LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

José Gpe. Vargas Hernández

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Las disfuncionalidades del Estado, el mercado y la sociedad.

La globalización es un factor importante que ha contribuido a la disfuncionalidad de las instituciones del mercado, la sociedad y el Estado, generando graves consecuencias en la economía, la política, la sociedad y la cultura de nuestros pueblos. Las instituciones del mercado son resultado de la organización y división del trabajo colectivo para la colaboración en los procesos de producción, distribución de los recursos y competencia por los productos sociales. Las instituciones del Estado se desarrollaron por la necesidad que se presentó para regular las relaciones de los individuos en sociedad, establecer sus derechos y obligaciones y resolver sus conflictos.

Para que el mercado funcione eficientemente necesita de las instituciones que establezcan las reglas del juego de la sociedad y de organizaciones que participan como jugadores. La tríada que comprende al estado, el mercado y la sociedad entró en desequilibrio por un sobredimensionamiento de las funciones y actividades del Estado, por sobre las funciones y actividades que realizan el estado y la sociedad. Las funciones tradicionales del Estado se colapsan y son la causa de que aumente la inseguridad, violencia y el crimen organizado.

Los intereses de las empresas transnacionales se contra puntean con los intereses de las grandes empresas nacionales y con más razón de las medianas, pequeñas y micros, al grado de que muchas de éstas sucumben a los embates del capital transnacional. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Además, los intereses de los dueños de este capital e inversionistas se sobreponen a los intereses colectivos de las sociedades. Los procesos de diferenciación por los que atraviesan los Estados-nación bajo la globalización, reducen las funciones y los recursos del Estado en beneficio del mercado y de la denominada sociedad civil. Es la sociedad local y regional como actor social la que adquiere relevancia en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo equilibrado y equitativo entre las regiones. Por lo tanto, la lógica financiera que quiere avanzar junto con la lógica de la democracia, también entran en conflicto.

El Estado-nación ya no puede dar marcha atrás y volver a proteger su economía, ni tampoco orientarse a la demanda social, con las condiciones que le impone la globalización. En parte esto se explica porque la evolución del capitalismo ha requerido del Estado para que cumplan con ciertas tareas que no le proporcionan beneficios directos y por lo tanto influye en su comportamiento. El Estado es en cierta manera, un representante oficial del capitalismo.

El Estado surgió como un instrumento para salvaguardar los intereses del capital y como una necesidad de gobernabilidad de una sociedad con una división de clases sociales, lo que ha dado lugar a la formación de nuevas configuraciones de poder de clase. Una de las cuales, la clase dominante, necesita de instrumentos para proteger sus intereses garantizando y creando las condiciones necesarias para la reproducción y acumulación de procesos y medios de producción que son el origen de su poder y riqueza. La estrategia de reproducción del sistema capitalista es dual en donde los actores hacen y no hacen sucesiva e interrumpidamente algo (Barel, 1989). Al respecto, Ramos (2001) concluye que las respuestas adaptativas de los actores sociales atrapados en las redes de poder, consisten en apostar por estrategias dobles que permiten construir contraintuitivas identidades paradójicas, con lo cual los actores logran reproducir las redes, consolidarse y “enjaularse” e “incapacitándose para romper la lógica perversa que la anima”.

El Estado se formó en el siglo XVII y se consolidó en el XIX tanto el ámbito de la ideología, las organizaciones y las instituciones. Para lograr sus propósitos, imponen la racionalidad del sistema, las condiciones legales y las políticas que guían la acción de las instituciones económicas y sociales. El Estado tuvo como objeto muchas propiedades mensurables tales como el poder y la riqueza. Las condiciones de operabilidad del capitalismo cambian y ahora necesita de un Estado mínimo, cuya existencia haga viable un gobierno para el mercado.

Para la creación del Estado mínimo se han implementado programas de ajuste estructural y de estabilidad macroeconómica, hasta la aplicación de ciertos acuerdos políticos de países desarrollados que imponen sus criterios a través de organismos e instituciones supranacionales en forma de normas y reglas extraterritoriales, que tienen por objeto abrir las economías de los países menos desarrollados a efecto de que las corporaciones transnacionales penetren en sus mercados y tengan acceso a recursos naturales baratos.

