LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECON?MICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACI?N

La crisis de la gobernabilidad del Estado-nación.

La globalización económica y la revolución tecnológica de la información comenzaron a erosionar las funciones y capacidades de los gobiernos de los Estado-nación para intervenir políticamente en las estructuras de las instituciones económicas y en la modificación de las condiciones del mercado, desde la década de los setenta. Durante la segunda mitad de la década de los setenta se inicia la transferencia del poder y del mando del Estado al mercado mediante programas de desregulación, que en realidad son la regulación por el mercado.

Muchos de los cambios actuales fueron iniciados por los mismos Estados-nación, un tanto presionados por los procesos de globalización, las cuales transforman las comunidades políticas y modifican las funciones del Estado-nación. Es en este sentido que Wallerstein (1999,1994, 1983) sugiere que la unidad de análisis no debe ser el Estado-nación o la sociedad nacional, sino el sistema-mundo en su conjunto. La sociedad nacional contenida en el espacio territorial nacional es más homogénea y cohesiva que la sociedad global contenida en la unidad de espacio global.

No obstante, está naciendo una sociedad civil globalizada que se ha manifestado en movimientos antiglobalizadores con cierto éxito relativo, como en el caso de la campaña para la prohibición de minas personales y el movimiento Jubileo para la condonación de la deuda externa de los países más pobres. Hay que considerar que por definición, la sociedad es restringida al nivel nacional, esto es, la sociedad se contiene en el espacio nacional. No obstante, la sociedad local y regional es un actor social que adquiere más relevancia en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo equitativo y equilibrado.

En el espacio global se representan los fenómenos de globalización los cuales se expresan en un contexto de fragmentación. La fragmentación territorial del Estado ha dado lugar a una creciente autonomía espacial de los gobiernos regionales y locales como una fuerza que se contrapone a los procesos de globalización y que generan tensiones dando como resultado una dispersión internacional de acuerdo con Torrijos (2001). La autonomía municipal se clasifica en política y administrativa.

Es autonomía política la que se refiere directamente al ejercicio del poder de elegir y gobernar y la autonomía administrativa se refiere al funcionamientos de las organizaciones. De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes. La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

La autonomía local, de acuerdo a Castells (1999: 292) tiene como fundamento la idea de que los ciudadanos son los que se encuentran mejor ubicados para evaluar y juzgar las acciones de los gobiernos y que se requieren potenciar mecanismos que permitan a estos gobiernos locales tomar decisiones en los asuntos que les competen, ya que son responsables efectivos de sus acciones ante la comunidad. La autonomía de los pueblos es una condición esencial para determinar la soberanía y la independencia política. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas son preferidas a aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible.

Con base en los trabajos de Wallerstein, es cuestionable hasta donde la soberanía y la autonomía de los Estados-nación han sido realmente respetados por los poderes económicos hegemónicos y globales. La baja autonomía política de los Estados-nación está determinada por las políticas económicas neoliberales que atacan directamente las capacidades para decidir sus propios destinos. Wallerstein plantea la desintegración social como un escenario inevitable. Los procesos globales y regionales implican a las comunidades políticas locales y nacionales mediante procesos de coordinación de expectativas, que las convierte en más interdependientes para la resolución de problemas transfonterizos, regionales e internacionales.

El Estado-nación entra en crisis al no poder contener las funciones étnico-regionales erosionadas por el avance de las fuerzas globalizadoras y al no poder controlar la nueva economía, la cual tampoco resuelve la crisis del sistema capitalista tal como se estimó. La crisis del Estado-nación es estructural y se manifiesta en tendencias contradictorias hacia la supranacionalidad y hacia la intranacionalidad, en su incapacidad para cumplir con sus funciones, principalmente las de implementación de políticas sociales.

Esta política de compensación a los requerimientos y demandas de los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales sobrecargan las estructuras político burocráticos y provocan la crisis del Estado de Bienestar. La política de compensación a los requerimientos y demandas de los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales sobrecargan las estructuras político burocráticos y provocan la crisis del Estado de Bienestar

Por lo tanto, existe una doble crisis, la crisis de lo político y la crisis del Estado en las democracias institucionalizadas. Sin embargo, en la crisis de lo político, la crisis del Estado de Bienestar no incide necesariamente en la crisis de la democracia. En la crisis de lo político, la crisis del Estado de Bienestar no incide en la crisis de la democracia. La crisis de lo político es caracterizada por Ramos (1994) por débiles implicaciones políticas subjetivas, escasos sentimientos de competencia, relevancia de las actitudes desconfiadas y cínicas hacia los políticos, así como una muy baja identificación partidista (Del Alamo, 2001). La ausencia de políticas sociales destruye el tejido social. Precisamente, el diseño de adecuadas políticas sociales como mecanismos de protección en prevención de situaciones de emergencias y crisis sociales, constituye una actividad con una orientación económica rentable que prioritaria del Estado, en vez de revertir los costos de la crisis.

El elemento común de la crisis de gobernabilidad es la falta de funcionalidad de las instituciones para dar solución a los problemas, por lo tanto, la crisis de la gobernabilidad democrática se manifiesta debido a la debilidad de las instituciones democráticas, resultado de otra crisis, la democrática. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado.

De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones democráticas cuyo poder se asegura mediante el “enjaulamiento” de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder. Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Involucrarse en la acción colectiva, los actores buscan traer el ansiado bien colectivo y dar forma a la colectividad con respecto al bien colectivo.

Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes. Las estrategias de competitividad sistémica que requieren los procesos de la globalización entre las personas involucradas, están determinadas por los beneficios que reciben de la acción colectiva los participantes, quienes en ocasiones en un comportamiento del clásico “gorrón” causan más problemas cuando se aprovechan para sacar ventajas de su poca o nula contribución al esfuerzo sin los pagos correspondientes de la cooperación.

De acuerdo al investigador, “es probable que la actitud de muchas sociedades ancladas sea la de negarse a aceptar, a ciegas, la superposición de capas de la ya formada gobernabilidad global, pero la gobernabilidad reluctante implica el reconocimiento de estándares universales de democracia (poliárquica o consociativa) sobre los que se funda y se explica” (Torrijos, 2001). Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política.

La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad La crisis de la gobernabilidad democrática y la inestabilidad de las instituciones son características de las democracias participativas que requieren de la implantación de programas de desarrollo humano para mejorar sus sistemas de gobernabilidad.

Torrijos (2001) ha denominado gobernabilidad reluctante a la tendencia de las sociedades actuales a buscar la gobernabilidad democrática a pesar de las condiciones críticas económicas, políticas y sociales en que se encuentran, la cual considera que es una gobernabilidad que emerge desde la ingobernabilidad de ambientes de alta incertidumbre, inestabilidad y caos. La crisis de la democracia es un remanente de una deficiente regulación del mercado.

Las crisis de la gobernabilidad son resultado de las debilidades del Estado, disfuncionalidades de las instituciones económicas, políticas y sociales que erosionan los sistemas democráticos y dan lugar a regímenes híbridos. Cuando este tipo de ambientes de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los problemas. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas.

