LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

José Gpe. Vargas Hernández

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El dilema de la gobernabilidad en Latino América

Latinoamérica no ha sido capaz de dar respuesta mediante un proyecto de desarrollo viable al dilema de cómo lograr la integración a los procesos de mundialización, sino es que a través de la estrategia del modelo de desarrollo neoliberal. La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

Junto con las elites locales y los capitalistas transnacionales han promovido mayores cambios estructurales en las economías latinoamericanas a fin de facilitar la creciente integración de la región en la economía global capitalista. Las elites gobernantes de Latinoamérica generalmente han servido de intermediarias entre el poder externo dominante y la población local. La naturaleza de la integración de la región latinoamericana en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo.

Las economías contemporáneas de Latinoamérica se han convertido en partes integral del nuevo sistema económico global que es dominado no por naciones Estados, sino por grandes corporaciones transnacionales que constituyen los principales actores globales en este sistema. Por lo tanto, las elites latinoamericanas de los negocios han abierto la puerta a las economías de las corporaciones transnacionales que están interesadas en mano de obra barata, recursos naturales, capital financiero y mercados de consumidores en los países latinoamericanos.

Para Latinoamérica, el crecimiento económico y el desarrollo social ha alcanzado altos niveles de costos socio-políticos que han deteriorado la base misma de la gobernabilidad social. En Latinoamérica ahora hay 70 millones más de hambrientos, 30 millones más de analfabetos, 10 millones más de familias sin casas y 40 millones más de desempleados que hace 20 años. Hay 240 millones de seres humanos que carecen de los satisfactores básicos de necesidades de vida y esto cuando la región es más rica y más estable que antes, de acuerdo a la forma en que el mundo o ve (Halebsky, S and Harris Eds., 1995). Muchos países en Latinoamérica están ahora en el camino de alcanzar economías competitivas y están en la posición de diseñar y financiar sus políticas sociales por sí mismos.

Un recuento breve realizado por Jiménez Lazcano (2000), de los efectos del modelo de desarrollo de los países latinoamericanos, menciona los siguientes: La fuerte dependencia económica con el exterior, principalmente con Estados Unidos y la Unión Europea, fuertes crisis financieras, devaluaciones y rescates bancarios, concentración de la riqueza en menos del 10% de la población, lento crecimiento económico, destrucción de la planta productiva, desempleo y subempleo, prioridad a la industria maquiladora, expulsión de trabajadores mexicanos hacia el Norte, privilegios al capital foráneo y al sistema financiero por sobre la economía real, privilegio al servicio de la deuda externa e interna, política económica restrictiva, integración económica hacia fuera y desintegración hacia dentro, rompimiento del tejido social, reducción de los niveles de ingreso de la población, transferencia de la riqueza local al exterior, expansión de la pobreza, rompimiento del pacto social, exclusión de los indígenas, privilegios al comercio exterior antes que el mercado interno, sectores ganadores y sectores perdedores del comercio exterior, inestabilidad y crisis financiera recurrentes, insustentabilidad del modelo de desarrollo y reducción de opciones de política económica. La modernización puede lograr la sustentabilidad social si se acerca a los fundamentos culturales de la sociedad.

Se tratará de analizar con un poco de más detalle algunos de estos efectos que tienen una relación más estrecha con la gobernabilidad.

Barro (1999) ha demostrado que la desigualdad retarda el crecimiento en los países pobres pero acelera el crecimiento en los países ricos, por lo que existe muy poca relación entre la desigualdad de los ingresos y las tasas de crecimiento e inversión. Por su parte Galor y Moav (2000) concluyen que la desigualdad tiene un efecto positivo en el crecimiento económico en los primeros estadios del desarrollo y un efecto negativo en los estadios de desarrollo posteriores, anterior a una reducción significante en la efectividad de las restricciones del crédito. La desigualdad estimula los procesos de desarrollo mediante la canalización de recursos hacia los dueños de capital que tienen una alta propensidad para el ahorro.

Lindert and Williamson (2001) argumentan que si existe una correlación entre libre comercio y crecimiento económico y que su impacto en la desigualdad no es conclusivo. Por lo tanto, infieren que el libre comercio estimula el crecimiento de los países del tercer mundo y que es difícil aislar los efectos de la globalización en la creciente desigualdad, porque las investigaciones recientes en esta materia, tienen un enfoque muy estrecho que imposibilita su análisis, como en el caso de las experiencias latinoamericanas y del sudeste asiático. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados.

Sin embargo, los mismos países ricos no garantizan un nivel de beneficios que incremente el desarrollo humano a sus habitantes, excluyendo a grandes sectores poblacionales, confirmando que la riqueza es la excepción a la pobreza como regla. Estos resultados, por otro lado, justifican la implantación de políticas que igualen los ingresos sobre la base de una promoción de crecimiento de los países pobres. Las décadas anteriores representaron para muchos países pobres, épocas de retroceso en los índices de desarrollo humano. Los conceptos de desarrollo humano y buen gobierno son conceptos intrincados.

La crisis de gobernabilidad de los sistemas democráticos y la inestabilidad de sus instituciones limitan los alcances del despliegue de los programas de desarrollo humano. Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas. Sin embargo, los gobiernos civiles electos que sucedieron a estos regímenes al final de los ochentas y a principios de los noventas han continuado estas medidas impopulares, junto con otros factores, han prevenido estos regímenes de implementar políticas que combaten las desigualdades más obvias e injusticias sufridas por la mayoría empobrecida de la población en estos países.

De acuerdo al investigador, “es probable que la actitud de muchas sociedades ancladas sea la de negarse a aceptar, a ciegas, la superposición de capas de la ya formada gobernabilidad global, pero la gobernabilidad reluctante implica el reconocimiento de estándares universales de democracia (poliárquica o consociativa) sobre los que se funda y se explica” (Torrijos, 2001). Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de “esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política”. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Por esto, se requiere desarrollar una visión crítica del sistema económico internacional imperante, el cual representa una hipoteca para el futuro de muchos pueblos y por lo tanto, necesita cambiar. El problema de cómo diseñar un sistema económico en el cual el desarrollo tenga lugar sin que todos los intereses, incluyendo los futuros, se perjudiquen, basado en relacionas de cooperación que expresan la voluntad de servicio. El centro de este debate sobre la gobernabilidad son los cuestionamientos al modelo económico que tiene como base el mercado, implementado en las últimas dos décadas y a los desequilibrios sociales que ha generado.

Los contemporáneos latinoamericanos han heredado las estructuras del Estado basadas en e autoritarismo político, la exclusión de grandes sectores de la población de los procesos gubernamentales, así como de las formas crónicas de violencia política, levantamiento militares frecuentes y dictaduras que provocan insurrecciones populares así como una brutal supresión de ellas. Además, las dictaduras militares, la represión militar de las protestas e insurrecciones populares, las invasiones militares foráneas y la frecuente intervención de los militares en los procesos gubernamentales han sido un elemento continuado y prominente de la escena política.

Sin embargo, los regímenes civiles que han reemplazado a las anteriores dictaduras militares no han sido ni verdaderamente democráticas ni soberanas. Los principales retos que enfrenta la gobernabilidad de los países latinoamericanos ante los procesos de globalización de la economía, están la reducción de la pobreza a través de nuevas estrategias de crecimiento orientado, el incremento de la productividad y la competitividad de las economías y el incremento sostenido de la tasa de ahorro e inversión para consolidar la estabilidad macroeconómica. El modelo de ciclo de vida predice que las tasas de ahorro son independientes del ingreso y que el consumo sigue la misma tendencia que el ingreso.

La pobreza en Latinoamérica es un problema estructural causado por la forma en que opera el sistema económico completo (Attanasio y Sélkely, 1999b), por lo que tiene que ser atacado efectivamente con políticas que modifiquen el medio ambiente económico de tal forma que permita a los individuos tomar ventaja de las oportunidades. El enfoque en los mecanismos que generan desigualdad y pobreza y la construcción de un marco de referencia ayudará a identificar los mecanismos estructurales. No obstante, persiste el problema de diseñar un sistema económico donde todos los intereses, incluyendo los futuros, tengan cabida. Muchos países en Latinoamérica están ahora en el camino de alcanzar economías competitivas y están en la posición de diseñar y financia sus políticas sociales por sí mismos.

La pobreza alcanza a 224 millones en Latinoamérica, de acuerdo al análisis de Galaz (2000) En 1980, 135 millones de personas, que correspondía al 35% de los hogares latinoamericanos eran pobres. Esta cifra alcanzó el 45% que representaba a 200 millones de pobres en 1990 y para 1998, 50 millones de personas que antes pertenecían a las clases medias pasaron a ser pobres. En Latinoamérica ahora hay 70 millones más de hambrientos, 30 millones más de analfabetos, 10 millones más de familias sin casas y 40 millones más de desempleados que hace 20 años. Hay 240 millones de seres humanos que carecen de los satisfactores básicos de necesidades de vida y esto cuando la región es más rica y más estable que antes, de acuerdo a la forma en que el mundo o ve (Halebsky, S and Harris Eds.,1995).

Un informe de Business Week (2000) señala que una quinta parte más alta de la población latinoamericana controla más de la mitad de la riqueza, mientras que la quinta parte más baja recibe sólo el 4.5%. Más del 40% de los 470 millones de latinoamericanos viven con menos de dólares al día y son pobres dentro de los estándares del Banco Mundial. Un cuarto de toda la población latinoamericana vive en condiciones de extrema pobreza con menos de un dólar diario. Latinoamérica se volvió más desigual en la década de los ochenta, la cual permaneció durante los noventa. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Para 1997, la incidencia de pobreza permaneció 3 por ciento mayor a 1980, con un total de más de 70 millones de pobres más que en 1980.

El motivo de este “Exceso de pobreza” sostienen Attanasio y Székeley (1999a:317), es la elevada desigualdad en la distribución de los recursos y también se debe al escaso crecimiento experimentado por la mayoría de los países latinoamericanos durante las décadas de los ochenta y los noventa. En las últimas dos décadas, casi cada aspecto mayor de la vida económica, política y social en Latinoamérica estuvo influida por la integración acelerada de la región en el sistema capitalista global. La desigualdad de ingresos es resultado de una “distribución muy deformada de los activos generadores de ingresos, siendo el más importante de ellos el capital humano”.

Estos temas en estas sociedades son predominantemente de naturaleza política doméstica: invertir o no invertir más en capital humano adoptan más políticas impositivas igualitarias y crean fondos colectivos para el cuidado de la salud y las pensiones. El incremento de la desigualdad de los ingresos en el mundo es consecuencia de la ampliación de diferencias entre las naciones principalmente y en menor parte por el incremento de las diferencias dentro de las naciones.

En ninguna parte del mundo, la desigualdad económica es tan profunda como en Latinoamérica (Business Week, 2000) Una de las realidades más impresionantes de Latinoamérica es el grado extremo de desigualdad económica, social y política que caracteriza a las sociedades de la región , a tal grado que esta desigualdad es quizás mejor revelada por la distribución de ingreso entre los niveles más altos y bajos de ingreso en las sociedades latinoamericanas.

En suma, la desigualdad económica y social es extrema a través de Latinoamérica y recientes transformaciones en el sistema capitalista global y las economías de los Estados latinoamericanos han contribuido en su mayor parte a la ya de por sí polarizada estructura de clases, diferenciación étnica, racial y de género. Un estudio de Harris (1997) revela que el más alto 20 por ciento del ingreso obtiene entre el 40 y 70 por ciento del total anual del ingreso ganado en los países latinoamericanos, mientras que el más bajo 40 por ciento de los que obtienen ingresos obtienen solo entre el 5 y el 20 por ciento del total del ingreso ganado en estos países, el 40 por ciento de todos los hogares latinoamericanos viven bajo la línea de pobreza definida en términos del ingreso requerido para satisfacer necesidades básicas para alimentación, habitación, y ropa. De hecho la mitad de los grupos no tiene un ingreso suficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas de alimentación.

Las diferencias salariales se ampliaron cuando se abrieron las economías de los países latinoamericanos (Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay) en los finales de la década de los setenta (Hanson and Harrison, 1999)influidos quizás por el contexto histórico. Un examen de los países como Chile, Costa Rica y México que han seguido fielmente las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional revela que sus logros publicados en el crecimiento macroeconómico a sido alcanzado al costo de mantener bajos los salarios reales de su fuerza de trabajo asalariada, el adelgazamiento de sus servicios públicos , la reducción de los beneficios sociales, así como el rápido crecimiento del sector informal de sus economías compuesto de vendedores de la calle autoempleados, manos alquiladas, trabajadores en pequeños talleres, jornaleros, reparadores, prostitutas, servidores domésticos y así entre otros (Harris, 1997).

De esta forma, el llamado sector informal de la economía representa un tipo de subsidio para las empresas capitalistas en el sector formal. La presencia de un sector informal grande ayuda a mantener los salarios bajos y los costos de reproducir la fuerza de trabajo urbana a un mínimo para los negocios locales y para las corporaciones transnacionales, por lo tanto los capitalistas son capaces de maximizar sus utilidades pagando bajos salarios a sus trabajadores y pocos si es que algunos beneficios.

Desde entonces, se inician los programas de transferencia del poder y el mando del Estado al mercado mediante la desregulación del Estado y la regulación por el mercado. Sin embargo, los gobiernos civiles electos que sucedieron a estos regímenes al final de los ochentas y a principios de los noventas han continuado estas medidas impopulares, junto con otros factores, han prevenido estos regímenes de implementar políticas que combaten las desigualdades más obvias e injusticias sufridas por la mayoría empobrecida de la población en estos países.

A pesar de que la incidencia de la pobreza disminuyó en la región durante la primera mitad de la década de los noventa del siglo pasado. Sin embargo, la reanudación del crecimiento económico fue insuficiente para reducir el número absoluto de pobres en los países latinoamericanos debido principalmente a “choques adversos”. La falta de gobernabilidad y regulación se debe al fracaso que ha tenido la transferencia del poder y el mando de las instituciones del Estado a las instituciones del mercado.

La reducción de la pobreza es uno de los mayores retos de Latino América. Los países latinoamericanos requieren con urgencia y angustiosamente un nuevo paradigma de desarrollo y de combate a la pobreza mediante la formación de alianzas entre los sectores público y privado en el que participen con más fondos las empresas que se han beneficiado de las privatizaciones. Muchos de los problemas y temas tratados anteriormente persisten en Latino América. En la nueva agenda de gobierno se privilegian las alianzas entre los sectores público, privado y social para el establecimiento de acuerdos de colaboración conjunta.

Lamentablemente en la privatización de las empresas del Estado ha predominado el cálculo racional de las utilidades de los agentes privados y públicos, quienes han satisfecho intereses privados de rent seekers y free riders en muchos de los casos, apropiándose del patrimonio económico público. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros.

Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional. Estas políticas han disminuido la tasa de crecimiento económico en general y han traído una drástica reducción de los servicios del gobierno así como en el empleo público. Esto ha resultado en una venta total desnacionalizadora de los más grandes beneficios y empresas públicas de estos países y abolido las tarifas protectoras y otras formas de apoyo que previamente tenían las empresas locales.

En el combate a la pobreza, los más beneficiados son las instituciones, la sociedad civil y los sectores productivos que orientan sus actividades a la solución de los problemas de la pobreza. La sociedad tiene un papel importante como actor social del desarrollo. Este nuevo paradigma debe permitir y medir incrementos en la riqueza que no estén desasociados de las medidas de crecimiento monetario, crecimiento de la población y deuda. Los sistemas y prácticas que fallan del actual paradigma hegemónico, marcan el inicio de un cambio eventual a otro nuevo paradigma.

Aunque en Latinoamérica, la política social del Estado de Bienestar nunca se profundizó en ningún país, el modelo económico neoliberal la está desmantelando. Durante los años comprendidos entre 1940 y 1970, se intentaron implantar políticas sociales para reducir las brechas de las desigualdades económicas y sociales, las cuales finalmente beneficiaron a los sectores urbanos, más que a los rurales. Por tanto, la naturaleza excluyente de la transformación económica de la agricultura latinoamericana ha incrementado el empobrecimiento de la población rural y acelerado la migración del pobre rural a las ciudades en busca de empleo. El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido de los beneficios.

Los programas de combate a la pobreza en los países latinoamericanos ofrecen sólo un paliativo temporal por medio de la instrumentación de redes de seguridad social, porque se centran en las consecuencias y no atacan las verdaderas causas de la pobreza. En Latinoamérica, el compromiso del liberalismo para crear una red de seguridad social no fue tan exitoso como lo ha sido en otros países desarrollados. Muchos países en Latinoamérica están ahora en el camino de alcanzar economías competitivas y están en la posición de diseñar y financia sus políticas sociales por sí mismos.

