LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

José Gpe. Vargas Hernández

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La nueva correlación de fuerzas del mercado, la sociedad y el Estado en la globalidad.

La nueva correlación de fuerzas del mercado, la sociedad y el Estado han estado marcadas por varios procesos vinculados a una transición política. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva. De acuerdo con Camou (1992), estos procesos son los de liberalización política, procesos de democratización y de consolidación democrática. La liberación política es un "proceso que vuelve efectivos ciertos derechos que protegen a individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros".

Los procesos de liberación política mediante una transición prolongada, se convierten en el modus vivendi para las elites gobernantes del antiguo régimen (Trejo, 2000) que administran la liberalización desde arriba, por lo que la alternancia del poder es la condición necesaria para el cambio de régimen. Las elites gobernantes de los países menos desarrollados generalmente han servido de intermediarias entre el poder externo dominante y la población local. No obstante, la tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966). Las elites gobernantes trabajan fuerte para anticipar las reacciones, por lo que los procesos de realimentación, criticismos, resultados electorales, etc. Son mas importantes que los castigos posteriores.

Los procesos de democratización del Estado son aquellos que incorporan los miembros de una sociedad a la participación en la toma de decisiones de carácter políticas, económicas y sociales a través de mecanismos institucionales que permiten el avance plural de la sociedad. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

Las olas masivas de democratización desde la mitad de los setentas ha causado en los institucionalistas clásicos que se preocupen por dos temas de importancia considerable para la constitución y construcción y el entendimiento de las precondiciones de la estabilidad democrática, el debate sobre las ventajas y desventajas de los sistemas parlamentarios y presidenciales y cómo mezclar sus características institucionales los efectos disfuncionales en las instituciones de los tipos puros.

Tanto el estado como la sociedad son dos actores sociales del desarrollo de los pueblos. En este sentido, la democractización de la sociedad implica una transformación radical socialista. Las repercusiones negativas de la implantación de las reformas estructurales han debilitado los mecanismos de la gobernabilidad democrática, como la responsabilidad y la rendición de cuentas y las instituciones políticas. Sin embargo, es muy difícil alcanzar las metas a pesar de que existan mecanismos institucionales avanzados, como por ejemplo, en la transparencia de recursos empleados o el empleo de instituciones que formalicen las formas democráticas como la iniciativa legal y el referéndum para la aprobación o el rechazo de las decisiones del gobierno en asuntos de política fiscal, por ejemplo.

Los procesos de democratización también deben darse en el plano económico, mediante formas de participación organizacional y empresarial en los procesos de producción, distribución y consumo de satisfactores que la sociedad demanda, incluyendo los servicios públicos. El Estado debe concentrarse en los campos de su competencia para garantizar a la sociedad el resguardo de los intereses colectivos de las actividades empresariales y las condiciones del mercado.

De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales. Las competencias de los diferentes niveles de gobierno deben ser delimitadas entre las que son exclusivas y las que son concurrentes. Al decir de Petras (2001d) la competencia “en términos capitalistas está mediatizada, influenciada y dirigida por los Estados”. El Estado es uno de los actores sociales que puede promover un desarrollo más equitativo y justo.

Los sistemas democráticos en todo caso no pueden funcionar sin que se presenta la alternancia del poder político. Aunque es claro que la misma democracia surja de una alternancia de poder, lo cual introduce incentivos para formular e implementar políticas públicas más equitativas y eficaces, para limitar el uso discrecional de los recursos y para motivar los procesos democráticos como los medios y métodos efectivos para orientar los intereses de la ciudadanía y dirimir los conflictos existentes. No obstante, la puesta en práctica de las políticas siempre produce sesgos que benefician a ciertos sectores sociales más que otros.

Los procesos de democratización tienen como condición esencial la organización para el cambio político que permitan la construcción de la legitimidad de las oposiciones. La democractización implica en sí misma una transformación socialista. Los operadores de estos cambios políticos de gran escala tiene una limitada oportunidad política para implementarlos en una sociedad que es sensible. Los procesos de democratización están caracterizados como cambios en el patrón legitimario de normas que regulan el acceso, distribución y ejercicio del poder político. La democracia tiene que ver con las funciones que juegan los individuos en su gobernabilidad, la cual se apoya en la legitimación como un proceso que valida las decisiones institucionales.