Resulta una contradicción que en una sociedad postindustrial que desarrolla sistemas de producción flexibles, las mega corporaciones tienen la tendencia a centralizar más los procesos decisorios y de estrategias. Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de “esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política”. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad

Esta carencia de funcionalidad de las instituciones se debe a la falta de arreglos institucionales y negociaciones entre los diferentes agentes económicos. A pesar de que la administración de finales del siglo XX obscurece la del siglo XXI, las ciencias administrativas enfrentan la tarea de forjar una nueva administración en las sociedades que se encuentran en crisis de dirección, lo cual debilita las percepciones colectivas, exacerba el individualismo y la introversión y erosiona los fundamentos morales de la vida comunitaria.

En la dialéctica entre comunitarismo e individualismo se hace patente el reconocimiento del potencial de autoritarismo que contiene el sistema capitalista en su declaración y su inclinación por los derechos del individuo. Aristóteles hace una distinción entre lo que llamaríamos colectivismo, una acción común dirigida desde arriba y un comunitarismo en el que los ciudadanos tienen fines personales no siempre coincidentes, pero saben ponerse de acuerdo acerca de los medios. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas. Pues la buena economía dice que hay que utilizar los recursos comunes para favorecer a todos en la mayor medida posible. Usamos los mismos instrumentos para lograr fines personales no idénticos. Pero si cada uno obra por su cuenta, el resultado puede ser que todos salgan perdiendo

Este conjunto universal de valores se forjan con referencia a las metas últimas de la administración, los cuales tienen que ser redescubiertos a fin de reconstruir la nueva administración en la tradición moral de las sociedades modernas. A pesar de que ciertos valores de la administración son universales en carácter, en particular porque son promulgados vía las ideologías socio económicas y las doctrinas políticas y legales, no hay esperanza de que triunfen en los países, a menos que se adapten al medio ambiente cultural de cada uno de ellos.

Las crisis de gobernabilidad democrática afectan el desempeño de las instituciones del sistema político y a la inversa, si las instituciones no son eficientes, la gobernabilidad se ve disminuida. Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Involucrarse en la acción colectiva, los actores buscan traer el ansiado bien colectivo y dar forma a la colectividad con respecto al bien colectivo. Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de “esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Resulta una contradicción que en una sociedad postindustrial que desarrolla sistemas de producción flexibles, las mega corporaciones tienen la tendencia a centralizar más los procesos decisorios y de estrategias. La calidad de la gobernabilidad democrática se vincula con los arreglos político-institucionales. Para superar las crisis de gobernabilidad democrática y la inestabilidad institucional de los sistemas democrático participativos, se requiere se requiere de la implantación de programas de desarrollo humano.

De acuerdo con Altman (2001a) las crisis de gobernabilidad democrática “se dan en países con sistemas de partidos muy poco institucionalizados, donde la fragmentación partidaria es alta, la disciplina es baja, el presidente goza de fuertes poderes ejecutivos y fue electo haciendo una campaña anti-establishment, la confianza en las instituciones es muy limitada y donde el Estado deja, como O’Donnell dice, muchas zonas “marrones”, es decir, en los sectores de la sociedad donde el Estado está ausente.

Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de “esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política”. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad El debate sobre la crisis de la gobernabilidad democrática se centra en la relación causalidad versus casualidad de los fenómenos. La crisis de gobernabilidad democrática es una crisis que lleva implícita las estructuras estatales y el fin de la política, anunciada por Marx.

En realidad, las estructuras estatales se convierten en obstáculos para el cambio y la transformación. Frente a esta crisis del Estado-nación es necesario la construcción teórica de nuevos modelos de organización política y económica, de nuevas formas y desarrollos de gobernabilidad. Esta política de compensación a los requerimientos y demandas de los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales sobrecargan las estructuras político burocráticos y provocan la crisis del Estado de Bienestar. Esta política de compensación a los requerimientos y demandas de los diferentes agentes económicos y actores políticos y sociales sobrecargan las estructuras político burocráticos y provocan la crisis del Estado de Bienestar.

Por lo tanto, existe una doble crisis, la crisis de lo político y la crisis del Estado en las democracias institucionalizadas. En la crisis de lo político, la crisis del Estado de Bienestar no necesariamente incide en la crisis de la democracia. La crisis de lo político es caracterizada por Ramos (1994) por débiles implicaciones políticas subjetivas, escasos sentimientos de competencia, relevancia de las actitudes desconfiadas y cínicas hacia los políticos, así como una muy baja identificación partidista (Del Alamo, 2001). El Estado-nación pierde el monopolio de la violencia y abandona sus funciones de proveedor de bienestar social. Sin embargo, la aserción de que el Estado-nación está llegando a su fin, no es de todo una realidad, ya que difícilmente los espacios nacionales se fusionen en un solo espacio mundial.

La conceptualización del espacio físico y territorial ha evoluciona a una forma más dinámica y abierta. La desterritorialización del Estado nacional está dando origen a nuevas formas de organización espacial tanto geopolíticas como geoeconómicas. Arellanes Jiménez (2001) caracteriza este espacio como un “concepto dinámico, abierto, cambiante, flexible y multilineal e histórico que se va aplicando a diversas circunstancias, coyunturas, cambios, actores, sujetos y relaciones.” Ciertamente, las economías nacionales se transforman y al fusionarse con otras no desaparecen, aunque su margen de autonomía y gobernabilidad si se reduce por la interdependencia.

La tendencia globalizadora de la gobernabilidad promueve la implementación de procesos democráticos, la legitimación de las decisiones gubernamentales y la aplicación de las leyes en cada uno de los Estados-nación. Así la gobernabilidad está determinada por un balance de éstos estándares transnacionales, democracia, legitimidad y regla de la ley, (Franck, 1999) que están emergiendo en las últimas dos décadas y que están siendo aceptados por convergencia global de lo que debe ser una buena gobernabilidad democrática. Esta convergencia supone que el mercado y la democracia están estrechamente vinculadas al desarrollo económico.

El propio concepto de democracia ha sido reelaborado para ajustarse a los requerimientos del sistema capitalista. Más que el modelo de la convergencia del mercado y la democracia, es el enfoque del conflicto el que más se acerca a explicar la realidad. Un análisis de la convergencia del mercado y de la democracia nos muestra los límites de una supeditación de la democracia al mercado, lo que se demuestra con un desarrollo económico que tiene poca relación con la democracia.

El elemento común de la crisis de gobernabilidad democrática, argumenta Prats (2000),es la incapacidad de las instituciones democráticas para asumir y procesar democráticamente el conflicto. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado. Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de “esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política”. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. Para superar esta crisis de gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones, características de los sistemas democrático participativos, se requiere de la implantación de programas de desarrollo humano.

La aceptación de los agentes y actores para que las instituciones actúen como reglas del juego, está determinada por las expectativas de los beneficios que esperan recibir de dichos arreglos institucionales. No siempre las instituciones democráticas garantizan por sí mismas resultados eficientes y eficaces de la aplicación de políticas públicas. Las instituciones, afirma Coppedge (1996) afectan el “horizonte de posibilidad” de los actores, y a su vez, éste afecta la acción de los actores sobre las instituciones.