Las principales fuentes de la pobreza son internas a la sociedad: carencia del conocimiento, educación y ciencia, falta del Estado de derecho (regla del derecho), falta de instituciones que protejan las vidas de las personas y su propiedad y provean de un marco de referencia de los incentivos para la acción individual y la empresa, falta de equipamiento de capital de todos tipos, inestabilidad macroeconómica masiva, gobiernos predatorios, etc. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. Las políticas públicas para reducir la pobreza se centran en el aumento de ingresos mediante instrumentos como el subsidio con transferencias de efectivo y de servicios, etc.

La reducción de la pobreza tiene que estar apoyada por programas de educación y salud, y servicios sociales básicos, pero con una reorientación de las políticas de tal forma que se eviten las diferenciaciones regionales que causaron la profundización de las desigualdades. Difícilmente los Estados Latinoamericanos pueden resolver los crecientes problemas de la pobreza, porque están enfrentando grandes reducciones presupuestales y recortes a sus principales funciones de asistencia social.

La reducción de la pobreza es un punto focal en el diseño de las políticas públicas y el soporte financiero para lograr el crecimiento económico y el desarrollo social de los pueblos latinoamericanos, que ancestralmente ha sido una sociedad muy desigual, y lo es más ahora que antes. La sociedad es un actor social que puede desempeñar un papel importante en lograr un desarrollo equitativo y equilibrado.

La movilidad social es una medida más precisa de justicia social que la desigualdad social. La movilidad social es medida por la forma en que los antecedentes familiares determinan el éxito socioeconómico, pero en la práctica también puede ser medida por correlaciones intergeneracionales y de hermanos (as) El debate sobre la justicia social en los países en desarrollo, se ha centrado en la desigualdad y en políticas destinadas a compensar a los perdedores. No se ha dado prominencia a la movilidad social que se enfocaría al diseño y aplicación de políticas destinadas a crear oportunidades.

Investigaciones empíricas (Dahan y Gaviria, 2000) demuestran que existen diferencias sustanciales en la movilidad social en Latinoamérica, la cual se incrementa con la escolaridad y el ingreso per cápita, pero es levemente asociado con el gasto público en educación. Las inversiones en educación, consideradas como inversiones en capital humano, es una inversión para el desarrollo, si se considera que la educación es el fundamento de la información y esta la base de la productividad del sistema de la globalización. Estos temas en estas sociedades son predominantemente de naturaleza política doméstica: invertir o no invertir más en capital humano adoptan más políticas impositivas igualitarias y crean fondos colectivos para el cuidado de la salud y las pensiones. El capital humano asignado a actividades financieras producirá crecimiento a largo plazo, mientras que a corto plazo lo reducirá.

En una muestra de 16 países latinoamericanos, los investigadores encontraron que la movilidad social tiene una correlación alta con los niveles de educación, en la que los países con mayor escolaridad y menos desigualdad en escolaridad permiten una mayor movilidad. Sin embargo, la movilidad social no está correlacionada con los gastos públicos en educación como porcentaje del producto interno bruto. También encontraron que la movilidad social en Latinoamérica está levemente relacionada con el ingreso per cápita y que la desigualdad está asociada fuertemente con la selección en los mercados matrimoniales.

Algunos países latinoamericanos son pioneros en programas de combate a la pobreza que incluyen componentes adicionales de inversiones en capital humano a través de la educación y la salud, pero debido a que no han sido adecuadamente institucionalizados estos programas sólo proveen un alivio temporal, lo que termina siempre en un enfoque reduccionista del problema que restringe las políticas. Alivio al pobre y provisiones sociales similares no vienen como resultado de las acciones de ciudadanos ricos voluntariamente coordinadas de esta forma. Un mayor problema para dar alivio al pobre, es la incapacidad notoria de las instituciones formales en los países pobres para entregar recursos, bienes, tecnología o experiencia a los necesitados. Esquemas de créditos de bajos intereses en condiciones favorables, por ejemplo, diseñados para servir al más necesitado, casi invariablemente fallan en alcanzar a la población meta.

Al evaluar las estrategias de inversiones de capital humano, es crucial considerar el portafolio completo de políticas conjuntas de intervención, tomando siempre en consideración que los retornos a las inversiones de capital humano son mayores para los jóvenes, por lo que en este enfoque se abandona a los mayores de edad, como los ancianos. Estos temas en estas sociedades son predominantemente de naturaleza política doméstica: invertir o no invertir más en capital humano adoptan más políticas impositivas igualitarias y crean fondos colectivos para el cuidado de la salud y las pensiones. Estos temas en estas sociedades son predominantemente de naturaleza política doméstica: invertir o no invertir más en capital humano adoptan más políticas impositivas igualitarias y crean fondos colectivos para el cuidado de la salud y las pensiones.

La propuesta de Attanasio y Szélkeley (1999a: 361) para el análisis dinámico de la pobreza consiste en abandonar el enfoque al ingreso familiar y su distribución para enfocarse en el acceso que tienen los pobres a la propiedad y uso de activos generadores de ingresos y su acumulación que incluyen a activos físicos y financieros, capital humano y capital social, los cuales son usados de modo productivo para elevar el ingreso, aunque la relación existente entre capital humano y desarrollo no es contundente (Yáñez, 20001) El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales.

De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la “trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos”. El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí.

Para que el capital social pueda ser un instrumento de desarrollo, se requiere de una voluntad política que otorgue más empoderamiento a la confianza, bajo un proyecto de desarrollo orientado por fines colectivos. Lo colectivo tiene como complemento necesario la autonomía personal y lo individual, de tal forma que al mismo tiempo que se reconocen derechos y obligaciones, también se parte de la comunidad.

El vínculo social de lo colectivo persiste en proyectos comunes a pesar de que la visión de la colectividad sea débil. Considerado el capital social como una herramienta del desarrollo que promueve redes de confianza y asociación bajo un modelo de política económica que fomenta el individualismo, la fragmentación, marginalidad y exclusión social, resulta ser un contrasentido con resultados muy ambiguos. De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la “trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos”

El capital social individual es considerado como un componente del capital humano, e incluye las habilidades intrínsecas y los resultados de las inversiones en capital social. En realidad, el capital humano genera desarrollo cuando se logra una empleabilidad mediante la aplicación económica a través del mercado. La posesión y uso de estos activos en una forma productiva por los miembros del hogar contribuye a su ingreso. Estos temas en estas sociedades son predominantemente de naturaleza política doméstica: invertir o no invertir más en capital humano adoptan más políticas impositivas igualitarias y crean fondos colectivos para el cuidado de la salud y las pensiones

Los investigadores Attanasio y Szélkeley (1999a: 361) presentan evidencias de que “el proceso de formación de capital humano, y hasta cierto punto de su utilización, es decisivo para el desarrollo de la América Latina y para la eliminación de la pobreza”. Este proceso de formación de capital humano tiene la tendencia a centrarse en el desarrollo humano. El concepto de desarrollo humano es un concepto intrincado al de buen gobierno. La inestabilidad institucional y la crisis de gobernabilidad por la que atraviesan los sistemas democráticos, limitan los alcances de sus programas de desarrollo humano.

Cuando este tipo de problemas de la sociedad se prolongan indefinidamente en períodos históricos, Torrijos (2001) las denomina sociedades ancladas para definir aquellas colectividades que no logran desprenderse y superar los ambientes de alta incertidumbre, caos e inestabilidad. Este proceso de colectivización puede ser si las sospechas iniciales son eliminadas.

En la experiencia de América Latina, el proceso de desarrollo económico y social no logró avanzar a pesar de la prolongación de la capacidad para vivir más años (Yáñez, 20001). Estas sociedades ancladas por una gobernabilidad reluctante, requieren el desarrollo de “esquemas de convivencia que tienen su origen en el seno de su más profunda intimidad histórica y política”. Muchos de los viejos problemas y temas continúan siendo contemporáneos. De hecho, los problemas contemporáneos de la globalización, la expansión del capitalismo tardío o postmoderno han agravado los más crónicos problemas de la región latinoamericana. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

En las últimas dos décadas, casi cada aspecto mayor de la vida económica, política y social en Latinoamérica estuvo influida por la integración acelerada de la región en el sistema capitalista global. Las economías contemporáneas de Latinoamérica se han convertido en partes integral del nuevo sistema económico global que es dominado no por naciones Estados, sino por grandes corporaciones transnacionales que constituyen los principales actores globales en este sistema.

De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población latinoamericana mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso. La conclusión de que la primera causa dela extrema desigualdad social y económica en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo.

La complejidad de la realidad social de Latino América Contemporánea es quizás pensada como una complejidad híbrida de ideologías, prácticas y condiciones de la premodernidad, modernidad y postmodernidad. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

El Estado de los países latinoamericanos ha pasado por cambios profundos en sus funciones, en las últimas dos décadas, hasta llegar a ser menor y delgado, aunque se mantenga como la expectativa de que sea más eficiente y efectivo. Los contemporáneos latinoamericanos han heredado las estructuras del Estado basadas en e autoritarismo político la exclusión de grandes sectores de la población de los procesos gubernamentales, así como de las formas crónicas de violencia política, levantamiento militares frecuentes y dictaduras que provocan insurrecciones populares así como una brutal supresión de ellas.

Además, las dictaduras militares, la represión militar de las protestas e insurrecciones populares, las invasiones militares foráneas y la frecuente intervención de los militares en los procesos gubernamentales han sido un elemento continuado y prominente de la escena política, Sin embrago, los regímenes civiles que han reemplazado a las anteriores dictaduras militares no han sido ni verdaderamente democráticas ni soberanas.

Presionada por el entorno económico, la administración pública del Estado latinoamericano abandona el modelo de administración burocrática propia del Estado patrimonialista orientado al modelo de desarrollo de industrialización por sustitución de importaciones, para introducir el modelo administrativo de la Nueva Gerencia Pública impuesto por el modelo neoliberal de Estado que exige la adopción de una cultura gerencial, sin que se hayan desarrollado estadios superiores del modelo burocrático necesarios para la transición.

Mientras no se formule una teoría del cambio institucional y desarrollo de las capacidades del Estado, los alcances de l modelo gerencial están limitados. En cada cambio de las constelaciones institucionales se involucran altos costos de transacción de los actores políticos afectados. Los actores políticos pueden inventar nuevas estrategias para adaptarse a los cambios de reglas y las instituciones son parte de una configuración, donde un cambio hecho en una institución puede tener efectos impredecibles y no esperados en otros. Por lo tanto, lo que se requiere es la construcción de un sistema burocrático moderno que reinvente la racionalidad de la función administrativa y adapte las instituciones a las condiciones del entorno.

Las políticas económicas de corte neoliberal y monetarista despoja a la política social de sus connotaciones ideológicas y centra a la economía de mercado en la nueva doctrina que alienta los procesos de globalización y cercena la soberanía de los Estado-nación para suplantarla por un nuevo concepto de soberanía, la consumidora. Es un imperativo rediseñar la política social ante el inminente abandono como función de lo político, ya que se ha focalizado para atender a los grupos más pobres a los que no ha resuelto atacar las verdaderas causas de ello.

La política social era un mecanismo efectivo de clientelismo político del Estado corporativo, en donde los organismos e instituciones encargadas de esta función, formulaban e implementaban una política social que tampoco promovía la equidad ni la eficiencia, pero que las atenuaba. La transición del Estado corporativo al modelo de Estado gerencial aceleró el descongelamiento de las fuerzas elitistas del capitalismo que se oponen a la acción económica del Estado, para convertirse en los agentes económicos protagonistas del desarrollo cuya representación de intereses es representada por el mercado.

En la mayoría de los países latinoamericanos existe una desconexión entre la presupuestación, planeación de inversiones, sistemas de procuración, aplicación de los recursos financieros y la evaluación de los resultados, los cuales muestran todavía muchas limitaciones y deficiencias.

La reforma del Estado en Iberoamérica tiene como causas las recurrentes crisis fiscales, la globalización de los mercados y los procesos democráticos. Se realiza sin que se tenga una visión clara del papel que debe desempeñar el Estado y de las actividades que deben realizar las entidades públicas de tal forma que determinen su lugar en la reorientación del sector público. Abarca tres períodos: el de ajustes de la balanza de pagos y macroeconómico, la reestructuración de los incentivos y los precios relativos. ; el segundo período involucra la privatización y la contratación de un gran número de actividades del Estado que se consideran particularmente comerciables en un mercado y, el tercer período que comprende los ajustes institucionales a largo plazo necesarios para consolidar y mantener las reformas anteriores, por lo que se ha dado en llamar las reformas de la segunda generación.

Esta última reforma implica dos acercamientos. En primer lugar hay un consenso de que el gobierno debería involucrarse solamente en aquéllas áreas donde el sector privado no tiene una ventaja comparativa y en segundo término, que la expansión selectiva o el fortalecimiento de las actividades gubernamentales se requiere para compensar la baja provisión de bienes públicos, incluyendo los servicios básicos (Rowart, 1999) La provisión de los servicios públicos por agentes económicos con intereses particulares persiguen fines de lucro más que los caritativos. Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

Por otro lado, la asignación para la provisión de los bienes y servicios públicos debe promover la participación mediante mecanismos y procesos democráticos para que los ciudadanos reciban de acuerdo a sus preferencias en función de la comunidad territorial a la que pertenecen. La descentralización eficiente para la provisión de bienes y servicios públicos, requiere como condición básica de una mayor participación ciudadana directa, tanto política como administrativa, y no necesariamente a través de los representantes electos.

Los mecanismos de participación pueden referirse a la participación ciudadana y la participación económica de acuerdo a la clasificación que hace Finot (2000). En el primer tipo se refiere a aquellas decisiones de carácter democrático sobre las asignaciones para la provisión y producción de bienes y servicios públicos, así como a los procesos de ejecución y control de decisiones administrativas. La participación económica se refiere a la introducción de mecanismos de mercado y externalidades en los procesos de asignación para la provisión y producción de bienes y servicios públicos. La participación económica exige la gestión individual a través de organizaciones económicas y sociales que proveen los bienes y servicios públicos. Estos mecanismos de participación, sin embargo puede ser instrumentos para la manipulación de los verdaderos intereses de la sociedad.

La crisis financiera de los Estados latinoamericanos durante la década de los ochenta y los noventa caracterizada por déficit presupuestales, políticas monetarias flexibles e índices inflacionarios galopantes dio cabida a las intervenciones del Fondo Monetario Internacional. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Como resultado de la crisis de la deuda experimentada por los países tales como México, Bolivia y Argentina durante los ochentas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras agencias de préstamos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, impusieron políticas de ajuste estructural de libre mercado en los gobiernos latinoamericanos a fin de asegurar que dedicaran suficientes fondos a pagar la deuda internacional.

El FMI acudió al rescate imponiendo sus políticas de presupuestos balanceados mediante la austeridad fiscal, una rígida política monetaria, reducción del tamaño del gobierno, privatización de empresas propiedad del Estado (EPEs) y desregulación de la actividad económica, como condición para prestar ayuda. Las crueles medidas de austeridad han sido adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de la región a fin de reducir sus gastos en educación, salud y otros servicios sociales de tal forma que pueden servir a la combinación de deudas de los sectores privados y públicos de los diferentes países.

Estas políticas de ajuste estructural neoliberal han involucrado completamente la apertura de los mercados domésticos de los países latinoamericanos al capital transnacional, la promoción de las llamadas exportaciones no tradicionales a fin de ganar divisas extranjeras tanto como sea posible para pagar las deudas, y la desregulación del capital local y los mercados comerciales, que han involucrado las impopulares medidas de austeridad fiscal dirigidas a reducir los servicios públicos y a privatizar muchas de los servicios públicos y empresas públicas, de tal forma que los fondos públicos estén destinados al pago de las deudas. La privatización de los beneficios, riesgos y responsabilidades de los servicios públicos, también enajena las aspiraciones sociales, las cuales se cancelan si la subjetividad es excluida del orden social. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000).

El papel de gestión de crisis económica y financiera que desempeñan los Estados imperialistas mediante intervenciones para apoyar a los Estados menos desarrollados y a las empresas transnacionales con problemas. En lo que respecta a la reducción del tamaño del gobierno, la cuestión debe centrarse en una reingeniería de procesos más tendiente a la delimitación de actividades y procesos para hacer más eficientes las tareas del Estado.

Estas políticas conocidas también como de ajuste estructural, impuestas por el “Consenso de Washington”, son diseñadas bajo los principios de una nueva ortodoxia de las teorías liberales, que han dado beneficios en el ámbito macroeconómico. Los postulados del Consenso de Washington que han sido impuestos a los países en desarrollo se fundamentan en una liberalización de sus economías, privatizaciones de empresas públicas y en limitar la intervención de los gobiernos en el mercado.

Las naciones que más beneficios han recibido de los procesos de globalización son aquellas que se han apartado de la aplicación de los postulados del Consenso de Washington para regular su propio crecimiento económico. El Consenso de Washington propuso un modelo de Estado liberal, minimalista y reduccionista en oposición ideológica a la concepción del modelo de Estado de bienestar (Welfare State) cuyas prácticas profundizaron las políticas sociales porque tomó como una obligación la provisión de los servicios asistenciales.

