LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

José Gpe. Vargas Hernández

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La emergencia de la sociedad civil como tipo ideal de la gobernabilidad.

La sociedad civil ha pasado por un largo periodo de transición para convertirse en el principal actor, protagonista de los cambios en todos los órdenes del tejido social, dejando atrás la abulia tradicional que le caracterizaba como un sujeto pasivo y manipulable. Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales. La sociedad local y regionales uno de los principales actores sociales que pueden promover un desarrollo más equilibrado, justo y equitativo.

En La Política de Aristóteles se hace referencia al término koinonía politiké que literalmente significa comunidad política que se traduce al Latín como societas civilis con se denominaba a la pólis griega. En el libro II cap. 2 {1261 a} refuta Aristóteles la tesis platónico-socrática de que el Estado o Polis deba ser lo más unitario posible. "La Pólis -dice Aristóteles- no es un unidad de la manera que algunos afirman. Y lo que algunos llaman el mayor bien común en realidad lo destruye", "No hay pues que buscar la unicidad de la sociedad en grado exagerado".

Para Aristóteles la familia es la forma social más unitaria, pero no la más autosuficiente. El estado-ciudad es autosuficiente no siendo tan unitario, pues la autosuficiencia es preferible a la unicidad. Todo estado-ciudad que tienda a mayor unicidad tiende a dejar de ser un estado-ciudad para convertirse en una especie de alianza militar. Pues una pólis se caracteriza por una pluralidad de individuos que son diferentes.

La pólis, de acuerdo a Urquiza y Ulloa (2001) era “una forma de comunidad diferente a la familia y superior a ella, que consistía en la organización de una convivencia que cobraba las características de la autosuficiencia, de la independencia y del interés social, aspectos que a partir de la modernidad pretenderán ser las propiedades del Estado”.

Es necesario analizar otra distinción que Aristóteles hace en su Política sobre lo que significa la koinonía o vida comunitaria. Pues una cosa es el uso en común promovido por la ley y el castigo y otro la acción común inspirada en la filía, que es la virtud de la polis. De la lectura de algunos pasajes de la Política y en armonía con lo que inspira a la Ética a Nicómaco puede "destilarse" una distinción conceptual que yo expresaría distinguiendo entre "colectividad" y "comunidad" en el lenguaje moderno.

Frente a la concepción socialista moderna que ve un problema en la propiedad privada y prefiere una propiedad colectiva, Aristóteles consideraba, en efecto, que solamente lo que el individuo tenía como propio es aquello de que me se ocupa con más esmero. Aristóteles pensaría que estaba en la esencia humana el ocuparse más de lo propio que de lo común. Aristóteles no solo se preocupa por la defensa de la propiedad privada, sino la promoción, al mismo tiempo, de un uso en común.

No olvidemos sin embargo que Aristóteles se refiere explícitamente a la propiedad común de los hijos en la República de Platón, criticando el uso de la palabra "todos" ("los hijos de todos") a la manera que hizo Rousseau al distinguir entre "la volonté de tous" y "la volonté générale"). La palabra panta, o nuestra "todos" es, según Aristóteles, un paralogismo, pues decir que algo es de todos significa a veces que es de todos colectivamente y otras veces que es de cada uno. "Soy del pueblo, pueblo soy, y adónde me lleva el pueblo voy", decía la bonita pero manipulativa canción cubana allá por los 60. "El pueblo" al final significa Fidel Castro. una pura metonimia.

En el siglo XVIII, Adam Smith y David Hume hablaron de “sociedad civil” para referirse a la emergente clase burguesa surgida del comercio para protegerse de los señores feudales, de tal forma que el término fue aplicado al naciente sector comercial privado, por el que los individuos eran libres para desarrollar sus propios negocios.

Según Charles Taylor (citado por Honneth, 1999), en la obra de Montesquieu "se encuentra el origen de una noción de sociedad civil en la que las corporaciones legalmente legitimizadas de autogobierno público son las responsables de mediar constantemente entre la esfera social y el Estado". El Zivilgessellschaft que "evoca el republicanismo democrático de Tocqueville" y el Bürgerliche gesselschaft que se refiere a la estructura legal del "sistema de necesidades", tales como se conocen en la Filosofía del derecho de Hegel, son los conceptos alemanes que se acercan a la concepción de sociedad civil para referirse a todas las instituciones y organizaciones que preceden al Estado. La polisemia del concepto de sociedad civil muestra diferentes contenidos según la describa Tocqueville o algún autor actual. Tanto Mill como Tocqueville caracterizan a la sociedad civil distinguiéndola del Estado-aparato, caracterización que es más relevante en Gramsci y que entran en contradicción

El filósofo Alemán Hegel describió a la “sociedad civil” como la esfera comercial donde la gente era considerada como individuos separados, cuyos intereses eran civiles y económicos, pero no políticos ni morales y se basaba en el propio interés de individual y particular que no podía ser reconciliado con una moralidad universal. Hegel consideró a la sociedad civil como la esfera de representación de intereses que no comprende al Estado. Hegel concluyó que el Estado es la autoridad moral final para los conflictos que surjan dentro del mismo (Bruyn, 1999)

Marx ubica en la sociedad civil el espacio negativo de lo privado donde se desarrollan las relaciones económicas o materiales y en donde además, la familia representaba lo opuesto a la parte más organizada de la sociedad denominada Estado o sociedad política. Para Gramsci el concepto de la societé civile es equivalente a "esfera pública" o Bürgerliche Öffentlichkeit de Habermas, definido como un "ámbito social en el que están incluidos todas las instituciones culturales dentro de las cuales se forma la opinión pública". Para Gramsci, la sociedad civil está compuesta por organizaciones privadas que constituyen prototipos de las relaciones que establecen entre los seres humanos.

Gramsci distingue la caracterización de la sociedad civil del Estado-aparato, los cuales entran en contradicción con intereses que pueden ser irreconciliables sobretodo cuando el Estado-aparato se apartan del bien social. Gramsci rescata a la sociedad civil de la base económica y la lleva a la superestructura y le da el lugar de la formación del poder ideológico diferente del poder político en sentido estricto y de los poderes de legitimación de la clase dominante.

Urquiza y Ulloa (2001) sintetizan la conceptualización moderna y contemporánea de la sociedad civil en su carácter relacional, señalando que “los modernos establecen una cierta continuidad , porque cuando hablan de la sociedad civil aluden a un sedimento relacional de sana convivencia, tolerancia ideológica, búsqueda de intereses particulares y disfrute de los derechos individuales y sociales”. De los contemporáneos señalan que “tienen un punto de convergencia al referir la sociedad civil como un substrato organizacional de carácter privado que ejerce una influencia especialmente económica e ideológica decisiva en toda la sociedad, para bien o para mal, dependiendo de sus propios intereses”. El problema es el carácter relacional del análisis que no es confiable.

Por lo tanto, concluyen que la sociedad civil “comprende el conjunto de relaciones y acciones que generan los individuos, ya sea asociados o no asociados, cualificados por el hecho de estar desprovistos, por lo menos de forma expresa, de la autoridad que confiere el poder político que emana del Estado-aparato”. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. Así, la sociedad civil es vista más en términos de relaciones que como espacio. La sociedad civil está formada por el conjunto de intereses de los sujetos que se relacionan entre sí a través de las instituciones y las organizaciones creadas para tal fin. La sociedad es uno de los actores sociales que promueve el desarrollo en sus diferentes formas.

El modelo económico neoliberal limita la participación del Estado en la solución de problemas sociales, los cuales transfiere a la sociedad civil. La sociedad civil tiene un papel preponderante para establecer y mantener la gobernabilidad a través de la asistencia a los gobiernos en la implementación de amplios objetivos sociales. Sin embargo, la sociedad civil en el modelo neoliberal queda reducida a un conjunto de meros procedimientos que limitan la concepción de las instituciones políticas y su compromiso con el desarrollo humano. La crisis de gobernabilidad por la que atraviesan los sistemas democráticos y la inestabilidad de las instituciones limitan los alcances de los programas de desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano y de buen gobierno están intrincados.