Todos los individuos, por el hecho de ser humanos y en reconocimiento a su personalidad, en cualquier parte del mundo tienen derecho a igual titularidad de estándares mínimos de democracia, legitimidad y a la regla del derecho, los cuales pueden ser monitoreados por instituciones transnacionales no gubernamentales o gubernamentales. Los estados democráticos que se ajustan internamente a la regla del derecho y aceptan las decisiones en su contra de las instituciones de justicia, también son más propensos a aceptar la regla del derecho internacional y a respetar sus acuerdos, por lo que los principios de la gobernabilidad nacional refuerzan los principios de la gobernabilidad internacional.

Las diferencias en el contexto político entre la gobernabilidad en el ámbito internacional y a escala local radican en la intensidad de uso del principio de legitimidad democrática. El punto medular aquí es lograr la conciliación entre las reglamentaciones nacionales y la creación de un derecho regional o internacional que dé respuesta a los cambios que impone la globalización y que por otro lado, respete los marcos históricos, culturales y jurídicos de las sociedades nacionales. En el ámbito local y regional, la sociedad adquiere importancia como un actor social en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo social más justo y equilibrado. Pero corresponde a los gobiernos el mérito de que bajo su protección se produce el crecimiento económico.

La legitimidad democrática tiene que aplicarse a escala de las prácticas propias de las organizaciones internacionales, aunque tienen que seguir siendo la preocupación de las instituciones de los gobiernos nacionales y locales. Las organizaciones internacionales tienen que balancear sus actividades con la necesaria transparencia, pero, además estrechar contactos con el liderazgo público y de las comunidades nacionales y locales, a través de instituciones y mecanismos que incrementen su legitimidad democrática. La legitimidad democrática y la credibilidad en los procedimientos son debilitadas por deficiencias en la regulación del mercado. Esta debilidad puede dar motivo a un sistema de alternancia donde los mecanismos democráticos sean reemplazados por intereses de grupos étnicos o religiosos.

La teoría normativa que juzga a las instituciones globales es una base importante para el desarrollo de la gobernabilidad global, pero como (Keohane y Nye, 2001) sugieren, más que lograr instituciones fuertes para alentar una integración profunda, es más apropiado perseguir una imagen de “minimalismo de redes” bajo un enfoque de acción de subsidiariedad. Las instituciones multilaterales no deben competir más que confiar en las funciones de las instituciones domésticas.

Si se sigue haciendo énfasis en las instituciones internacionales antes de que adquieran la legitimidad democrática, la trasparencia y la rendición de cuentas necesarias, entonces la gobernabilidad global está condenada al fracaso. Al decir de Haliday (1997: 23), ya se cuenta con un sistema de gobernabilidad global con muchas capas, aunque “uno de los problemas principales es el de resolver, a través de reformas, los efectos de un sistema que ha estado vigente durante varias décadas. El aprendizaje institucional es una solución racional de la dificultad de predecir los efectos futuros de la reforma. La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio. ¿Cómo hacer que este sistema de gobernabilidad sea más efectivo, más justo, y más responsable frente a la cambiante situación internacional?”.

El diseño de instituciones democráticas bien articuladas y efectivas, en nuevas formas de gobernabilidad global, de conformidad con la normalización democrática, es uno de los principales retos que aguardan en el futuro. Las nuevas formas de gobernabilidad de lo colectivo deben sustituir a las estructuras rígidas y pesadas que no dan respuesta a exigencias de la individualidad con orientación abierta y que por lo tanto requieren la emergencia de nuevas formas colectivas con estructuras más abiertas, flexibles y livianas que respondan a las exigencias de la individualidad con orientación abierta.

El diseño institucional enmarcado en procesos electorales y decisionales, sostiene Ayala (2001), es un proceso de ensayo y error. El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997).

Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente. La propuesta de aprendizaje institucional sostiene que los actores políticos que quieren cambiar aspectos de sus sistema son influidos por un grado considerable ya sea por el sistema político al cual están cultural o geográficamente más próximos, o cuando hay un acuerdo para un cambio fundamental por modelos que son considerados ser historias de éxito excepcional. Cada decisión en materia de diseño institucional tiene que ser el resultado de un proceso de negociación lo cual contribuye a lograr la gobernabilidad democrática.

Se requiere el diseño de instituciones que modifiquen e institucionalicen una mezcla de las opciones de salida y voz dentro del sector público como un medio de apoderamiento dentro del sector público mediante la participación de la sociedad civil en una red de asociaciones voluntarias, de tal forma que se transforme el centro de las instituciones de gobernabilidad pública, mediante la combinación de voluntarismo con procedimientos de seguridad de voz. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. El mercado es una construcción social que operacionaliza relaciones sociales. Las instituciones de gobernabilidad emergen precisamente de las disparidades del potencial para la creación del valor. El principio de libertad debe ser protegido mediante una clara separación de la fuerza del Estado lo que hace posible que la institucionalización se presente en un sistema político plural que acepte como normalidad las diferencias. (Sorensen, 1997)

Las instituciones que sustentan una gobernabilidad internacional efectiva tienen que estar apuntaladas por un grupo de Estados nacionales democráticos, cuyos intereses converjan con una clara orientación a respetar y proteger los derechos de los países menos favorecidos. En el momento en que los países desarrollados dejen de formular e implementar políticas menos interesadas, la gobernabilidad internacional se legitima a largo plazo. La emergencia de estos derechos ya protegidos por leyes internacionales y que están siendo reconocidos por las instituciones de los diferentes Estados-nación puede ser la garantía de que una buena gobernabilidad también persigue la paz y la colaboración entre los diferentes pueblos del mundo.

En este sentido, la democracia sería un excelente instrumento para dirimir y resolver conflictos, siempre y cuando estos se sometan al marco de la regla del derecho. Gobernabilidad es también el sistema de gobierno para la resolución de los conflictos. La negociación de los intereses, más que al acuerdo de la mayoría es el instrumento democrático para resolver las diferencias de intereses entre las naciones y entre los individuos al interior de cada nación. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas son preferidas a aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible.

Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Esta tendencia es resultado de una mayor interdependencia de las economías y las industrias nacionales que modifican sus ámbitos de relaciones y de decisión desafiando los sistemas de gobernabilidad del Estado-nación basados en una política de integración del Estado a la satisfacción del bienestar de la sociedad. La modernización de las estructuras del Estado-nación significó la formación de las identidades y el carácter de lo nacional, la concentración del poder basado sobretodo en lo militar y la unificación territorial de un mercado interno.

Estudios empíricos en sociedades premodernas y pequeñas permiten concluir que la gobernabilidad puede lograrse sin la necesidad de mantener un ominoso y costoso aparato burocrático. Estudios empíricos han demostrado que en las sociedades sin Estado, se identifican las condiciones en las que las personas mantienen el orden sin formas de gobierno centralizadas y jerárquicas, entre las que sobresalen, las creencias y valores comunes en el grupo para lograr la coordinación, interrelaciones múltiples y directas para el trato cara a cara entre los individuos, reciprocidad, y el uso de la crítica y la vergüenza como formas de control social (Larmour, 1997).

Por lo tanto, la titularidad a los derechos de una buena gobernabilidad ya no está delimitada por la soberanía nacional, es decir, por una soberanía que define la capacidad de gobernabilidad de los sistemas del Estado nacional, sino por instituciones transnacionales que se han erigido en los guardianes de la gobernabilidad mundial, porque todavía estamos muy lejos de la emergencia de un Estado mundial. Sin embargo, la presencia de un estado mundial o global requerirá de instituciones democráticas que diriman los conflictos políticos, económicos, sociales, judiciales, etc. entre los diferentes grupos multinacionales.