Los países pobres, altamente endeudados no tuvieron más opción que aceptar las propuestas del “Washington Consensus” encaminadas a orientar el desarrollo bajo una economía de mercado, el manejo escrupuloso de la macroeconomía mediante el diseño de reformas financieras, la cual implica el desarrollo de instituciones que son inexistentes o subdesarrolladas. Petras (2001d) argumenta que los Estados imperialistas como Estados Unidos, Europa y Japón, a través de las instituciones financieras internacionales presionan a los países receptores de préstamos en el tercer mundo para reducir y eliminar barreras comerciales y privatizar empresas del Estado, lo que permite a las empresas transnacionales penetrar en los mercados y comprar empresas locales.

Después del periodo de la posguerra y y hasta los finales de los setenta, los países del tercer mundo implementaron una política económica contraria a los dictados de las instituciones financieras internacionales debido a las alianzas ideológicas y políticas con las clases sociales y a los movimientos populares nacionalistas. Por lo tanto, el modelo de Estado de Bienestar a escala mundial o global es un proyecto que puede rescatar a la humanidad misma, más que a desaparecerlo para permitir la maximización de beneficios de tipo bursátil.

Sin embargo, la aplicación de estas políticas representa la estagnación de las economías en los países en desarrollo. La estagnación de los países en desarrollo en las décadas de los ochenta y noventa a pesar de la reformas económicas que deberían de haber acelerado y no haber propiciado la caída del crecimiento (Easterly, 2000a) Las características favorables para el crecimiento del ingreso han mejorado, pero el crecimiento de los países en desarrollo se ha estancado. El nivel de incertidumbre para el crecimiento de los países en desarrollo es alto.

Pero también han dado origen a una ingobernabilidad de las instituciones económicas que han propiciado una inestabilidad financiera de los mercados. Además, profundización en los niveles de pobreza, mayor desigualdad y exclusión social, baja calidad de vida, deterioro y precariedad de las condiciones de vida, e incremento en los niveles de violencia social e institucional. La pérdida en la calidad de vida se sacrifica en nombre de un supuesto e incierto progreso futuro.

El logro de mejores niveles de calidad de vida está relacionado con la instrumentación de mecanismos de gobernabilidad institucionalizados que reparten los beneficios del desarrollo en forma más justa y equitativa, dando origen a una sociedad más satisfecha y por tanto menos asimétrica por sus desigualdades. El costo social de la aplicación de estas políticas de ajuste estructural es alto desde el punto de vista de reducción del gasto público, sobretodo en materia de educación, salud, vivienda, etc.

Por lo tanto, las políticas de ajuste estructural hacen referencia a “poder de clase, riqueza y control”, en donde el Estado recolonizado (Petras, 2001d), es activo en la implementación que incluyen “cambios en la propiedad (de público a privado, de capital nacional a capital extranjero” mediante una serie de medidas que benefician a la clase capitalista transnacional. Por lo tanto, la implantación de las políticas de ajuste estructural requieren de “un estado fuerte dispuesto a resistir la oposición de la mayoría. La propuesta para el análisis del cambio institucional es opuesta a la democracia mayoritaria y negociadora como el punto de partida. Como tipos polares, las democracias con un mínimo de puntos de veto son mayoritarias en carácter, mientras que las democracias de negociación contienen un máximo de puntos de veto (Kaiser, 1997)

Un estado ideológicamente comprometido, dispuesto a ocultar su rol histórico como entidad independiente y a rechazar la idea de la soberanía popular para así poder implantar políticas por vías autoritarias, por real decreto. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997). Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Desdichadamente, fue durante el mismo periodo en que se introdujeron los programas de ajuste estructural, que se realizan la apertura de los mercados, reducción del gasto público, la privatización de las corporaciones estatales, aumento de los impuestos y el sometimiento de la política económica al cumplimiento de metas financieras, etc. Se pensó que era la dirección correcta porque se había perdido la fe en el manejo de los recursos por el gobierno.

No obstante, las economías nacionales están siendo saneadas para favorecer a la inversión capitalista transnacional. Los grandes intereses corporativos de las transnacionales atentan contra la acción reguladora del Estado porque limita sus beneficios económicos logrados mediante la adquisición de materias primas y recursos a bajos costos y en abundancia, la penetración de sus productos en nuevos mercados y la reducción de sus costos de transacción en las operaciones de comercialización. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos.

Las políticas económicas han tenido efectos profundos en las políticas sociales, a tal grado que la persecución de políticas que reducen las desigualdades sociales entran en conflicto con la lógica de la acumulación de capital. O al revés, con frecuencia las políticas económicas y sociales protegen y benefician mediante verdaderos abusos de poder, a determinados sectores sociales que tienen más poder económico o político.

Las políticas sociales tienen como objetivo posibilitar capacidades personales y competencias laborales en los individuos, de tal forma que les permita el acceso a mejores condiciones de vida. Lamentablemente, la desnacionalización de las empresas, la concentración del aparato productivo y la destrucción de las cadenas productivas, producto de la implementación de políticas económicas neoliberales que conllevan una atenuación de la política social, han traído consigo un crecimiento del desempleo y una profundización de la pobreza extrema, y por consecuencia

La carencia de adecuadas oportunidades de empleo es una de las principales preocupaciones de los Latinoamericanos. No se genera la suficiente cantidad de empleo, por lo que pocos individuos tienen acceso a trabajo bien remunerado. Los factores que afectan la oferta laboral están afectados por las reducciones de crecimiento del empleo, el incremento en la desigualdad salarial y los cambios en el desempleo durante la última década en Latino América. Duryea y Székely (1998) concluyen que las dos fuerzas que orientan la oferta laboral en la región han sido la demografía y la educación mejora significativamente el entendimiento de la declinación en el empleo, la cambiante pauta de desempleo y el incremento en la desigualdad salarial.

Una buena calidad de la gobernabilidad democrática propicia el crecimiento económico y el desarrollo social sostenido. El desarrollo social debe estar apuntalado por un desarrollo humano mediante la adquisición de capital humano y un mayor acceso a los recursos y bienes sociales, a efecto de elevar los niveles de calidad de vida. Existe una relación estrecha entre democratización y desarrollo social. Además del sufrimiento causado por la política económica neoliberal han puesto en peligro los límites de los procesos de la democratización política que ha tomado lugar en las sociedades

Latinoamericanas desde el final de los ochentas, estas impopulares políticas neoliberales fueron inicialmente introducidas en la mayor parte de los casos por regímenes militares represivos que se mantuvieron en Latinoamérica en los setenta y los ochenta. El uso de la fuerza es la principal forma en la cual la dominación y la subordinación han sido ejercitadas en Latinoamérica. Los orígenes históricos de las sociedades contemporáneas latinoamericanas se centran en la conquista militar, la subyugación forzada de las gentes indígenas de la región bajo la regla colonial europea el subsiguiente dominio autoritario de la población por los regímenes dictatoriales.

Sin embargo, los gobiernos civiles electos que sucedieron a estos regímenes al final de los ochentas y a principios de los noventas han continuado estas medidas impopulares, junto con otros factores, han prevenido estos regímenes de implementar políticas que combaten las desigualdades más obvias e injusticias sufridas por la mayoría empobrecida de la población en estos países.

El desarrollo económico es el paso de un determinado nivel de vida a otro más alto, en el menor tiempo posible y al menor costo posible. Este desarrollo económico debe estar acompañado de un desarrollo social, entendido en los términos, no sólo de una mejor distribución del ingreso.

También en “el bien ser del hombre, que facilita la convivencia con sus semejantes. Que, además, lo impulsa a la participación y a la ayuda mutua, que insiste en la vigencia de la ley y la vida democrática, que le abre los horizontes de la educación y la cultura, que favorece su acceso al tener, al saber y al poder, para ser más...” (Servitje, 1999) En función de estos criterios, los resultados alcanzados por Latino América en los últimos veinte años, plantean serios cuestionamientos a las bases mismas de la gobernabilidad. Muchos de los problemas y temas tratados anteriormente persisten en Latino América.

En términos generales, las políticas económicas implementadas en la mayoría de los países latinoamericanos presentan rasgos coincidentes aunque con algunas diferencias en el diseño de los paquetes. Para el caso de México específicamente, un factor del riesgo político consistentemente alto (calificado como "BB", grado de no-inversión) es "la calidad de la gobernabilidad" que abarca "la calidad de las instituciones del sector público; la eficiencia de los servicios gubernamentales y la capacidad del gobierno para establecer la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, la firma Estándar and Poor’s que clasifica los riesgos de inversión sostiene que levar a México al grado de inversión no es inevitable, por lo que observa de cerca el gasto presupuestal y el manejo del auge económico. Los inversionistas capitalistas toman en consideración los riesgos que tienen sus inversiones en los diferentes países para exigir bonos de utilidades que les garanticen el máximo retorno. En un análisis de factores dinámicos, Melvin y Schlagenhauf (1985) estimaron el índice de riesgo nacional mensual para México y concluyeron que son determinantes las proporciones de las importaciones a las reservas y la deuda a las exportaciones. ”. Para Giddens (1999:36) los riesgos son “la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza.” En el riesgo nacional, la inestabilidad sociopolítica es un importante componente.

Una investigación de Brunetti, Kisunko y Weder (1998a) basada en una encuesta a gran escala realizada al sector privado de América Central, que incluye a México, Costa Rica y Jamaica, que evalúa la calidad institucional de los países y determina el impacto de los 15 obstáculos para hacer negocios clasificados en seis categorías, arrojó los siguientes resultados: el mayor obstáculo es el crimen y el robo, seguido por una inadecuada oferta de infraestructura, inflación, corrupción y financiamiento.

El más bajo obstáculo es el terrorismo. En los términos de gobiernos que imponen obstáculos para hacer negocios, la región ocupó del más bajo al más alto, el lugar 18 en el mundo. El mismo nivel 18 de la mejor a la peor región en lo que se refiere a los obstáculos relacionados con la regulación para empezar negocios. El lugar 19 en los obstáculos relacionados con la inflación y el financiamiento, el 10 en obstáculos relacionados con el comercio. El lugar 14 en los obstáculos relacionados con las políticas de ingreso y gasto público. Igualmente el 14 en los obstáculos relacionados con la incertidumbre y el 17 en los obstáculos relacionados con el crimen.

Otra investigación (Brunetti, Kisunko y Weder, 1998b) basada en una encuesta realizada a empresas privadas locales en 72 países, sobre las percepciones de los obstáculos institucionales, particularmente la confiabilidad y la predictivilidad, son cruciales para el desarrollo económico. Esta investigación captura los puntos de vista de los emprendedores locales sobre la predictibilidad de los cambios en las leyes y políticas, en la confiabilidad de la aplicación de la ley, el impacto de burocracias corruptas y discrecionales y el peligro de revertir las políticas debido a los cambios en los gobiernos. Para el caso específico del mundo, Latinoamérica y el Caribe, y México, los resultados en promedios de la encuesta muestran la inestabilidad política y la seguridad de la propiedad y la interfase entre los gobiernos y los negocios, evaluadas en un rango que va de 1 que indica lo peor a 6 como la mejor posible opción, de la siguiente manera:

- Inestabilidad política y seguridad de la propiedad. Las primeras dos preguntas cuestionan sobre incertidumbres involucradas en las transferencias de los gobiernos regulares y en transferencias anticonstitucionales de gobierno (golpes de Estado) a fin de evaluar las posibles incertidumbres de la elaboración de las leyes. (1) = Los cargos constitucionales del gobierno (como resultado de las elecciones) se acompañan usualmente por grandes cambios en las reglas y regulaciones que tienen un impacto en mi negocio. (2) = Constantemente tengo temor de los cambios no constitucionales del gobierno (por ejemplo, golpes de Estado) que se acompañan por sorpresas de largo alcance en las políticas con un significante impacto en mis negocios. Los resultados son:

(1) (2)

Mundo: 3.01 y 3.44

Latinoamérica y el Caribe: 2.94 y 4.50

México: 3.03 y 4.51

Fuente: Interpretación personal basado en datos de Brunei, Kisunko and Weder (1998)

Las siguientes tres preguntas se enfocan en las incertidumbres de la aplicación de la ley. Preguntan si la empresa tiene confianza en las habilidades de las autoridades del Estado para proteger los derechos de propiedad y para garantizar un predictivo proceso judicial. (1) = Robo y crimen son problemas serios que pueden sustancialmente incrementar los costos de hacer negocios. (2) = No tengo confianza en que las autoridades del estado protejan mi persona y mi propiedad de acciones criminales. (3) = La impredictibilidad de lo judicial presenta un problema mayor para las operaciones de mi negocio. Los resultados son:

Ahora Antes

(1) (2) (3) (1) (2) (3)

Mundo: 2.54 2.56 2.91 3.16 3.00 3.17

Latinoamérica y el Caribe: 2.00 2.40 2.71 3.26 3.03 3.09

México: 1.62 1.75 2.66 3.53 3.22 3.35

Fuente: Interpretación personal, basado en datos de Brunetti, Kisunko and Weder (1998)

- Interfase gobierno-empresas. Áreas en las que las empresas confrontan con la acción del gobierno y evalúa el grado en que estas áreas crean obstáculos para la acción de las empresas. Los resultados en promedios son:

Mundo Latinoamérica México

Regulaciones para iniciar negocios / nuevas operaciones: 3.79 3.56 2.44

Controles de precios 4.35 4.18 3.80

Regulaciones en comercio exterior (importaciones/expor-

taciones 3.59 3.30 3.36

Finanzas 3.00 2.56 2.47

Regulaciones laborales 3.52 2.92 2.97

Regulaciones de moneda extranjera 3.85 3.83 3.70

Regulaciones de impuestos/ o altos impuestos 2.44 2.55 2.44

Inadecuada oferta o infraestructura 3.05 2.48 2.88

Política de inestabilidad 3.38 2.83 2.90

Seguridad o regulaciones de seguridad 3.79 3.54 3.42

Inflación 3.21 2.94 2.79

Incertidumbre general sobre los costos de regulaciones 3.28 3.26 3.24

Crimen y robos 3.22 2.65 2.43

Corrupción 2.87 2.39 2.17

Terrorismo 4.65 4.18 4.13

Fuente: Interpretación personal, basado en datos de Brunetti, Kisunko and Weder, (1998)

A la pregunta de que si la percepción generalizada de la relación entre gobierno y/o burocracia y las empresas privadas son o bien como "una mano que ayuda" (1,2), como agente neutral (3,4), o como "oponente" (56), las respuestas fueron:

Mundo 3.22

Latinoamérica 2.94

México 3.03

Fuente: Interpretación personal, basado en datos de Brunetti, Kisunko and Weder, (1998b)

En 1996, las inversiones públicas y privadas en México se mantuvieron debajo de los niveles de los años setenta y ochenta (Glen y Sumlinski, 1998) La mayoría de los créditos gubernamentales con grado de no-inversión (caso de México), se caracterizan por debilidades en la gobernabilidad" (Standard & Poor's, 1997) Este estudio caracteriza como debilidades de la gobernabilidad: la corrupción oficial y privada, el tráfico de influencias, la corrupción e ineficiencia de los órganos judiciales, la influencia de los carteles de las drogas, deficiencias en la seguridad interna bajo la forma de grupos guerrilleros operando en áreas rurales y la violencia en las grandes ciudades. El incremento de la agricultura en Latinoamérica en el sistema económico capitalista global ha beneficiado solamente una minoría privilegiada de la población rural mientras que el campesinado ha sido excluido de los beneficios. Además, el tradicional sector campesino está declinando como resultado de que el campesinado se orienta más a la obtención de salarios en fuentes de ingresos y a su migración a las ciudades.

Si se controla el desarrollo social democrático y el crecimiento económico de los países latinoamericanos, éstos no son significativamente más corruptos que los países más desarrollados. Barro (1998) llega a afirmar que el paquete de préstamos del Fondo Monetario Internacional a México en 1995, fue una recompensa a la corrupción de los préstamos bancarios riesgosos. Mientras más presten los gobiernos de otros países a México, más seguridad tienen los banqueros de otros países de recobrar sus créditos.

La baja gobernabilidad en México, por ejemplo, tiene sus antecedentes en las debilidades de las políticas económicas, sociales, culturales, educativas, etc. y en las debilidades de sus instituciones a pesar de que en el pasado existía una fuerte presencia del estado en la creación de instituciones y de políticas públicas. Un examen de los países como Chile, Costa Rica y México que han seguido fielmente las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional revela que sus logros publicados en el crecimiento macroeconómico a sido alcanzado al costo de mantener bajos los salarios reales de su fuerza de trabajo asalariada, el adelgazamiento de sus servicios públicos , la reducción de los beneficios sociales, así como el rápido crecimiento del sector informal de sus economías compuesto de vendedores de la calle autoempleados, manos alquiladas, trabajadores en pequeños talleres, jornaleros, reparadores, prostitutas, servidores domésticos y así entre otros (Harris, 1997).

