LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECONÓMICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN

José Gpe. Vargas Hernández

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Características de la gobernabilidad de negocios y de organizaciones sin fines de lucro.

NEGOCIOS CON FINES ORGANIZACIONES NO-DE LUCRO. GUBERNAMENTALES CON FINES DE LUCRO.

Adaptado de Macfarlán (1999)

A escala nacional, la gobernabilidad trata de las relaciones entre el Estado y los gobernados, así como también entre los miembros de una sociedad nacional particular, ya sean individuos, organizaciones u otras entidades, a través de arreglos institucionales y procesos aceptables que fortalezcan la cohesión social y disminuyan los conflictos entre las diferentes partes. . Las sociedades son más cohesivas y plurales a medida que se alejan de la gobernabilidad reluctante. La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. El espacio nacional es más cohesivo y homogéneo que el espacio internacional y global. Por definición, la sociedad se restringe al espacio nacional, y es en este espacio donde se delimitan las unidades de espacio de soberanía. Es en este espacio territorial nacional donde se contiene a la sociedad.

Esto es debido a que puede expresarse porque existe una fuerte correlación entre la cohesión social y el PIB per cápita. La globalización está orillando a los individuos a buscar formas de organización para la acción política a fin de influir en la formulación de las políticas y las decisiones públicas y a establecer contactos más estrechos con el gobierno. Las instituciones se interpretan como estructuras de incentivos para la acción política. Las precondiciones sociales o económicas, las tradiciones culturales y los eventos repentinos importan pero no influyen mecánicamente en la acción política.

La explicación de la acción política en un contexto institucional es diferente de explicar el cambio institucional en períodos largos de tiempo. Puede argumentarse que los cambios institucionales en los sistemas políticos democráticos están congelados mientras que las condiciones contextuales son relativamente estables. En el último caso, la historia y la cultura política, entendida como los supuestos básicos del mundo de la política, las cuales restringen el rango de alternativas disponibles, tienen que ser sistemáticamente integradas como factores, los cuales entre otros, dan forma a la manera en que los actores políticos perciben las situaciones de elección (Kaiser, 1997).

Los individuos que defienden acciones no conflictivas, cuando son vecinos y están conectados estrechamente pueden obligar a cualquier individuo a tomar una acción diferente como formar una coalición en donde cada miembro que también defienda acciones no conflictivas se unan. Las coaliciones tienen movimientos promotores y movimientos detractores en ambientes sociales donde se forman a través de acuerdos y desacuerdos en acciones que especifican lo que pueden realizar cuando dichas coaliciones se forman. Por ejemplo, en las “coaliciones promotoras” (advocacy coalitions), los procesos de cambio son importantes para la resolución de conflictos. El uso de las nuevas tecnologías incrementa los intercambios de información y permiten la formación de coaliciones mediante procesos de colaboración horizontal en espacios territoriales diferentes.

Herings, Mauleon and Vannetelbosch (2000) proponen el concepto de racionalidad social para estudiar la interacción social del comportamiento de los grupos de agentes a partir de un acercamiento de racionalización a los ambientes sociales. El concepto de racionalidad social para ambientes sociales se basa en la racionalidad individual. La racionalidad individual refleja el límite de las habilidades cognitivas que constriñen al humano en la solución de problemas. La acción racional se conjunta por interés propio de los individuos para un desempeño social. Estos ambientes sociales tratan con la conducta de las coaliciones, mediante las implicaciones de la racionalidad de los individuos, lo cual convierte la conducta de coalición en conducta individual. La racionalidad social modela la conducta individual en ambientes sociales que tratan con movimientos de coaliciones y sus resultados se basan en la racionalidad individual. Las conjeturas no se asumen como correctas, sino que están constreñidas por consideraciones de racionalidad.

Los individuos consideran que la conducta que toman otros individuos es la mejor respuesta a las conjeturas sobre las conductas de los otros miembros. Reconocen que la participación de los individuos en las coaliciones tiene como posibilidades moverse a favor de la coalición o bloquearla. Más que integrarse a una coalición, los agentes tienen la opción de moverse al mismo tiempo en la misma o en otra dirección. Es en este sentido que la racionalidad social satisface la racionalidad de las coaliciones. Los supuestos en que se fundamenta la racionabilidad social, consideran que los individuos son racionales y que cuentan con una jerarquía de hipótesis y que el conocimiento es común en el status-quo original, lo que resulta en que la racionalidad de los individuos es conocimiento común.