La legitimidad de la gobernabilidad es determinada por el grado en el cual aquellos deciden ejercitar el poder en cumplimiento con los balances de los procesos correctos. La ilegitimidad en la gobernabilidad debilita el orden público y el consentimiento en ser gobernados (Franck, 1999) La transición política altera el ordenamiento del sistema de legitimación que fundamenta el sistema democrático del régimen y las prácticas de los actores. Kilson y Cohen (1992) afirman que lo que uno ve no es siempre lo que se consigue, que la democratización puede producir regímenes ostensiblemente democráticos pero sustantivamente plutocráticos.

En los procesos de consolidación democrática, "las reglas del juego político se institucionalizan". En un Estado democrático de Derecho, señala Acuña (1999), “... los valores democráticos son mucho más que procedimientos para acceder al poder" Es a la vez concierto de principios y valores efectivos que desembocan en su ejercicio. El cual en prácticas y hábitos cotidianos en los que el escrutinio verás de los procesos de actuaciones públicas han de ser una cuestión normal. De otro modo el ejercicio del poder será regido por simulaciones frecuentemente lesivas al ciudadano”. El Estado democrático deja de serlo cuando se impone la fuerza o se limitan los derechos y valores democráticos.

El problema de la gobernabilidad es en parte un problema de gobierno, pero también del sistema político y de la sociedad. Por lo tanto, no se trata solamente de que el Estado regule las actividades del mercado, ni tampoco de que el mercado se libere de la acción del Estado, aunque es importante reconocer la legitimidad de la aplicación de ciertas limitaciones sociales y políticas a la acción del mercado.

La propuesta es de tener un mercado fuerte, una sociedad fuerte y un Estado fuerte como condiciones necesarias para esta nueva correlación de fuerzas. Ambos, estado y sociedad son actores sociales que promueven el desarrollo. Existe un reconocimiento generalizado de que un desarrollo exitoso requiere de un Estado fuerte. Un Estado fuerte es una condición de una economía democratizada de mercado. Desde el punto de vista de Przeworski (1997), se requiere "diseñar mecanismos institucionales específicos que induzcan a los diversos agentes (políticos y burocráticos, empresarios, o trabajadores) a comportarse de un modo colectivamente benéfico".

La reforma del Estado tiene como elementos la “responsividad” de las políticas públicas a las demandas y necesidades de los ciudadanos, fortalecer las instituciones y articular los principios de gobierno tales como la participación, la responsabilidad o accountability, la transparencia y la efectividad (Santiso, 2001).

La reforma del Estado supone reconsiderar el papel que deberá asumir “el compromiso de la solidaridad, la equidad y el equilibrio interterritorial, a la vez que implica ineludiblemente el fortalecimiento institucional del municipio como instrumento idóneo para cerrar la brecha social que puede abrir en la comunidad la exclusión de colectivos a la vez que asumir el papel de articulador y promotor de las expectativas y deseos de la comunidad local” (DHIAL, 2001).

El gobierno municipal puede establecer determinadas reglas del juego en el ejercicio de su autonomía, la cual, de acuerdo a Ruíz Blanco (1993: 120) comprende “la elección de sus propias autoridades (autonomía política); la libre gestión en las materias de su competencia (autonomía normativa); la creación y recaudación de impuestos (autonomía tributaria) y la inversión de sus propios ingresos (autonomía administrativa)”. De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes. La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

El fortalecimiento de los gobiernos municipales requieren de una mayor autonomía financiera y administrativa, la participación ciudadana y de la sociedad, el manejo eficiente de sus recursos, proyectos intergubernamentales e interinstitucionales, etc. La autonomía municipal se clasifica en política y administrativa. Es autonomía política la que se refiere directamente al ejercicio del poder de elegir y gobernar y la autonomía administrativa se refiere al funcionamientos de las organizaciones. De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes. La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