Así, los procesos de globalización tan acelerados están dando lugar a nuevas formas de organización espacial geopolíticas y geoeconómicas. El nuevo papel que el capital tiene en la globalización requiere de una subordinación, y un papel complementario del Estado a sus intereses, es decir, los protagonistas de este nuevo modelo de Estado son los empresarios y los administradores de las grandes corporaciones Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

La sociedad civil intenta buscar respuestas a la dominación capitalista neoliberal supranacional en el mismo plano a través de la experimentación de procesos autorganizativos. Las normas sociales que promueve tienen el potencial para infundir una nueva moralidad a la economía. Esta moralidad por sí misma surge de dos raíces, las que a su vez han influenciado la ética administrativa, una fuente espiritual y una fuente secular. La fuente espiritual exalta la noción del “bien común” y está directamente inspirada en el pensamiento judeo-cristiano pero también s encuentra en otras doctrinas religiosas en formas de creencias.

Concibe el servicio público como una especie de sacerdocio que involucra el servicio desinteresado a los otros, en otras palabras, actuar como un ministro en la acepción amplia de la palabra. Asume que el bien común se identifica con el fin social hacia el cual todas las fuerzas individuales tienden, y sobretodo con la administración responsable para trasladar las aspiraciones comunes que toman forma en las acciones del Estado. Existen algunas dudas con respecto a la secularidad que ha dado la espalda a la moralidad. Construye su ética administrativa alrededor del concepto de la voluntad general (Kampto, 1997)

Pero ni el Estado, ni el mercado, ni la sociedad civil tienen la suficiente capacidad por sí mismas para lograr la gobernabilidad de una sociedad. La contingencia de gobernabilidad se incrementa porque ni el Estado alcanza a coordinar políticamente, ni el mercado garantiza la integración de la vida social y funcional de una sociedad contemporánea altamente diferenciada. La sociedad civil crea los gobiernos para establecer y mantener reglas que deben restringir las fuerzas del mercado y permitir la expresión de cuidado de las personas. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. El deseo de mantener cierto control sobre las localidades ha introducido los gobiernos civiles en el mercado competitivo. La sociedad local y regional adquiere importancia como actor social en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo equilibrado y equitativo regional.

El mercado no tiene la suficiente capacidad para cohesionar una sociedad que presenta fisuras por problemas de diferencias políticas, étnicas, religiosas, etc. y por conflictos de intereses. El mercado es una fuente constante de conflictos y tensiones sociales que deben ser resueltos por un proyecto político diferente al modelo neoliberal que mezcla el libre mercado con la democracia representativa y la pluralidad cultural.

Screpanti (1999) ha acuñado el término “estructuras de gobernabilidad de acumulación” para definir los sistemas que gobiernan los usos de la plusvalía que sostienen la acumulación, tales como los “mercados de bienes”, los “mercados compañías” o mercados para el control corporativo, las jerarquías externas y las jerarquías internas. Las jerarquías establecen sus propios mecanismos para la resolución de sus conflictos. Los mercados de bienes o mercancías son aquellos en los que los consumidores individuales y organizacionales aparecen como sujetos y los objetos de transacción son insumos y productos reales, dinero y créditos. Los mercados compañías o mercados para el control corporativo son aquellos que tratan a las empresas como cosas que son el objeto de la transacción.

Las jerarquías internas son estructuras de relaciones que unen a los miembros de una organización. Las estructuras externas son estructuras de relaciones de poder y subordinación entre las organizaciones. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. En un Estado-nación visto como jerarquía, los individuos interactúan políticamente dentro de cada Estado con la gente de otros Estados a través de sus gobiernos. El mercado reduce todo, incluidos los seres humanos (mano de obra) y la naturaleza (tierra) a mercancía. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado. Los costos de transacción explican la existencia de las jerarquías como formas de gobernabilidad para reducir los costos de hacer y mantener los contratos en un mercado determinado.