Es importante aclarar que una de las principales críticas contra el neoinstitucionalismo es que parte de un supuesto ya universalizado acerca de la racionalidad limitada y que genera relaciones de intercambio entre los individuos para lograr objetivos racionales. El nuevo institucionalismo se basa en los modelos explicativos de actores y procede del supuesto que las preferencias pueden ser entendidas en el contexto de los incentivos generados institucionalmente y de las opciones disponibles institucionalmente que estructuran la elección.

Las instituciones pueden percibirse como soluciones de equilibrio a los problemas de elección colectiva. Las preferencias de los actores políticos son cruciales para lo que se diseña institucionalmente porque los participantes conocen que los altos costos pueden involucrarse si las decisiones van en contra de ellas. El neoinstitucionalismo asume que los sistemas de incentivos económicos de las instituciones desempeñan un papel importante en la dinámica y desarrollo de los sistemas económicos, políticos y sociales.

La racionalidad limita en la perspectiva de la Nueva Economía Institucional se relaciona con la misma conducta de economizar que enfatizan las explicaciones de eficiencia basadas en determinadas preferencias. Por otro lado, la explicación Vebleniana de racionalidad limitada considera el papel de ineficiencia del patrón de la conducta dependiente debido a la formación endógena y al cambio en las preferencias de los individuos. No obstante, los dos acercamientos tienen como elemento en común que la historia no permite un entendimiento adecuado de la diversidad de los caminos que han tomado las diferentes sociedades, por lo que se vuelve necesario hacer análisis comparativos de las instituciones.

Así, la racionalidad social garantiza la racionalidad de las coaliciones y, por tanto, la racionalidad individual. Pero al exacerbarse la racionalidad individual por sobre la racionalidad colectiva, el sistema capitalista muestra una tendencia latente hacia el ejercicio autoritario. Lo que aquí preocupa es un subconjunto de estas relaciones, aquéllas que se relacionan con el control de la asignación, acceso y uso de los recursos económicos, los arreglos para la disposición de la propiedad y su custodia en una sociedad nacional, sujeta a ciertas condiciones sociales y políticas. En el espacio nacional, la sociedad es más cohesiva y homogénea que en la sociedad en el espacio global. Es en este espacio global, representado por los procesos de globalización, los que se expresan en un contexto de fragmentación. Es la sociedad local y regional la que como actor social adquiere relevancia en la promoción del crecimiento económico y el desarrollo más justo y equitativo.

La fragmentación del espacio nacional en espacios regionales y locales con más autonomía, constituyen una fuerza que se contrapone a los procesos de globalización y que generan tensiones, lo que da por resultado lo que Torrijos (20019 ha denominado dispersión internacional. Por definición, la sociedad se limita al espacio del Estado-nación, y por lo tanto, es en este espacio nacional donde queda contenida la sociedad. Sin embargo, sin este espacio nacional, difícilmente los procesos de globalización pueden presentarse.

Por ejemplo, la estructura institucional y burocrática del mismo Estado que ejerce su poder sobre los ciudadanos individuales. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Los ciudadanos tienen preocupaciones por aspectos como la seguridad, el bienestar y la identidad.

Es claro que los procesos de globalización imponen una nueva definición de ciudadanía económica y le exige el ejercicio democrático autoorganizado como el principal requisito para fundamentar sus expectativas en función de sus capacidades y competencias. Pareciera que la confusión de ciudadanía económica se centra más en considerar a los individuos más como clientes que como ciudadanos, y en todo caso, como miembros de una sociedad de consumo más que como miembros de una sociedad de participación.

El involucramiento activo de la ciudadanía facilita los procesos democráticos y el acceso al poder de individuos que no guardan relación alguna con el poder político de los partidos hegemónicos. La institucionalización de los partidos políticos es importante para lograr eficiencia en la gestión política de la gobernabilidad democrática. Esta ciudadanía económica se focaliza más en aquellos actores como el mercado, las empresas, los desempleados y marginados, etc., que tienen un poder mayor que los gobiernos. El surgimiento de grupos contra-hegemónicos que resisten y limitan el poder de las elites presionan para establecer un nuevo orden. Este nuevo orden económico mundial se centra en estrategias de desarrollo orientadas a eliminar la política social y a descentralizar las funciones del Estado.