Los municipios necesitan de políticas que articulen sus esfuerzos locales con los esfuerzos nacionales. La ciudadanía, organizaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales, organismos empresariales, etc., como actores de la sociedad civil, deben ser involucradas por el gobierno municipal para participación en los procesos de tomas de decisiones para la formulación y ejecución de políticas públicas orientadas a estimular el desarrollo local y regional

La redefinición de las funciones de los gobiernos municipales requieren del compromiso de servidores públicos capaces de formular e instrumentar estrategias de desarrollo a largo plazo. La creación de un sistema democrático en el ámbito del gobierno local y municipal, permitirá la participación estrecha de la ciudadanía en los asuntos de la gestión pública y permitirá el fortalecimiento de la identidad comunitaria. La gestión pública es un factor importante en la promoción del desarrollo comunitario, aunque los gobiernos locales no reconocen su responsabilidad como actores para tomar decisiones relacionadas con la promoción del desarrollo local.

La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados. Esta identidad comunitaria se ve reforzada por la expresión de los intereses de los ciudadanos en los espacios locales, nacionales y transnacionales. Es en el espacio global que tienen lugar los fenómenos de la globalización en un contexto de fragmentación. La fragmentación del espacio estatal en regiones y localidades constituye una fuerza que se contrapone a los procesos de globalización y que generan fuertes tensiones, las cuales resultan en lo que Torrijos (2001) denomina la dispersión internacional.

La reinvención política del gobierno local tiene su expresión en el fortalecimiento espacial de las competencias del municipio en materia de desarrollo. Las competencias exclusivas y las competencias concurrentes deben ser delimitadas. Las tres relaciones más importantes en la reforma del Estado, son aquéllas de regulación que se dan entre los agentes privados y del gobierno, las relaciones de vigilancia y supervisión que se dan entre los políticos y los burócratas y las relaciones de responsabilidad y rendición de cuentas (accountability) que se dan entre los ciudadanos y los políticos.

Las agencias que controlan la validación y legalización de los actos del poder ejecutivo, en lo que se denomina accountability horizontal (Feldman, 2001), están estrechamente vinculadas con la calidad de la democracia y la contribución de los distintos actores a la gestión política de la gobernabilidad democrática. La burocracia debe mejorar los mecanismos de balanzas y cuentas para hacer más efectiva la rendición de cuentas mientras que los políticos deben tener más representación de una ciudadanía más participativa. A su vez, los ciudadanos deben tener más capacidad de control sobre las actividades de los políticos.

Accountability se traduce como responsabilidad o responsabilización para rendir cuentas. Este concepto de responsabilidad es equivalente al término aglosajón de accountability o rendición de cuentas, ya que la promoción de la ética es fundamentalmente un asunto individual, es una práctica buena para cada individuo, la responsabilidad implica controles y sanciones. Cualquiera que sea el tipo de control solamente tiene que ver con las funciones del oficial administrativa que se relaciona con esa ética, porque no todas las obligaciones de los oficiales caen dentro de este campo.

La inexistencia del término en algunas culturas implica la falta de una cultura política de rendición de cuentas. La rendición de cuentas como acto que obedece a la conciencia de un mandato moral, ético, político, jurídico, etc., para rendir cuentas. La rendición de cuentas de la burocracia político-administrativa es el inicio para que mediante el ejercicio de los derechos republicanos de defensa del patrimonio económico público se reinvente la república.

Por lo tanto, la reforma del Estado debe partir de una visión de su papel en el nuevo modelo de desarrollo. La primera generación de reformas estructurales y de estabilización macroeconómica ha enfrentado a la sociedad con una economía de mercado y abandonó la participación ciudadana y lo social. Así, en función de los procesos de cambio de la reforma del Estado, se hace necesario plantear el papel de la sociedad civil, de tal forma que promueva la participación activa de los ciudadanos bajo nuevas formas de organización que permitan las expresiones de sus anhelos políticos, económicos y sociales.