Por otro lado, las fuerzas de la globalización tienen el poder suficiente para arrastrar a los Estados-nación e imponerles la implementación de los criterios de gobernabilidad, pero las consecuencias de sus fallas ya empiezan a mostrar problemas también en el ámbito global. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición”. Es en este sentido que se puede afirmar que ante los procesos de globalización económica, el mundo parece ser más gobernable pero esta gobernabilidad difícilmente es democrática.

La cooperación de las agencias públicas y privadas en todos los niveles (individuos, organizaciones no gubernamentales, locales, nacionales, regionales, mundiales, etc.) puede incrementar la gobernabilidad no solamente de los sistemas del Estado nacional sino también de todos los otros sistemas de gobernabilidad de la sociedad. Los manipuladores pueden tener la expectativa de que otros cooperan, dándose el problema del “gorrón”, pero las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. El capital social resuelve este problema del gorrón, mediante la implantación de estrategias de sociabilidad que fortalecen los lazos de confianza, cooperación y generosidad entre las partes. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales.

Esto da la oportunidad a cada uno de los miembros para ser más efectivos en el gobierno de sus funciones específicas y en el control de sus actividades. Si se desarrolla esta capacidad de gobernabilidad compartida y se comparte el poder entre las diferentes agencias también se fortalece la soberanía y la solución de los problemas nacionales se torna más fácil. El Estado nacional democrático representa un papel importante en la división de las funciones de gobernabilidad en todos los niveles, internacional, regional, nacional y local.

La acentuación de la falta de gobernabilidad es resultado de una política macroeconómica inestable que ha dado pie a cambios bruscos en los criterios de manejo de las políticas económicas y sociales. La ausencia de gobernabilidad genera conflictos de competencia entre los diversos agentes económicos, crea inestabilidad en los mercados financieros y de inversión, debilidad del sistema financiero, vulnerabilidad fiscal eleva los costos de transacción, etc., lo cual repercute en la inestabilidad política y social y en la falta de un acuerdo político-social. Las naciones que tienen niveles más altos de crecimiento económico sn aquellas que mantienen sistemas de regulación de sus mercados financieros.

El nivel de los costos de transacción mide el funcionamiento de la economía en función de la calidad de las instituciones. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Para mitigar los problemas derivados de altos costos de transacción, problemas de agencia y complejos sistemas de contratación, los arreglos institucionales varían de acuerdo a las diferentes formas organizacionales. Pero esto no es suficiente, para explicar el desempeño de una política económica que disminuya el empleo discrecional de los recursos y el oportunismo de los burócratas.

Taylor y Singleton (1993) argumentan que los costos de transacción se reducen en la administración común de los recursos, y existe menos incertidumbre en lo que cada uno quiere, los intercambios son fáciles de identificar e implementar, el monitoreo y la aplicabilidad informal son menos costosos. Las instituciones afectan los costos de producción y los costos de transacción. Los diferentes arreglos institucionales pueden mitigar los problemas de costos de transacción altos, complejidad de los sistemas de contratación interna y disfuncionalidades de la agencia, dependiendo de las diversas formas de organización.

Costos bajos de transacción y que se encuentren relacionados con la ausencia de sentido político y de instituciones políticas de la comunidad o de las autoridades puede dificultar los procesos de elección de políticas públicas. Pero estos procesos de elección de los diferentes agentes económicos y actores políticos, así como sus posibles comportamientos son inciertos. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones. Los intereses a corto y largo plazo de los agentes económicos reflejan las inconsistencias intertemporales de cambio en las instituciones. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos.

Costos de transacción elevados agregan “ineficiencia operacional” (Villareal, 2000) o “ineficiencia de transacción”, es decir, agrega costos adicionales al valor real de los productos o servicios, como en el caso de transacciones comerciales que estén basadas en un sistema jurídico que dé confianza a los agentes económicos. Los diferentes arreglos institucionales pueden reducir los problemas de los altos cotos de transacción y de la agencia, mediante estructuras de gobernabilidad con diferentes formas organizacionales. Los mercados que no tienen las instituciones adecuadas operan con ineficacia e ineficiencia. Las instituciones deben cumplir con tres elementos básicos: reglas de juego claras, jugadores transparentes u organizaciones y un sistema de incentivos a la productividad y eficiencia.

La inestabilidad política reduce la voluntad y la capacidad de los países para el servicio de su deuda externa y para asumir medidas de ajuste estructural y de austeridad sin poner en riesgo a la nación. Las crueles medidas de austeridad han sido adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de la región a fin de reducir sus gastos en educación, salud y otros servicios sociales de tal forma que pueden servir a la combinación de deudas de los sectores privados y públicos de los diferentes países.

Los análisis del ajuste estructural se refieren al cálculo económico de las expectativas y no consideran la apreciación a la dimensión subjetiva. Estas políticas de ajuste estructural neoliberal han involucrado completamente la apertura de los mercados domésticos de los países latinoamericanos al capital transnacional, la promoción de las llamadas exportaciones no tradicionales a fin de ganar divisas extranjeras tanto como sea posible para pagar las deudas, y la desregulación del capital local y los mercados comerciales, que han involucrado las impopulares medidas de austeridad fiscal dirigidas a reducir los servicios públicos y a privatizar muchas de los servicios públicos y empresas públicas, de tal forma que los fondos públicos estén destinados al pago de las deudas.

La privatización de los beneficios, riesgos y responsabilidades de los servicios públicos, también enajena las aspiraciones sociales, las cuales se cancelan si la subjetividad es excluida del orden social. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobermabilidad que acota la subjetividad. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). La lógica del sistema hegemónico es inversa al protagonismo de lo colectivo, dando mayor énfasis a las políticas y estrategias individuales.

Como resultado, a pesar de que las clases altas y sus agentes de gobierno, incurren en la carga de grandes deudas en los setenta y en los ochenta, las clases bajas han estado soportando la carga del pago de la deuda durante los noventa. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

Estas políticas han disminuido la tasa de crecimiento económico en general y han traído una drástica reducción de los servicios del gobierno así como en el empleo público. Esto ha resultado en una venta total desnacionalizadora de los más grandes beneficios y empresas públicas de estos países y abolido las tarifas protectoras y otras formas de apoyo que previamente tenían las empresas locales.

El Banco Mundial inició los préstamos para el ajuste estructural y el Fondo Monetario Internacional los expandió en los inicios de la década de los ochenta, condicionándolos a la implementación de un nuevo consenso en las políticas económicas tendientes a liberalizar sus economías. Sin embargo, el desempeño económico de los países que adoptaron la nueva política económica fue desilusionante, tal como lo expresara Krugman (1995).

La inestabilidad política es un componente del análisis del riesgo nacional, que genera fluctuaciones en la tasa de cambio de la moneda y transmite información que genera un ambiente negativo para las inversiones. Las monedas nacionales se han devaluado y pegado al patrón del dólar estadounidense, y el crecimiento de las exportaciones, principalmente de las exportaciones no tradicionales, tales como las frutas, las legumbres, as flores y algunos bienes manufacturados, han sido promovidos a expensas de la baja en la producción de alimentos para el consumo doméstico.