Las elites transnacionales requieren de estabilidad y reducción de la incertidumbre en la acción de los mercados internacionales y los sistemas políticos de los Estado-nación, mediante sistemas de regulación que logren la gobernabilidad local, bajo los postulados de la teoría de la elección racional o rational choice. El rational choice emplea herramientas e instrumentos de análisis de los mercados para interpretar los fenómenos políticos y las relaciones políticas. El comportamiento racional de los individuos es guiado por la búsqueda de incentivos económicos para maximizar sus beneficios. Los incentivos no económicos no son considerados, bajo el argumento de que no son científicamente estudiables (Downs, 1967)

La elección racional se explica con los términos de la teoría del prospecto que describe como los individuos eligen bajo condiciones de incertidumbre. Esta teoría se combina con un entendimiento de una “contabilidad mental” para comprenderse. Los elementos de la función valor de la teoría del prospecto son explicados por Mullainathan y Thaler (2000) en los siguientes términos: se define en los cambios de la riqueza más que en los niveles para incorporar el concepto de adaptación. La función de pérdida es más importante que la función de ganancia para incorporar la noción de aversión a la pérdida; la noción de que los individuos son más sensibles a los decrementos que a los incrementos en su bienestar. Ambos despliegan una sensibilidad de disminución o pérdida para reflejar los resultados experimentales.

Pero la cultura económica propiciada por las fuerzas de la globalización privilegia el beneficio personal egoísta en detrimento de un debilitamiento de la solidaridad social. Por lo tanto, se hace necesario también globalizar la solidaridad para contrarrestar los efectos negativos de los procesos de globalización económica. Esta cultura tiene como base una teoría económica que sostiene que los individuos son agentes económicos orientados por el logro de su propio interés. La solidaridad como un valor universal ya no es defendido ni garantizada por las instituciones en el actual modelo de desarrollo, por lo que se requiere globalizar la solidaridad. El requisito necesario para un desarrollo efectivo es una ciudadanía real.

En estas condiciones, sostienen Colasse y Standish, (1998), de tensiones entre el Estado y las fuerzas de la competencia económica, la ciudadanía permanece ansiosa por mantener una solidaridad a través de la autoorganización que represente sus propios intereses y que permita enfrentar las formas tradicionales del poder público. Como tal es el caso de la exigencia de los servicios públicos o el acceso a ciertas instituciones para cuyo funcionamiento es necesario que sus titulares sean ciudadanos. Con la descentralización , los municipios vuelven a asumir un rol protagónico en la administración de la provisión de los servicios públicos como atención a las necesidades de las localidades.

En este sentido, como ha dicho Casaldáliga (Fazio, 2000), solidaridad es el nuevo nombre de la sociedad humana que requiere de una revolución ética, estructural, cultural, sociopolítica, económica y sobre todo, espiritual. Casaldáliga habla de “la solidaridad como una virtud, amasada de indignación y praxis liberadora. Thoreau ha dicho que todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, como el derecho a rechazar la obediencia, la lealtad y a resistir a un gobierno cuando su tiranía e ineficiencia son insoportables. A propósito de la capacidad de indignación del ser humano, también se está modificando para convertirse en una inercia de rebaño. Los procesos de globalización representan nuevos retos para crear el sistema ético que debe ser implementado a fin de asegurar que el cambio social a escala global no provoque una conmoción global.

Un estudio sobre los enfoques principales de la ciudadanía respecto al papel frente al Estado establece tres categorías: súbdito/beneficiario, participación ciudadana y apoderamiento. Bajo el enfoque de súbdito / beneficiario, el individuo se somete y se adhiere a la voluntad del Estado benevolente de quien recibe los beneficios. Bajo el enfoque de representación y participación ciudadana establece una vía de influencia de doble sentido entre los ciudadanos y el Estado para la realización de proyectos políticos, los cuales se someten al consenso y aprobación ciudadana.

El enfoque de apoderamiento (empowerment) o creación de poder, genera el poder desde el mismo ciudadano o grupo para realizar sus propios proyectos de desarrollo a partir de bases de poder social. Asignaciones de recursos naturales, financieros, y de capital social otorgan poder a los individuos para manejar riesgos y para reducir la vulnerabilidad. El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales.. El capital social simbólico se conecta a la lógica de los diferentes campos específicos sin que exista transferencias entre sí.