Se propone la formación de un Estado ampliado como una esfera o espacio de acción donde concurran y colaboren en forma sostenida las instituciones de las esferas del Estado y la sociedad civil para impulsar proyectos que sean comunes, sin que ninguna pierda su identidad, la cual se manifiesta y s expresa en las diferentes instancias espaciales. La continuidad de las reformas de la primera generación en una segunda generación tiene que remover los obstáculos de los modos de gobierno utilizados para profundizar la agenda de la reforma del Estado, la reforma política y la intensificación del desarrollo institucional. La reforma política implica la reforma del Estado y la reforma de las instituciones de gobernabilidad. La tendencia hacia las reformas en los gobiernos municipales y en su autonomía se expresa en las reformas constitucionales en muchos países del mundo.

Las nuevas reformas deben fortalecer la institucionalización y no la desinstitucionalización de la participación social como base de la democracia para llegar a la economía. Por lo tanto, puede argumentarse que las constelaciones constitucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables. Kaiser (1997) propone tres principios básicos los cuales pueden explicar los procesos y resultados de ingeniería constitucional: el conservadurismo institucional, la dependencia institucional y el aprendizaje institucional. Mientras que el conservadurismo institucional y las propuestas dependentistas institucionales nos conducen a esperar que la evolución de los sistema políticos democráticos exhiben diferentes patrones, la propuesta de aprendizaje institucional apunta a la convergencia. La investigación en la ingeniería constitucional ha tomado nota de los efectos de difusión, tales como la globalización de las comunicaciones que enriquece las bases cognitivas de las cuales escoger.

De acuerdo con Kaiser (1997), la hipótesis del conservadurismo institucional sostiene que las reformas constitucionales en las democracias son relativamente poco comunes, no debido a factores institucionales sino al cálculo de los actores políticos, solamente cuando una gran crisis ocurre, ya sea por un abrupto cambio de factores contextuales o a través de un deterioro dramático de la satisfacción de la política pública, es una ventana de oportunidad abierta para la persecución de planes de reformas. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas propuestas son preferidas aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible.

La propuesta de aprendizaje institucional sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional.. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma.

La economía, la sociedad y el Estado funcionan eficientemente cuando se dan las instituciones que se requieren para la gobernabilidad. De hecho, los contenidos de un pacto de gobernabilidad deben quedar trazados en la agenda de la reforma del Estado, de tal forma que vincule la gobernabilidad con la democracia en la transición del Estado, que aliente la participación ciudadana como base de los procesos de democratización. Esta transición entra en una paradoja (Loza Otero, 1997) cuando el orden democrático tiende a ser más legítimo, entonces las convenciones tradicionales que le vulneran no son del todo ilegítimas.

Sin embargo, este modelo sigue a las economías fuertemente desarrolladas y orientadas por un mercado también fuerte en donde los actores tienen un amplio margen de alternativas para la contestación democrática (Rueschemeyer et al, 1992) Mientras esto es real para los países occidentales del Norte, sin embargo, la realidad parece ser otra para los países menos desarrollados y del Sur. En muchos Estados no hay acuerdos en torno a su naturaleza y tareas propias, sus funciones, obligaciones y límites frente a los desafíos de la globalización en sus dos vertientes, como proceso y como ideología. Como ideología, los procesos de globalización tienen que ser combatidos primeramente en este plano.

Desde la perspectiva ideológica, la globalización sostiene las fuerzas que buscan extender su influencia, presentando las transformaciones y cambios que promueven como “inevitables” de una “civilización de negocios transnacionales”, o de “negocios contemporáneos” como suele llamársele también. Ambiciosos grupos con poder financiero y político se frustran de los procesos de globalización cuando ideológicamente chocan contra las instituciones nacionales.

En cuanto los procesos de globalización avanzan inexorablemente, los sistemas políticos entran bajo intensas presiones ideológicas para modificar sus instituciones y converger con las nuevas instituciones globales. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Los establecimientos institucionales de los sistemas políticos democráticos se explican por factores tales como el tamaño, demografía, desarrollo socio-económico, homogeneidad cultural, herencia colonial o el lugar del país en el sistema económico y político internacional. Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Pero la causa principal que amenaza el derrumbe ideológico del sistema capitalista mundial es la amenaza inherente de inestabilidad de los mercados financieros globales.