De acuerdo con Guerrero Gutiérrez (1999), la inestabilidad sociopolítica y gubernamental entorpece y paraliza la acción del gobierno y deteriora el ejercicio de las libertades individuales y los derechos políticos de la ciudadanía. El gobierno se hace irresponsable de sus propias funciones.

Además, afecta negativamente el crecimiento de la economía, perjudica la consolidación del orden democrático y aumenta los riesgos de una regresión autoritaria que emplea métodos violentos contra quienes disienten de sus opiniones, tanto en la esfera pública como en la privada, institucionalizando la violencia. Los países que muestran altos índices de ingobernabilidad representan serios riegos para la expansión capitalista al generar desconfianza de los inversionistas.

Cuando los actores políticos estratégicos no tienen capacidad para tomar decisiones e implementarlas en función de su contexto y de las expectativas de los distintos actores y agentes, entonces surge la ingobernabilidad. Tanto los actores políticos, sociales y económicos estratégicos se apoyan en la estructura del poder para ejercer su influencia en la toma de decisiones que beneficien sus propios intereses. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición”. Se tienen que considerar los factores contextuales como variables que intervienen, las cuales engrandecen o disminuyen el rango de alternativas que los actores políticos piensan están disponibles para las situaciones de la toma de decisiones.

Los actores políticos estratégicos se apoyan en la estructura institucional para la toma de decisiones políticas y la formulación e implementación de políticas y estrategias de gobierno que articulan los intereses, agendas y recursos de actores sociales y agentes económicos. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva.

Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente. En esta forma, se filtran a través de las percepciones del medio ambiente de los actores políticos. Para que los agentes económicos inviertan, los gobiernos tienen que modificar los mecanismos regulatorios y el medio ambiente institucional a efecto de alinear las políticas discriminatorias, de tal forma que se establezcan los incentivos que los capitalistas requieren.

Para algunos analistas, como Peón Solis, (1999), "el futuro del Estado está prácticamente sellado al haberse convertido en una instancia incapaz de liberarse del avasallador empuje de la dinámica económica y la fuerza de las conexiones de carácter global. Por consiguiente, dada la determinación del orden externo sobre el Estado, éste no sólo ha visto mermada su autonomía y erosionada su capacidad para llevar a cabo el papel que le corresponde en el ámbito doméstico.

Sino que, se argumenta, se asiste a su fin como instancia soberana, capaz de generar los instrumentos prácticos y normativos en lo que tradicionalmente se ha fundamentado el ejercicio del poder estatal y su conducción de lo nacional." Pero este debilitamiento del Estado no se debe del todo a la globalización ni a la aplicación de las políticas de ajuste estructural que proponen un nuevo diseño institucional que modifica la estructura de governance y facilita la emergencia de una sociedad “multi-céntrica” según Luhman (1982).

Las estructuras de governance necesariamente tienen efectos sobre la gobernabilidad (Cerrillo, 2001). Las modificaciones en la estructura de la governance cambian la ingeniería de las instituciones y afectan la gobernabilidad de la sociedad. Los conceptos de governance y gobernability o gobernabilidad son interdependientes y son operacionalizables y aplicados en las estructuras institucionales de los sistemas económicos, políticos y sociales, aunque ambos conceptos hagan referencia a fenómenos sociopolíticos diferentes.

Las organizaciones empresariales presionan al Estado en cada país para desregular las condiciones del mercado como una condición para enfrentar a los procesos de globalización. Los Estados-nación están siendo monitoreados por organismos internacionales y por la sociedad civil a efecto de que no restrinja las actividades inherentes a la libertad económica, mientras que a las grandes corporaciones transnacionales y organismos internacionales, no existe nada ni nadie que los limite en sus acciones. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional. Bajo el fundamento de la racionalidad económica, presionan al Estado-nación a desmantelar sus instituciones y cuerpos regulatorios en un intento por alcanzar el concepto ideal.

Lo que sucede, dice Saxe-Fernández (1999) es que se divulga “una prédica qu dice que no hay opciones, que el Estado se está desmantelando, en fin, todos los elementos contenidos en el discurso de la globalización que escuchamos a diario, como si hubiera una fuerza externa que dirime todos estos acontecimientos y no haya nada que hacer. Una especie de sobredetrminación, es el TINA: “there is not alternative” y, en realidad, nosotros lo que estamos planteando es que el análisis científico mostraría el TIIA: there is an alternativa”.

En este sentido, conviene quizás hablar más de transformación de las funciones del estado-nación, más que de eliminación del mismo. Lo que es claro, de acuerdo a la conclusión de Touraine (2000) es que “la idea de Estado-nación desaparece en cuanto correspondía a una fuerte interrelación de todos los elementos de la vida social al mismo nivel territorial. Pero ni el estado ni la nación desaparecen ahogados por el poder absoluto de los mercados.” Sin embargo, las mismas organizaciones empresariales requieren de las acciones de un Estado fuerte con capacidad para mantener la gobernabilidad del sistema, la conducción política y social, así como la regulación de las operaciones y transacciones internacionales.

Los gobiernos no solamente son los depositarios responsables de los recursos naturales de los Estado-nación, sino que también representan un papel protagónico para asegurar que estos recursos se distribuyan equitativamente. Tanto los mecanismos gubernamentales como los no gubernamentales y no del mercado son necesarios para la realización de ciertos fines diferentes a los fines que persiguen los mecanismos del mercado.

El Estado fuerte es una condición necesaria para la democratización económica del mercado. La vinculación Estado-empresas multinacionales (EM), señala Peón Solís (1999) es una relación de dos vías: "la del impacto que ejerce el ámbito internacional sobre el Estado y la que éste ejerce sobre la EM desde el punto de vista de protección, seguridad e, inclusive, capacidad para negociar términos favorables a los designios nacionales". Los gobiernos fuertes también garantizan a las empresas multinacionales y transnacionales la certidumbre para operar en estructuras socio- políticas estables y les proporcionan la infraestructura que necesitan. Por lo tanto, para un fuerte control de la economía es necesario desarrollar las instituciones de un Estado fuerte

Para tener una visión más equilibrada de las tendencias de la globalización, habrá que cuestionarnos si hasta la argumentación de la pérdida de gobernabilidad por parte del Estado-nación es una realidad. La erosión de las funciones y capacidades del Estado-nación es falaz hasta cierto punto, porque los mismos acuerdos de integración entre varios Estados-nación, vienen a reafirmar su soberanía y se convierten en los actores principales. Peón Solís (1999) argumenta por ejemplo que "el Estado nación no sólo no se ha disuelto ante el embate globalizador; Su peso y presencia hoy en día continúan siendo tan relevantes en términos regulativos, de control y de conducción que resulta indispensable para el adecuado desarrollo del proceso de globalización".

A pesar de las tendencias en la globalización económica que se apropia de la esfera pública y social, destruyendo lo colectivo en aras del interés privado y el mercado, los Estados contemporáneos demuestran vitalidad cuando todavía determinan las políticas públicas. Estas políticas instrumentalizan el crecimiento económico y el desarrollo social hacia el interior de su territorio, mientras que generan condiciones para que sus empresas transnacionalicen sus inversiones y operaciones.