Los diversos arreglos institucionales pueden mitigar los problemas derivados de los altos costos de transacción y de la agencia mediante estructuras de gobernabilidad que usen diferentes formas organizacionales. Podemos tener una economía de mercado, pero no podemos aceptar una sociedad de mercado que se encuentre orientada totalmente a la satisfacción de las necesidades de la sociedad. El mercado con una orientación social acepta como una prioridad los intereses de la sociedad y deja en segundo término la obtención de los beneficios máximos que satisface los intereses del capital. Además de los mercados, la sociedad necesita instituciones que sirvan a fines sociales como la libertad y la justicia social. Esas instituciones existen en países concretos, pero no en la sociedad global, continúa diciendo. No obstante, está naciendo una sociedad civil globalizada que se ha manifestado en movimientos antiglobalizadores con cierto éxito relativo, como en el caso de la campaña para la prohibición de minas personales y el movimiento Jubileo para la condonación de la deuda externa de los países más pobres.

A su vez, una sociedad que aprecia la libertad tiene en el nihilismo un reto para evitar al Estado totalitario que bajo su poder involucra y sofoca a los seres humanos. Las sociedades que tienen regímenes totalitarios como en el caso de economías centralmente planificadas, con un solo partido en el poder o monarquías absolutas, entre otras, entran en la caracterización del “Estado soy yo” de Luis XIV. De acuerdo con Hender son (1996), las asimétricas consecuencias sociales, políticas, económicas y territoriales de la globalización son parcialmente un resultado de la lógica de los procesos de globalización por sí mismos.

El mismo sistema mundial, para mantener este carácter asimétrico contradictorio, impulsa la profundización de los procesos de globalización. También, parcialmente de las relatividades de la economía nacional y el poder geopolítico y geoeconómico, y parcialmente de la constitución, prioridades y lógicas de las formas de capitalismo que organiza los espacios nacionales y locales: Para lograrlo, es capaz de recurrir a los conflictos armados más que a guerras de civilizaciones. La tendencia va en el sentido de que los conflictos bélicos se desarrollan más entre los grupos corporativos con intereses específicos en la globalización, más que entre los Estados-nación. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

La sustitución de las formas del capitalismo por otras, como en el caso de la sustitución de bienes de capital por bienes de la tecnología de la información, no necesariamente aumenta la productividad de toda la economía en su conjunto. Vista la globalización desde estos espacios, es la continuidad de la experiencia capitalista. La globalización es una etapa superior del desarrollo del sistema capitalista. El Estado ya no desempeña las funciones que tenía anteriormente, dejando un vacío que no ha podido cubrirse por ninguna de las instituciones existentes.

La comprensión adecuada de nuestra condición presente, demanda atención a la conceptualización y teorización de los recursos, naturaleza y consecuencias de la globalización de las diferentes formas de capitalismo que ahora organizan sus respectivos territorios dentro de la economía mundial y a sus múltiples articulaciones. Los procesos de globalización avanzan con procesos concurrentes de destrucción de instituciones, industrias, cadenas productivas, etc., así como de una devastación ecológica. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

Bajo la tesis de que el capitalismo globalizador es un proceso de destrucción creativa como resultado de un manejo de las tensiones entre caos y orden, se explica que las empresas globales están reemplazando a las empresas que operan solamente en un territorio nacional. Las empresas globalizadoras tienen como su principal estrategia lograr una división del trabajo intrafirma global. En este sentido, el poder de sobre vivencia del capitalismo global depende de su capacidad para corregir sus propias deficiencias, aún a costa de recurrir frecuentemente al autoritarismo. Las empresas globalizadoras son generalmente denominadas corporaciones transnacionales, las cuales operan en sinergia con los Estados imperiales.