Así concebida, la posición ideológica de los países avanzados se centra en la emergencia de un “Tecn.-nacionalismo” (May, 1997) El rol de la estructura del conocimiento estratégico en la economía política global está siendo ampliamente reconocida. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado.

El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. El futuro pertenece a las economías del conocimiento, con implicaciones en las transferencias de tecnología y de instituciones, mediante métodos verticales y horizontales. La restricción vertical al mercado siempre emerge en apoyo del nombre del capital. Los métodos horizontales facilitan el componente tácito o personal del aprendizaje de conocimientos del desarrollo local y general.

Los recientes debates relacionados con la competitividad nacional en un sistema capitalista global, se han centrado en el papel del conocimiento estratégico en las actividades productivas y de servicios en organizaciones domésticas y multinacionales. Para Porter (1991), la competitividad, las empresas tienen que competir en un entorno formado por cuatro atributos que estimulan o limitan la creación de ventajas competitivas. Estos atributos son la disponibilidad de los factores de producción, la demanda interna, la estructura y estrategia de la rivalidad de las empresas y los sectores conexos. Esta movilidad de los factores de la producción conlleva un enfoque emprendedor y de innovación que modifican constantemente las estructuras de la economía, como una de las características de los procesos de globalización.

La teoría económica moderna muestra que la producción y distribución socialmente óptima del conocimiento, en donde el costo marginal de proveer conocimiento a otro consumidor es casi cero. Sin embargo, el óptimo de Pareto no optimiza la producción y la distribución del conocimiento, debido principalmente a los derechos de propiedad intelectual que bloquean el acceso libre.

Sobre todo, las compañías multinacionales que de-localizan los aspectos basados en el conocimiento estratégico de su propia empresa, están en mejor posición para capturar los productos del conocimiento que les permitirán mantenerse competitivos, ya sean a través de inversiones conjuntas o de acceso a nuevos archivos de investigación y desarrollo. Los acuerdos multilaterales entre varios Estados se realizan con la participación de las grandes corporaciones transnacionales.

Son las empresas multinacionales y transnacionales las que realizan la mayor parte de la investigación y desarrollo del mundo. Recientes investigaciones reconocen la importancia del conocimiento tácito, el cual en sí mismo representa un reto a la efectividad del mercado. Esto porque trae consigo todos los retos de un conocimiento encubierto en las relaciones principal-agente. En parte, porque la transferencia de éste tipo de conocimiento es más costosa, mientras que por otro lado, las formas codificadas del conocimiento continúan siendo un factor importante en el crecimiento económico porque generan retornos más altos.

La habilidad para el establecimiento de la agenda sobre la ideología en un sistema global, la regulación de ciertas elecciones de las políticas, el reconocimiento de ciertos espacios son los temas centrales en el debate sobre el conocimiento en la economía política global, considerando que la economía del conocimiento es el futuro de la economía. Es precisamente en un contexto fragmentado en el espacio global donde ocurren estos fenómenos de la globalización.

Carece de sentido esperar que todos los gobiernos apliquen uniformemente un conjunto de reglas a pesar de sus bastantes diferencias en circunstancias sociales y herencias culturales, como en el caso de organismos multilaterales que pretenden haber descubierto una economía neutral en una sociedad y cultura universales y que funcionan antidemocráticamente y no rinden cuentas a nadie. Es claro que el dominio ideológico no estructura del todo la actual elección de la política.

Por lo tanto, podemos hablar de dos formas de procesos de globalización, una que avanza desde arriba y otra que surge de abajo, desde los movimientos sociales y populares que reaccionan a la globalización funcionando en red, aunque a veces los mismos procesos de globalización ponen en peligro su propia resistencia institucional. Estas nuevas formas de organización de los movimientos tratan de equilibrar las relaciones entre las instituciones locales y las globales, evitando la dependencia vertical y autoritaria, aunque los resultados están muy lejos de lo esperado. Thoreau ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución , como el derecho a rechazar la obediencia, lealtad y a resistir un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables.