De acuerdo a Lechner (2000), el análisis de la dialéctica de la individualización y socialización subyascente al desarrollo humano, conceptualiza el capital social como la “trama de confianza y cooperación desarrollada para el logro de bienes públicos” Putnam (1995: 67) define capital social como “redes, normas y confianza social que facilitan la coordinación y cooperación en beneficio mutuo”. El significado de apoderamiento depende del enfoque agregativo o integrativo a la teoría de la democracia. En la teoría de la democracia con un enfoque agregativo, el concepto de apoderamiento significa influencia igual y autonomía individual, esto es, los individuos tienen un parte igual de influencia en los procesos de tomas de decisiones colectivas y mantienen una esfera de autonomía lo más grande posible.

El diseño de las instituciones debe garantizar a todos los ciudadanos un nivel de influencia y control similar sobre los procesos de gobierno colectivo, mientras que separa los procesos de toma de decisiones individuales y colectivos, a pesar de la tendencia hacia el autoritarismo debido a la inclinación a proteger los derechos individuales por sobre los colectivos. Bajo una teoría de la democracia integrativa, apoderamiento significa la transformación de los individuos en ciudadanos mediante el incremento de su habilidad para internalizar una perspectiva holística de gobierno societal y para desarrollar sus capacidades sociales e intelectuales. La participación de los ciudadanos es inherente al apoderamiento facilitado por el diseño de instituciones democráticas. En este tipo de democracia, el ciudadano se adapta con una participación limitada por los entramados de las redes del poder para formular y exigir el cumplimiento de las demandas.

Investigaciones sobre la cultura política concluyen que la crisis política tiene poca relación con la crisis de confianza en las instituciones democráticas cuyo nivel de aceptación sigue siendo elevado.

Una estrategia de apoderamiento democrático se enfoca en ambos enfoques de la democracia.

ASPECTOS AGREGATIVOS E INTEGRATIVOS DEL APODERAMIENTO.

ASPECTOS AGREGATIVOS ASPECTOS INTEGRATIVOS

Distinción empírica Los procedimientos sirven para distribuir el poder y para influenciar y regular los conflictos. Los procedimientos sirven para producir ciudadanos democráticos

Distinción analítica La sociedad consiste en individuos atomizados con preferencias dadas exógenamente. La sociedad es una construcción social y las preferencias son endógenamente producidas.

Distinción normativa Percepción negativa de libertad. Percepción positiva de libertad.

Fuente: Adaptado de Sorensen (1997).

El apoderamiento de los ciudadanos es esencialmente dependiente del grado de preparación de las agencias del Estado para conferir poder. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición”.

Las bases del poder social, de acuerdo a la estrategia de Friedman (1992) son ocho: El espacio vital defendible (vivienda y propiedad del suelo), tiempo libre, conocimiento y habilidades, información apropiada, organización social, redes de vinculación, instrumentos de trabajo y vida y recursos económicos (Pineda Pablos, 1999) Sólo que la creciente fragmentación organizacional puede ser una amenaza significativa al apoderamiento. Las diferentes variables organizacionales delimitan la participación de los individuos y debilitan el potencial para el apoderamiento de la ciudadanía.

La ciudadanía tiene que ser entendida como soberanía, es decir, como la titularidad del poder constituyente que define las normas y leyes y que no dependen del poder, y no nada más ser tomada en cuenta para efectos de consumo, de acuerdo con el nuevo concepto de soberanía consumidora que deja en el mercado las principales decisiones de desarrollo de los individuos mediante el aliento y estimulación artificial de un consumo continuado y creciente. En este sentido, el Estado tiene que servir a la gente. Debe dar prioridad al ejercicio de la soberanía individual, al ejercicio de las libertades individuales y a los derechos humanos fundamentales. Un Estado-nación soberano que respeta y sostiene los derechos humanos inalienables de sus ciudadanos, es también un Estado-nación que se gana el respeto y el reconocimiento de la comunidad global de naciones. Por lo tanto, la buena gobernabilidad que como obligación soberana mantiene un Estado-nación para su propia población, también repercute para todas las poblaciones de todas las demás naciones del mundo.