La productividad del capitalismo globalizador es resultado de una incesante y brutal destrucción de cadenas industriales locales y regionales, estilos de vida nacional, etc. Existen evidencias contundentes que señalan que el capitalismo no es ecológicamente sustentable. Por ejemplo, en los términos de producción, distribución y consumo, se confronta con un dilema: entre la producción orientada hacia la satisfacción de las necesidades de un mercado nacional, y la producción competitiva orientada para insertarnos en un mercado globalizado, en el supuesto de que la información en ese sea virtualmente perfecta.

Las estrategias de desarrollo empresarial tienden a orientar la producción hacia los sectores que tienen ventajas competitivas y un mayor valor agregado para insertar eficazmente la economía local y regional en los flujos de los mercados internacionales. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales.

Los Estados nacionales tienen la importante función de promover los mercados internacionales y de proteger los mercados internos. El comercio mundial se incrementa más rápidamente que la producción mundial. El mercado nacional considerado como uno de los pilares del Estado-nacional, es anulado por las fuerzas de la globalización, y con ello, las empresas y gobiernos locales son arrastrados por las fuerzas del capitalismo transnacionalista.

Las organizaciones son dominios importantes para el análisis crítico de las esferas públicas y privadas. Las organizaciones están pasando por un período crítico de autodiagnóstico para determinar sus capacidades y competencias que les permitan no solamente su sobre vivencia, sino también asegurar cierta continuidad a sus operaciones y funciones en un mercado global. Una política crítica debe respaldar la idea de trabajo organizacional. La dinámica de la economía ha hecho obsoletos muchos mecanismos a nivel micro para la administración de los costos organizacionales. Las organizaciones pueden ser vistas como unas economías en miniatura en las cuales la propiedad de los activos conlleva el poder de los directivos para definir las reglas del juego.

Las organizaciones, sobretodo las empresas, son creadas para reducir los costos de transacción asociados con el uso de los sistemas de precios. Lograr el mejor sistema de precios es una condición necesaria pero no suficiente para una reforma exitosa del Estado. La reducción de los costos de transacción es la característica principal de la globalización y lo logra mediante el diseño de nuevas estructuras de gobernabilidad mediante el empleo de nuevas formas organizacionales. La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio.

Sin embargo, Riordan y Williamson(1985) en su discusión sobre la economía de los costos de transacción y la elección organizacional anticiparon que la elección organizacional puede estar influenciada por la búsqueda de la eficiencia y por la estrategia bajo una competencia de números pequeños. La economía de los costos de transacción sirve de plataforma a las nuevas formas de organización con las consecuentes nuevas formas de gobernabilidad.

Los análisis sobre la economía de los costos de transacción y de otros acercamientos organizacionales a la administración estratégica no incorporan el conflicto estratégico. Nickerson y Bergh (1999) sugieren que la elección de gobernabilidad para una transacción intermedia puede estar condicionada por los atributos tanto por la misma transacción como por consideraciones estratégicas en la transacción empresa-cliente. Por lo tanto, para estos autores, economizar y estrategizar son actividades relevantes a la elección organizacional.

Los conceptos de los costos de transacción de la historia económica (North and Thomas, 1973) ayudan en los análisis de las relaciones entre el gobierno y el mercado y en los diferentes arreglos institucionales que existen para subsanar las llamadas fallas tanto del mercado como del sector público, justificando hasta cierto punto las intervenciones del gobierno. El concepto de costos de transacción necesariamente involucra los aspectos de transportación sino también los elementos que evitan el bloqueo de los intercambios. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos.

Los diferentes trabajos de North (1981, 1990, 1993) analizan los incrementos de los costos de transacción y coordinación como resultado de una creciente complejidad de la actividad económica y los avances tecnológicos y organizacionales que impactan en los arreglos institucionales. Allen (1991) define los costos de transacción como los recursos necesarios para transferir, establecer y mantener los derechos de propiedad, los cuales llegan a ser más completos y extensivos cuando se acercan a cero, aunque no necesariamente el establecimiento de estos derechos de propiedad crean los incebntivos suficientes.