De esta forma, el llamado sector informal de la economía representa un tipo de subsidio para las empresas capitalistas en el sector formal. La presencia de un sector informal grande ayuda a mantener los salarios bajos y los costos de reproducir la fuerza de trabajo urbana a un mínimo para los negocios locales y para las corporaciones transnacionales, por lo tanto los capitalistas son capaces de maximizar sus utilidades pagando bajos salarios a sus trabajadores y pocos si es que algunos beneficios.

Los déficit de gobernabilidad están relacionados con la legitimidad del sistema político, los cuales tuvieron su origen en las políticas económicas erróneamente implementadas por las elites que hicieron el diseño organizacional para la transición del Estado mexicano. El análisis en los tipos de veto es actualmente en discusión de la reforma institucional es indicativo de la percepción que prevalece de déficit en el sistema político.

México ha vivido populismos centrados más en las expectativas de gobernantes iluminados que en propuestas concretas de desarrollo nacional mediante un desarrollo institucional. El Estado mexicano ha logrado mantener su legitimidad mediante una política de protección social parcial y promesas futuras de mayores beneficios que favorezcan a los diversos grupos sociales.

Las crisis económicas recurrentes por las que a pasado la economía mexicana, aunado a las debilidades institucionales para limitar los alcances en el tejido social, han sido las repercusiones de la aplicación de la política económica neoliberal y los factores clave del deterioro de la gobernabilidad de la sociedad. In general, la clase trabajadora y otros elementos de la clase baja, los campesinos, los estratos bajos de la clase media, los participantes pobres en el sector informal, etc., han sido forzados a pagar los costos de la crisis económica de los ochenta y el proceso global de reestructuración capitalista que está teniendo lugar desde los setentas.

La crisis de la deuda del tercer mundo inició en México cuando anunció que no podía dar servicio a su deuda en agosto de 1982. Como resultado de la crisis de la deuda experimentada por los países tales como México, Bolivia y Argentina durante los ochentas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras agencias de préstamos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, impusieron políticas de ajuste estructural de libre mercado en os gobiernos latinoamericanos a fin de asegurar que dedicaran suficientes fondos a pagar la deuda internacional.

En la década de los ochenta, México entró en un período doloroso y controvertido de reestructuración del Estado, que implicaron la reorganización económica, reformas políticas y una modernización administrativa. La reducción del tamaño del Estado, la privatización de las empresas propiedad del Estado (EPEs) y la desregulación económica fueron las estrategias adoptadas para el diseño del Estado mexicano, como lo fueron también para otros Estados.

La reestructuración de la deuda soberana durante la crisis mexicana de 1994-95 ha sido ampliamente estudiada para comprender la forma en que los mercados financieros, el gobierno y las instituciones multilaterales responden a las cuestiones de gobernabilidad. Como resultado, a pesar de que las clases altas y sus agentes de gobierno, incurren en la carga de grandes deudas en los setenta y en los ochenta, las clases bajas han estado soportando la carga del pago de la deuda durante los noventa.

La crisis mexicana dejó como enseñanza la problemática de sostener tasas de cambio fijas en un entorno de movilidad del capital internacional. México no se recobró porque su sistema financiero débil se haya fortalecido con la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI), sino porque se benefició con el incremento de exportaciones a Estados Unidos como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el crecimiento acelerado de la economía vecina.

Comparada con la crisis de la deuda de los ochenta y con la crisis mexicana de 1994-95, también llamada el “efecto tequila”, ambas son consideradas tener como raíces los imbalances financieros del sector público. A diferencia de la crisis posterior (Asia, Rusia, Suráfrica, Brasil, etc.) que tiene sus raíces en desbalances financieros del sector privado y que es la primera crisis financiera realmente considerada como global que golpea a las economías de los mercados emergentes. La crisis financiera asiática explotó poco después de que las olas de la crisis del peso mexicano hayan bajado. La liberalización rápida de los mercados financieros en los países del Este asiático fue el factor de mayor peso en su crisis financiera después de experimentar altas tasas de crecimiento cuando sus mercados financieros estaban regulados.

Por lo tanto, parece que las crisis financieras ocurren más frecuentemente en los últimos años en las economías emergentes, como el caso de México y sus efectos han aumentado la perversidad del capitalismo transnacional. Estas crisis financieras hacen pensar a muchos analistas en que el final del neoliberalismo ya está cerca, posición que es muy discutible. Convertir las deuda privada con el exterior en deuda pública, compromete el futuro y debilita los recursos destinados al gasto público, generando la crisis del presupuesto público. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera.

Las monedas nacionales se han devaluado y pegado al patrón del dólar estadounidense, y el crecimiento de las exportaciones, principalmente de las exportaciones no tradicionales, tales como las frutas, las legumbres, as flores y algunos bienes manufacturados, han sido promovidos a expensas de la baja en la producción de alimentos para el consumo doméstico.

Los gobiernos locales y municipales altamente endeudados son dejados por los gobiernos centrales a la acción del mercado. La redefinición de las funciones de los gobiernos municipales requieren del compromiso de servidores públicos capaces de formular e instrumentar estrategias de desarrollo a largo plazo.

Los gobiernos municipales requieren de políticas que articulen sus esfuerzos con los de la federación. La ciudadanía, organizaciones de vecinos, organizaciones no gubernamentales, organismos empresariales, etc., como actores de la sociedad civil, deben ser involucradas por el gobierno municipal para participación en los procesos de tomas de decisiones para la formulación y ejecución de políticas públicas orientadas a estimular el desarrollo local y regional. El gobierno central evita actuar como prestamista en última instancia lo que crea riesgos cuando los municipios no obtienen financiamiento del mercado, forzando a los gobiernos locales a declararse insolventes.

La autonomía municipal se clasifica en política y administrativa. Es autonomía política la que se refiere directamente al ejercicio del poder de elegir y gobernar y la autonomía administrativa se refiere al funcionamientos de las organizaciones. De acuerdo a Cabanellas (1979:423), la autonomía política se refiere a la potestad que tiene el municipio para elegir sus propias autoridades y para dirigir sus asuntos de acuerdo a sus propias leyes. La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

El gobierno municipal puede establecer determinadas reglas del juego en el ejercicio de su autonomía, la cual, de acuerdo a Ruíz Blanco (1993: 120) comprende “la elección de sus propias autoridades (autonomía política); la libre gestión en las materias de su competencia (autonomía normativa); la creación y recaudación de impuestos (autonomía tributaria) y la inversión de sus propios ingresos (autonomía administrativa)”. La autonomía administrativa se refiere a la libre gestión en los asuntos que competen al municipio. La autonomía financiera o fiscales refiere a la potestad que tiene el municipio de dictar sus propias normas de creación, recaudación e inversión de sus ingresos.

Los fondos públicos del Estado son utilizados para pagar las deudas que generan los capitalistas por mala administración, desviando recursos que pudieron ser utilizados para el gasto en programas sociales. Como resultado, a pesar de que las clases altas y sus agentes de gobierno, incurren en la carga de grandes deudas en los setenta y en los ochenta, las clases bajas han estado soportando la carga del pago de la deuda durante los noventa. En general, en las administraciones de los países se ha visto un incremento de asesores que acompañan la expansión económica que justifican las reducciones demandadas por las instituciones de Bretton Woods como parte de los planes de ajuste estructural que están implementando

En México se inició en 1995 un Programa de Modernización de la Administración Pública con acciones enfocadas a la modernización y fortalecimiento de la capacidad administrativa y a la eliminación de la corrupción, la descentralización de la función pública y la reorganización de las relaciones intergubernamentales dentro del sistema federal. Sin embargo, poca importancia se da a la revalorización de la función pública que debe restablecer las funciones del Estado que son prioritarias para el desarrollo.

La reestatización o neoestatización de las funciones del Estado es una tendencia que se orienta hacia la recuperación de las funciones perdidas o disminuidas durante el período de aplicación de las políticas económico sociales del modelo neoliberal, la cual a su vez se orienta como pieza clave en la fase expansiva de las grandes corporaciones transnacionales. Las corporaciones transnacionales se reparten los mercados internacionales con el apoyo de los Estados imperialistas, que aumentan su poder e influencia. Las instituciones intergubernamentales que tienen como funciones regular ciertas actividades, con frecuencia lo hacen careciendo de la legitimidad democrática que resulta de procedimientos transparentes, arreglos institucionales que facilitan los procesos de rendición de cuentas y por actividades de políticos que buscan su reelección.

La permanencia en el puesto incentiva a los burócratas y políticos a cumplir sus promesas y a mejorar su trabajo, pero una vez en el puesto se escudan en políticas administrativas para proteger sus posiciones, lo que dificulta hacer exigible la rendición de cuentas. Los procesos de rendición de cuentas pueden homogeneizar los intereses e incentivos de la ciudadanía y de los políticos. Los procesos de rendición de cuentas permiten a los ciudadanos evaluar las acciones del gobierno en términos de cumplimientos de sus expectativas y a políticos les permite influir en los juicios de los electores.

La descentralización en Latinoamérica tiene que ser un proceso que permita avanzar los procesos de democratización social y para lograr una mayor eficiencia y eficacia de la administración pública. En Latinoamérica, los procesos de democratización se han desarrollado siguiendo un mismo patrón y dinámicas similares de confrontación a los gobiernos autoritarios que institucionalizaron los métodos violentos como formas de control político. El uso de la fuerza es la principal forma en la cual la dominación y la subordinación han sido ejercitadas en Latinoamérica. Los orígenes históricos de las sociedades contemporáneas latinoamericanas se centran en la conquista militar, la subyugación forzada de las gentes indígenas de la región bajo la regla colonial europea el subsiguiente dominio autoritario de la población por los regímenes dictatoriales.

Además del sufrimiento causado por la política económica neoliberal han puesto en peligro los límites de los procesos de la democratización política que ha tomado lugar en las sociedades Latinoamericanas desde el final de los ochentas, estas impopulares políticas neoliberales fueron inicialmente introducidas en la mayor parte de los casos por regímenes militares represivos que se mantuvieron en Latinoamérica en los setenta y los ochenta.

Sin embargo, los gobiernos civiles electos que sucedieron a estos regímenes al final de los ochentas y a principios de los noventas han continuado estas medidas impopulares, junto con otros factores, han prevenido estos regímenes de implementar políticas que combaten las desigualdades más obvias e injusticias sufridas por la mayoría empobrecida de la población en estos países. El monopolio del poder y su uso discrecional que mantienen algunos miembros en las estructuras de gobierno es la principal fuente de conductas corruptas, por lo que se requiere de reformas institucionales profundas, reformas que se ha dado en denominar de segunda generación

La reforma institucional tiene en la sociedad civil un agente promotor. Los actores pueden reformar las instituciones básicas de otras maneras más que por evolución en un largo camino institucional, de tal forma que combina las diferentes tradiciones de la democracia. La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio. Categorizando los puntos de veto de acuerdo a los efectos deseados, las estrategias de los actores políticos para el uso de los puntos de veto o en la propuesta de reformas institucionales pueden analizarse en modelo integrado de democracia.

Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente a la reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación. Estas reforma requieren de un marco conceptual que orienta la implantación de acciones en una agenda política bien precisa, que reconstruya y fortalezca las instituciones estatales y políticas bajo una nueva concepción del Estado y sus interrelaciones con la sociedad y el mercado, lo cual contribuye a mejorar la gobernabilidad y a controlar la conductas corruptas.

El programa pretende desarrollar mecanismos para una mayor responsabilidad y rendición de cuentas de las agencias de gobierno, en materia de administración de los servicios públicos, así como asegurar una mayor disponibilidad para establecer asociaciones con las organizaciones no gubernamentales. Con la descentralización, los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades. Así mismo, las reformas de la segunda generación tienen que saldar el déficit de justicia social e igualdad y lograr la legitimidad de los Estados-nación.

Los países latinoamericanos han sido sorprendidos por los procesos de globalización porque no tenían los mecanismos económico-políticos y las instituciones necesarias para asimilar los efectos en materia de una mayor justicia social en la distribución de la riqueza. Los retos planteados por los procesos de globalización a Latinoamérica, implican la revisión de las utopías románticas de la integración latinoamericana. La naturaleza de la integración de la región latinoamericana en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo.

Junto con las elites locales y los capitalistas transnacionales han promovido mayores cambios estructurales en las economías latinoamericanas a fin de facilitar la creciente integración de la región en la economía global capitalista. Las elites gobernantes de Latinoamérica generalmente han servido de intermediarias entre el poder externo dominante y la población local. Cualquier intento serio para explicar las desigualdades y las formas de ubicuidad de la injusticia que caracteriza a las sociedades Latinoamericanas inevitablemente conduce un examen crítico de las relaciones de explotación de producción y distribución capitalista que predomina en la región.

Latinoamérica ha abrazado los programas de privatización con mucho entusiasmo y existen evidencias que sugieren que ha habido un decremento del involucramiento del Estado en la economía. La privatización de las empresas públicas propiedad del Estado está en la agenda de las instituciones financieras internacionales quienes aconsejan a los Estados recolonizados una serie de medidas para hacer más atractiva la compra a los capitalistas extranjeros. Las instituciones financieras internacionales imponen a los Estados-nación principios para el manejo de su política económica basado en el fundamentalismo del libre mercado, los cuales son aplicados en los países deudores con consecuencias negativas, mientras que los países desarrollados evaden su aplicación. De acuerdo con datos del Banco Mundial (Notimex, 2000), los países de América Latina y el Caribe captaron 154 mil 225 millones de dólares por privatizaciones de 1990 a 1998, los que representan la mitad de los ingresos por transferencia de bienes productivos del Estado a inversionistas privados.

De acuerdo con datos de la OCDE, el proceso de privatización mundial tuvo un valor de 145 mil millones de dólares en el año de 1999, el 10 % superior al año anterior. El país más privatizador de América Latina ha sido Brasil, con un total de 66 mil 729 millones de dólares. A pesar de que en los últimos años han declinado las transacciones de privatización en el mundo, América Latina y el Caribe captaron el 77 por ciento de los ingresos mundiales en 1998. En 1999, en la región latinoamericana, las privatizaciones fueron inferiores a los planes establecidos. Las actividades de privatización continúan la tendencia mundial a la reducción del papel del Estado en las economías nacionales, a ajustar los presupuestos y a la atracción de inversión extranjera. La tendencia, por lo tanto, es a incrementar las operaciones de transferencia de las empresas propiedad del Estado al sector privado (EPEs)

Los programas de privatización de las empresas paraestatales en México han sido vastos en sus alcances y hasta cierto punto, exitosos en la reducción del papel de un Estado que era intervencionista en la economía. México es el segundo privatizador de América Latina en la década de los noventa. Entonces el gobierno transfirió a particulares activos por 31 mil 458 millones de dólares, que representan 20.4 por ciento de la venta total de empresas propiedad del Estado (EPS) en Iberoamérica, según un estudio del Banco Mundial (González, Canon y BROS, 2000) El año que más ha captado es 1991. con un total de 11 mil 289 millones de dólares. Mientras que en 1998, México captó 999 millones de dólares. México planea privatizar bienes en aeropuertos, ferrocarriles y en el sector energético, la industria petrolera y eléctrica.

De acuerdo con el estudio de La Porta y López-de-Silanes (1997), en 1982 las empresas de propiedad estatal produjeron el 14% del producto nacional bruto, recibieron transferencias netas y subsidios iguales a 12.7 por ciento del PNB y representaron el 38 por ciento de la inversión de capital fijo. Las privatizaciones alcanzaron un monto de tres mil 160 millones de dólares en 1990, para aumentar a 11 mil 289 millones en 1991 y sumar seis mil 924 millones de dólares en 1992. Para junio de 1992, el gobierno había privatizado 361 de alrededor de 1200 empresas propiedad del Estado.

Las privatizaciones hechas en 1993 representaron dos mil 131 millones de dólares, en 1994 fueron de 766 millones y en 1995 sólo de 167 millones de dólares. En 1996 aumentó a mil 526 millones de dólares, en 1997 creció a cuatro mil 496 millones y en 1998 la venta fue por 999 millones de dólares. El informe del Banco Mundial señala que entre 1990 y 1998 las privatizaciones de empresas públicas alcanzaron un monto de 154 mil 225 millones de dólares, cantidad apenas inferior al saldo de la deuda externa total de México que fue de 159 mil 959 millones de dólares en 1998.

El beneficio de las privatizaciones no ha sido el mayor para los mexicanos a pesar de que sus defensores tratan de demostrar lo contrario. Según datos del privatizador Salinas de Gortari (1999) “las privatizaciones abrieron espacio presupuestal para financiar el gasto social sin recurrir a déficit fiscal”. Los efectos no han sido del todo satisfactorios. Los programas de privatizaciones en México han reducido el empleo a la mitad mientras que la producción se ha incrementado en un 54.3% a pesar de una significativa reducción en inversiones. Un estudio anterior de Galal et al. (1992) analiza el desempeño después de la privatización de doce compañías de diferentes países, incluyendo México, documentando que hubo incremento del 26 % en las ganancias en once casos e incremento de los beneficios a los trabajadores en tres casos.