Desdichadamente, los cambios que realiza no parecen tener un direccionamiento y en la mayor parte de los casos carecen de credibilidad. Sin embargo, la tendencia de una sociedad que se individualiza es a exigir una mayor participación y a una mayor democratización, pero es una democratización que no exige una transformación socialista. A mayor complejidad de las relaciones de poder existente entre los diversos agentes y actores económicos y políticos, mayores son las posibilidades de democratización.

La individualización de la sociedad es resultado de la influencia de las corrientes ideológicas del neoliberalismo. Estas corrientes extienden la competencia a los mismos individuos entre sí, mediante un conjunto de técnicas de dominación racional (Bourdeau, 1998) que implican la implementación de estrategias de delegación del desempeño. Estas estrategias de desempeño presionan a un “auto-control” individual más allá de la administración participativa mediante técnicas que fomentan la individualización de las relaciones laborales basadas en una evaluación del desempeño, salarios y bonos de acuerdo a este desempeño. Los procesos de la individualización enfatizan la presencia del individuo por sobre lo colectivo, escindiendo en forma nominalista entre el individuo y la sociedad, mediante el debilitamiento de los referentes materiales y simbólicos de las identidades colectivas

Esta tendencia neoliberal que aglutina los procesos de globalización del mercado y de la información hacia la centralidad del individualismo, cambian los estilos de vida y debilitan los estándares de una solidaridad de la colectividad. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas No obstante, se considera que si las instituciones de la sociedad civil valoran la individualidad mediante la defensa de los derechos individuales y los valores de la colectividad, tales como la confianza, entonces la sociedad civil puede ser más democrática. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil.

El Consenso de Washington orienta la agenda y los desafíos de las instituciones de la sociedad civil a limitar las acciones del Estado. Así, en las instituciones de la sociedad civil se encuentran formas de organización de las más variadas, desde las fundamentales con intereses económicos y sociales hasta aquéllas formas organizativas que tienen por objeto de trabajo el conocimiento, la información, la ideología, etc. Los intereses han sido redefinidos en sus ámbitos espaciales, pasando de lo nacional a lo local, regional y global.

Sin embargo, la modernización y la individualización tienen efectos negativos sobre el voluntarismo, en parte debido a un utilitarismo capitalista que al enfatizar el interés propio, debilita las virtudes éticas basadas en la organización. Los procesos de la individualización enfatizan la presencia del individuo por sobre lo colectivo, escindiendo en forma nominalista entre el individuo y la sociedad, mediante el debilitamiento de los referentes materiales y simbólicos de las identidades colectivas.

El voluntarismo tiene efectos positivos sobre el capital social y el discurso publico, pero hace falta una cultura del consenso que anteponga el bien general a los beneficios particulares. La mutualidad y la confianza son cualidades que forman parte importante del capital social. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la “trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos”. La confianza y la reciprocidad son elementos del capital social que estimulan la cooperación en forma espontánea entre los individuos y generan redes de asociaciones voluntarias en una comunidad.

Las asociaciones voluntarias y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) se han desarrollado durante las últimas décadas del siglo XX. Son actores que emergen recientemente y conscientes de sus responsabilidades y funciones, capaces de influenciar eventos y líderes con alcance macro. En la última década del siglo anterior, el número de ONG’s internacionales creció de 6,000 a 26,000. La explosión de las ONG’s y sus actividades han conformado un fenómeno de globalización social que trabajan en contra de los procesos de integración a pesar de que no exista una identidad colectiva. Los procesos de la individualización enfatizan la presencia del individuo por sobre lo colectivo, escindiendo en forma nominalista entre el individuo y la sociedad, mediante el debilitamiento de los referentes materiales y simbólicos de las identidades colectivas.

La identidad colectiva encuentra siempre la oportunidad para expresar sus intereses en las diferentes instancias de organización espacial local, nacional, e internacional. La globalización de los procesos económicos ha generado la globalización de la sociedad civil, mediante la creación de nuevas redes e instituciones que formulan agendas globales. La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales. Las ONGS’ son entidades nuevas que emergen de entre los grupos de asociaciones profesionales, y de negocios, sindicatos de trabajadores, etc., se están convirtiendo en participantes activos en los procesos multilaterales de formulación e implementación de políticas.

Estas organizaciones fomentan la ideología neoliberal que sostiene la responsabilidad privada por proporcionar servicios a la ciudadanía para limitar la responsabilidad pública del Estado por el bienestar de la población. Las sanciones son el corolario usual de la responsabilidad Las ONG´s participan en diferentes coaliciones con funcionarios gubernamentales entre diferentes gobiernos y naciones.

Cuando las organizaciones no gubernamentales desarrollan vínculos estrechos entre diferentes organizaciones, pueden representar serias alternativas a los funcionarios de los regímenes internacionales. En realidad surgieron como una estrategia paralela de implementación de la política económica neoliberal implantada autoritariamente “desde arriba”. El Banco Mundial ha tenido un éxito relativo trabajando con ONG’s que apoyan sus proyectos de desarrollo global y por lo tanto, su legitimidad es altamente cuestionada por este involucramiento en términos de cooptación, corrupción.

Hasta ahora, las organizaciones no gubernamentales no han desempeñado un papel protagónico que en realidad signifique un reto para el sistema capitalista neoliberal. Sevidvash (2000) propone que las organizaciones no gubernamentales pueden crear una nueva cultura institucional de respeto e igualdad basada en un sistema de valores que enfatice la unidad dentro de la diversidad y promotora de principios de justicia social, tolerancia a la diversidad, servicio y cooperación, etc.

La diversidad es un principio democrático básico que no admite excepciones y por lo tanto se sostiene con la práctica misma de la democracia. Las organizaciones no gubernamentales están preparadas para aceptar y administrar en la diversidad, la pluralidad ideológica y la multiculturalidad. La ausencia de esta cultura institucional limita los resultados. Pocos gobiernos nacionales logran la administración y manejo democrático de la diversidad de las comunidades étnicas y culturales. El sistema de valores debe implantarse por medio del método de consulta en grupo como forma de resolución pacífica de los conflictos.

Quienes implementan esta política económica se dieron cuenta de la polarización económica y social que estaba causando en la ciudadanía y creando una sociedad dual. Los procesos de dualización social son efecto del actual sistema capitalista que genera profundas desigualdades entre los individuos que tienen diferentes oportunidades de acceso a los beneficios del desarrollo. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero.

Por un lado, los ricos son los beneficiarios de este desarrollo pero por otro lado, los excluidos, pobres y marginados no tienen posibilidades de acceso al modelo de desarrollo capitalista. En el presente una pequeña pero muy persistente y especialmente necesaria categoría permanece: el pobre en las sociedades pobres con una economía estancada o decreciente, constituyen un problema de proporciones no manejables, pero no que se imponga por sí mismo con mucha urgencia para la comunidad de las naciones, excepto como una tragedia humana que ruega por una solución de humanitarismo (De Swaan Abram, 1997).

Una sociedad dualizada se fragmenta en grupos y divide a los individuos, con un deterioro sustancial de las normas de convivencia. Por lo que decidieron promover y financiar con recursos la formación de organizaciones “desde abajo” como estrategia para implementar la política neoliberal “desde abajo”, mediante el aglutinamiento de los procesos de globalización del mercado y de la tecnología, en formas que destruyen los estilos de vida de las personas y fragmentan a las comunidades y destruyen la solidaridad de sus miembros. La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad.

Las comunidades son reducidas a simple objetos y destruyen la capacidad de las comunidades humanas de ser sujetos genuinos de su propia historia social. Los procesos de este tipo de organizaciones están conectados de tal forma que se involucran en diferentes actividades y asuntos mediante la formación de redes transnacionales que involucran a ciudadanos, organizaciones internacionales, gobiernos, etc.