Mientras que por un lado, las naciones con índices bajos de desarrollo se han incorporado al sistema de la economía global dentro de un amplio margen de papeles y relaciones con las naciones más industrializadas, éstas se encuentran en una transición acelerada del monopolio del capital basado en la nación. La nueva era de economía mundial poli céntrica está basada en la competencia de corporaciones transnacionales que operan en sinergia con los Estados imperiales con un amplio poder económico y riqueza que rivaliza con el Estado. Estas corporaciones transnacionales son las que organizan la internacionalización de sus sistemas de producción de acuerdo a sus propios intereses y formulan estrategias mediante evaluaciones de la viabilidad de sus inversiones, gracias ala asociación que hacen entre globalización y progreso tecnológico para facilitar su propia expansión. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva.

No resulta tan aventurado sostener que han sido los inversionistas, antes que los economistas quienes reconocieron en las fuerzas de la globalización eran favorables para el crecimiento. Ya que las empresas nacionales y locales carecen de los medios para competir en igualdad de términos con el capitalismo transnacional, tienen pocas posibilidades de elección que no sea otra que convertirse en los socios junior locales. Para la implementación de sus estrategias toman en cuenta información sobre las relaciones del riesgo internacional, riego nacional y riesgo monetario. ”. Para Giddens (1999:36) los riesgos son “la dinámica movilizadora de una sociedad volcada en el cambio que quiere determinar su propio futuro en lugar de dejarlo a la religión, la tradición y los caprichos de la naturaleza.”

Los gobiernos de los Estados-naciones están cada vez presionados por estos intereses transnacionales sobre los que tienen poca o nula influencia y sujetos a los flujos de información que determinan su capacidad para la acción. Las diferencias de intereses de clase entre las naciones se obscurecen en categorías abstractas. Los inversionistas financieros por un lado y las organizaciones financieras internacionales presionan para que los Estados-nación abran sus mercados financieros, desregulen sus economías y privaticen las empresas públicas. Estas políticas han disminuido la tasa de crecimiento económico en general y han traído una drástica reducción de los servicios del gobierno así como en el empleo público. Esto ha resultado en una venta total desnacionalizadora de los más grandes beneficios y empresas públicas de estos países y abolido las tarifas protectoras y otras formas de apoyo que previamente tenían las empresas locales.

El transnacionalismo económico presenta ciertas características relacionadas con el problema de la gobernabilidad. Las estructuras corporativas difieren entre las economías más avanzadas. La gobernabilidad corporativa surge como un tema de políticas dominantes en economías orientadas al mercado y de las instituciones implicadas en el desarrollo de economías en transición. La teoría del camino-dependencia de las estructuras corporativas señala diferencias en las estructuras tanto de propiedad como de gobernabilidad corporativa (Bebchuc y Roe, 1999) La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas son preferidas a aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible.

Las estructuras corporativas que una economía tiene, están determinadas por las que tuvo anteriormente. Las estructuras corporativas de una economía dependen de la estructura con la cual la economía inició, mientras que las estructuras iniciales de propiedad tienen ciertos efectos porque afectan la identidad de las estructuras que son eficientes para una corporación. A su vez, las regulaciones corporativas afectan las estructuras de la propiedad la cual depende de la estructura corporativa con la cual la economía inició.

La reciente literatura de estudios empíricos de la gobernabilidad corporativa se fundamenta en la premisa de que el principal problema es una administración auto interesada y accionistas débiles y dispersos que abren debates entre la propiedad y el control corporativo y los conflictos entre la administración y los accionistas. Las protecciones legales para los accionistas que tienen la propiedad minoritaria de las empresas requieren de más apoyo por parte de las regulaciones locales a efecto de evitar la concentración de la propiedad de las grandes empresas en pocas manos.

Sin embargo, la investigación reciente en la gobernabilidad corporativa ha encontrado diferencias sistemáticas entre las naciones en la concentración de la propiedad, el desarrollo del capital del mercado, el valor de los derechos de votación y el uso de finanzas externas. Se ha generalizado la concentración de la propiedad de las grandes empresas más que su dispersión mediante la participación de pequeños inversionistas mediante el sistema de acciones. La naturaleza y la calidad de la protección legal difieren ampliamente en las naciones dividiendo al mundo corporativo en sistemas rivales de propiedad dispersa y propiedad concentrada, con diferentes estructuras de gobernabilidad corporativa. Las estructuras de gobernabilidad son fundamentalmente las redes económicas y las jerarquías. Las redes económicas son sistemas institucionales que regulan los mercados y las jerarquías económicas son sistemas institucionales que regulan las organizaciones económicas (Screpanti, 1999) Las redes de las corporaciones transnacionales son cada vez más complejas.