Estas políticas económicas son las causantes de una profunda desigualdad económica y social y una mala distribución de la riqueza, que generaron una mayor exclusión social y marginación que han dado origen al concepto de los “sin nombre y sin domicilio fijo”, ignorando su existencia como seres humanos y como ciudadanos. Es ampliamente reconocido por académicos e intelectuales que la estructura social latinoamericana, a diferencia de otras sociedades, es una “pigmentocracia” representada en un extremo por los aristócratas descendientes de los españoles, altos, de piel clara, bien educada y dueños de los factores de producción, tierra y capital. Mientras que en el otro extremo se colocan a los descendientes directos de los indígenas, bajos de estatura y de piel obscura. En medio de estos dos estratos, se encuentra uno grande representado por los mestizos.

Una de las realidades más impresionantes de Latinoamérica es el grado extremo de desigualdad económica, social y política que caracteriza a las sociedades de la región , a tal grado que esta desigualdad es quizás mejor revelada por la distribución de ingreso entre los niveles más altos y bajos de ingreso en las sociedades latinoamericanas.

Un análisis de Harris (1997) sobre la situación de Latinoamérica refleja que el más alto 20 por ciento del ingreso obtiene entre el 40 y 70 por ciento del total anual del ingreso ganado en los países latinoamericanos, mientras que el más bajo 40 por ciento de los que obtienen ingresos obtienen solo entre el 5 y el 20 por ciento del total del ingreso ganado en estos países, el 40 por ciento de todos los hogares latinoamericanos viven bajo la línea de pobreza definida en términos del ingreso requerido para satisfacer necesidades básicas para alimentación, habitación, y ropa. De hecho la mitad de los grupos no tiene un ingreso suficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas de alimentación. En suma, la desigualdad económica y social es extrema a través de Latinoamérica y recientes transformaciones en el sistema capitalista global y las economías de los Estados latinoamericanos han contribuido en su mayor parte a la ya de por sí polarizada estructura de clases, diferenciación étnica, racial y de género.

Las grandes corporaciones transnacionales socavan la soberanía y autonomía de los pueblos colonizados o recolonizados, para una toma de decisiones independiente en la regulación de su propia economía. La estructura económica y social de la colonia marca a la sociedad en estamentos, donde las diferencias entre los ricos y los pobres están bien definidas y son aceptadas como inherentes al mismo sistema. Los colonizadores españoles usaron la fuerza militar y los poderes del Estado para asegurar su dominio económico y político sobre las mayorías dominadas (Chua, 1998). La política contemporánea y la vida social de la región se debe en parte al legado del dominio colonial europeo, a sus instituciones de dominación ideológica y a una tradición de militarismo y conflictos armados así como también a una institucionalización de numerosas desigualdades de clases, género y razas étnicas.

El uso de la fuerza es la principal forma en la cual la dominación y la subordinación han sido ejercitadas en Latinoamérica. Los orígenes históricos de las sociedades contemporáneas latinoamericanas se centran en la conquista militar, la subyugación forzada de las gentes indígenas de la región bajo la regla colonial europea el subsiguiente dominio autoritario de la población por los regímenes dictatoriales. Sin embargo, los gobiernos civiles electos que sucedieron a estos regímenes al final de los ochentas y a principios de los noventas han continuado estas medidas impopulares, junto con otros factores, han prevenido estos regímenes de implementar políticas que combaten las desigualdades más obvias e injusticias sufridas por la mayoría empobrecida de la población en estos países.

Estos problemas incluyen un pronunciado grado de explotación económica, desigualdad social y económica, injusticia social y política que ha caracterizado a la región desde los tiempos en que los indígenas pobladores de estas tierras fueron subyugados por la fuerza a la dominación colonial europea en el siglo XVI.

Probablemente ningún otro sector de la población de Latinoamérica más desigualdades e injusticias que las gentes indígenas de la región. Durante los últimos cinco siglos, las gentes indígenas de Latinoamérica han sufrido casi todas las indignidades y abusos imaginables. Desde la conquista europea de la región, la sociedad latinoamericana se ha basado en la maximización de la explotación laboral entre las líneas étnicas y el trajo diferencial de los grupos étnicos tanto por el capital como el Estado han creado una compleja estructura de ethnoclases. Relaciones paternalistas, autoritarias y clientelistas de subordinación entre las elites locales y las masas a los niveles nacionales y subnacionales han ido de la mano con la subordinación de las sociedades latinoamericanas a las elites externas coloniales y neocoloniales interesadas en la explotación de los recursos naturales, trabajo y capital de estas sociedades.

Las gentes indígenas tienen generalmente ocupado el más bajo nivel de esta estructura de extrema desigualdad económica y social y hasta muy recientemente han estado excluidos o marginados del proceso de la política. (Harris, 19997) El cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra. Sin embargo, a pesar de las condiciones económicas, sociales, etc., hay posición y resistencia al mantenimiento de la estructura de ethnoclases existente de un creciente número de organizaciones, incluyendo los nuevos movimientos sociales organizados.

La propuesta para el análisis del cambio institucional es opuesta a la democracia mayoritaria y negociadora como el punto de partida. Como tipos polares, las democracias con un mínimo de puntos de veto son mayoritarias en carácter, mientras que las democracias de negociación contienen un máximo de puntos de veto Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997). La persistencia de esta estratificación social hasta en la actualidad es una de las causas de marginación y exclusión social y constituye un serio problema para la buena gobernabilidad.

El estrato social dominante es dueña de los principales medios de producción, empresas, etc. Sin embargo, debido a que la fuente de su dominio económico se debe principalmente a razones que no son las del mercado, bajo el nuevo ambiente competitivo de la globalización puede ser su tumba. Lamentablemente, en nombre de la competitividad, millones de personas son desplazados de los sistemas productivos. La competitividad hace a las personas imprescindibles. Pero, además, poco entusiasmo existe de que la mercadización pueda abrir oportunidades a los grupos en desventaja que no tuvieron la oportunidad de participar activamente en la economía.

Con la venta de empresas estratégicas al sector privado, los gobiernos han destruido el activo de la nación, apostándose a la prosperidad que vendría de los procesos de globalización. La gobernabilidad lograda en la primera etapa del gobierno salinista, se fundamentó en el manejo notable de las expectativas y las realidades de una política económica. Se pretendió legitimar el paradigma PRI-gobierno bajo un pasivo consentimiento de "rendimientos".

Con esto, se logró la desactivación del descontento popular por la implementación del programa económico neoliberal, para impulsar cambios más profundos en la democratización política que necesariamente implican una transformación socialista. La democratización política del Estado asegura la participación ciudadana en la elección y control de sus representantes gubernamentales, una mayor transparencia administrativa y mayor proximidad entre la ciudadanía y el gobierno. La tendencia hacia una democracia sin ciudadanos como la determinante de las democracias institucionalizadas en una estructura en la cual se afirman en la confianza del sistema o se niegan en la pasividad de la participación política. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas.Se puede afirmar que a pesar de la falta de legitimidad del régimen, no se han presentado cambios profundos en el sistema político mexicano ni tampoco manifestaciones de desobediencia social.

En la actualidad, la forma en que se visualiza en México la implantación de la gobernabilidad, se reduce a lograr la normalidad política. Esta normalidad política, según Champú (1995)es la preocupación por subordinar la democracia electoral a la gobernabilidad del sistema. En la democracia representativa, la ciudadanía solo es tomada en cuenta durante los procesos electorales y desechable en los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones públicas.

Y no necesariamente la democracia tal y como se expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la define "no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo". Las más significativas actividades políticas y democráticas ocurren dentro de las fronteras de los Estado-nación que tienen procesos y constitución democráticas. La democracia electoral no solamente tiene como condiciones suficientes elecciones libres y justas. Los procesos electorales tienden a ser más libres y justos sólo cuando es la culminación de un proceso democrático continuado y no cuando se le subordina.

En las últimas dos décadas, Latinoamérica está pasando por un período de transición múltiple que afecta no solamente a las instituciones económicas, sino también a las instituciones políticas, sociales y culturales, las cuales están internalizando los costos sociales y de beneficencia en términos económicos y de los valores que representan. Décadas de influencia externa en formas muy diferentes han destruido y debilitado los mecanismos de las instituciones tradicionales al mismo tiempo que están creando islas de instituciones modernas que resultan ser ineficientes y distanciadas del carácter de la sociedad en su conjunto.

Iberoamérica se subordinó conscientemente a la política del Consenso de Washington, a los procesos de integración económica y apertura de mercados con la presión de la deuda externa. Los postulado del Consenso de Washington impuestos a los países latinoamericanos limitan la intervención del gobierno en las actividades del mercado, liberan sus economía y abren las empresas del Estado a los capitales privados.

Las naciones que más beneficios han recibido de los procesos de globalización son aquellas que rechazaron los postulados del Consenso de Washington para regular su propio crecimiento. Las políticas económicas de un “buen gobierno” son diseñadas bajo los principios de una nueva ortodoxia económica expresadas en las teorías neoliberales y las diez prescripciones políticas del Consenso de Washington. Tanto el “buen gobierno” como los denominados “derechos de los pueblos” son mecanismos políticos que emplean los agentes económicos para imponer la hegemonía del capitalismo.

El Consenso de Washington prescribe políticas públicas que buscan la reducción de tamaño del Estado, la redefinición de las relaciones entre el mercado, Estado y sociedad, la liberalización comercial y financiera, la privatización de las empresas estatales, presupuestos balanceados, tasas de cambios fijas, etc. como base para el crecimiento económico. Las relaciones entre el Estado y la sociedad se determina en función del ejercicio del poder por parte del estado en un territorio determinado con una relativa autonomía con respecto a otras causas de la vida social. Para el Consenso de Washington, el Estado debe transferir sus funciones y responsabilidades en la promoción del desarrollo a la sociedad.

La versión del Consenso de Washington ha sido actualizada en lo que se ha denominado el Neo-Consenso de Washington o Consenso de Santiago, producto de la Cumbre de las Américas en 1998. En este sentido, se puede afirmar que los procesos de integración de los países latinoamericanos, más que ser entre ellos mismos, es más intenso con el sistema económico y financiero de los Estados Unidos de América del Norte y por supuesto no en los mejores términos.

Los esfuerzos de liberalización comercial en Iberoamérica han tenido un impacto positivo en las importaciones de los países miembros de los bloques comerciales y las propensiones crecientes para exportar se acompañan de las correspondientes propensiones crecientes para importar, sugiriendo que la liberalización comercial tiene un efecto fuerte. El modelo latinoamericano de integración económica puede decirse que es un modelo de nacionalismo latinoamericano que quiere seguir líneas ideológicas diferentes al neoliberalismo y a la globalización y que, sin embargo, para atenuar los efectos de las crisis financieras hace factible poner en práctica mecanismos reguladores que controlen los flujos especulativos de los capitales foráneos. La liberalización financiera que entra como dinero caliente en forma de inversiones extranjeras a los países que liberan sus economías, generan burbujas especulativas que al menor indicio de riesgo que cambia el humor del inversionista y trata de cosechar lo más que puede dejando desolación y devastación financiera.

Las economías contemporáneas de Latinoamérica se han convertido en partes integral del nuevo sistema económico global que es dominado no por naciones Estados, sino por grandes corporaciones transnacionales que constituyen los principales actores globales en este sistema. La ideología neoliberal se ha usado para justificar la estrategia de las políticas de reestructuración y ajuste económico seguidas en la mayor parte de los países latinoamericanos desde los ochenta. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles. Sin embargo, hay que considerar que para lograr niveles más altos de desarrollo, las economías latinoamericanas necesitan elevar su nivel de exportaciones actuales, lo cual se dificulta ante el creciente agotamiento de los recursos. Por lo tanto este modelo de desarrollo basado en el incremento de exportaciones, es hasta cierto punto inviable.

El diseño institucional de esta transición ha sido elaborado por las elites locales, con el fin de hacer modificaciones a los regímenes políticos (formas de gobierno) y los procesos de la gobernabilidad (grados de gobierno). El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997). Las instituciones duran un largo período de tiempo mientras que los intereses de los actores políticos pueden cambiar más rápidamente.

La relación que existe entre la eficiencia de los agentes económicos y las estructuras institucionales con la gobernabilidad, requiere del análisis del diseño de las instituciones de los sistemas políticos. Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Esto significa que cuando se asume que las intenciones de los actores políticos están conectadas lógica y empíricamente a los resultados institucionales, tenemos que reconocer el hecho que esto es una relación más compleja la cual está influenciada adicionalmente por una amplia gama de factores contextuales. De acuerdo con esto, si estamos interesados en la explicación del cambio institucional, se debe estar consciente que la información disponible para los participantes es limitada. Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional.

Los sistemas políticos democráticos pueden interpretarse como las que contienen puntos de veto institucional que dan forma a las estrategias de los actores políticos. Entre más puntos de veto en un sistema político, más difícil es cambiar las políticas así como la estructura en sí misma. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Camou (1998) denomina a las formas de gobierno y a los grados de gobierno como los "paradigmas de la gobernabilidad". El paradigma (Khun, 1971)o las teorías (Popper, 1968) socialmente se vuelven hegemónicas. Camou señala a estas dos décadas en Latinoamérica como un periodo de "confluencia problemática y multifacético de varias transiciones", entre las cuales identifica la transición social y cultural, la transición económica y la transición política. Muchos países en Latinoamérica están ahora en el camino de alcanzar economías competitivas y están en la posición de diseñar y financia sus políticas sociales por sí mismos.

La transición económica implica transitar del programa de cambio estructural y estabilización macroeconómica (reformas de la primera generación) a la reforma de las instituciones (reformas de la segunda generación). La profundización de las reformas de la segunda generación tiene que remover los modos de gobierno utilizados en la implantación de la primera generación de reformas, para orientarse a la ampliación de la reforma del Estado, la reforma política y el desarrollo de las instituciones democráticas. Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado. De acuerdo a del Alamo (2001), la crisis de la política y del Estado no desestabilizan las instituciones democráticas cuyo poder se asegura mediante el “enjaulamiento” de los ciudadanos que quedan atrapados en las redes del poder.

Esta segunda generación de reformas pretende reinventar el aparato institucional del Estado y las políticas enfatizando el nuevo papel del Estado en este proceso para alcanzar una mejor gobernabilidad. El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática requiere reformar el andamiaje institucional del Estado, y los modos y estilos de gobierno. La reforma institucional se orienta a ampliar las concepciones de la gobernabilidad, la democratización del Estado y la reforma del sistema político.

Categorizando los puntos de veto de acuerdo a los efectos deseados, las estrategias de los actores políticos para el uso de los puntos de veto o en la propuesta de reformas institucionales pueden analizarse en modelo integrado de democracia. La reforma solamente será llevada si los costos políticos de mantener los arreglos institucionales actuales son más altos que los esperados costos de transacción del cambio. La reforma institucional tiene en la sociedad civil a su principal aliado.

La reforma institucional requiere de un cambio de estrategia para que sea interiorizada por las instituciones. La dificultad para predecir futuros efectos de la reforma institucional da como resultado una estrechez de visión. La transición socio-cultural ha resultado de las transformaciones de un modelo de "modernización desarrollista" a otro de una "modernización globalizadora" que implica la aceptación tolerante de procesos multiculturales, intergeneracionales e intercivilizatorios.

La modernización neoliberal separa a la subjetividad, la considera un proceso autónomo e inconexo que genera tensiones cuando de acuerdo con Lechner (2000), ambos fenómenos son complementarios y es necesario relacionarlos, ya sea en forma espontánea conforme a la apuesta del liberalismo decimonónico o establecida por el Estado conforme al modelo socialdemócrata. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000). Los actores pueden reformar las instituciones básicas de otras maneras más que por evolución en un largo camino institucional, de tal forma que combina las diferentes tradiciones de la democracia

La modernización era vista como un proceso de diferenciación estructural e integración funcional donde tenían lugar las categorías de clasificación del mundo, pero para Giddens (1984, 1990), la teoría de la modernización es vista como un proceso de distanciamiento espacio temporal, en el cual el tiempo y el espacio se desarraigan de un espacio y un tiempo concretos. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad que acota la subjetividad. El capital social tiene carácter instrumental y expresivo, fortalece la subjetividad frente a la modernización y es también una relación “puramente expresiva y gratuita” como fin en si misma y que además crece en la medida en que la modernización avanza (Lechner, 2000).Lechner (2000) sostiene que las políticas de desarrollo tienen que manejar complementariamente la modernización y la subjetividad.