Los movimientos sociales que surgen desde abajo se organizan por grupos que se coordinan en función de afinidades de nuevos actores sociales que se oponen a la marginación y exclusión y exigen una ampliación de la ciudadanía asumida a través de un pacto social que explicita obligaciones y responsabilidades frente a un Estado de Derecho. Las sanciones son el corolario usual de la responsabilidad

Distingue Aristóteles entre la homonoia o concordia, el acuerdo que reina entre los ciudadanos y la mera homodoxía o igualdad de pareceres. Pues no se trata de que los ciudadanos opinen lo mismo de cualquier cosa, sino de la misma cosa. La concordia es la amistad de la ciudad. Es el mismo Estado uno de los actores sociales que debe impulsar el crecimiento económico y el desarrollo en una forma equitativa y equilibrada entre las diferentes regiones. Muchas de las acciones de los movimientos sociales son actos de rebeldía para no aceptar las desigualdades que son efectos de las políticas públicas.

La concordia supone un diálogo o deliberación entre los ciudadanos. Solamente dialogando puedo saber qué intereses nos igualan y nos distinguen y podemos obrar coordinadamente y no cada uno por su cuenta y riesgo, como cuando compramos o vendemos acciones en la bolsa. Esto es comparable al paralelogramo de fuerzas de la física. Si cada uno tira de un cuerpo para un lado distinto, el cuerpo se mueve en una dirección que es distinta de la deseada por cada uno. Ahora bien ese diálogo coordinador de nuestras acciones no es otra cosa que la actividad que estudia Aristóteles en su Retórica. Hablando se entiende la gente, decimos. Pero hablando bien y con entendimiento del otro. La Retórica es el Organon de la acción común, de la política. La Retórica no es tanto el discurso de la verdadero cuanto el discurso de lo bueno.

Los movimientos de la “globalización desde abajo” se organizan bajo la consigna del pensamiento local para organizar la acción global y establecer los cambios necesarios en el ámbito local. Evans (1998)describe tres tipos de movimientos transnacionales contra la hegemonía de la ideología del libre mercado: Redes de apoyo para la defensa de los derechos humanos, de la mujer y defensa del medio ambiente. Redes de trabajadores y consumidores y los movimientos locales. Los movimientos sociales organizados y sus reivindicaciones se hacen públicos a través del ejercicio de la acción global de intercambio y difusión de la información. Muchas de sus expresiones son actos verdaderos de rebeldía en contra de las imposiciones de una política económica cuyos resultados han sido los aumentos de las desigualdades y la degradación ambiental.

Esta “globalización desde abajo”, también llamada “globalización contra-hegemónica” es una razón poderosa para que las elites económicas y financieras de los procesos de globalización, rediseñen las instituciones a efecto de que se establezca un sistema de gobernabilidad que beneficie el desarrollo económico y social de todos los ciudadanos. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. Esto es, el surgimiento de una nueva ciudadanía global tiene como base la emergencia de los movimientos contra-hegemónicos de la globalización, cuyo objetivo principal es “la reducción de las iniquidades y desigualdades” y asumen “una lógica instrumental y totalizante de funcionamiento, hegemonizando la crítica y características que demandan los grupos locales, en su diálogo y enfrentamiento con las grandes transnacionales”.

Existe una nueva relación que se plantea entre los nuevos movimientos sociales y la nueva “ciudadanía extensiva” que está surgiendo desde los ochenta como formas novedosas para reclamar el ejercicio de derechos humanos mediante el ejercicio de la resistencia civil y de una nueva ética. Thoreau ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia y lealtad y a resistir un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables. Los nuevos movimientos sociales se aglutinan favoreciendo el pluralismo y el culturalismo que acepta las diferencias étnicas y culturales de las comunidades pero que tienen las mismas demandas en contra de la explotación de los agentes del capitalismo y por el establecimiento de un verdadero sistema democrático.