Es decir, desde la base misma de la sociedad, se apoya la defensa de la ideología neoliberal y antiestatista, desde una falsa posición de izquierda que defiende a la sociedad civil y que conduce a procesos de despolitización y desmovilización de los grupos que pudieran expresar sus inconformidades y demandas contra el sistema neoliberal a través de movimientos sociales. La izquierda se ha concentrado en asimilar y repetir la retórica de la ideología del mercado y en denunciar el desmantelamiento de las funciones del Estado.

Las alianzas entre la izquierda y los movimientos globalifóbicos si son de naturaleza políticas, pueden representar un frente de resistencia a los procesos de globalización promovidos por las grandes corporaciones transnacionales en sinergia con los Estados nación imperiales que son las que las detentan y concentran la propiedad y el control. En el análisis de la globalización de los movimientos sociales se presentan siempre elementos subjetivos, ya sea que se luche en contra de intereses de explotación o por la democratización de los sistemas políticos. Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

La mayoría de las organizaciones no gubernamentales que cuestionan las decisiones y las políticas estructuradas en el ámbito internacional, no pueden justificar que sus propias acciones son producto de una legitimidad democrática, carecen de la transparencia y rendición de cuentas necesarias. Su legitimidad democrática no se establece solamente porque alegan que son parte de la sociedad civil. Si no existe legitimidad de las instituciones que implica la manifestación de confianza y aprobación del mandato conferido por la ciudadanía, tampoco existe gobernabilidad. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas.

Una investigación de Resumen Latinoamericano (2001) encontró que “existe una relación directa entre el crecimiento de movimientos sociales que desafían al modelo neoliberal y los esfuerzos para subvertirlos, mediante la creación de formas alternativas de acción social a través de las ONG’s”. Sostiene, además, que “el anti estatismo fue el boleto ideológico de tránsito de una política de clase a una política de ‘desarrollo comunitario’, del marxismo a las ONG’s. La cooptación de líderes rebeldes por las ONG’s es una muestra de la capacidad de estas organizaciones para subvertir los movimientos sociales adversos que pretendan desafiar al modelo económico neoliberal hegemónico.

La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). La política estratégica está constituida más por la sociedad civil que establece la reforma y legitima a las instituciones, más que por las instituciones por si solas.

En los últimos años, con la profundización del modelo económico neoliberal se ha incrementado el financiamiento exterior a las ONG’s con el fin de subsidiar los efectos perniciosos que resultan de la implementación de la política económica.

Pero en realidad lo que resulta es la perpetuidad de las relaciones de dependencia y coloniaje de los gobiernos extranjeros, las organizaciones multilaterales y de las grandes corporaciones multinacionales que actúan siempre en sinergia. Es en este escenario que surge el Estado neocolonial, que es “tan activo, regulador e intervencionista como el populista o el estado de bienestar, pero su actividad, reglas e intervención se dirigen a servir los intereses de una clase diferente: el capital extranjero y la CCT (clase capitalista transnacional)” de acuerdo a Petras (2001d).

Las grandes corporaciones transnacionales socavan la soberanía y autonomía de los pueblos colonizados o recolonizados, para una toma de decisiones independiente en la regulación de su propia economía. Estos problemas incluyen un pronunciado grado de explotación económica, desigualdad social y económica, injusticia social y política que ha caracterizado a los pueblos recolonizados desde los tiempos en que los indígenas pobladores de estas tierras fueron subyugados por la fuerza a la dominación colonial europea en el siglo XVI. El cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra.La herencia de la colonia marca y señala profundamente las estructuras económicas, políticas y sociales de los pueblos colonizados.

Los Estados recolonizados, “actúan para servir los intereses de capitalistas extranjeros…Sin un estado (recolonizado) fuerte los objetivos imperialistas estarían en peligro. La fuerza se mide en este contexto por la capacidad de los actores del estado y las instituciones para llevar a cabo importantes cambios estructurales y asegurar su establización contra la mayoría de movimientos sociales populares, sindicatos y partidos políticos” Petras (2001d).

Este coloniaje se repite mediante los procesos de crisis por los que atraviesan los Estados-nación como resultado de los intereses financieros de los inversionistas y organismos multinacionales. Estos intereses corporativos por alcanzar las máximas utilidades atentan contra el Estado-nación porque consideran que su acción reguladora limita la adquisición de recursos a bajo costo y en abundancia, la penetración de nuevos mercados y la reducción de los costos de transacción en la comercialización de sus productos.

De esta forma, se crea un resguardo social para prevenir conflictos en aquellos grupos y movimientos sociales más propensos a rechazar la política económica neoliberal. No obstante, las ONG’s no promueven movimientos sociales, sino la implementación de proyectos específicos de mejora de condiciones de vida pero siempre trata de encontrar las respuestas dentro del esquema del sistema de producción y consumo neoliberal o bien encontrar soluciones para mejorar las condiciones del medio ambiente de la mayoría de la población mundial que tiende a degradarse.

Es en este sentido que también podemos decir que el Estado está retrocediendo en su compromiso que tiene para la mejora de las condiciones de vida de la población. Por otra parte, las ONGS nunca profundizan en el sistema económico-político que produce la pobreza extrema, desigualdades y exclusión, sino que atacan sus manifestaciones externas.

Si bien muchas de las ONG’s desarrollaron un importante papel en la formulación de denuncias contra abusos de derechos humanos, en ningún momento se atreven a denunciar las atrocidades cometidas por sus patrocinadores, casi siempre organizaciones transnacionales. Además, para imponer la política económica neoliberal, las ONG’s proporcionan ayuda económica para proyectos de auto-empleo, promueven proyectos locales, apoyan capacitación y adiestramiento laboral, promocionan la libre empresa con apoyos financieros a la microempresa y suministran servicios sociales y asistenciales. Esquemas de créditos de bajos intereses en condiciones favorables, por ejemplo, diseñados para servir al más necesitado, casi invariablemente fallan en alcanzar a la población meta. La articulación de los proyectos de desarrollo locales y regionales con políticas nacionales o globales constituye una tarea prioritaria de las ONG’s. Por estar más cercas de las comunidades, las ONGs dirigen la asistencia a los que verdaderamente la necesitan.

En una palabra, crean la falsa ilusión de que el modelo neoliberal es capaz de dar oportunidades de desarrollo a todos los individuos. Todas estas acciones son parte de la estrategia para limitar las funciones en materia de política social que había alcanzado el Estado de Bienestar. Sin embargo, las acciones de las ONG’s son muy limitadas y sólo proporcionan ayuda a ciertos segmentos poblacionales, muchas de las veces eliminando la solidaridad entre los individuos, quienes entran en competencia por recursos que son escasos. Las actividades de las ONG’s son contra el gasto público a efecto de liberar recursos del presupuesto para destinarlos a subsidiar instituciones financieras y empresas exportadoras.

Las semillas de las virtudes cívicas no se encuentran en las instituciones económicas y políticas, sino en las asociaciones voluntarias de la sociedad civil, empezando con la familia. La ampliación de redes de asociaciones voluntarias en una comunidad incrementa su capacidad autorganizativa para coordinar acciones conjuntas y facilitar su bienestar. El creciente número de organizaciones sociales no gubernamentales para la formulación e implementación de las políticas públicas y la provisión de los servicios públicos puede significar la oportunidad para que el Estado eficiente sus costos e incrementar su capacidad de governance, referida a la naturaleza y estructura de los papeles de mando del Estado. Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

El análisis del governance contribuye a la gobernabilidad en su concepto amplio a través de la operacionalización en las instituciones económicas, políticas y sociales de un sistema democrático. La operacionalización y aplicación de las diversas formas de governace tienen incidencia en la gobernabilidad del sistema democrático, aunque ambos conceptos se refieran a fenómenos sociopolíticos diferentes. No obstante se espera que en un sistema democrático, se desarrollen las competencias, libertades y derechos tanto individuales como sociales. Los procesos de globalización han dado nacimiento a una gran cantidad de agentes y organizaciones no estatales, asociaciones profesionales y de negocios, organizaciones no gubernamentales, sindicatos de trabajadores, etc., todos con agendas que tienen relación con las políticas económicas y comerciales.