Los procesos de modernización generan aprendizajes rápidos y traen consigo un incremento en las demandas de bienes y servicios e inflación de las expectativas para satisfacer las necesidades y deseos, lo cual no siempre desarrolla la infraestructura y capacidad para lograrlo. La modernización neoliberal separa a la subjetividad, la considera un proceso autónomo e inconexo que genera tensiones cuando de acuerdo con Lechner (2000), ambos fenómenos son complementarios y es necesario relacionarlos, ya sea en forma espontánea conforme a la apuesta del liberalismo decimonónico o establecida por el Estado conforme al modelo socialdemócrata. La concepción tradicional de un Estado como una sociedad homogénea es suplantado por una concepción de un Estado compuesto por sociedades más heterogéneas, plurales y multiculturales. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). La lógica del sistema hegemónico es inversa al protagonismo de lo colectivo, dando mayor énfasis a las políticas y estrategias individuales.

Sin embargo, hay mucha incertidumbre en los procesos de transición por la carencia de instituciones capaces de asimilar los efectos de los cambios y para propiciar la estabilidad económica, social y política. Incluso, los organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo reconocen que los factores exógenos en algunos casos obligaron a las naciones latinoamericanas a tomar medidas severas. Las instituciones financieras internacionales imponen los procesos de globalización mediante procedimientos antidemocráticos y carentes de transparencia. Las instituciones financieras internacionales fortalecen a los Estados imperialistas adoptando una actitud arrogante, voluble y antidemocrática que un día elogia y otro regaña por los logros alcanzados por los países menos desarrollados, lo cual implica que la democracia no es una disciplina racional.

Los procesos de transición económica han pasado por los periodos de aplicación de políticas económicas de las llamadas primera generación como de "estabilización económica", "reforma estructural" y "reestructuración económica". La transición política se ha identificado por los procesos de "liberalización política", de "transición a la democracia" o democratización, y de "consolidación democrática".

Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva. El enfoque estructuralista de la modernización acepta los costos sociales como exigencias de la implementación del modelo y apuestan a la gobernabilidad.

La reforma estructural no trajo consigo un crecimiento económico y un desarrollo social, dejando en evidencia la insuficiencia de sus programas y las limitaciones del liberalismo neoclásico que se centra en el crecimiento económico y lo convierte en un fin en sí mismo. En este sentido, el crecimiento económico es medido en términos cuantitativos del producto interno bruto per cápita y el promedio real de consumo. Todavía más, los modos de gobierno utilizados en la primera generación de reformas resultan ser disfuncionales para la implantación de la segunda generación de reformas que pretenden profundizar el desarrollo de las instituciones democráticas, la reforma del estado y la reinvención de las instituciones políticas y el Estado, para que como un sistema político sea el depositario de “lo público”.

El modelo económico implementado en Latinoamérica desde los años ochenta, basado en el libre mercado, está dejando saldos negativos en su desarrollo social y el crecimiento económico, aumento en los niveles de desempleo y subempleo, incremento de los índices de pobreza, etc. Muchos de los viejos problemas y temas continúan siendo contemporáneos. De hecho, los problemas contemporáneos de la globalización, la expansión del capitalismo tardío o postmoderno han agravado los más crónicos problemas de la región latinoamericana.

En las últimas dos décadas, casi cada aspecto mayor de la vida económica, política y social en Latinoamérica estuvo influida por la integración acelerada de la región en el sistema capitalista global De hecho, los procesos de globalización estimulados por la expansión mundial y el desarrollo del capitalismo ha favorecido consistentemente solo una proporción limitada de la población latinoamericana mientras que la mayoría tiene que sufrir los efectos adversos de este proceso. Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en la paradoja consistente en que mientras se centra en función de los mecanismos autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contrario para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del mercado.

La dependencia económica de América Latina y el Caribe principalmente de los Estados Unidos y de otros países desarrollados durante la era de la globalización, han quedado en evidencia. La conclusión de que la primera causa de la extrema desigualdad social y económica en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo es el resultado de la expansión del capitalismo en el mundo. La globalización o la creciente integración de la región en un sistema capitalista global no ha conducido a los latinoamericanos en una nueva era de postmodernidad. La naturaleza de la integración de la región latinoamericana en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo.

Por supuesto que se puede determinar que la pobreza puede incrementarse cuando hay crecimiento económico, porque hay también incremento de la desigualdad, pero los efectos del crecimiento sobre la reducción de la pobreza no serían sistemáticamente eliminados si se incrementan los niveles de desigualdad. Varios estudios empíricos han encontrado una correlación negativa significativa entre el crecimiento y la desigualdad del ingreso y existen varias explicaciones de este impacto negativo en que cuando hay crecimiento se incrementa la desigualdad del ingreso. La distribución inequitativa del ingreso tiene implicaciones dinámicas en el desarrollo y efectos en el crecimiento económico.

Lindert y Williamson (2001) argumentan que no se puede trazar una correlación entre los efectos de la globalización y la creciente desigualdad. Para el caso latinoamericano, como para el caso de México, el contexto histórico explica el porqué la liberalización comercial coincide con una mayor diferenciación de ingresos. Durante el período de Salinas, la liberalización mexicana confrontó una nueva intensa competencia de manufacturas poco intensas en habilidades en todos los mercados de exportación, con salarios más altos que en otros países. La liberalización de las importaciones mexicanas trajo altas reducciones de tarifas en manufacturas poco intensivas de habilidades que en las manufacturas de alta intensidad de habilidades. Es decir, México era un país con salarios altos y con un mercado de exportación, de tal forma que se ampliaron las diferencias salariales.

Un examen de los países como Chile, Costa Rica y México que han seguido fielmente las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional revela que sus logros publicados en el crecimiento macroeconómico a sido alcanzado al costo de mantener bajos los salarios reales de su fuerza de trabajo asalariada, el adelgazamiento de sus servicios públicos , la reducción de los beneficios sociales, así como el rápido crecimiento del sector informal de sus economías compuesto de vendedores de la calle autoempleados, manos alquiladas, trabajadores en pequeños talleres, jornaleros, reparadores, prostitutas, servidores domésticos y así entre otros (Harris, 1997).

La presencia de un sector informal grande ayuda a mantener los salarios bajos y los costos de reproducir la fuerza de trabajo urbana a un mínimo para los negocios locales y para las corporaciones transnacionales, por lo tanto los capitalistas son capaces de maximizar sus utilidades pagando bajos salarios a sus trabajadores y pocos si es que algunos beneficios. De esta forma, el llamado sector informal de la economía representa un tipo de subsidio para las empresas capitalistas en el sector formal.

Una de estas explicaciones es la realizada por Knell, (1999), quien ha investigado como los desarrollos socioculturales interactúan con el crecimiento y la desigualdad del ingreso. Su modelo prueba que un incremento en la preocupación general de la sociedad por una posición relativa resulta en un decremento del crecimiento, un incremento en la desigualdad decrece el crecimiento y un incremento en la preocupación por una posición relativa agrava el impacto negativo de la desigualdad en el crecimiento. La sociedad tiene una función importante en la promoción del desarrollo que pude ser justo y equitativo. Por su parte, Galor y Moav (2000) sostienen que la desigualdad tiene un efecto positivo en los primeros niveles de desarrollo y un efecto negativo en los niveles superiores de desarrollo, anterior a una reducción significante en la efectividad de las restricciones crediticias.

Un incremento en la desigualdad del ingreso puede conducir a una declinación en los ahorros agregados ( o a una inversión total en capital humano) lo cual reduce las tasas de crecimiento a largo plazo. El reemplazo de la acumulación del capital físico por la acumulación del capital humano como el motor del crecimiento económico, cambia el impacto cualitativo de la desigualdad en los procesos de desarrollo. Las fuerzas motivo asociadas con la acumulación de riqueza que enfatizan el sistema capitalista orienta los costos de capital individual y las empresas privadas capitalistas para expandir sus actividades acumulativas y eliminar todas las barreras geográficas culturales y políticas que obstruyen su paso a la acumulación de riqueza. El capital humano asignado a las actividades financieras mejorará la tasa de crecimiento económico a largo plazo, mientras que a corto plazo tenderá a reducirla.

La teoría clásica sugiere que la desigualdad estimula la acumulación de capital y promueve el crecimiento económico. Este punto de vista refleja los primeros estados de la industrialización, cuando la acumulación del capital físico era el motor del crecimiento económico. En los primeros estadios de industrialización, los proceso de desarrollo son impulsados por la acumulación de capital en donde el capital físico es escaso y la tasa de retorno del capital humano es más bajo que la tasa de retorno del capital físico.

Galor y Moav (2000), desarrollan un modelo de crecimiento económico marcado por una transición endógena del dominio del capital físico como el motor del crecimiento económico a un incremento gradual del de la importancia de la acumulación de capital humano para el proceso de crecimiento. Entonces, si la acumulación de capital humano conduce al crecimiento económico, la evolución de la economía requerirá la acumulación rápida del capital en los estadios tempranos del desarrollo para incentivar las inversiones de capital humano, por lo que la desigualdad estimula los procesos de desarrollo.

Argumentan que el reemplazo de la acumulación de capital físico por la acumulación de capital humano como motor de crecimiento ha cambiado el impacto cualitativo de la desigualdad en los procesos de desarrollo. La desigualdad estimula los procesos de desarrollo mediante la canalización de recursos hacia los dueños de capital que tienen una alta propensidad para el ahorro. Su modelo se basa en tres elementos: el proceso de desarrollo se caracteriza por la complementariedad entre el capital y las habilidades, la propensidad marginal para ahorrar se incrementa con la riqueza y las imperfecciones de los mercados de crédito resultan en bajos niveles de inversión de capital humano.

Por otro lado, la corriente de las imperfecciones del mercado de capitales argumenta que la igualdad estimula las inversiones en capital humano y por lo tanto el crecimiento económico. Hasta ahora no se ha demostrado que exista una relación directa entre la liberalización de mercados de capitales y el crecimiento económico. La volatilidad de los mercados de capitales limita el crecimiento económico e incrementa los niveles de pobreza. Las inversiones de capital humano localizado en los individuos, está sujeto a retornos individuales disminuyentes, los retornos agregados a las inversiones en capital humano se maximizan si los retornos marginales son iguales entre los individuos.

Este punto de vista refleja los estados tardíos del desarrollo cuando la acumulación del capital humano se convierte en el motor del crecimiento y las restricciones crediticias son inherentes. Para Galor y Moavn (2000), hay asimetría entre la acumulación del capital humano y la acumulación del capital físico. No obstante, estaría por probarse la sistemática asociación entre crecimiento y cambios en la desigualdad, porque hay muchos otros factores que influyen en el crecimiento, la desigualdad y la pobreza.

La evidencia sugiere que la conexión positiva entre el crecimiento y los ingresos de los pobres no han cambiado mucho durante el período de la globalización, que anteriormente. El análisis entre las variables pobreza y desigualdad con el gasto social en Latinoamérica, muestran una correlación negativa y una baja eficiencia de la gestión pública en el área social en las últimas dos décadas, ya que se ha dado prioridad al equilibrio macroeconómico. La gestión pública es un factor importante en la gestión del desarrollo.

Esta gestión pública, al decir de Molina (2001) debe descansar en cinco variables que profundiza los retos consecuencia de una participación ciudadana y de procesos de descentralización: la ciudadanía efectiva, desarrollo económico local, gestión territorial, sociedad de la información y desarrollo sostenible. La gestión pública es un factor importante en la toma de decisiones que fortalecen o debilitan las acciones gubernamentales. Sin embargo, este gasto social en la región latinoamericana se elevó casi al 25% durante la década, pero los retornos sobre las inversiones son muy bajas, debido a factores diversos tales como la corrupción.

Los ciclos económicos de Latinoamérica en los noventa han permitido un crecimiento económico regional promedio de 3.2% que poco ha logrado para los más pobres. El crecimiento económico es medido cuantitativamente en términos del producto interno bruto per cápita y el promedio de consumo real. El crecimiento económico ha sido muy bajo en los últimos años, y la misma tendencia continuará en los próximos años debido a las condiciones externas de los fenómenos de la globalización, como las recurrentes crisis financieras amplificacadas por las condiciones locales de vulnerabilidad cambiaria, fiscal y financiera, situaciones que hacen difícil mantener la estabilidad macroeconómica. Los Estados imperialistas desempeñan importantes funciones de gestores de crisis financieras y económicas de los estados nación menos desarrollados y empresas transnacionales con problemas financieros.

Estos resultados negativos están causando la generalización del descontento social y están desembocando en protestas para manifestar sus inconformidades por la política económica adoptada. La incapacidad de los gobiernos para superar los problemas económicos y sociales están generando situaciones de ingobernabilidad mediante el desarrollo de áreas territoriales donde la falta de aplicación del Estado de Derecho ha dado origen a situaciones caóticas en donde impera la ilegalidad y la barbarie.

Los problemas de bajo, nulo o crecimiento económico negativo y la privación del desarrollo social tienen que ser abordados como problemas básicos de gobernabilidad Existe una relación estrecha entre democratización y desarrollo social. En todo caso, la gobernabilidad entendida como la capacidad del Estado para resolver los problemas de la sociedad, queda reducida a los “arreglos” entre los diferentes grupos de las elites políticas. Las elites gobernantes de Latinoamérica generalmente han servido de intermediarias entre el poder externo dominante y la población local. La tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966). Para muchos analistas, todos estos efectos del neoliberalismo son síntomas de que el final del neoliberalismo ya está cerca.

Los esquemas tradicionales de elaboración e implementación de las políticas públicas se deciden en los altos niveles tecnocráticos de la conducción y dirección del Estado. Sin considerar la participación democrática de la ciudadanía para su legitimación en función del desempeño más que meramente en los procesos electorales, para ejercitar sus derechos de ciudadano, la fiscalización de la función pública y la participación en el diseño de políticas y programas de su comunidad.

La expansión de la participación democrática y buen gobierno tiene que ser promovido por el establecimiento y fortalecimiento de normas de reciprocidad en lo que Putman (1993,1995) denomina “redes de compromiso cívico, tales como las asociaciones de vecinos, las sociedades de coros, cooperativas, clubes de deportes, partidos basados en las masas. Para Putnam (1993b), “El capital social encarnado en normas y redes de compromiso cívico parece ser un prerequisito para el desarrollo económico así como para un gobierno efectivo”. Las relaciones de confianza personal llegan a generar una confianza social o confianza generalizada cuando prevalecen normas de reciprocidad y redes de compromiso cívico (Lechner, 2000). Así, un elevado desarrollo económico puede coexistir con un debilitamiento de las relaciones de confianza y cooperación cívica (Grootaert, 1998). El capital social se expresa en la relación existente entre relaciones de confianza y cooperación cívica.

Estas tecnocracias se caracterizan por una falta de visión a largo plazo y por su apego a seguir las direcciones hegemónicas del denominado “Consenso de Washington” que plantea como cuestiones “intermésticas” las cuestiones económicas y de seguridad en sus relaciones con los países latinoamericanos. Hasta hace poco, los intereses tradicionales de los Estados Unidos en el continente se concebían en los términos de “seguridad militar, solidaridad política y beneficio económico” según el análisis de Lowenthal (1999). Sin embargo, señala el mismo autor: “Cuando los países latinoamericanos se alinean con los Estados Unidos es sobre todo porque tienen intereses compartidos específicos y concretos, y no a partir del supuesto general de la unidad panamericana o por una convergencia natural de intereses”.

Al término de una política proteccionista no se tenía un diseño claro de otra política que bajo condiciones de competitividad permitiera a las organizaciones insertarse de lleno en los procesos de globalización. Las instituciones críticamente afectan los costos del ajuste estructural de acuerdo al análisis de North. En este sentido, los análisis del ajuste estructural se refieren al cálculo económico de las expectativas y no consideran la apreciación a la dimensión subjetiva del fenómeno. Las políticas de ajuste estructural tienen más bien una lógica política que una racionalidad económica.

Se trata de que el ajuste estructural cambia el diseño de las instituciones para modificar la estructura de governance, la que a su vez contribuye a la gobernabilidad en el concepto más amplio y por lo tanto, facilita la emeregencia de lo que Luhman (1982) denomina la sociedad “multi-céntrica”. La operacionalización del governace de las instituciones económicas, políticas y sociales contribuye a la gobernabilidad. Las modificaciones de la estructura de governance modifican la ingeniería de las instituciones que afectan la gobernabilidad, aunque ambos conceptos se refieran a fenómenos sociopolíticos totalmente diferentes.

El argumento de que para alcanzar los niveles de eficiencia económica se tiene que pagar un alto costo social y que la desigualdad es necesaria para lograr la acumulación de capital y el crecimiento económico, no son totalmente válidas. Un análisis crítico de los efectos del capitalismo revela que ha creado extremas desigualdades en la región así como en el mundo entero. La simetría entre la acumulación del capital físico y el capital humano, sugiere que la igualdad es conductiva por la acumulación de capital humano en tanto que las restricciones crediticias son inherentes cuando se presenta la propensidad marginal para ahorrar incrementos con ingreso, la desigualdad es conductiva por la acumulación de capital físico.