Entre estos costos se identifican la elaboración de contratos para cada una de las transacciones y las dificultades para especificar que es lo que cada una de las partes espera de la otra en circunstancias futuras impredecibles. El contrato legal es un marco de referencia donde se enfatiza la importancia de la continuidad y se adopta una perspectiva de contratos incompletos a largo plazo.

Una teoría parcial de la firma integra aspectos de organización interna con la teoría de los derechos de propiedad (Holmstrom, 1999) Esta teoría hace énfasis en la contratación incompleta y en los derechos de decisión residual en lugar de los contratos imperfectos y los costos de la agencia. Estos costos de agencia son más bajos en el modelo del sector privado que en el sector público. El establecimiento de un sistema de derechos de propiedad no necesariamente crea los mecanismos del mercado y con ello los incentivos necesarios para evitar las interevenciones y las acciones estratégicas gubernamentales.

No obstante, los actores económicos, accionistas en el sistema de propiedad privada y votantes en el sistema de propiedad pública, tienen como incentivos el poder ser gorrones (free riders) a pesar de que tienen que pagar ciertos costos para ser informados. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Los costos de la agencia dan mayor claridad al significado de propiedad como una característica definitoria del mercado. El cuestionamiento de fronteras entre mercado y organización permite analizar las interacciones y las competencias así como las formas de complementación en la asignación de individuos- tareas y en los incentivos individuales. Este análisis no descarta la tendencia hacia el autoritarismo que muestra el sistema capitalista al exacerbar los derechos individuales por sobre los derechos colectivos.

Los costos de transacción están representados por los costos de las negociaciones, contratos relacionales, demandas legales, etc. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. La transacción ideal desde la economía y el derecho es aquélla de mercado spot en la cual la identidad no es un aspecto importante como lo es la regulación legal de los derechos.

Entre estos costos se identifican la elaboración de contratos para cada una de las transacciones y las dificultades para especificar que es lo que cada una de las partes espera de la otra en circunstancias futuras impredecibles. Bajo derechos de propiedad perfectamente especificados, con cero costos de transacción, los mercados operan perfectamente. El contrato legal como un marco de referencia determina la importancia de la continuidad y se adopta una perspectiva a largo plazo de contratos imperfectos.

No obstante, el establecimiento de un sistema de derechos de propiedad no necesariamente garantiza la creación de los mecanismos de mercado y los incentivos a los actores económicos para evitar que el gobierno intervenga estratégicamente. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. Los mercados son el instrumento que sustenta a la propiedad privada que provee los incentivos suficientes a los capitalistas para eliminar los costos de transacción y los riesgos de la agencia a fin de lograr la máxima utilidad financiera de sus inversiones hasta el grado de que el precio de la acción refleje el valor neto presente de los retornos futuros esperados. Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno.

Un análisis de los mecanismos de gobernabilidad para las transacciones del sector privado puede ser determinada por los derechos de propiedad. De acuerdo con el enunciado del Teorema de Coase, si los derechos de propiedad se especifican completamente y los costos de transacción son cero, la asignación de los recursos será eficiente. Tanto las estructuras de gobernabilidad del sector privado como de la propiedad pública tienen que enfrentar costos de transacción y riesgos de la agencia, y además, tanto los votantes de las empresas públicas como los accionistas de las empresas privadas tienen incentivos para convertirse en “gorrones” o “free riders”, a pesar de que tienen que pagar ciertos costos de información. Las empresas propiedad del estado, a pesar de ser construidas en forma autónoma e independiente del control político, siguen siendo administradas por los oficiales y burócratas del Estado.

De acuerdo con Adler (1999), la confianza como un mecanismo de coordinación del modo organizacional comunidad, reduce considerablemente los costos de transacción y los riesgos de la agencia. Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad. El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil. En la gobernabilidad por la comunidad, la coordinación se logra por normas de compartidas de comportamientos apropiados. Las costumbres evolucionan y dividen el trabajo y para compartir los productos.

La confianza entre los agentes económicos o actores que efectúan transacciones económicas se fundamenta en reglas no escritas y constituyen el capital social de las comunidades. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la “trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos” El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí.