Instituciones democráticas saludables y economías fluorescentes crecen de una raíz común, de una vigorosa sociedad civil, a pesar de que las mismas instituciones democráticas no pueden garantizar los resultados de la aplicación de las políticas públicas. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado.

De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones democráticas cuyo poder se asegura mediante el “enjaulamiento” de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder. Las instituciones democráticas son el fundamento para el buen diseño institucional del gobierno, que propicie la participación y ejercicio de la ciudadanía plena asumida a través de un pacto social que explicite las responsabilidades y obligaciones frente al Estado de Derecho.

El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997). De acuerdo con esto, si estamos interesados en la explicación del cambio institucional, se debe estar consciente que la información disponible para los participantes es limitada. En cada cambio de las constelaciones institucionales se involucran altos costos de transacción de los actores políticos afectados.

La vinculación entre la eficiencia de los agentes económicos y la estructuras institucionales requiere del análisis del diseño institucional de los sistemas políticos. Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997). Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente. De acuerdo con esto, si estamos interesados en la explicación del cambio institucional, se debe estar consciente que la información disponible para los participantes es limitada.

Esto significa que cuando se asume que las intenciones de los actores políticos están conectadas lógica y empíricamente a los resultados institucionales, tenemos que reconocer el hecho que esto es una relación más compleja la cual está influenciada adicionalmente por una amplia gama de factores contextuales.A su vez, los ciudadanos tienen la capacidad de controlar las acciones de su gobierno a través de las elecciones, a pesar de que no disponen de ningún instrumento para sancionar el incumplimiento de promesas, por lo que los procesos electorales están diseñados para elegir más que para controlar a los políticos.

Las organizaciones no gubernamentales se están convirtiendo en grupos de presión que se mueven en los planos internacionales para promover sus demandas. Sin embargo, la actividad voluntaria de naturaleza privada de las ONG’s no solamente atentan contra la soberanía de los pueblos, sino que también socavan el carácter público de atribuciones, funciones y actividades que son responsabilidades de los gobiernos por el bienestar de los ciudadanos. Tal como Resumen latinoamericano (2001) concluye, “al incorporar a la población pobre a la economía neoliberal meramente a través de “acción voluntaria privada”, las ONG’s crean un mundo político donde la apariencia de solidaridad y de acción social encubre una conformidad conservadora con la estructura de poder nacional e internacional”.

Streetck y Schimitter (1985) caracterizaron las nociones de comunidad, mercado, Estado y las asociaciones en los términos de principios que guían, los actores colectivos dominantes, los pre-requisitos para la participación, el principio de la regla de decisión, el medio de intercambio, los tipos de bienes, y las externalidades generadas. Las redes de actores individuales y colectivos “representan un nexo sobresaliente en la relación entre las personas y los sistemas funcionales” (Lechner, 2000). En sí, estos elementos constituyen distintos agrupamientos institucionales, pero también representan modelos ideales de orden social. Deckker y Van den Broek (1998), tomando como base los modelos de Streetck y Schimitter (1985), desarrollaron una caracterización y tipificación de los cuatro elementos como tipos ideales de orden social en los siguientes términos:

Algunas características de Comunidad, mercado, Estado y sociedad civil como tipos ideales de orden social

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Criterios

Comunidad

Mercado

Estado

Sociedad Civil

Principios guía

Solidaridad

Competencia

Jerarquía

Voluntariedad

Actores colectivos dominantes.

Familias, vecindades.

Negocios, partidos políticos.

Agencias burocráticas.

Asociaciones.

Prerrequisito para la participación.

Adscripción.

Poder de compra.

Autorización legal.

Compromiso.

Regla de decisión principal.

Consenso.

Oferta y demanda.

Adjudicación autoritaria.

Debate.

Medio de intercambio.

Estima.

Dinero, votos.

Coerción.

Argumentos.

Tipo de bienes generados.

Bienes solidarios.

Bienes privados.

Bienes colectivos.

Bienes mixtos

Externalidades positivas.

Afección mutua, identidad colectiva.

Prosperidad, responsabilidad.

Seguridad, justicia.

Capital social,

Discurso público

Estos tipos ideales nos muestran las diferentes lógicas de cooperación y coordinación que existen en todas las sociedades e instituciones modernas. La sociedad civil se caracteriza con relación al Estado, en que este último constituye el espacio que sirve para la expresión de los intereses de sectores minoritarios de la sociedad y cuyas instituciones también están en función de los intereses del Estado. Con la excepción de derechos minoritarios constitucionalmente protegidos, ningún actor político está equipado con el poder de veto.

Dekker y Van den Broek (1998), basándose en un análisis propio acerca los principales argumentos del debate sobre la posición de la sociedad civil en Los Países Bajos, ofrecen una representación gráfica que relaciona la distancia de varias instituciones de los Estados modernos de bienestar en los cuatro modelos de orden social mencionados. En esta representación gráfica, la sociedad civil se localiza entre la comunidad, el mercado, y el Estado.

ESTADO

Gobierno nacional

Sector no lucrativo.

Autoridades locales Organizaciones No Gubernamentales.

Partidos políticos Grupos de presión

Movimientos

Sociales Organizaciones profesionales

Grandes compañías

Iglesias

SOCIEDAD <--------------------------------MERCADO

CIVIL Sindicatos

Comunidades locales de negocios.

Asociaciones voluntarias

Vida del club social

Redes informales en vecindades, en el trabajo

Familia, lazos de amistad.

COMUNIDAD

El aparato del Estado en muchos países en desarrollo, principalmente los países Latinoamericanos, continúa estando fuertemente centralizado. También está permeado por tradiciones antidemocráticas y controlado por las elites políticas, las cuales perpetúan las relaciones existentes de poder, así como las desigualdades económico-sociales y regionales (Schönwalder, 1997) Las estructuras económicas, políticas y sociales de la colonia marcan las desigualdades de los individuos en una sociedad estamentaria y con un soporte jurídico y moral que considera las diferencias sociales como inherentes al mismo sistema. La política contemporánea y la vida social de la región se debe en parte al legado del dominio colonial europeo, a sus instituciones de dominación ideológica y a una tradición de militarismo y conflictos armados así como también a una institucionalización de numerosas desigualdades de clases, género y razas étnicas. Las grandes corporaciones transnacionales socavan la soberanía y autonomía de los pueblos colonizados o recolonizados, para una toma de decisiones independiente en la regulación de su propia economía.

Así, los Estados recolonizados, “actúan para servir los intereses de capitalistas extranjeros…Sin un estado (recolonizado) fuerte los objetivos imperialistas estarían en peligro. La fuerza se mide en este contexto por la capacidad de los actores del estado y las instituciones para llevar a cabo importantes cambios estructurales y asegurar su establización contra la mayoría de movimientos sociales populares, sindicatos y partidos políticos” Petras (2001d). Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes.

En un ambiente de “clientelismo neopatrimonial” (Término usado por Jean-Francois Bayart), son las elites políticas las que se benefician de la ineficiencia económica, convirtiéndose en los free riders que siempre obtienen ventajas personales o de grupo. Así, el patrimonialismo, el corporativismo y el clientelismo burocrático son mecanismos de intermediación entre el Estado y la sociedad que controla los principales beneficios y prebendas que otorga el Estado para favorecer a ciertos grupos e individuos free riders.

La eficiencia económica requiere que el aparato burocrático administrativo cumpla con los compromisos (commitment) legislativos contraídos. El Estado patrimonialista cometió excesos y fue ineficiente en la administración de los recursos, lo cual derivó en crisis constantes de los países subdesarrollados. En general, el rápido crecimiento de las administraciones en los países subdesarrollados y desarrollados ha producido deficiencias y perversiones tales como los entrelaces funcionales, el desarrollo de canales informales, centralización excesiva la cual explica la tendencia general hacia la descentralización para la provisión de los bienes públicos.