Las políticas públicas aún elaboradas sobre la base de un “racionalismo económico” y bajo un enfoque tecnocrático que tiene como principal fuente la disciplina del mercado, toma como dados los valores de los accionistas dominantes y desatiende los intereses de los demás grupos, los cuales son excluidos de la participación para la toma de decisiones que les afecte.

Estos grupos no pueden atemperar los efectos que producen la inestabilidad inherente a los flujos financieros internacionales, lo cual justifica, hasta cierto punto, una política intervencionista como protección en contra de los estragos que causan las crisis financieras a los Estado-nación debido a inestabilidad financiera. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera. Los Estados imperialistas desempeñan un papel importante en la gestión de crisis económicas y financieras de los Estados menos desarrollados y de aquellas empresas transnacionales que confrontan problemas financieros. No obstante, no se puede ignorar el impacto que una mayor apertura financiera tiene en la estabilidad financiera.

El papel que desempeña el Estado-nación en el diseño e implementación de la política social puede ser cuestionado pero no por ello deja de ser el principal responsable tanto de su orientación como de los resultados que se logren en la solución de problemas específicos, tales como los generados por una mala distribución de la riqueza.

De acuerdo con Scott, la política social en su conjunto, representa la herramienta principal con que cuentan los gobiernos para promover el objetivo de igualdad de oportunidades...” (Gómez y Loyola, 1999) Así, la política social tiene como objetivo, crear las “condiciones que permitan la inclusión de valores individuales en las decisiones colectivas y estas, además deben ser consistentes con el conglomerado de los derechos humanos...que el individuo cuente con el desarrollo pleno de su capacidad para aprovechar esas oportunidades, y al mismo tiempo, tenga la libertad individual de decir qué es lo que más le conviene” (Sobrino Sierra, 2000).

Hasta ahora, los resultados de la implementación de programas de políticas públicas que se focalizan a los grupos más pobres, sin atacar verdaderamente las causas de su pobreza, descuidan otros importantes sectores también golpeados por las crisis económicas y por el modelo neoliberal capitalista. In general, la clase trabajadora y otros elementos de la clase baja, los campesinos, los estratos bajos de la clase media, los participantes pobres en el sector informal, etc., han sido forzados a pagar los costos de la crisis económica de los ochenta y el proceso global de reestructuración capitalista que está teniendo lugar desde los setentas.

El pobre en las sociedades pobres con una economía estancada o decreciente, constituyen un problema de proporciones no manejables, pero no que se imponga por sí mismo con mucha urgencia para la comunidad de las naciones, excepto como una tragedia humana que ruega por una solución de humanitarismo.Las crisis del objeto del capitalismo están más relacionadas con su valor de uso que con el valor de cambio. Existe una relación positiva entre eficiencia económica y generación de la riqueza.

En situaciones de perfecta igualdad y de desigualdad, se minimizan la eficiencia económica. El análisis de Prats (2001) sobre los trabajos de Bardham y Ghatak, deduce que “existe un único grado óptimo de desigualdad que maximiza los beneficios conjuntos, pues el trade-off entre igualdad y eficiencia causa que en situaciones de perfecta igualdad se maximize la utilización del bien de propiedad común pero se minimice la eficiencia conjunta debido a los problemas de congestión y las imperfecciones del mercado y a la inversa para los casos de desigualdad perfecta”.

No olvidemos sin embargo que Aristóteles se refiere explícitamente a la propiedad común de los hijos en la República de Platón, criticando el uso de la palabra "todos" ("los hijos de todos") a la manera que hizo Rousseau al distinguir entre "la volonté de tous" y "la volonté générale"). Aristóteles pensaría que estaba en la esencia humana el ocuparse más de lo propio que de lo común. La palabra panta, o nuestra "todos" es, según Aristóteles, un paralogismo, pues decir que algo es de todos significa a veces que es de todos colectivamente y otras veces que es de cada uno. "Soy del pueblo, pueblo soy, y adónde me lleva el pueblo voy", decía la bonita pero manipulativa canción cubana allá por los 60. "El pueblo" al final significa Fidel Castro. una pura metonimia.

Por lo tanto, “demasiada igualdad o desigualdad en la distribución del bien privado o de la renta es mala para la maximización conjunta de beneficios, existiendo, por tanto, un grado óptimo de desigualdad que maximiza la eficiencia de la utilización conjunta de ambos insumos”. Así, la estrategia para lograr una mejor redistribución de la riqueza sea la “que reduzca el tamaño de la clase más rica y de las más (sic) pobres e incremente la clase media afecta al conjunto de participantes de la siguiente manera: (a) mejora la eficiencia en el caso de los bienes públicos puros; (b) mejora o reduce la eficiencia en el caso de los recursos de propiedad común, dependiendo de si el trasvase acerca o no la distribución de la renta al punto óptimo de la desigualdad”.

La política social del Estado para derrotar la pobreza requiere de la participación conjunta del Estado, la sociedad y el sector privado. El alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma. Un mayor problema es dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados (De Swaan Abram, 1997). El acercamiento hacia la política social es consistente con el enfoque Keynesiano a la administración de la macroeconomía dominante en las décadas pasadas.

Las estrategias típicas de la política social se enfocan a las políticas asistenciales, participación ciudadana, formación de capital humano, inversiones en infraestructura física, desarrollo regional, promoción de proyectos productivos y de comercialización, etc., bajo el nuevo paradigma orientado por la revolución científico-tecnológica, la profundización de los procesos de descentralización gubernamental, la impulsión empresarial y el cuidado del medio ambiente.

López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una “propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y social lo permiten y, presionan en su favor.” Los principales actores sociales que impulsan este desarrollo regional son el Estado y la sociedad regional. Las discusiones de la reforma empiezan en un punto en el tiempo cuando los procesos políticos al igual que las preferencias de los actores políticos están relativamente estructuradas en una manera característica.

El hecho de que los pueblos tengan una alta dotación de capital, no es garantía de que logren su crecimiento económico y desarrollo social. No obstante, la desterritotialización de las fronteras espaciales geográficas de las regiones está concediendo mayor importancia a los agentes y actores del desarrollo. Las responsabilidades del desarrollo regional equilibrado y equitativo se transfiere del Estado a los agentes del desarrollo económico, las organizaciones empresariales y de la sociedad civil.

El Estado no puede renunciar a su función básica de aseguramiento de un conjunto de derechos sociales, ni sustituirla por el combate a un dualismo social y económico, según lo hace la lógica del desarrollo impuesta por el mercado a los agentes económicos como maximizadores de beneficios con bien entendidos intereses económicos. Estos intereses económicos han sido redefinidos del espacio nacional a los espacios locales y regionales por un lado y por otro a los espacios internacionales y global.

Las decisiones que los agentes tomen en función de la información disponible, facilitan la operatividad del mercado. La lógica del libre mercado es el paradigma que centra al individuo como el agente económico que busca en todas sus relaciones la maximización de sus beneficios. El imperio absoluto del mercado como la única forma de gobernabilidad congela el orden de cosas existente, descalifica y censura toda alternativa posible.