Los efectos adversos de la desigualdad en los subsidios de la acumulación de capital humano y los efectos de la desigualdad en el crecimiento económico se vuelve insignificante cuando las restricciones del crédito disminuyen gradualmente. La desigualdad tiene un efecto positivo en la acumulación de capital y un efecto negativo en la acumulación de capital humano en tanto que las restricciones de crédito son suficientemente inherentes. Con la presencia de restricciones de crédito, la igualdad estimula las inversiones en capital humano y promueve el crecimiento económico.

Por tanto, la desigualdad estimula el crecimiento económico en estados del desarrollo en los que la acumulación de capital físico es el motor del crecimiento, en donde la igualdad estimula el crecimiento económico en niveles de desarrollo en los que la acumulación de capital humano es el motor dominante del crecimiento económico y las restricciones de del crédito son todavía inherentes. En las economías de menor desarrollo, la igualdad beneficia más al desarrollo económico y en donde los flujos de capital internacional disminuyen el papel de la desigualdad y estimulan la acumulación del capital físico. La desigualdad estimula los procesos de desarrollo mediante la canalización de recursos hacia los dueños de capital que tienen una alta propensidad para el ahorro (Galor y Moav, 2000).

La intervención de los gobiernos en la organización de la actividad económica ha sido más propicia para afectar adversamente el bienestar económico, más que tratar de avanzarlo. No obstante, existe una tendencia actual frente a los embates de los procesos de globalización, para fortalecer las funciones de intervención y de regulación del desarrollo local y regional, las cuales son mediadas por las demandas de la sociedad.

Esto, a pesar de que la amplitud y la profundidad de la adversidad han variado de acuerdo a las circunstancias del tiempo (Dunning, 1997) Por otro lado, a pesar de estar en favor de los procesos de integración, los países aplican medidas proteccionistas encubiertas en materia laboral y de medio ambiente, el cual tiende a degradarse. Sin embargo, los desequilibrios del poder entre los 135 países miembros de la Organización Mundial del Comercio pueden ser la causa por la que las constantes violaciones laborales y ambientales sirvan como pretexto para revirar a un proteccionismo.

El problema se complica cuando debido a la aplicación de las políticas de ajuste estructural, sobre todo en los países latinoamericanos, la capacidad del Estado para satisfacer las demandas sociales se está reduciendo substancialmente.

Por lo tanto, las políticas de ajuste estructural hacen referencia a “poder de clase, riqueza y control”, en donde el Estado recolonizado (Petras, 2001d), es activo en la implementación que incluyen “cambios en la propiedad (de público a privado, de capital nacional a capital extranjero” mediante una serie de medidas que benefician a la clase capitalista transnacional. Por lo tanto, la implantación de las políticas de ajuste estructural requieren de “un estado fuerte dispuesto a resistir la oposición de la mayoría.

Estas políticas de ajuste estructural neoliberal han involucrado completamente la apertura de los mercados domésticos de los países latinoamericanos al capital transnacional, la promoción de las llamadas exportaciones no tradicionales a fin de ganar divisas extranjeras tanto como sea posible para pagar las deudas, y la desregulación del capital local y los mercados comerciales, que han involucrado las impopulares medidas de austeridad fiscal dirigidas a reducir los servicios públicos y a privatizar muchas de los servicios públicos y empresas públicas, de tal forma que los fondos públicos estén destinados al pago de las deudas.

La privatización de los beneficios, riesgos y responsabilidades de los servicios públicos, también enajena las aspiraciones sociales, las cuales se cancelan si la subjetividad es excluida del orden social. Las crueles medidas de austeridad han sido adoptadas por la mayor parte de los gobiernos de la región a fin de reducir sus gastos en educación, salud y otros servicios sociales de tal forma que pueden servir a la combinación de deudas de los sectores privados y públicos de los diferentes países.

Estas políticas han disminuido la tasa de crecimiento económico en general y han traído una drástica reducción de los servicios del gobierno así como en el empleo público. Esto ha resultado en una venta total desnacionalizadora de los más grandes beneficios y empresas públicas de estos países y abolido las tarifas protectoras y otras formas de apoyo que previamente tenían las empresas locales.

La propuesta para el análisis del cambio institucional es opuesta a la democracia mayoritaria y negociadora como el punto de partida. Como tipos polares, las democracias con un mínimo de puntos de veto son mayoritarias en carácter, mientras que las democracias de negociación contienen un máximo de puntos de veto (Kaiser, 1997) Un estado ideológicamente comprometido, dispuesto a ocultar su rol histórico como entidad independiente y a rechazar la idea de la soberanía popular para así poder implantar políticas por vías autoritarias, por real decreto. Los puntos de veto son instrumentos institucionales que pueden ser o no usados por los actores políticos, dependiendo de sus estrategias. Puede también ser el caso que los actores políticos pueden elegir que puntos de veto quieren usar (Kaiser, 1997).

Los procesos de ajuste estructural causaron inestabilidades y conflictos entre los diferentes actores y agentes económicos debido a la política macroeconómica aplicada a corto plazo. Las políticas de ajuste estructural han barrido las estructuras económicas, políticas y sociales de los Estados nacionales y limitado la posición soberana del Estado.

Lo que ha resultado es un dualismo social en el que se muestra los altos niveles de desigualdad debido a una mala distribución de los beneficios de la riqueza, mientras que una minoría cuenta con todos los recursos, la mayoría vive en niveles inferiores a la línea de pobreza. La dualización de la sociedad es el efecto de la aplicación del modelo económico capitalista que genera profundas desigualdades entre los que tienen oportunidades de recibir los beneficios, los ricos, y los excluidos o marginados quienes no tienen ninguna o pocas posibilidades de acceso. Los organismos internacionales que formulan las políticas económicas y los gobernantes que las implementan son insensibles a las verdaderas causas de la pobreza y tienen una fe ciega en que las fuerzas del mercado y el tiempo son la verdadera solución.

En otras palabras, diseñadores e implementadores de las políticas dejan que en las fuerzas del mercado determine la construcción del tipo de sociedad, creando una separación fuerte entre una racionalidad instrumental que caracteriza a la economía de libre mercado y una racionalidad simbólica representativa de la cultura. La racionalidad instrumental es dominante y convierte en un fin en sí mismo, el desarrollo económico.

Las reformas estructurales y de ajuste, reforma de la primera generación, así como los procesos de integración económica están favoreciendo el crecimiento económico de los sectores productivos más modernos que se han vinculado a la dinámica del comercio internacional. Este crecimiento económico es medido en términos cuantitativos del producto interno bruto per cápita y el promedio de consumo real. Los procesos globales de la reestructuración capitalista e integración y las reformas liberales tomadas por los gobiernos latinoamericanos han reconfigurado el mercado laboral, incrementado la transferencia del ingreso de las clases bajas a las clases altas y debilitado grandemente la posición de la clase trabajadora en Latinoamérica.

Las reformas estructurales promueven la economía de mercado y junto con las reformas de cambio institucional complementan la creación de nuevas instituciones que establecen las reglas del juego para los diferentes agentes económicos que participan en una economía abierta de mercado. Los actores políticos pueden inventar nuevas estrategias para adaptarse a los cambios de reglas y las instituciones son parte de una configuración, donde un cambio hecho en una institución puede tener efectos impredecibles y no esperados en otros. Si nuevos problemas ocurren o nuevos actores políticos entran al juego, la adaptación es preferida sistemáticamente ala reforma, lo que significa que no nuevos puntos de veto son institucionalizados, lo cual cambiará considerablemente la posición del sistema político en el continuo mayoritario-negociación.

En este esquema de comercio internacional en pleno siglo 21, no hay lugar para otras formas de integración, ni tampoco existe espacio para los que tienen bajos logros. Las relaciones de comercio y de mercados se delimitan en acuerdos entre los Estados, los cuales operan dentro de sus fronteras. El crecimiento económico está siendo generado por la denominada nueva economía vinculada a la alta tecnología, telecomunicación y servicios financieros y no por la vieja economía compuesta por los sectores tradicionales como la construcción, transportes, etc.

Los factores que explican este crecimiento son la flexibilidad laboral y la actualización y capacitación requerida. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes. Sin embargo, el papel del crecimiento económico tanto en las actividades corporativas como en la flexibilidad de las organizaciones, falla frente a los requerimientos de sustentabilidad. La inmensa mayoría de las personas vinculadas a los sectores productivos más tradicionales están pagando los costos de los ajustes y cambios estructurales, rezagándose en el mejor de los casos, cuando no están siendo marginados del desarrollo o bien desapareciendo totalmente como entes productivos. Sin embargo, a pesar de un crecimiento económico en los sectores de la nueva economía, las desigualdades sociales van en aumento.

Entre otros efectos perniciosos de la emergencia de los regímenes de las políticas neoliberales, éstas han constreñido las actividades de los sindicatos, reducido el gasto del bienestar y generado una inseguridad laboral mediante formas más flexibles, pero también más inseguras de trabajo y remuneración. Los procesos globales de la reestructuración capitalista e integración y las reformas liberales tomadas por los gobiernos latinoamericanos han reconfigurado el mercado laboral, incrementado la transferencia del ingreso de las clases bajas a las clases altas y debilitado grandemente la posición de la clase trabajadora en Latinoamérica.

Los sindicatos se debilitan en su fuerza política y como fuerza defensora de los trabajadores, como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas. El futuro de los trabajadores es muy incierto. Con los procesos de globalización, la enorme reserva de mano de obra no calificada considerada anteriormente como un activo, se está convirtiendo en un pasivo por la falta de oportunidades de acceso al conocimiento tecnológico. La movilidad de la mano de obra no se ha liberalizado, a pesar de los posibles beneficios disciplinarios que traerían al dominio del libre mercado. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países. Los beneficiados con el acceso a los avances tecnológicos sobrevivirán, mientras que los excluidos de estos beneficios profundizarán su miseria.

La gran mayoría de los latinoamericanos que simplemente han sido insertados en los procesos de globalización del consumo, por ejemplo, están manifestando su inconformidad por haber sido excluidos de los beneficios del desarrollo, en aras de la maximización de las ganancias del capital. Por ejemplo, está demostrado que el consumo baja cuando los individuos se retiran de su trabajo y sus ingresos disminuyen.

Es difícil que pueda operar una estrategia para incrementar los niveles de consumo de los pobres, sino se incrementan sus capacidades y competencias de productividad. Los estragos en la cohesión social y en los niveles de vida han sido en muchos de los casos inmanejables. Estas medidas han afectado adversamente el ingreso y los estándares de vida no solo de las clases más bajas sino también de importantes sectores de las clases medias. Estas medidas han afectado adversamente el ingreso y los estándares de vida no solo de las clases más bajas sino también de importantes sectores de las clases medias. Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

Los procesos de globalización económica ha convertido en prescindibles a los cada vez más pobres y miserables que constituyen la inmensa mayoría de los seres humanos, mientras que ha convertido en más ricos a unos pocos. La política social neoliberal es el modelo para desechar a los prescindibles. La subjetividad es refugio o resistencia contra el modelo de pensamiento único hegemónico (Bourdieu, 1998). Baste señalar a manera de ejemplo que en los últimos cuatro años, el mercado de valores de Estados Unidos redituó ocho billones de dólares al mismo tiempo que millones de pobres murieron de hambre y enfermedades.

Las reformas económicas a favor del mercado introducido en Iberoamérica y el Caribe en las dos décadas últimas han incrementado los niveles de desigualdad económica y social. Han concentrado el ingreso que actualmente muestra la mayor brecha en todas las regiones en desarrollo del mundo, mientras que el 20% de la población concentra el 52.9% del ingreso, el 20% más pobre solo tiene el 4.5% del ingreso. Una de las realidades más impresionantes de Latinoamérica es el grado extremo de desigualdad económica, social y política que caracteriza a las sociedades de la región , a tal grado que esta desigualdad es quizás mejor revelada por la distribución de ingreso entre los niveles más altos y bajos de ingreso en las sociedades latinoamericanas.

Un estudio de Harris (1997) puntualiza que el más alto 20 por ciento del ingreso obtiene entre el 40 y 70 por ciento del total anual del ingreso ganado en los países latinoamericanos, mientras que el más bajo 40 por ciento de los que obtienen ingresos obtienen solo entre el 5 y el 20 por ciento del total del ingreso ganado en estos países, el 40 por ciento de todos los hogares latinoamericanos viven bajo la línea de pobreza definida en términos del ingreso requerido para satisfacer necesidades básicas para alimentación, habitación, y ropa. De hecho la mitad de los grupos no tiene un ingreso suficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas de alimentación.

América Latina ha experimentado un crecimiento económico razonable, aunque no distribuido equitativamente. Es decir, el crecimiento es a favor de una clase de empresarios que no ha podido compartir los beneficios con los demás (Llorente, 1999) No obstante, la recuperación del crecimiento económico permaneció estancado en 1999, con un aumento del producto interno bruto (PIB) regional apenas perceptible de 0.1 por ciento. . La recesión económica que siguió al período de crecimiento creó nuevos males administrativos en los países con crecimiento decreciente, tales como la desmotivación, ausentismo, baja productividad, ineficiencia, la mezcla de los negocios y la política, etc. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

Un estudio de la United for a Fair Economy concluye que como efecto de las políticas económicas regresivas aplicadas en las últimas dos décadas en los Estados Unidos, el uno por ciento de los hogares más ricos ha duplicado su captación de la riqueza nacional. Esto, desde mediados de los setenta y ahora cuenta con más riqueza que 95 por ciento de la población (Canon y BROS, 1999) Un patrón de comportamiento económico similar se repite en América Latina.

Las economías latinoamericanas están siendo integradas en la economía capitalista global como mercados cautivos y la fuente de recursos naturales y humanos baratos para las transnacionales que tienen su base en Norteamérica, las cuales se encuentran retadas por las corporaciones transnacionales que tienen su base en Europa y Asia. La economía capitalista del mercado tiene un carácter social. Queda así en entredicho la tesis de que las economías abundantes en mano de obra como las de los países latinoamericanos, son las que más pueden obtener crecimiento económico y reducción de la pobreza vía liberalización económica, porque la ventaja comparativa favorece al trabajador pobre. Sin embargo, el futuro de los trabajadores es incierto. Esta tesis ha motivado la aplicación de políticas apropiadas de los Estados fraccionales democráticos y los predatorios, los cuales son empujados en esa dirección que consideran ser la correcta (AL y min, 1996) Es claro que la existencia de un común factor en el grado de liberalización económica, es la destrucción de la ética administrativa.

Esta tendencia altera radicalmente los procesos de la vida y el trabajo en ciertas circunstancias, de tal forma que resultan en un incremento del empleo en el sector servicios con la consecuente declinación del empleo en las manufacturas, el incremento de la fuerza de trabajo femenina y del trabajador emigrante, etc. Así, el empleo como forma de acceso a los mercados tiene alcances muy limitados debido a las competencias y habilidades demandadas. El futuro de los trabajadores es incierto.

Otros autores anotan que los Estados en desarrollo que confían en la ventaja de los costos laborales para las inversiones extranjeras serán golpeados duramente por los movimientos de la automatización flexible. Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efectivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista que facilitan la coordinación horizontal mediante redes. Los nuevos países industrializados no serán del todo afectados si basan su ventaja competitiva tanto en temas de infraestructura y en asuntos fiscales y legislativos, como en la oferta de trabajo (May, 1997).

Además, las únicas ventajas competitivas de los capitalistas latinoamericanos que tienen disponible para competir en el mercado mundial es la mano de obra barata, la cual se mantiene con bajos salarios debido a grandes niveles de desempleo y represión política y ciertos recursos naturales valiosos, pero carecen de tecnología, recursos humanos calificados, son grandes mercados de consumo doméstico y por capital financiero que es poseído por capitalistas en los mayores países capitalistas del mundo.

Además, las únicas ventajas competitivas de los capitalistas latinoamericanos que tienen disponible para competir en el mercado mundial es la mano de obra barata, la cual se mantiene con bajos salarios debido a grandes niveles de desempleo y represión política y ciertos recursos naturales valiosos, pero carecen de tecnología, recursos humanos calificados, son grandes mercados de consumo doméstico y por capital financiero que es poseído por capitalistas en los mayores países capitalistas del mundo. En las economías latinoamericanas abundantes de tierra, la ventaja comparativa indica la especialización.

Esta especialización daña los intereses a corto plazo del capital y el trabajo creando desajustes en los procesos de liberalización económica. Una condición de desigualdad que llama la atención en Latino América es la aguda disparidad en la tenencia de la tierra, profundamente enraizada en desigualdades históricas e instituciones explotadoras y se ha estado agravando por la expansión de las relaciones del mercado capitalista, la amplia comercialización de la agricultura, el desarrollo de las agroindustrias y el desplazamiento concomitante de grandes números de agricultores en pequeñas propiedades y campesinos pobres (Harris, 1997) El cuadro general es uno de un muy pequeño grupo de dueños de la tierra quienes poseen grandes extensiones de tierra..