Si las políticas del libre mercado fueran exitosas y trajeran la prosperidad en los países en desarrollo, la brecha existente de las desigualdades económicas y sociales se acortaría. La realidad es a la inversa, a la recurrente crisis de las naciones menos desarrolladas, corresponde la prosperidad de las naciones más avanzadas. Además, se evitaría el resentimiento económico predicho por el modelo de mercadización, democratización y etnonacionalismo propuesto por Chua (1998) Tanto los gobiernos democráticos como autoritarios han respondido al “problema” de una minoría económicamente dominante adoptando políticas dirigidas a la falta de balance y equilibrio etnoeconómico.

De hecho, las relaciones étnicas son vistas como un juego de suma cero, en donde cualquier beneficio que reciban las minorías es considerado por las mayorías como una amenaza. No obstante, los gobiernos democráticos legitimados por el voto mayoritario, tienen el compromiso de hablar por su población y cuando adquieren compromisos internacionales, estos tienen que ser cumplidos por los gobernantes sucesores elegidos democráticamente.

La propuesta del modelo capitalista democrático para las economías de mercado de los países latinoamericanos necesita revisarse en función de los resultados expresados en incremento de la pobreza. Esto redunda en la formación de una sociedad con grandes contrastes en la distribución del ingreso, como en el caso específico de México donde 20 millones de mexicanos (20% de la población total), viven en condiciones de pobreza extrema y más de 40 millones (40% de la población), viven por debajo de la línea de pobreza. El Banco Mundial presenta cifras en las que 42 millones de mexicanos tienen niveles salariales por debajo de los veinte pesos diarios.

Un examen de los países como Chile, Costa Rica y México que han seguido fielmente las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional revela que sus logros publicados en el crecimiento macroeconómico a sido alcanzado al costo de mantener bajos los salarios reales de su fuerza de trabajo asalariada, el adelgazamiento de sus servicios públicos , la reducción de los beneficios sociales, así como el rápido crecimiento del sector informal de sus economías compuesto de vendedores de la calle autoempleados, manos alquiladas, trabajadores en pequeños talleres, jornaleros, reparadores, prostitutas, servidores domésticos y así entre otros (Harris, 1997). De esta forma, el llamado sector informal de la economía representa un tipo de subsidio para las empresas capitalistas en el sector formal.

La Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en los Hogares (ENIGH), realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el año 2000, reporta que la generación de la riqueza aumentó en los últimos seis años, pero la distribución de la esta riqueza se volvió más inequitativa, con niveles de deterioro alarmantes. El 10 por ciento de los hogares más ricos del país concentra 38.11 por ciento del ingreso nacional. En el otro extremo, la décima parte de los más pobres percibe apenas el 1.50 por ciento del total, cuando en 1996 fue de 1.79 por ciento.

Estos resultados de los procesos de globalización en México, constatan que dicha globalización económica se ha dado casi totalmente en una dirección: la entrada de empresas transnacionales y multinacionales, ahora denominadas empresas globales o negocios contemporáneos, las cuales en esencia, son foráneas y se han adueñado legalmente de recursos naturales, tierras, etc. y dejan pocos beneficios.

Mientras que el aumento del ingreso per cápita mundial ha aumentado en un 90% desde 1970, en los países latinoamericanos el crecimiento del ingreso per cápita para el mismo período ha sido menor y, además, con los efectos de una contracción económica. Las economías contemporáneas de Latinoamérica se han convertido en partes integral del nuevo sistema económico global que es dominado no por naciones Estados, sino por grandes corporaciones transnacionales que constituyen los principales actores globales en este sistema.

La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta. En un sentido son las variables estructurales las responsables del bajo crecimiento económico y de una cohesión social deficiente. Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Los elementos estructurales de las economías de mercado latinoamericanas dan a los dueños del capital y la tierra incentivos y oportunidades para perseguir estrategias políticas no partidistas, de tal forma que las estructuras del mercado alientan a las elites económicas a delimitar los procesos de democratización, como resultado de dos lógicas: los recursos de los agentes en el sistema socioeconómico influencia su afinidad estrategias políticas partidistas o no partidistas y el componente institucional evalúa como las instituciones estatales y los partidos políticos dan forma a los incentivos estratégicos de estos actores.

El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad. Son las variables institucionales las que desvían el potencial del desarrollo hacia una disfuncionalidad que crean mayores niveles de desigualdad económica. Sin embargo se está viendo cada vez más que la lealtad al partido cuenta más que la eficiencia y la competencia en muchos países

La reforma de los partidos políticos deben abrirse a los cambios que experimenta la sociedad civil al influjo de los procesos de globalización, abandonando esquemas corporativistas rígidos, con la posibilidad de ofrecer elecciones significativas. La idea de que emergerán instituciones en el ámbito global que desarrollen las funciones de los partidos políticos, parece ser irreal, a pesar de la necesidad de que existan políticos que sirvan de intermediarios entre la ciudadanía global y los formuladores e implementadores de las políticas.

El problema de la formación de pequeñas elites económicas y administrativas en los procesos de reforma del Estado, o la instrumentación de estas reformas por ciertas agencias selectivas, se reduce a mantener un estricto control de los cambios en beneficio de sus propios intereses con el consecuente debilitamiento de los procesos democráticos que dicen impulsar. En la práctica, las elites gobernantes con frecuencia han sido capaces de consolidar sus posiciones y encontrar nuevas formas de explotación bajo un régimen de liberalization. Las elites gobernantes de Latinoamérica generalmente han servido de intermediarias entre el poder externo dominante y la población local.

La nueva clase transnacional capitalista que emerge entre las elites capitalistas nacionales y que son la clase dominante en sus respectivos países, comparten el mismo proyecto neoliberal, intereses y privilegios de los poderes hegemónicos para implantar una política económica que les favorece. Por lo tanto, las elites locales de los negocios han abierto la puerta a las economías de las corporaciones transnacionales que están interesadas en mano de obra barata, recursos naturales, capital financiero y mercados de consumidores en los países latinoamericanos. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado.

El modelo institucional llena estos huecos explorando como las instituciones del Estado y de los partidos dan forma a los incentivos y transforman la conducta política. La dinámica de las instituciones existentes y la sociedad civil son el fundamento que determinan el modo de gobierno y su nivel de gobernabilidad democrática. Los factores estructurales son más apropiados para sobrepasar incluso configuraciones institucionales favorables cuando los recursos económicos de las elites terratenientes y capitalistas les dan poder político subordinado. Granjas modernas capitalistas orientadas a la exportación y complejos agro industriales, muchos de los cuales están conectados a corporaciones transnacionales han reemplazado la mayor parte de los anteriores grandes terratenientes y plantaciones que dominaron el campo latinoamericano durante siglos.

La tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966). El poder político del dinero pervierte la democracia entregando el poder a quienes son ricos, dando como resultado que sea el poder económico el que se imponga por sobre las decisiones democráticas electorales.

En otros casos, las instituciones meramente refuerzan las tendencias estructurales. Claramente, la combinación del Estado mínimo y de las instituciones mínimas partidistas es apta para desestabilizar los sistemas económicos (Bartlett and Hunter, 1997). Se deberá pensar más que un Estado mínimo en un Estado suficiente y necesario. Todavía más, se debe dar lugar a un Estado ampliado donde las instituciones de las esferas propias de la sociedad civil y del Estado confluyan en formas de gobernabilidad que propicien la colaboración Así, la consolidación democrática se centra en la voluntad de los actores sociales para usar el sistema partidista como su medio primario de articulación de sus intereses.

La falta de capacidades en los ciudadanos los coloca en desventaja para una participación efectiva en una sociedad democrática. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. Esta sociedad democrática y liberal se caracteriza porque todos los actores y agentes políticos tienen las mismas posibilidades de acceso al poder y al interés público, sin que nadie lo concentre para su propio beneficio. Los procesos de democratización, enfrentan serias contradicciones con respecto a la participación y representación política, las cuales no han podido cumplir la promesa de mayores libertades e igualdades en un contexto de sistemas políticos inclusivos, lo cual está propiciando una mayor desigualdad económica y social, y un incremento de la pobreza y exclusión social.

Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

En este sentido Coppedge (1993) señala la contradicción existente entre los principios de la democratización y la gobernabilidad que generan tensión, cuando sostiene que: "La gobernabilidad requiere la representación efectiva de los grupos en proporción a su poder; la democracia requiere la representación de los grupos en proporción al número de adherentes que cada grupo tiene. La gobernabilidad respeta la lógica del poder, mientras que la democracia respeta la lógica de la igualdad política".

No hay que olvidar a Villoro (2000) quien entiende la democracia como una “serie de procedimientos de gobierno adoptados por los países occidentales más desarrollados: elecciones, representación popular, división de poderes, decisiones por mayoría, etcétera.” Esa forma de democracia, concluye, “es coherente con el individualismo, pues se supone resultado de las decisiones individuales sumadas de ciudadanos iguales”.

Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente ala reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación.

El principio básico de la democracia se fundamenta en la consideración de que todas las personas tienen el mismo valor y son iguales, por lo que la regla básica es una persona, un voto. Como tipos polares, las democracias con un mínimo de puntos de veto son mayoritarias en carácter, mientras que las democracias de negociación contienen un máximo de puntos de veto. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Una política económica errónea puede limitar la capacidad de gobernabilidad de la sociedad, independientemente del régimen político en que se aplique. La pertinencia de la política económica implica el acuerdo, aceptación y cumplimiento de las reglas del juego, instrumentos y metas que guían las relaciones económicas entre los diferentes agentes económicos y actores políticos. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. En realidad, el establecimiento de un régimen de gobernabilidad permite y crea niveles de discreción e influencia en las organizaciones públicas, sobretodo en aquéllas donde su función principal es la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía o de regulación de desempeños.

Por lo tanto, no necesariamente existe una relación directa entre regímenes políticos, democráticos o autoritarios y gobernabilidad. Los regímenes políticos requieren un liderazgo que reconozca sus posibilidades y limitaciones de desarrollo. La consolidación democrática induce a los actores de la sociedad a escoger el camino de dar voz a la articulación de sus intereses, asegurando la lealtad a largo plazo a los principios democráticos. La democratización es un proceso inherentemente inestable.

Una democracia estable requiere un balance delicado entre la coherencia del Estado que delimita la equidad social y el involucramiento que proporciona a las elites económicas privilegiadas, acceso a las instituciones del Estado (Bartlett y Hunter, 1997) La democracia es un sistema que establece métodos, mecanismos e instrumentos de gobierno para la resolución de los conflictos políticos y la negociación de los intereses mediante la confrontación de las opiniones, el establecimiento de reglas y normas que definen la participación y mantienen el equilibrio entre las partes. En sí, el concepto de la democracia tradicional ha sido redefinido para ajustarse a los requerimientos del sistema capitalista.

La nueva estrategia de desarrollo implica no solamente el cambio de estructuras e instituciones, sino también de un cambio profundo en los valores individuales y sociales. Las representaciones colectivas de la realidad de los individuos inciden en los anhelos de cambio. Al cambiar el orden de la vida social debido a los impactos de la globalización en las diferenciaciones en las estructuras sociales, también se modifican las estructuras culturales y sociales. La estrategia de modernización neoliberal se ha absolutizado bajo un dogma ortodoxo que no distingue diferencias de desarrollo entre los Estados nacionales. Las estrategias de desarrollo deben formularse para generar las oportunidades locales y regionales mediante el uso óptimo de recursos y potencialidades existentes.

Las transformaciones de la economía local y regional están influidas por la misma estructura económica, las políticas macroeconómicas nacionales y los procesos de globalización económica. Para acelerar el cambio y no solamente para coexistir, los individuos deben tener facultades y habilidades requeridas para dominar el arte de la retroalimentación y para interpretar la realidad misma que propone transformar. Hay muchas tendencias que indican que este proceso de transformación sostenida ya ha iniciado, aunque se encuentra todavía en un inicio incipiente.

Bien lo aprecia Habermas (1998) al afirmar que el “cambio de perspectiva de las relaciones internacionales a una política interior universal (…)no es suficiente para lograr la institucionalización de procedimientos económicos internacionales de carácter relevante, prácticas y reglamentaciones que permitan la solución de problemas globales. Todavía el estado-nación sigue siendo el sujeto actor principal de las relaciones internacionales en cuyo espacio se asientan las instituciones y los instrumentos de su orden político, económico, social, cultural, jurídico, etc. Es en el espacio nacional donde se manifiestan ciertos fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales definidos por las fronteras territoriales físicas y geográficas.

Es en este espacio del Estado-nación en donde emerge la geopolítica y a partir de aquí surgen en los niveles espaciales internacionales y global la importancia de la geoeconomía. Los procesos acelerados de globalización económica están cediendo su lugar a nuevas formas espaciales de organización geopolítica y geoeconómica. El espacio estatal es cubierto por otro espacio de economía de mercado promovida por las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales supeditando así el espacio nacional al espacio del mercado. Así, el proyecto globalizador de las corporaciones transnacionales avanza la geopolítica y la geoeconomía del espacio nacional al espacio internacional y global. Es en el ámbito espacial global que tienen lugar los diferentes procesos de la globalización en un contexto fragmentado.

Lo que falta es la urgente formación de una solidaridad civil universal (Weltbürgerliche Solidarität) que tendría ciertamente una calidad menor a la solidaridad civil dentro de los Estados nacionales”. Para contrarrestar los efectos perversos del modelo económico basado en los procesos de globalización económica, es necesario que la solidaridad también se globalice. El desarrollo requiere de instituciones capaces de aprovechar los beneficios de la globalización y que propicien la participación política y económica de los grupos de ciudadanos más excluidas y vulnerables. Los beneficios que han obtenido algunas de las naciones del mundo que se han involucrado en los procesos de globalización por sí mismas, se han distribuido en forma equitativa.

Sin embargo otras naciones no lo han logrado, sobretodo aquellas que han tenido la asesoría de las instituciones financieras internacionales. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación. En general, los ciudadanos participan poco o son indiferentes en los asuntos políticos, no se identifican con el juego de la política ni con políticos o partidos políticos a los que desdeñan y en ocasiones desprecian.

Al decir de Willy Brandt (1980), la humanidad nunca antes había tenido recursos técnicos y financieros tan grandes para enfrentar el hambre y la pobreza. Esta inmensa tarea puede ser atacada una vez que la voluntad colectiva sea mobilizada. La solidaridad entre los hombres debe ir más allá de las fronteras nacionales: no se puede permitir que se reduzca a una frase sin significado. La solidaridad internacional debe salir de fuertes intereses mutuos en cooperación y de compasión por el hambre.

La democracia cumple una función importante para la conquista de lo derechos políticos y sociales, de acuerdo a la teoría de acción comunicativa de Habermas (1992:504), quien afirma que “…sólo los derechos de participación política fundamentan el marco legal de los derechos reflexivos y autoreferidos de los ciudadanos. En general, los ciudadanos participan poco o son indiferentes en los asuntos políticos, no se identifican con el juego de la política ni con políticos o partidos políticos a los que desdeñan y en ocasiones desprecian.

Las libertades negativas y los derechos sociales pueden, en comparación, ser concedidos por una autoridad paternalista.. En principio, el Estado constitucional y el Estado de Bienestar son posibles sin una democracia.” . Por lo tanto, puede argumentarse que las constelaciones constitucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables.

Kaiser (1997) propone tres principios básicos los cuales pueden explicar los procesos y resultados de ingeniería constitucional: el conservadurismo institucional, la dependencia institucional y el aprendizaje institucional. Mientras que el conservadurismo institucional y las propuestas dependentistas institucionales nos conducen a esperar que la evolución de los sistema políticos democráticos exhiben diferentes patrones, la propuesta de aprendizaje institucional apunta a la convergencia.