Aunque la coordinación eventualmente toma la representación del dilema del prisionero en la construcción de una reputación que sea creíble para castigar las desviaciones, también se pueden usar argumentos evolutivos para mostrar el desarrollo de las normas sociales y la cooperación entre los individuos, cuando éstos están orientados racionalmente o siguen algunas reglas de comportamiento. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, dándose el problema del “gorrón”, pero las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes.

Si se explica el dilema del prisionero desde la racionalidad social, la cooperación se sostiene. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, dándose el problema del “gorrón”, pero las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los individuos cooperan porque así logran mejores resultados para su interés personal, pero la cooperación queda condicionada si su acción individual le reporta mayores beneficios.

El concepto de eficiencia de un sistema económico es definido por Coleman (1993) sólo dentro de una distribución particular de recursos, una asignación constitucional de derechos y recursos. La investigación en la ingeniería constitucional ha tomado nota de los efectos de difusión, tales como la globalización de las comunicaciones que enriquece las bases cognitivas de las cuales escoger. Puede argumentarse que los cambios constitucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables.

Si las externalidades son internalizadas y los costos de transacción son reducidos a cero, ese sistema logra la eficiencia, pero si los derechos se asignan diferentemente, a personas con diferentes intereses, entonces la eficiencia resultante varía. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. El vehículo de la globalización es la reducción de los costos de transacción a cero entre los Estados-nación. Costos de transacción bajos y relacionados con la ausencia de sentido político de las instituciones políticas de las autoridades o de las comunidades, hará difícil los procesos de integración en la elección de las políticas públicas.

Sin embargo, la desigualdad económica, la heterogeneidad étnica, lingüística, religiosa, etc., debilitan la comunidad e incrementan los costos de transacción. Los costos de transacción de la comunidad se elevan con las diferencias étnicas y las desigualdades económicas. De hecho, los procesos de elección de las políticas por los diferentes agentes económicos y actores políticos son inciertos hasta cierto grado. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones. De esta forma se filtran las percepciones del medio ambiente a través de los actores políticos (Kaiser. 1997).

Sin embargo, en la realidad esta situación ideal enunciada en el Teorema de Coase no existe debido a las fallas del mercado. Las fallas del mercado pueden ser definidas como las desviaciones de lo óptimo con respecto a la operación de un sistema de precios que no es costoso, de acuerdo a Serie y McCurdy, 1999. Establecer un buen sistema de preocesos es una condición necesaria pero no suficiente para una reforma del Estado. La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma. Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica.

La ausencia de estas condiciones en los mercados da lugar a las “fallas del mercado” que pueden deberse a monopolios naturales, a las externalidades, a los bienes públicos y a los costos de transacción elevados. La globalización aboga por una democracia económica y critica fuertemente los monopolios que ejercen los Estados-nación para el control de los servicios públicos. El concepto de falla de mercado es usado por la teoría marginalista para describir situaciones en las que por alguna razón se violan los supuestos que garantizan las proposiciones centrales.

Cada una de estas fallas ha dado lugar a justificar la intervención del Estado, en lo que se concibe como el modelo del Estado populista que desarrolla altos niveles de intervención en las políticas económicas y sociales. Se necesita resolver las fallas del mercado manteniendo algunas áreas de actividades fuera del mismo y en el sector público, ya sea en manos del gobierno o de las comunidades. El análisis marginalista de las fallas del mercado identifica dos estados: El primero enfocado a los efectos externos, la competencia imperfecta y los bienes públicos que dejan poco lugar para la intervención del Estado y muy poco para la provisión estatal de bienes y servicios (Moudud and Zacharias, 1999) Sin embargo, en la realidad de muchos países con economías capitalistas avanzadas el rol del Estado excedió las fronteras demarcadas por la teoría marginalista.