Los gobiernos latinoamericanos están siendo requeridos para aliviar los desajustes provocados por el mercado. Para profundizar los procesos de reestructuración económica y para legitimar la re definición de las relaciones de propiedad. Al mismo tiempo que sus capacidades para hacerlo están muy disminuidas después de casi dos décadas de neoliberalismo (Ademán, 1998) Los procesos transaccionales a la democracia en muchos de los países latinoamericanos, aislaron la política de la dinámica de los cambios económicos, sociales y culturales.

Cavarozzi (1992a) analiza esta situación y concluye que "la perspectiva teórica dominante durante la década de 1980 recibió la implantación y la consolidación de las instituciones de la democracia política como un proceso aislado a las modalidades de la transición y orientado, asimismo a prevenir la emergencia del autoritarismo que institucionaliza la violencia. Un presidencialismo autoritario centró en torno a él las relaciones políticas y sociales concentrando todo el poder económico y político, se presentó como un sistema de gobierno orientado por una tecnocracia y asumió el papel del Estado para acelerar la implantación de las políticas neoliberales.

Los ideólogos ortodoxos neoliberales limitaron el papel de regulación de actividades del Estado, así como las funciones de protección y bienestar social. El régimen de gobierno presidencialista tiene un diseño institucional que sigue la separación de los poderes con sus controles mutuos y una distribución basado en sistemas multipartidistas con representación proporcional que fragmenta el trabajo legislativo.

Los regímenes autoritarios carecían de visión y los logros obtenidos en materia de crecimiento económico y desarrollo social, los cuales son muy cuestionables, usaron métodos violentos contra quienes disentían de sus opiniones tanto en la esfera pública como en la privada. En la actualidad, empero, el principal desafío no es impedir las regresiones autoritarias, sino el de reconstruir una nueva matriz de relaciones político-sociales y económicas que reemplace aquéllas que agotó durante la última década y media". La denominada transición democrática del Estado se caracteriza por mutaciones en los rasgos centrales de la estructura “matriz estado céntrica” que Cavarozzi, (1992b) delimita como “una forma de organización de la vida política en torno a la intervención y regulación de estado que impregnó la mayoría de los espacios sociales y que, de ese modo, afectó las oportunidades de vida de prácticamente toda la población”

Sin embargo, las capacidades del Estado se han reducido. A tal grado que los militares están incrementando sus actividades para proveer los servicios de emergencia que tampoco puede proveer los programas asistenciales de la misma sociedad civil (Franco, 1996) Los militares están tomando algunas de las responsabilidades tradicionales del Estado. Este se enfrenta al dilema fundamental de vencer la resistencia de las elites económicas para apoyar la democracia participativa percibida como una amenaza para sus propios intereses.

Las elites gobernantes de Latinoamérica generalmente han servido de intermediarias entre el poder externo dominante y la población local. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición”. La tradición ideológica de las elites viejas como estrategia de los grupos de nivel socioeconómico alto, se orienta a limitar la modernización económica al mismo tiempo que fortalece los valores tradicionales de socialización centrada en la familia y en la escuela (Germani, 1966).

Desde otro enfoque, efectivamente la aplicación de mecanismos de participación política, económica y social pueden ser usados como instrumentos de manipulación y control político de sistemas autoritarios que reprimen mediante métodos violentos a quienes no estén de acuerdo con sus proyectos, institucionalizando así la violencia. Los militares han sido llamados o bien han voluntariado por sí mismos, no solamente para controlar la violencia explosiva, sino también para proveer algunos de los servicios asistenciales que el Estado ha dejado.

El reto principal es hacer que el estado sea responsable ante la sociedad, los grupos sociales y la ciudadanía en general. La sociedad estará de acuerdo con el gobierno que atiende a sus necesidades, pero en desacuerdo y aún en rebeldía sino se satisfacen estas necesidades sociales. Los procesos de globalización han restado fuerza al Estado. Los costos políticos y sociales de la modernización del Estado pueden revertir la hegemonía tecnocrática y neoliberal de los gobernantes.

La modernización neoliberal separa a la subjetividad, la considera un proceso autónomo e inconexo que genera tensiones cuando de acuerdo con Lechner (2000), ambos fenómenos son complementarios y es necesario relacionarlos, ya sea en forma espontánea conforme a la apuesta del liberalismo decimonónico o establecida por el Estado conforme al modelo socialdemócrata. Los procesos de modernización generan aprendizajes rápidos y traen consigo un incremento en las demandas de bienes y servicios e inflación de las expectativas para satisfacer las necesidades y deseos, lo cual no siempre desarrolla la infraestructura y capacidad para lograrlo.

Esto puede ser posible, si como dice Almeyra (1999) la conciencia política y civil de quienes sufren los efectos de la aplicación de las políticas económicas regresivas, encuentran su refugio en la base territorial de la democracia para buscar su autonomía y promover acciones de autogestión. La autonomía local tiene su fundamento en el ejercicio ciudadano para evaluar y juzgar las acciones de los gobiernos locales, quienes tienen responsabilidades de una correcta toma de decisiones de sus competencias ante la comunidad. Las sanciones son el corolario usual de la responsabilidad. La inviabilidad e incapacidad de los gobiernos municipales para alcanzar y mantener la gobernabilidad puede ser alcanzada mediante el desarrollo de redes voluntarias e informales de solidaridad en programas de participación local, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre gobernantes y gobernados. La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos que proporcionan las redes locales, nacionales y globales.

El desarrollo de estas culturas de autogestión para la producción y provisión de bienes y servicios públicos es una alternativa para dar respuesta prioritaria a las necesidades por sobre los deseos o preferencias de la ciudadanía y para cubrir los espacios de ineficiencia que las administraciones centralistas no pueden cubrir Esto es posible como resultado de la fusión de una fuerte voluntad de acción política, con un mínimo de conciencia de los sujetos en la relación de las fuerzas locales y fuerzas internacionales. Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política

La provisión de bienestar social y otros bienes colectivos esenciales a una democracia estable requiere de actores estatales e instituciones que forjen ligas cercanas con los actores privados, cuya cooperación es esencial para la implementación de políticas de estabilización y restauración del crecimiento. No obstante, los burócratas y los políticos no siempre tienen los mejores incentivos para elaborar y poner en práctica políticas eficaces y eficientes que beneficien a todos los agentes políticos, y en mucho de los casos, inclinan sus decisiones hacia la búsqueda de estos intereses privados.

Todavía más, las políticas administrativas pueden encubrir las acciones de los burócratas y los políticos, a quienes es difícil solicitar el ejercicio de la rendición de cuentas Estas conexiones privilegiadas entre los actores del Estado y los privados corresponden a una estrategia no partidista. Por ejemplo, los problemas de la falta de alimentos en tiempos de hambruna tienen una mayor influencia en la estabilidad y crisis de la política económica estatal y regional, de acuerdo con los trabajos del reciente premio Nobel, Amartya Sen. Las monedas nacionales se han devaluado y pegado al patrón del dólar estadounidense, y el crecimiento de las exportaciones, principalmente de las exportaciones no tradicionales, tales como las frutas, las legumbres, as flores y algunos bienes manufacturados, han sido promovidos a expensas de la baja en la producción de alimentos para el consumo doméstico.

Este autor argumenta que las hambrunas están inextricablemente ligadas a las estructuras sociales de la economía doméstica y centradas en temas como la titularidad, pobreza y distribución de la riqueza (May, 1997) Entre las consecuencias de estos fenómenos es previsible en el futuro, la falta de seguridad alimentaría y un significativo entorpecimiento de la infraestructura, incrementando los riesgos de conflictos. La relación existente las variables cultura y pobreza es más complicada que la simple causalidad y resulta más importante estudiar el análisis cualitativo que el cuantitativo de la cultura para poder determinar el posible impacto en la pobreza.

Sin embargo, la participación popular legalizada e institucionalizada que refuerza la gobernabilidad democrática y la descentralización política es relativamente nueva en el contexto de los gobiernos locales en Latinoamérica. Efectivamente, los procesos de descentralización impulsados por el sistema capitalista son inherentes a su propio desarrollo en las circunstancias actuales de trasnacionalización de la economía y los mercados en donde el Estado nación, que una vez fue funcional para su expansionismo, ahora es el principal estorbo.La introducción de la descentralización política orientó la descentralización administrativa hacia la persecución de la gobernabilidad democrática, el combate a la corrupción institucionalizada, reducir la brecha de las inequidades, facilitar la participación ciudadana, etc.

Por lo tanto, el aliento a la participación ciudadana mediante procesos de descentralización política y de reordenamiento territorial, pueden crear las condiciones para impulsar el desarrollo regional bajo el nuevo paradigma que promueve las variables científico-tecnológicas, los procesos de descentralización, el cuidado del medio ambiente y la creación de empresas. Esto les permitiría promover el crecimiento económico y el desarrollo social de las localidades, aumentar la participación ciudadana y democratizar los procesos políticos y sociales. López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una “propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y sociallo permiten y, presionan en su favor.”

Este desarrollo regional se refiere a un conjunto de cambios que son inducidos intencionalmente y conscientemente a través de políticas (Tarapuez Chamorro, 2001). El espacio geográfico del desarrollo regional es sometido a procesos de desterritorialización en que avanza la globalización económica para dar mayor énfasis a los agentes y actores del desarrollo. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes.

Así la economía regional se encuentra sometida a la propia estructura económica, las políticas macroeconómicas nacionales, y los procesos de globalización económica. En esta tendencia, los principales actores del desarrollo regional son las empresas privadas, las organizaciones sociales no gubernamentales, las empresas transnacionales, etc. El Estado deja su papel protagónico como impulsor del crecimiento económico regional para garantizar el desarrollo equitativo regional.

Además, no se encuentran exentas de múltiples problemas en la complejidad de un medio ambiente en el que la política es relegada a la posición de una variable más, debilitando por lo tanto, el impacto que puede tener una política de descentralización. Cuando a la gente se le involucra en decisiones que les afectan su calidad de vida, su participación apoya y sostiene sus propias decisiones, aseguran el uso más eficiente de los recursos para la satisfacción de las necesidades y se hace más difícil su desvío y mal uso porque se transparentan y se vuelven más fácil de detectar.

Por lo tanto, la elevación del nivel de la calidad de vida está interrelacionada con el empleo de mecanismos institucionalizados de gobernabilidad que generan mayor credibilidad en la asignación de los beneficios del desarrollo, contribuyen a crear una sociedad más satisfecha y por lo tanto, menos asimétrica pro sus desigualdades sociales.

La descentralización de la toma de decisiones económicas y políticas y la competencia efectiva ha sido la estructura institucional subyacente para los cambios organizacionales que permiten a las economías y democracias modernas cosechar los beneficios de la tecnología (Norton, 1993). Puede ser verdad que los cambios institucionales usualmente ocurren como las reacciones de personas con visión estrecha a lo que perciben como más o menos un rango estrecho de necesidades. La descentralización económica introduce mecanismos de mercado y externalidades en la asignación de procesos productivos de bienes y servicios públicos.

Las sociedades requieren de cambios organizacionales que concreten los procesos de democratización y descentralización. Puede ser verdad que los cambios institucionales usualmente ocurren como las reacciones de personas con visión estrecha a lo que perciben como más o menos un rango estrecho de necesidades. La democratización social del Estado busca incrementar los procesos de descentralización para potenciar el desarrollo en sus ámbitos espaciales, local y regional.

López Vadalladares (2001) argumenta que el proceso de descentralización responde a una “propuesta de reforma impulsada por organismos multilaterales y fue respaldada con argumentos formales, tales como el logro de la eficiencia, la participación ciudadana, la prevención, la corrupción, entre otros; su ejecución se hace posible en la medida en que las condiciones del contexto político, económico y sociallo permiten y, presionan en su favor.” La base simbólica y material de las democracias no está circunscrita exclusivamente a la participación en las instituciones económicas y políticas, sino también en el acceso al uso ampliado del conocimiento, la información y la comunicación. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado.

Desgraciadamente, los avances tecnológicos que se están distribuyendo en todo el mundo no poseen las mismas posibilidades de “acceso” para todos los habitantes del planeta. Internamente en cada Estado-nación se crean diferencias sociales entre aquellos que tienen acceso al consumo y a los flujos de información internacional y entre aquellos que jamás tendrán la oportunidad de tener acceso a los beneficios de la globalización. Entre estos grupos no existe diálogo pero sí entre las elites de los diferentes países. El resto de los ciudadanos están siendo marginados de los beneficios. Más del 20% de los habitantes más pobres del mundo han quedado excluidos de la explosión del consumo, mientras que el 20% de los habitantes de los países de mayor ingreso tienen el 86% del total de los gastos en el consumo privado, y el 20% más pobre, apenas consumen el 1.3%.

Sin embargo, la gobernabilidad, y por lo tanto, la legitimidad de un gobierno tiene que fundamentarse más en el consenso que la brinde la ciudadanía y menos en la capacidad para resolver problemas. La legitimidad implica el otorgamiento de la confianza de la ciudadanía en forma de mandato a sus gobernantes y es la base de la gobernabilidad democrática, la cual remite a ciertas características específicas del régimen político. La tendencia de las sociedades actuales a alcanzar la gobernabilidad democrática a pesar de los problemas de inestabilidad e incertidumbre política y económica es lo que Torrijos (2001) ha denominado como la gobernabilidad reluctante, la cual considera como una gobernabilidad desde la ingobernabilidad porque se construye a partir de la inestabilidad, la incertidumbre y el caos. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad.

La gobernabilidad democrática que equilibra las relaciones de la economía, la política y la sociedad debe ser el resultado de una estructura de governance creado por un nuevo diseño institucional bajo una ideología neoliberal, la cual a su vez contribuye a la gobernability o gobernabilidad en su concepto más amplio y a la emergencia de una “sociedad multi-céntrica” definida por Luhman (1982). El argumento convencional contra el acercamiento es que los diseños institucionales no están realmente diseñados en el sentido que hay una relación directa entre las intenciones de los actores políticos y los resultados institucionales, pero son más o menos el resultado de la evolución histórica (Kaiser, 1997).

La relación existente entre la eficiencia de los agentes económicos y las estructuras institucionales con la gobernabilidad requieren de análisis del diseño de las instituciones del sistema político. De acuerdo con esto, si estamos interesados en la explicación del cambio institucional, se debe estar consciente que la información disponible para los participantes es limitada. En cada cambio de las constelaciones institucionales se involucran altos costos de transacción de los actores políticos afectados. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Esto significa que cuando se asume que las intenciones de los actores políticos están conectadas lógica y empíricamente a los resultados institucionales, tenemos que reconocer el hecho que esto es una relación más compleja la cual está influenciada adicionalmente por una amplia gama de factores contextuales.

La aplicación y operacionalización del governance de las instituciones económicas, políticas y sociales contribuye a la gobernabilidad, aunque ambos conceptos se refieran a fenómenos sociopolíticos totalmente diferentes. Las modificaciones en la estructura de governance modifican la ingeniería de las instituciones de gobernabilidad. El diseño institucional está determinado por las negociaciones bajo un sistema de gobernabilidad democrática.

Por abajo de un mínimo democrático requerido, pero con ciertas libertades y derechos políticos, se presenta una poliarquía. Las libertades abstractas no siempre están jurídicamente respaldadas por el Estado. De hecho los sistemas democráticos se presentan con distintas dimensiones que marcan grados diferentes de democracia, con valores y metas de equidad e igualdad que son movibles. De lo que no puede prescindir un gobierno democrático es no contar con el asenso de la sociedad (Córdova, 1998). La gobernabilidad implica la capacidad de las instituciones para mantener la estabilidad económica, política y social. Así, parte del problema de legitimidad del Estado se deben a los problemas que han resultado de las crisis económicas que ha dificultado satisfacer las altas expectativas por los servicios públicos de la gente.

Antes que el Estado en sí mismo se transforme, es más probable que las relaciones informales de las instituciones del Estado con la sociedad civil, se encuentren bajo presión para ser reestructuradas. North (1998) llega a concluir que la causa histórica del subdesarrollo y la violencia política se debe a la implementación de políticas de ajuste estructural, entre las cuales las instituciones financieras internacionales y los donantes condicionan los programas de asistencia, y por lo tanto inclinando el balance del poder en favor de los sectores privados y militar.

Así, tanto el Estado como el mercado han funcionado dentro de las relaciones del poder conduciendo a la promoción de los intereses de corto plazo de grupos privados consolidados tanto nacionales como de los inversionistas extranjeros, más que aquellos de la sociedad como un todo. Mientras que puede ser difícil algunas veces privatizar las principales funciones del gobierno, sin embargo, aquéllas relaciones informales que existen “afuera” o “entre” las instituciones del gobierno público pueden ser más fácilmente cambiadas (Todd, 1998) Más todavía, en el caso del sector privado, el desarrollo de eventos mundiales está modificando los procesos de toma de decisiones de los gobiernos, con algunas funciones que están siendo descentralizadas a los gobiernos subnacionales (Dunning, 1997)