La investigación en la ingeniería constitucional ha tomado nota de los efectos de difusión, tales como la globalización de las comunicaciones que enriquece las bases cognitivas de las cuales escoger. Así, para que la gobernabilidad democrática avance, se requiere de dos instrumentos, la acción comunicativa o debate público y la crítica social. La libertad negativa es la libertad de, por ejemplo, los ciudadanos tienen la libertad de no tener interferencias, restricciones y limitaciones por parte del Estado. Así entonces, la libertad positiva es la libertad que tienen los ciudadanos para, por ejemplo, participar en las decisiones democráticas del gobierno.

Requiere además de instituciones del Estado, que con el apoyo de la ciudadanía gobernada y del sector solidario, reconozcan posibilidades y limitaciones en el imperio de la escasez. Las instituciones bajo el esquema de la globalización tienen que reforzar el que tienen los gobiernos para aprovechar las oportunidades y los beneficios del desarrollo que pueden proporcionar los procesos de integración con economías más desarrolladas. Junto con las elites locales y los capitalistas transnacionales han promovido mayores cambios estructurales en las economías menos desarrolladas a fin de facilitar la creciente integración de la región en la economía global capitalista.

La participación política de los actores y movimientos sociales tradicionales y nuevos en el actual proyecto democrático, que enfatiza la redefinición del papel del Estado y la construcción de una sociedad civil, es muy limitada si se instrumenta bajo esquemas de racionalidad económica. El papel del mercado en el desarrollo es reidificado y subordina las funciones del Estado y de la sociedad, e incluso al régimen político en una dinámica perversa que desintegra el desarrollo social en beneficio del crecimiento económico que en el modelo actual se ha convertido en un fin en sí mismo, ya que mide cuantitativamente el producto interno bruto per cápita y el promedio de consumo real.

El desarrollo social debe pivotar sobre los programas de desarrollo humano que promuevan la formación de capital humano y capital social y que brinden mayores oportunidades de acceso a los recursos y bienes sociales, a efecto de elevar los niveles de calidad de vida. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la “trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos”. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence). Un sistema de gobernabilidad democrática facilita la formación y desarrollo de capital humano y social.

Tanto la sociedad como el Estado son dos actores sociales que pueden promover el desarrollo en forma equitativa y equilibrada. Sin embargo, el desarrollo social debe estar apuntalado por el desarrollo humano, por el desarrollo de la persona mediante la adquisición de capital humano y con mayores oportunidades de acceso a los recursos, para un incremento en los niveles de calidad de vida. El nivel de existencia del capital social (Putnam solo acepta la existencia o no existencia) es determinante de oportunidades para una nación las cuales dependen de sus tradiciones históricas (path dependence).

La reforma del Estado que promueve el Consenso de Santiago intenta rehabilitar la función del Estado como promotor del desarrollo para superar las deficiencias que tienen los mecanismos del mercado y el modelo del Estado mínimo. La tendencia apunta al fortalecimiento de la función regulatoria para la promoción del desarrollo local y regional. Una rehabilitación completa de las funciones del Estado implica que el Estado tenga un papel importante que desempeñar en la regulación, protección y bienestar de la sociedad.

La reestatización o neoestatización de las funciones eliminadas o disminuidas por la aplicación de las políticas económicas y sociales del modelo neoliberal, la cual constituye en sí misma una pieza clave en la expansión de las grandes corporaciones transnacionales. Esta expansión de las empresas transnacionales es precedida por la expansión militar y política de los Estados imperiales. Las alianzas militares de los estados imperialistas y los aparatos militares de otros Estados promueven la penetración y expansión de las transnacionales en los mercados internacionales

Lamentablemente, los movimientos y organizaciones sociales no han podido defender la destrucción de las relaciones comunitarias y de solidaridad. Existen elementos de subjetividad en los análisis de la globalización de los movimientos sociales. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). Cuando los movimientos sociales son protagonizados por grupos excluidos del poder del Estado y que, además, no tienen representación en el sistema económico-político, logran mayor eco cuando vinculan sus inconformidades y reclamos de derechos que han sido postergados con las exigencias de ejercicio de una ciudadanía extensiva. Sin embargo, los logros para mejorar las condiciones de bienestar han sido casi nulos.

Existe una relación cercana entre el desarrollo de los movimientos sociales y el desarrollo democrático, para impulsar las formas democráticas en todos los ámbitos de la organización social. Nuevamente, el pensamiento de Habermas es claro:

“En el proceso de la globalización, la capacidad de cooperación de los egoístas racionales se encuentra rebasada. Las innovaciones institucionales no tienen lugar en sociedades –cuyas élites gubernamentales son capaces de tales iniciativas- si no encuentran antes la resonancia y el apoyo en las orientaciones valorativas reformadas de sus poblaciones. Por esta razón los primeros destinatarios de este proyecto no pueden ser los gobiernos, sino los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales, es decir, los miembros activos de una sociedad civil que trasciende las fronteras nacionales. Sea como fuere, la idea nos lleva a pensar que la globalización de los mercados debe ser reglamentada por instancias políticas: las arduas relaciones entre la capacidad de cooperación de los regímenes políticos y la solidaridad civil universal (Weltbürgerliche Solidarität)

La organización de los movimientos sociales democráticos desafía los poderes autocráticos establecidos, pero lamentablemente al igual que muchas organizaciones no gubernamentales, se orientan más por un sistema democrático representativo que obstaculiza el desarrollo de uno más participativo. Las demandas de los movimientos se encuentran conectadas con luchas contra sistemas de explotación o por la profundización y ampliación de sistemas políticos más democráticos.

Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Luxemburgo (1977) afirmó que “si la democracia se ha convertido para la burguesía en algo en parte superfluo, en parte enojoso, para la clase obrera resulta necesaria e indispensable. Es necesaria, en primer término, porque crea las formas políticas (autodeterminación, sufragio, etc.), que servirán al proletariado de impulso y apoyo en su transformación de la sociedad burguesa. Pero resulta indispensable también, en segundo lugar, porque sólo en ella, en la lucha por la democracia, en el ejercicio de sus derechos, puede llegar el proletariado a tomar conciencia de sus intereses de clase y de sus tareas históricas”. En este tipo de democracia burguesa se está muy lejos de aceptar la diversidad cultural y étnica. Las luchas sociales por la ciudadanía y por la democracia deben estar amparadas y comprendidas dentro de un marco de gobernabilidad democrática, para allanar los excesos de quienes tienen más poder.

Los movimientos sociales y de la izquierda que se han enganchado en las arenas de los gobiernos locales como agentes de cambio, están confluyendo las funciones del Estado y las funciones de las organizaciones civiles en proyectos colaborativos. La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados.

La izquierda ha asimilado y repetido la retórica de la doctrina del libre mercado y ha denunciado el desmantelamiento de las funciones del Estado. Las alianzas entre los movimientos de izquierda y los movimientos globalifóbicos pueden representar un frente de oposición y resistencia muy fuerte a los procesos de globalización que promueven las grandes corporaciones transnacionales en sinergia con los Estados-nación imperialistas, quienes detentan y concentran la propiedad y el control de las principales transnacionales.

Los gobiernos locales tienen un papel importante como agentes del desarrollo económico y social para garantizar la competitividad de las localidades en la dinámica de una economía globalizada. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales.

Los gobiernos locales como agentes del desarrollo tienen experiencias diversas para enfrentar los problemas de una realidad local. El desarrollo económico regional es descrito como los incrementos en el volumen de las operaciones económicas, tales como el producto agregado y el ingreso total entendidos como la suma del valor de lo producido en las diferentes actividades económicas y como la suma total de los ingresos generados para quienes participan en dichas actividades (Tarapuez Chamorro, 2001) La economía regional está determinada por la misma estructura económica, las políticas macroeconómicas nacionales y los procesos de globalización económica.

Esto debido principalmente a que los gobiernos locales no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas para cumplir con sus funciones. El desempeño de los gobiernos locales se encuentra limitado por las características regionales, la estructura de la sociedad y los sistemas de organización para la producción, distribución y consumo que se tengan. Los movimientos sociales que logran interpelar al sistema económico-político y al conjunto de la sociedad, sensibilizan a la opinión pública en torno a problemas que trascienden las preocupaciones privadas y particulares de cada uno de los individuos. Los movimientos establecen sus demandas en la lucha contra los sistemas explotativos y por la profundización y ampliación de la democracia.