Las fallas de mercado ocurren cuando éste no produce los bienes públicos, inadvertidamente produce externalidades, da origen a monopolios naturales, exenta a las partes por medio de asimetrías de información o crea distribuciones no deseables de ingresos. Los bajos costos marginales y los altos promedios de costos permiten a los monopolios naturales establecer barreras de entrada a nuevos competidores. Cuando la información es imperfecta, las acciones de las instituciones económicas, individuos u organizaciones, pueden fallar en el avance para lograr su máxima utilidad o su propio bienestar.

Las externalidades surgen cuando las partes efectúan transacciones (Zerbe y McCurdy, 1999). En las externaliodades se consideran tanto los beneficios como los costos que recaen en terceras partes y que no son considerados en las decisiones para iniciar o terminar una actividad. Las fallas del mercado desaparecen cuando los costos del sistema de precios son cero. Pero este modelo del mercado falla porque las externalidades son definidas por los costos de transacción y porque los costos de transacción son ubicuos. Las externalidades son definidas por los costos de transacción como el valor neto de la externalidad que constituye la frontera más baja de los costos de transacción asociados, es decir, los costos de transacción nunca serán más bajos que el impacto monetario neto de la externalidad. Estos costos de transacción nunca serán cero y serán iguales o mayores que el valor neto de la externalidad. Las externalidades se presentan en cualquier momento que haya ineficiencias en las leyes que afectan los mercados y sus efectos pueden ser negativos, como en el caso en que empeoran el bienestar de algunos individuos por la satisfacción de ciertas preferencias.

En la organización de las transacciones pueden elegirse entre colocarlas en el mercado o localizarlas dentro de una empresa, de acuerdo a Case (1937) Las empresas, caracterizadas como jerarquías administrativas, son una forma particular de organización la cual se contrasta con otras formas diferentes, como el mercado, para administrar intercambios o transacciones entre las diferentes partes involucradas. En el mercado, las transacciones ocurren sin la supervisión de los administradores.

Según Coase (1937) y Simon (1951), la característica distintiva de una empresa es el uso de la autoridad. Las empresas pueden considerarse como microeconomías donde la propiedad de los activos otorga el poder a los directivos y dueños para definir las reglas del juego (Holmstrom, 1999) en la toma de decisiones. Sin embargo, Alchian y Demsets (1972) sugieren que la característica distintiva de una empresa es el monitoreo de los insumos más que los productos.

Las empresas existen porque pueden reducir los costos de negociación y establecimiento de términos y condiciones de intercambio relativos a las transacciones del mercado. A medida que los costos de negociación basados en las transacciones, los contratos necesarios para mantener dichas transacciones, incrementan sus costos considerablemente. Las jerarquías permiten una mejor adaptación que la contratación entre partes autónomas. Los costos de transacción explican la existencia de las jerarquías como formas de gobernabilidad para reducir los costos de hacer y mantener los contratos en un mercado determinado. La perspectiva del contrato como marco de referencia enfatiza la importancia de la continuidad, pero también adopta la posición a largo plazo de la imperfección de los contratos.

La adaptación es importante porque las consideraciones de eficiencia con frecuencia requieren que se hagan ajustes en la distribución de las ganancias en una relación de intercambio, cuando las relaciones de intercambio cambian. Las jerarquías son capaces de resolver las disputas surgidas del intercambio por fiat como un último recurso, en donde el fiat no es disponible para gobernar los contratos del mercado. En contraste, en las contrataciones del mercado, una parte puede usar la ley y el sistema legal oportunísticamente para "hacer esperar" una parte contractual (Coase, 1937; Williamson, 1975, 1985; Klein, 1993; (Argyres y Liebeskind, 1999)

Más cuestionable es el concepto de la eficiencia económica. Este se le asocia con "la vigencia del ideal democrático con un aparato productivo que garantiza la competencia, el crecimiento y la elevación de los niveles de bienestar social", según Berruga (1997) Sin embargo, la globalización económica ha incrementado las amenazas y riesgos que no pueden resolver las instituciones de bienestar social. Cuando un sistema económico opera con altos niveles de ineficiencia, su estructura se vulnera y aumenta su inestabilidad, repercutiendo en el debilitamiento de su gobernabilidad.