ámbitos de aplicación de los valores económicos (economía) y los valores morales (ética) tienen que ser complementarios para dirigir el actuar humano de los actores económicos, cuyo principal problema es determinar hasta qué grado es sostenible la racionalidad económica como único criterio de eficiencia. De la teoría pura de la disciplina económica emergen fallas y deficiencias de una lógica económica basada en la competencia y la eficiencia y la lógica social de la justicia, las cuales se han hecho obstinaciones fatales. Sin embargo, pueden resultar altamente cuestionables los muchos estudios hechos en países avanzados y no avanzados concluyen que el mercado trabaja mejor si los gobiernos se mantienen fuera de la economía.

Debido a los cambios económicos y políticos de los últimos años, los términos mercado libre y democracia, se utilizan como sinónimos y se enfatizan con la frase “democracia de mercado”, aunque los vínculos del mercado son invisibles y los constreñimientos de los mercados sobre la democracia son muchos y peligrosos. La restauración de la idea de la “mano invisible” del mercado a través de elecciones individuales agregadas que buscan la satisfacción de sus beneficios individuales, convierte a los mercados en contractuales y no en comunitarios.

Una política crítica debe respaldar la idea de un trabajo relacionado con la comunidad y la forma en que la comunidad debe tomarlo. De acuerdo a Putnam (1993: 183), “la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político”. La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. El lugar del mercado ha sido seriamente desestimado como una institución social, especialmente por aquellos preocupados por con los problemas de ‘dominación del productor’ que ha tenido efectos de reducir a los consumidores en ‘compradores enajenados de mercancías fetichizadas’ (Brown, 1997)

La consolidación democrática requiere de instituciones del Estado, las cuales son simultáneamente responsivas a las necesidades de los agentes individuales y capaces de proveer bienes públicos a la sociedad, tales como la ley universal, la defensa nacional, el control monetario y fiscal, y el bienestar social. La habilidad del Estado para ofertar estos bienes depende de su coherencia interna, la cual se refiere a las características organizacionales del Estado para alentar los acuerdos internos y un sentido común de propósitos entre ministros y burócratas.

La coherencia interna que permite al Estado proveer estos bienes debe ser balanceado por el involucramiento de una red informal de conexiones institucionalizadas entre los actores privados y las agencias estatales (Bartlett and Hunter, 1997). Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Un Estado responsivo no siempre es el más profesionalizado, como el caso de los Estados Unidos que es más responsivo y menos profesionalizado que otros Estados.

Además, la sociedad que emerge de un proceso simultáneo de internacionalización y descentralización de las instituciones públicas, no tiene límites claros y necesita de un sistema de gobierno societal multicentrado que permitan el traslado del poder económico, político y social. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición”.

La descentralización es el arreglo más eficiente cuando las externalidades y las regiones son heterogéneos, para la provisión de los bienes públicos. De acuerdo al teorema de descentralización de Oates (1976), si las preferencias son geográficamente diferenciadas, las asignaciones son más eficientes si se descentraliza políticamente el proceso.

Por otro lado, Carbonara (2000) encontró que una mayor descentralización tiene un impacto positivo en la corrupción y eleva las posibilidades individuales para aceptar corruptelas a partir de la premisa de que la organización interna de las instituciones influye la propensión de los miembros a aceptar la corrupción. Sin embargo, una descentralización con altos niveles de monitoreo pueden ayudar a controlar la corrupción a pesar de que crea problemas de agencia.

Consecuentemente, afirma Sorensen (1997), la habilidad de liderazgo político tradicional para gobernar y controlar a la sociedad se debilita considerablemente. Debemos aprender a gobernar mejor y sobretodo, debemos aprender como gobernar mejor juntos, ha dicho Kofi Annan, Ex-Secretario General de las Naciones Unidas. No solo carecen los gobiernos de los países en desarrollo de recursos financieros para satisfacer las demandas de la gente, también carecen de la necesaria autoridad para la persecución de metas de carácter político, de tal forma que no tiene posibilidades de cumplir con las promesas electorales.

Abrazar la democracia no implica nada más aceptar el pluralismo político o elecciones libres y limpias, sino también la promoción de mecanismos de participación ciudadana y transparencia en los asuntos del Estado. Los mecanismos actuales de participación pública son inadecuados y para dejar de serlo requieren de reformas de las denominadas de segunda generación y establecimiento de nuevas institucionales, a efecto de que se faciliten los procesos de participación y deliberación ciudadana. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. Las reformas de esta segunda generación se orientan a profundizar la reforma del Estado, la reinvención de las instituciones políticas y el desarrollo institucional, dentro de un marco de crecimiento económico y consolidación democrática.

El Estado de bienestar dirige la economía y la sociedad usando una variedad de instrumentos, tales como el poder, la ley, el dinero, la información, etc., pero quizá un Estado de bienestar que busque transformar a su sociedad, tiene que apoyarse en la regulación de una política del conocimiento estratégico explicito o codificado y tácito o personal. El Estado de Bienestar toma como obligación la provisión de bienes asistenciales. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado.