Las “cybercommunities” como grupos de acción colectiva transnacionales canalizan las preocupaciones de las organizaciones locales para contrarrestar los efectos perniciosos de los intereses hegemónicos de las corporaciones transnacionales y de la globalización económica, por ejemplo. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La acción colectiva y la cohesión comunitaria dependen más de lazos interpersonales débiles que de lazos interpersonales fuertes los cuales incrementan la cohesión de quien es parte del grupo y la exclusión de quien no lo es. Cuando la acción colectiva supera la fase de latencia y entra en el escenario de oportunidad para expresar las reivindicaciones, su presencia se hace visible para ejercer un repertorio de contestación. La acción colectiva y el costo de participación se cruzan con los resultados que se obtienen cuando la estructura de oportunidades cambia.

Sin embargo, las prescripciones del modelo de desarrollo neoliberal está drenando el significado y las metas de la política desde que todas las luchas por el poder serán en vano, dada la desaparición del Estado como un centro de poder o como un instrumento de cambio (Poitevin, próximo a publicarse) Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición”. A pesar de los procesos de globalización económica, si tiene que haber algún tipo de respuesta democrática a la ascendencia del neoliberalismo, entonces la transformación del Estado a través de los movimientos sociales queda como un camino válido (May, 1997)

Por lo tanto, la legitimidad del gobierno está determinada en parte por su capacidad para resolver los problemas y los conflictos sociales que surjan. Corresponde al proyecto político desactivar las tensiones causadas por la hegemonía del mercado. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible.

La legitimidad es "el atributo de una relación social en donde una de las partes le concede a la otra el derecho de mando, aceptando la obligación relativa de obediencia, sin importar cuales sean los fundamentos de estas creencias" (Loza Otero, 1999) La legitimidad de un sistema tecnocrático se centra más en el desempeño económico del gobierno. Mientras que la responsabilidad de los partidos políticos legitiman la democracia mediante los mecanismos de representación que afectan la gobernabilidad, los partidos políticos son vistos como agentes de reclutamiento del gobierno y como agentes de participación política.

La institucionalización de los partidos políticos es un elemento esencial para lograr una gestión política efectiva de la gobernabilidad, cuya calidad se vincula con los arreglos político-institucionales. Las interacciones entre la sociedad y los partidos políticos son complementarias y no deben analizarse como un juego de suma cero donde hay un ganador y un perdedor. Los componentes de la sociedad civil pueden contribuir a potenciar la ideología y los programas de acción de los partidos políticos, para que representen intereses heterogéneos. La satisfacción con la forma de gobierno en sí misma no significa legitimidad, sino que también es importante considerar las actitudes hacia las otras alternativas políticas extremas manifiestas en esos intereses heterogéneos.

Las organizaciones que integran la sociedad civil y los partidos políticos están compuestos por ciudadanos cuya única diferencia es de naturaleza jurídica. La sociedad civil está formada por agrupaciones que tienen intereses públicos, privados o ambos, mientras que los partidos políticos son de interés público. Sin embargo, tanto la sociedad civil como los partidos políticos tienen funciones y actividades que son complementarias y por lo tanto no tienen intereses necesariamente antagónicos. Los partidos políticos buscan el acceso al poder político, realizan la gestión social y proponen proyectos económicos, punto en el que hay mucha coincidencia con las funciones de las organizaciones de la sociedad civil, aunque los partidos políticos representan los intereses generales y pueden beneficiarse con las acciones de las organizaciones civiles que persiguen intereses más específicos.

La capacidad de organización comunitaria entre los diferentes sectores de la población, sobretodo los más desprotegidos que padecen carencias, o en situaciones extremas de desastres, ha motivado la emergencia espontánea del apoyo solidario de diferentes grupos de la sociedad civil, desafiando la lentitud en las respuestas de las instituciones gubernamentales. Debido a que las respuestas a los diferentes problemas comunitarios surgen de las propias organizaciones de la comunidad, su conocimiento y su compromiso son más profundos que los diseñados por las instituciones públicas. El diseño de estrategias que responden más rápidamente y con una mayor duración a la solución de los problemas, neutraliza los mecanismos institucionales de apoyo gubernamental.

Para evitar esta organización espontánea de la sociedad civil, los gobiernos privilegian programas de asistencia social donde no se haga mucho énfasis en el desarrollo comunitario y donde se encubra el apoyo gubernamental como despojado de su carácter de proselitismo político. La promoción del desarrollo comunitario tiene fines pragmáticos al intentar hacer algo por los miembros de la comunidad, y fines democráticos al buscar la autoafirmación como comunidad. Así entonces, la sociedad civil es vista como un receptáculo inerte de todo lo que haga el gobierno. No obstante, la devolución del poder social y político a las comunidades, junto con la implementación de una política económica inclusiva por el Estado, es crucial para la promoción de un desarrollo participativo y justo.

Esta puesta en práctica del diseño de una política económica requiere que las reglas de juego establecidas y acordadas entre los diferentes agentes económicos y actores políticos sean, además, cumplidas. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones. Los actores económicos, sociales y políticos estratégicos aprovechan las estructuras de poder para ejercer influencia a favor de las decisiones que benefician sus propios intereses. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos.

En este tipo de desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil representan un papel central en la promoción y facilitación de la participación social en la definición de las políticas de desarrollo, la cual es delimitada como un problema de gobernabilidad en la que se determinan las reglas de juego de los agentes para la formulación de las políticas públicas. Lechner (2000) sostiene que las políticas de desarrollo tienen que manejar complementariamente la modernización y la subjetividad. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). La autonomía de la sociedad civil necesita fortalecerse convertirse en un verdadero interlocutor de los agravios del Estado.

La autonomía local descansa en el ejercicio que tienen los ciudadanos para juzgar las acciones de los gobiernos locales quienes tienen responsabilidades de una correcta toma de decisiones en sus competencias ante la comunidad. La reforma del Estado modifica su capacidad reguladora y su papel de protección y asistencia a la comunidad. De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales.

Con la crisis del Estado-nación y su abandono como gestor de una política social que provea el bienestar social, surgen interrogantes sobre cómo deberá estructurarse los aspectos sociales ante el inminente retiro de estas funciones que ejercitaba lo político. Esta política de compensación a los requerimientos y demandas de los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales sobrecargan las estructuras político burocráticos y provocan la crisis del Estado de Bienestar.

Por lo tanto, existe una doble crisis, la crisis de lo político y la crisis del Estado que viven las democracias institucionalizadas. En la crisis de lo político, la crisis del Estado de Bienestar no necesariamente incide en la crisis de la democracia. La crisis de lo político es caracterizada por Ramos (1994) por débiles implicaciones políticas subjetivas, escasos sentimientos de competencia, relevancia de las actitudes desconfiadas y cínicas hacia los políticos, así como una muy baja identificación partidista. Así, en la crisis de lo político, la crisis del Estado de Bienestar no es la causante de la crisis democrática (Del Alamo, 2001).

Hasta ahora, la implementación de la política social ha focalizado a los más pobres y provocado reacciones de resistencia en los sectores de la clase media que no reciben beneficios a pesar de que también sufren las consecuencias de la política económica. Thoreau ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, a rechazar la obediencia y lealtad y a resistir un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables.

Lo que es necesario, es cambiar los términos de la política social a través del establecimiento de un pacto político-social para subordinar el interés individual al interés de la sociedad. Este pacto debe ser el resultado de acuerdos entre partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil de carácter asistencial social, a partir del desarrollo y la participación solidaria de la organización comunitaria de la sociedad civil. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil.

En realidad, la orientación estratégica de la política económica no se modificaría si existe un conjunto de mecanismos acordados y aceptados por todos los agentes económicos y actores políticos, cuando estos ajusten sus expectativas. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.