Las estrategias de resistencia contra la hegemonía política de la sociedad del mercado global son un aspecto central para la ampliación del avance democratizador de procesos de globalización que en el fondo son antidemocráticos. En la sociedad global del mercado se privilegia el éxito económico por sobre los valores de libertad e igualdad. La globalización de los procesos económicos han dado origen a una globalización de los fenómenos de la sociedad civil mediante la creación de nuevas instituciones o redes que formulan agendas globales. La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales. No obstante, está naciendo una sociedad civil globalizada que se ha manifestado en movimientos antiglobalizadores con cierto éxito relativo, como en el caso de la campaña para la prohibición de minas personales y el movimiento Jubileo para la condonación de la deuda externa de los países más pobres.

No obstante, está naciendo una sociedad civil globalizada que se ha manifestado en movimientos antiglobalizadores con cierto éxito relativo, como en el caso de la campaña para la prohibición de minas personales y el movimiento Jubileo para la condonación de la deuda externa de los países más pobres. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. Por lo tanto, la lista de los criterios de diseño de mercados globales debe extenderse para proteger la autonomía individual por sobre los criterios de un éxito económico que se convierte en el fin mismo del desarrollo, en el valor de redención humana.

El Estado resulta ser una entidad económica y política demasiado grande para ser local y demasiado pequeña para ser global. La globalidad de los procesos económicos impone su estructura a los Estados-naciones y le exige la adaptación de sus instituciones, dando como resultado que se afecte su cohesión como actor en el contexto de la globalización. La adaptación involucra costos de transacción más bajos y más alto los resultados del cambio que la reforma.

Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. Una estructura organizacional del gobierno se basa en una visión acerca de las funciones propias del Estado-nación y las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno.

Su soberanía no tiene la fuerza legal ni política para detener las acciones irresponsables de los agentes económicos que actúan al nivel global, aunque soberanía no sea un concepto antagónico de interdependencia económica, pero de lo que se trata es de imponer el concepto de soberanía consumidora en sustitución de soberanía política. Lo cierto es que el Estado-nación ya no puede controlar los flujos de capital e información que cruzan a través de sus fronteras físicas y culturales. Sería a partir del esfuerzo que hagan los ciudadanos para elevar la productividad de la estructura económica para mantener la soberanía política.

Los debates de la economía política global se centran en las perspectivas del desarrollo de las ventajas competitivas, el desarrollo económico nacional y la “explotación” sobre otro. Naciones y Estados tienen algunas características que son comunes a ambos. La economía política global es una disciplina “inclusiva” que necesita ser sensitiva e informada del trabajo académico hecho fuera de sus fronteras tradicionales, especialmente de la geografía política, por ejemplo.

Tanto la geografía política, como la económica a nivel nacional están cediendo su lugar a la geografía política y económica en los espacios regionales o globales. Muy poca atención se presta a los aspectos no ideales y antidemocráticos de las acciones del Estado, sobretodo en lo concerniente a la delimitación de las fronteras de seguridad nacionales, la prosperidad de las economías nacionales y la paz civil de las poblaciones nacionales.

Lo que resulta evidente para resolver en parte la problemática planteada anteriormente, es la necesidad de crear un modelo de desarrollo donde confluyan una economía de mercado y una sociedad altamente participativa, y que también sea incluyente. Por ejemplo, en materia de sistemas de seguridad social, Jütting (1999), desde una perspectiva institucional señala que la principal diferencia entre las diferentes organizaciones descansa en una estructura de incentivos para asegurar la cooperación y el cumplimiento. El Estado depende más de la aplicación coercitiva de la ley y de regulaciones. El mercado en la aplicación de las presiones comerciales y las organizaciones basadas en los miembros (OBM) trabajan juntos por el interés propio, la afiliación local y la solidaridad.