La retórica del libre mercado ha sido promovida por los ideólogos de la derecha y asimilada y repetida por los de la izquierda, además de que ésta se ha concentrado en denunciar el desmantelamiento de las funciones del Estado. En el mercado de libre competencia, el gran número de compradores y vendedores saben lo que quieren y lo que están dispuestos a pagar por la adquisición de satisfactores, actúan con libertad e independencia para entrar y salir del mercado, la información es libre y accesible sobre precios y productos y los costos de negociación son bajos.

El mercado es un sistema que asigna recursos escasos a usos alternativos mediante decisiones descentralizadas. Desde la perspectiva neoinstitucionalista, (Villareal, 2000) el mercado es “una institución con un marco jurídico de reglas, normas, etc., tanto formales como informales (costumbres, culturas, etc.) que determinan el carácter de las reglas del juego (instituciones) y de los jugadores (organizaciones).

La modelación de los agentes económicos que tienen capacidades de procesamiento de información ilimitada fue criticada por Simon (1955), quien sugirió el término de racionalidad restringida que hace una descripción más realista de la solución de problemas. No obstante, la economía no siempre incorpora los modelos de racionalidad restringida. La delimitación de reglas ayuda a la racionalidad para restringir facultades cognoscitivas. Las creencias o juicios y las elecciones surgen de la racionalidad. El mercado es hegemónico y dictan a la sociedad su ámbito de acción y legitiman sus procesos para privilegiar la libertad individual. Para evitarlo, los derechos sociales deben estar separados del empleo a efecto de garantizar la igualdad social.

Es en este sentido que se puede afirmar que los procesos de globalización no son un fenómeno reciente, sino que llevan ya algunas décadas cuya tendencia es hacia la homogeneización de los procesos económicos mediante el traspaso de las fronteras territoriales y los regímenes políticos de los Estados-nación. La integración económica ha atrapado en complejas redes al Estado-nación, lo presiona y lo vulnera en forma diferente para la desregulación, según el área de la política pública de que se trate. Sin embargo, las complejas redes de ciudadanos pueden influir en la determinación de la política pública de los gobiernos. La política pública puede ser caracterizada como las grandes líneas de acción de una institución pública que tienen objetivos fijos y medios para lograr la satisfacción de necesidades públicas. Las nuevas instituciones deben reflejar no solamente la multiplicidad de los asuntos y problemas de los ciudadanos en el ámbito nacional sino regional y global también.

La integración económica confronta a los sistemas nacionales de regulación no solamente con la creciente competencia internacional de los mercados de bienes y servicios, sino también, con la creciente movilidad de activos financieros y empresas y de ciertos tipos de trabajos altamente calificados. De éstos depende la viabilidad económica de regiones y países (Scharpf, 1997) La competencia internacional deja de tener como referente lo nacional para encuadrarse en lo global, como resultado de una nueva combinación de factores de producción en donde la tecnología y la mano de obra calificada tienen un papel estratégico y constituyen de por sí ya ventajas competitivas. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado

Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales. La movilidad de los factores de producción que conlleva procesos de innovación con enfoque emprendedor, es una de las características de estos procesos de globalización.

La estrategia consiste en establecer y consolidar un programa de economía del trabajo congruente con la dinámica de la economía empresarial, que sea eficiente económica y socialmente, pero, además, que sea equitativo en los beneficios, remunerador y sobretodo capaz de autosustentarse. Las condiciones regionales para la promoción de las actividades empresariales tienen relación con el fomento a la integración o diversificación de la estructura económica regional y la coordinación interinstitucional de planes, programas y proyectos de impacto regional (Tarapuez Chamorro, 2001)

La característica común de estos procesos de integración económica es la creciente desigualdad del desarrollo de los países y regiones. La naturaleza de la integración regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo. La conclusión de que la primera causa dela extrema desigualdad social y económica en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

Esto deja en claro que la integración social no se da necesariamente con la integración política, porque ambas quedan determinadas a los mecanismos del mercado. En el nuevo modelo global emergente, no son los Estado-nación, sino las organizaciones, principalmente las empresas, las que compiten en los mercados internacionales y para ello cuentan con el apoyo de otras instituciones sociales y los gobiernos, como los principales actores que promueven la globalización de una ideología del consumo.

Los Estados nacionales todavía siguen siendo los principales promotores de los mercados internacionales y también desempeñan el rol importante de protección a los mercados internos. Las instituciones sociales, económicas y políticas determinan las decisiones y procesos del sistema social. Así el sistema capitalista estimula artificialmente las necesidades y deseos para incrementar continuamente el consumo. En la relación Estado-empresas del nuevo modelo global emergente, son las empresas las que tienen primacía. Sin embargo, la preeminencia en la economía por sobre las instituciones de la política y gubernamentales está vulnerando el mismo sistema.

Por tanto, el origen, naturaleza y dinámica de estos procesos de globalización, tienen serias consecuencias de carácter eminentemente político, que subordinan los procesos de gobernabilidad de los Estado-nación a los procesos de la internacionalización de la economía. Rubio (1998) sostiene que quizás "el impacto político más importante de la era de la información y la globalización sea que los mercados financieros se hayan convertido en factores determinantes en la toma de decisiones de los gobiernos. El hecho tangible es que los gobiernos de todos los países cuentan con un margen de maniobra muy estrecho en la elaboración de políticas públicas. Esto evidentemente constituye una restricción real (y virtualmente absoluta) a la política interna de cada país... la globalización de la economía y de las decisiones en materia de políticas públicas, así como la ubicuidad de la información, constituyen la antítesis de la política, entendiendo a esta como el epítome de la negociación de los intereses en una sociedad".

Así, paradójicamente por su posición política con respecto a los procesos de globalización, las Naciones Unidas no son una instancia de la gobernabilidad internacional. Las Naciones Unidas proporcionan una base muy pobre para el avance democrático hacia una gobernabilidad internacional de los Estados nacionales. Esto es debido a que la gran mayoría son pobres y no tienen la capacidad para conjuntar esfuerzos con las naciones ricas que mantienen un peso desigual de poder que se manifiesta en la toma de decisiones que les favorecen en detrimento de los países pobres.

En la construcción de una democracia global económica, los representantes de los países pobres tienen que ser realistas al igual que los alegatos de los miembros de las organizaciones no gubernamentales. La democracia global otorga prioridad a los intereses económicos particulares por sobre los intereses de la sociedad. Estos intereses económicos han sido redefinidos del espacio nacional a los espacios global, regional y local. La sociedad local y regional adquiere importancia como actor social en la promoción del crecimiento económico y desarrollo más justo y equilibrado entre las mismas regiones.

El sistema global de gobernabilidad de las naciones debe promover procesos más democráticos de toma de decisiones basadas en la participación electoral y dando oportunidad a las expresiones de la pluralidad política. La creación de un gobierno global o el apoderamiento de las Naciones Unidas para moderar los resultados no muy atractivos de la globalización, de acuerdo a los valores contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, es ya un clamor. Lo que se requiere es el establecimiento democrático de un poder político mundial capaz de gobernar los procesos de globalización económica, aunque todavía está muy lejos del Estado mundial o global.