Pero bajo condiciones de un Estado basado en la ley y en una economía de mercado, los dos medios de control más importantes son la ley, por su naturaleza de unión y el dinero por su poder de compra para el Estado, la economía y la sociedad (Köning, 1998). El modelo de Estado de Bienestar a escala global o planetaria es un proyecto que alienta el rescate de lo mejor de la sociedad humana en contra de declarar su desaparición para beneficiar la maximización de los intereses bursátiles de las grandes corporaciones transnacionales.

Además, los mercados no están diseñados para reemplazar las funciones que realizan las comunidades democráticas y finalmente no aseguran el bien común y destruyen el sentido de comunidad. La emergencia de las nociones de bien común y utilidad pública, confirman la existencia de un sentido de comunidad y una conciencia de la necesidad de la existencia del Estado.

Los arreglos institucionales que conducen a la provisión de bienes colectivos y de propiedad común son ampliamente conocidos. No olvidemos sin embargo que Aristóteles se refiere explícitamente a la propiedad común de los hijos en la República de Platón, criticando el uso de la palabra "todos" ("los hijos de todos") a la manera que hizo Rousseau al distinguir entre "la volonté de tous" y "la volonté générale"). La palabra panta, o nuestra "todos" es, según Aristóteles, un paralogismo, pues decir que algo es de todos significa a veces que es de todos colectivamente y otras veces que es de cada uno. "Soy del pueblo, pueblo soy, y adónde me lleva el pueblo voy", decía la bonita pero manipulativa canción cubana allá por los 60. "El pueblo" al final significa Fidel Castro. una pura metonimia.

Además, los arreglos institucionales pueden resolver los conflictos de intereses existentes entre los agentes económicos y los actores políticos. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente ala reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación.

Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos. Por lo tanto, no tiene que ver con la limitación de las funciones del gobierno y del Estado sino con el confinamiento de la misma democracia. De acuerdo con Barber (1998), los mercados necesitan democracia, pero ésta necesita algo más que sólo mercados.

El pensamiento económico liberal ha conjurado la concepción de un mercado natural, pero la teoría democrática depende de la invocación de una sociedad civil espontánea la cual encuentra su propia base en una comunidad autogobernable, independiente y separada del Estado, tal como lo conceptualiza Meredyth, (1997) en sus trabajos. La sociedad civil se organiza en forma autónoma a la organización del Estado. La relación que existe entre el Estado y la sociedad civil, es una relación de traslado del poder de las elites burocrático-administrativas a los individuos mismos. Ambos, estado y sociedad son dos actores sociales importantes en la promoción del desarrollo que puede ser más equilibrado y equitativo. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes.

El Estado pierde el mandato de los ciudadanos el cual era independiente a la subjetividad de la elite gobernante. El ciudadano individual o colectivo, como sujeto de deberes y obligaciones, actúa como personalidad o como parte orgánica de una asociación. La autoridad despersonalizaba la obediencia al mandato ciudadano mediante el arreglo institucional que legitimaba las acciones del Estado, separando la esfera pública de la privada. Lechner (2000) sostiene que las políticas de desarrollo tienen que manejar complementariamente la modernización y la subjetividad. Ahora la prominencia de la sociedad civil invade la esfera pública y se apodera de la subjetividad de social en el espacio público. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil.

La sociedad civil es una forma natural y orgánica de autoorganización de la sociedad. La sociedad civil se organiza en forma política fuera del Estado. Sin embargo, los mercados no pueden lograr su propia autorregulación, mucho menos son capaces de regular una sociedad democrática. Sería un gran error suplantar las relaciones sociales por las relaciones del mercado, aunque en sí mismas, las organizaciones civiles no representan ningún reto para las corporaciones multinacionales que gobiernan el mercado global. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales.

Además las relaciones sociales se manifiestan en forma diferente en el mercado que en la jerarquía. Para que el mercado sobreviva necesita el control y la regulación de las fuerzas cívicas y democráticas de una sociedad. El mercado “necesita a la democracia más de lo que la democracia necesita de él, pero mientras que la democracia cultiva mercados libres, los mercados muchas veces no logran cultivar democracia" (Barber, 1998)

A pesar de que las tesis de las “lógicas partisanas” desprecian el papel que puede jugar el Estado democrático en el cultivo del mercado, la reflexión teórico-práctica de lo público, considerando que esta discusión va más allá de aquella relacionada solamente con el Estado o el sistema político, que están perdiendo su legitimidad y credibilidad y se incrementan los niveles de inestabilidad. El Estado democrático es la expresión de la voluntad racional de la gente o de la comunidad política, la cual según Aristóteles, la clase media es la comunidad política mejor y que puede darse una mejor forma de gobierno. Para legitimarse, se asume, el poder gubernamental y la experiencia deben emanar de la voluntad política y su facultad racional (Hunter, 1994) La evolución de serios problemas del poder popular es la razón fundamental de la actual intensificación de problemas de legitimidad.