Los ciudadanos se apoyan entre sí esencialmente por las normas sociales y los valores. El modelo de análisis adaptado de Jütting se explica en la siguiente tabla:

Fuente: Elaboración propia con base en adaptaciones al trabajo de Jütting (1999)

Lamentablemente, hasta ahora algunas experiencias fundamentadas en estos principios han demostrado su inviabilidad, como el caso del programa de “bienestar para trabajar” que el Estado diseña e instituye con dos finalidades aparentemente contradictorias, tanto para proveer asistencia como para motivar al trabajo. Los resultados de las investigaciones (Pepper, 1999) sobre el impacto de este tipo de programas de asistencia social sugieren que no se cumplen con los requerimientos establecidos o que solamente se cumplen en circunstancias especiales.

La forma de contrarrestar y balancear la emergencia del poder de las corporaciones transnacionales que cada vez se expanden más mientras que el Estado se contrae, es mediante la promoción de sociedades reguladas en las cuales un Estado capaz opere en un balance tripartita armonioso con un sector privado autónomo y una sociedad civil dispuesta a asumir su responsabilidad. Tanto la sociedad como el estado son actores sociales que impulsan el desarrollo. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes.

Los intereses de los grandes grupos corporativos tratan de limitar las acciones de regulación del Estado porque lo consideran como contrario para el logro de sus expectativas, la obtención de la tasa más alta de utilidades sobre sus inversiones. Los acuerdos de inversiones multilaterales que se realizan entre lo diferentes Estados se hacen con la participación de las grandes corporaciones multinacionales.

Para esto, obtienen sus recursos y materias primas a muy bajo costo y en abundancia, penetran en nuevos mercados y reducen sus costos de transacción en las operaciones de comercialización. La agenda del nuevo gobierno privilegia las relaciones entre los diferentes niveles de gobierno y los acuerdos de colaboración entre los sectores públicos, sociales y privados. Gobierno, sector privado y sociedad civil pueden ser más efectivos si trabajan en conjunto para identificar áreas de oportunidad para mejorar el crecimiento económico y el desarrollo social, mejorar las condiciones ambientales de la comunidad, etc., y para administrar y medir el desempeño. No hay que olvidar que el crecimiento económico mide cuantitativamente el producto interno bruto per cápita y el promedio de consumo real.

El empoderamiento a las comunidades debe otorgar la capacidad para evaluar el desempeño de los funcionarios a efecto de influir en la administración pública, lo que haría que se convirtieran en los funcionarios del ciudadano. El saberse que los diferentes actores son evaluados trae efectos multiplicativos para toda la comunidad. Lamentablemente, en las relaciones simbióticas que parecen darse entre las grandes corporaciones transnacionales y los Estados-nación imperiales, las empresas son los socios que se inclinan a favor de las corporaciones.

A pesar de esto, los grandes intereses de las corporaciones transnacionales siempre atentan contra la acción reguladora del Estado a efecto de obtener las tasas de utilidades más altas, mediante la adquisición de materias primas y recursos a más bajo costo y en abundancia, para penetrar en los nuevos mercados y para alcanzar niveles más bajos de costos de transacción en las operaciones de comercialización.

Marshall, Wray, Epstein y Grifel (1999) establecen un modelo ideal de gobernabilidad basado en las prácticas aceptadas de tres elementos para obtener una gobernabilidad efectiva: el involucramiento de los ciudadanos, la medición del desempeño e implementación de la política gubernamental. Idealmente, una comunidad puede alinear los tres elementos para obtener los mejores resultados de los recursos públicos y privados, sobretodo, medir los resultados esperados por los ciudadanos.

Por tanto, ambos actores, gobierno y los ciudadanos toman el liderazgo para establecer las metas, iniciar el diálogo, estimular el cambio y medir los resultados. Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales.

Tanto el gobierno como los ciudadanos tienen importantes papeles que desempeñar. De acuerdo con este modelo, las conexiones para mejorar la administración y construir una gobernabilidad efectiva son el desempeño administrativo del gobierno, los ciudadanos que se involucran en la medición del desempeño y los ciudadanos que se involucran en las políticas gubernamentales y su implementación y finalmente, el alineamiento estratégico de los tres elementos de governance referidos como tal a la naturaleza y estructura de acceso a las funciones de alto mando del Estado.