Los procesos de globalización económica, comercial y de los mercados avanzan en función de acuerdos entre Estados y por el crecimiento de las empresas transnacionales. Sin embargo el surgimiento de un Estado global o mundial requiere de instituciones que diriman los conflictos económicos, políticos, sociales y culturales que emerjan entre los diferentes intereses de los grupos corporativos transnacionales. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. El proyecto hegemónico de un gobierno mundial mantiene como estrategia la fragmentación de todo poder que se oponga a sus intereses.

De tal manera debe realizar esto, que proporcione las bases para la legitimación de instituciones del gobierno global y que hagan imperativo la aplicación de las leyes, sin que existan distinciones por los diferentes niveles de desarrollo económico, social y político de los pueblos. Los Estados nacionales han entrado en un sistema de gobernabilidad internacional común que imponen limitaciones a la aplicación de políticas nacionales, las que a su vez reducen las capacidades del sistema de gobernabilidad nacional. El deterioro de los gobiernos de los Estado-nación para resolver los problemas y conflictos de la globalización es lo que hace pensar en el surgimiento de un gobierno global, no obstante, el control geoeconómico y geopolítico de las regiones del mundo por sus recursos más que como guerras de civilizaciones. La tendencia de los conflictos bélicos apunta a efectuarse más entre los diferentes grupos corporativos con intereses específicos en la globalización, más entre los estados-nación. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas.

Las nuevas formas del orden económico son orientadas por un mercado despolitizado, en el cual la información es virtualmente perfecta. Así, la política pasa a despolitizarse para centrarse en cada ciudadano en prácticas directas de democracia, reducidas a simples acciones y elecciones individuales. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. No obstante, el sistema capitalista muestra una tendencia latente hacia el autoritarismo, al resolverse a favor de los derechos del individuo más que en los derechos de la comunidad.

La democracia se sustenta en el reclamo moral que considera el valor y la igualdad de los individuos bajo el principio de una persona un voto. En la noción de democracia económica el principio se adecua a un dólar un voto. La desaparición de los controles políticos en la sociedad globalizada contribuye a ampliar las bases de una mayor pluralidad, apertura democrática y liberalización de ideologías nacionalistas.

Una sociedad global abierta corregirá las deficiencias del sistema capitalista (Soros, 1998), del que sobre vivencia depende de la satisfacción de necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. La sociedad global capitalista no deja de ser un mero mito. La sociedad global espera que las corporaciones persigan los modos tradicionales de eficiencia. La sociedad global capitalista no es más que una mera abstracción ideológicamente construida. El principio democrático en que se fundamenta una sociedad basada en el mercado es incompatible con el principio de organización sobre el que debe fundamentarse el modelo de sociedad global.

Algunos de los efectos de esta liberalización política son la destrucción de las viejas estructuras autoritarias monopolizadoras de la información y la misma internacionalización de las decisiones políticas que explica en gran parte el comportamiento de las instituciones políticas internas del Estado-nación. Según un informe de Freedom House en 1999, la tendencia hacia la apertura democrática está aumentando hasta alcanzar en la actualidad que tres quintas partes de la población mundial vivan bajo sistemas democráticos y 120 países sean manejados por gobiernos democráticamente electos.

Las instituciones del Estado-nación tienen que ser entendidas en el marco de las instituciones internacionales y supranacionales que señalan el rumbo de globalización. No obstante, las instituciones internacionales sólo rinden cuentas y son responsables de sus acciones ante ciertos Estados nacionales, los más fuertes y poderosos, ante quienes son débiles. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Si las instituciones internacionales deben ser legítimas, tanto sus actividades como sus resultados necesitan ajustarse a los principios y prácticas democráticas. Ninguna institución internacional que opere en el ámbito global tiene la autoridad que tiene un Estado.

Una forma de entender los problemas que generan la falta de prácticas democráticas de las instituciones internacionales es considerarlas con el mismo tratamiento que las instituciones nacionales, bajo la perspectiva que se ha denominado como la “analogía doméstica” por Bull (1977). Resulta impropio adoptar la “analogía doméstica” cuando se carecen de espacios para el debate y la discusión entre las personas o público, ya de por sí difícil de determinar. Además de que también se carece de instituciones que funcionen como intermediarios entre el público y los cuerpos de gobierno. De esta forma, las instituciones internacionales pueden ser más transparentes, rendir cuentas y salvar el déficit democrático, que ha dado lugar a que se les caracterice como instituciones que promueven una democracia delegativa o limitada.

Las instituciones surgidas del Estado-nación han perdido capacidades para enfrentar los retos de un mundo en procesos de globalización económica. Si bien los procesos de globalización están modificando las funciones y capacidades de los Estado-nación, éstos a su vez están transformando el ambiente global mediante la internacionalización de las instituciones. La globalización económica, comercial y de los mercados es resultados de los acuerdos entre los Estados y del crecimiento de las empresas transnacionales. La creación de instituciones supranacionales para controlar los procesos de globalización económica fortalece los procesos internos de bloques económicos formado por varias naciones con el objetivo de obtener un mejor posicionamiento en los mercados internacionales. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula. Los Estados nacionales todavía juegan un papel importante en la promoción y conquista de los mercados externos así como en la protección de los mercados internos.

Aunque los procesos económicos transnacionales se diferencian significativamente de la dualidad nacional/global que se presupone en los análisis de la economía global, resulta ser conveniente descomponer al Estado-nación en una variedad de elementos significativos para el análisis de las actividades económicas internacionales y las capacidades regulatorias. La economía global es algo que no necesariamente sobre cubre o existe por encima del Estado-nación, sino que está en contacto directo y muchas veces sus relaciones son estrechas. Esto en función del dinamismo de la convergencia de fuerzas geográficas, tecnológicas, económicas, sociales, políticas, culturales y cognitivas, que presiona el equilibrio existente y lo modifican, provocando grandes saltos en el establecimiento de un proyecto de gestión global.

Sassen (1995) sostiene que se están dando cambios en la "práctica del control global" en donde el trabajo de producción y reproducción de la organización y la administración de un sistema de producción global y un mercado global para las finanzas, ambos bajo condiciones de concentración económica. La estrategia de reproducción del sistema capitalista es dual en donde los actores hacen y no hacen sucesiva e interrumpidamente algo (Barel, 1989). Al respecto, Ramos (2001) concluye que las respuestas adaptativas de los actores sociales atrapados en las redes de poder, consisten en apostar por estrategias dobles que permiten construir contraintuitivas identidades paradójicas, con lo cual los actores logran reproducir las redes, consolidarse y “enjaularse” e “incapacitándose para romper la lógica perversa que la anima”.

La expansión del actual sistema de producción capitalista requiere gente que consuma en forma creciente y continua. Con respecto a los mercados financieros, la globalización se refiere a la rapidez que tienen la implementación de las decisiones en las transacciones financieras a través de las fronteras nacionales.

El control y la administración centralizada sobre un conjunto de plantas, oficinas, locales de ventas y servicios dispersos geográficamente que requieren el desarrollo de un rango amplio de servicios especializados y de las funciones de alta dirección para controlar y administrar, constituyen parte de los elementos de un sistema mundial. Este sistema mundial es acentuado por la importancia del capitalismo en los procesos de globalización.

Así, la globalización de la actividad económica está elevando la escala y la complejidad de las transacciones y por lo tanto acrecentando la demanda de funciones de alta dirección multinacional y de servicios corporativos avanzados.