En realidad, la actividad popular y las políticas tienen una conexión demasiado débil a escala internacional. Este estado de situaciones apunta a la necesidad de considerar nuevos medios de apoderamiento popular del sistema político, en otras palabras, la tarea de desarrollar nuevas instituciones de gobierno democrático para asegurar que el poder político se mantenga en las manos de la gente, en una sociedad multicentrada y sin límites (Sorensen, 1997). En un sistema democrático, la organización de los grupos de interés y la política popular que se despliegue conduce a procesos legislativos, los que permiten lograr el apoderamiento popular del sistema político.

Cada vez más, las organizaciones civiles interactúan con el gobierno y participan en las decisiones gubernamentales y en el diseño e implementación de las políticas públicas. El fortalecimiento de la sociedad hará posible que las acciones del gobierno sea más transparentes. La sociedad local y regional es uno de los actores sociales promoventes del desarrollo más equilibrado y equitativo.

A pesar de la fuerza que tienen las organizaciones civiles como retórica política, se dificulta trasladar estas convicciones en programas de gobernabilidad, de tal forma que puedan alentar una mayor libertad con una redistribución de responsabilidades, de mayor igualdad política en una comunidad donde existen desigualdades económicas de poder, experiencia y posición social. De acuerdo a Putnam (1993: 183), “la comunidad cívica tiene profundas raíces históricas. Ello es una observación deprimente para quienes ven la reforma institucional como una estrategia de cambio político”. La exigencia de una rendición de cuentas y responsabilización de los gobernantes puede provenir de una sociedad fortalecida mediante la implementación de instrumentos como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa, etc.

Tan pronto como el gobierno legítimo se identifica con principios pre-sociales, o con la expresión de la voluntad popular, la retórica política de ciudadanía y participación cívica, tiende a permanecer a cierta distancia de las operaciones, imperativos y problemas de la gobernabilidad en muchos Estados modernos. Existe una relación compleja entre el fenómeno de globalización, Estado, sociedad civil y ciudadanía difícil de enmarcar teóricamente para realizar y validar análisis, sobretodo cuando se desea contextualizar a manifestaciones de localidades y comunidades específicas.

Las relaciones entre el estado y la sociedad implican que el estado ejercite el poder a través de instituciones en un determinado territorio con una relativa autonomía en relación a otras causas de la vida social. La autonomía local se asume cuando los ciudadanos están mejor preparados para juzgar las acciones del gobierno que decide asuntos que le competen y que por lo tanto son responsables de sus acciones ante la comunidad. El ejercicio de la ciudadanía se asume a través de un nuevo pacto social que explicita responsabilidades y obligaciones que refuerzan un Estado de Derecho. Las sanciones son el corolario usual de la responsabilidad

Por otro lado, cuando los espacios económicos se entrelazan con los territorios soberanos, se requieren diferentes formas de gobernabilidad con diferentes regímenes de contratos legales. Un acercamiento a la gobernabilidad se traduce del macronivel de sectores a un mesonivel de programas y a un micronivel de un oficial tomando decisiones de qué debe hacer (Larmour, 1997). Los impulsos hacia la gobernabilidad transnacional pueden conducir a la formación de algún tipo de Estado supranacional del capital, un Estado que no tiene territorio y que se imponga sobre los Estados territoriales que representan a sus respectivos pueblos y que eligen democráticamente a sus gobernantes, que finalmente tienen que aceptar los dictados del sistema financiero internacional.

En sí, la desterritorialización del espacio estatal está dando lugar a la emergencia de nuevas unidades espaciales. Este Estado global ya puede presentar rasgos de un perfil autoritario, concentrador de decisiones cuya finalidad es imponer y mantener el modelo de dominación política al resto del mundo, aún a costa de métodos propios de una violencia institucionalizada. La presencia de un Estado mundial o global requiere de instituciones económicas, políticas, sociales, judiciales, etc. que resuelvan los diferentes conflictos de intereses que surjan entre los grupos corporativos transnacionales.

Sin embargo, a pesar de que la propuesta del Estado Homogéneo Universal de Fukuyama es utópica, la formación de un Estado mundial o planetario sería la respuesta a una amenaza común a todas las naciones que provenga del exterior, es decir, del espacio biosférico. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de la formación del Estado mundial. El interés soberano del Estado, privilegiado por la agenda doméstica, es considerado como la fuerza que conduce a los Estados soberanos a comprometerse con los intereses globales para obtener el reconocimiento a la interdependencia internacional.

Sin embargo, los gobiernos prefieren competir más que cooperar entre ellos para la obtención de sus propios beneficios. Conforme la globalización avanza, de acuerdo con Dunning (1997), las negociaciones entre los beneficios de la competencia y la cooperación inter-gubernamental, así como también del papel y organización de regímenes económicos supranacionales, pueden esperarse que cambien. Las relaciones de cooperación entre los Estados se constituyen “o para defenderse o por miedo a ser atacados o para sacar algún beneficio” en los términos de Maquiavelo (Grenada, 1987)