La teoría del camino-dependencia de la propiedad y gobernabilidad corporativa (Bebchuc y Roe, 1999) muestra que los patrones de las estructuras de propiedad y gobernabilidad corporativa difieren en los países más avanzados y que por lo tanto, existen fuentes significativas en los patrones nacionales de la estructura de propiedad corporativa. Una de estas fuentes es la orientada por la estructura y que se relaciona con el efecto directo de las estructuras de propiedad iniciales en las estructuras subsecuentes de propiedad.

Las estructuras de propiedad iniciales de la economía tienen influencia directamente en las subsecuentes estructuras de propiedad, y tienen como principales motivos la búsqueda de la eficiencia y de rentabilidad. La otra fuente es la orientada por las regulaciones corporativas que implican todas las reglas legales que gobiernan la relación entre la corporación y sus inversionistas, accionistas, administradores y las relaciones entre todos. Las estructuras iniciales de propiedad corporativa afectan las estructuras subsecuentes a través de la afectación de las regulaciones corporativas que las modelan con fundamentos en razones de eficiencia y el interés en política de grupos.

Esta diversidad de regulaciones dificulta las negociaciones a escala global al no poder escapar de ciertas políticas sociales domésticas por ejemplo. Por lo tanto, es necesario dar mayor coherencia a las regulaciones que actualmente norman y rigen tanto las políticas como los programas sociales. A pesar de la premisa de que diferentes patrones de propiedad y diferentes sistemas de gobernabilidad parecen válidos, todavía no es comprensible la forma en que los sistemas de la ley común proveen protección a una minoría de accionistas. La investigación en la gobernabilidad corporativa comparada ha encontrado que los sistemas legales dan a los accionistas minoritarios mucha protección del fraude y expropiación que otros y asume que las diferencias críticas se encuentran en las leyes estatutarias de los sistemas rivales.

Si se examinan las diferencias entre varios sistemas de gobernabilidad corporativa, la homogeneidad asumida de los sistemas de leyes comunes se desbarata. Mucho de la literatura moderna sobre "ley y economía" en gobernabilidad corporativa asume que la regulación de los mercados corporativos es innecesaria y que el papel de la ley corporativa es simplemente ofrecer un modelo de contrato a inversionistas para permitirles economizar sobre los costos de transacción, como en el caso de los problemas de información que elevan los costos de transacción. Los costos de transacción que incluyen la adquisición de información, lograr los acuerdos y los costos de monitoreo y la aplicación legal de los acuerdos alcanzados. Los “costos de transacción” resultan de una interpretación subjetiva de información, monitoreo y sanción de los acuerdos establecidos. Los mercados regionales están profundizando y madurando con una consecuente reducción de los costos y una mayor coordinación mediante el uso de herramientas de las nuevas tecnologías

De cualquier forma, las implicaciones para que una ola de fusiones globales ocurra, los adquirentes tenderán a ser empresas con una concentración en altos valores de la propiedad protegidos por los regímenes legales o bien empresas con altos valores reputacionales. Las empresas de propiedad familiar quedan condenadas a tener dificultades para sobrevivir a esta tendencia (Coffee, 1999b) Los procesos de destrucción creativa Schumpeterianos están redefiniendo a las organizaciones empujándolas a realizar reestructuraciones, fusiones, liquidaciones, etc. Desaparecen cadenas productivas enteras en regiones. Sin embargo, los objetivos que buscan lograr las fusiones están sufriendo una redefinición desde el punto de vista de ganar economías de escala, crear ventajas competitivas gerenciales, financieras y operativas, tener acceso a una mayor variedad de productos, facilitar la expansión a los mercados internacionales y reducir los costos de estrechamiento de márgenes de mercados maduros.

Las fusiones y adquisiciones entre empresas crean sistemas organizacionales, que conducen a altos niveles de concentración industrial cuyo tamaño e intensidad del volumen de operaciones es un parámetro crucial de competencia en una economía globalizada. El crecimiento de las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales se basa en estrategias de adquisición y fusión de empresas extranjeras, mediante procesos conocidos como de corporaciones fusionadas.

Las fusiones entre grandes corporaciones multiplican el número de mega organizaciones transnacionales y multinacionales con poder económico mayor al producto interno bruto de cualquier Estado nacional. Tal es el caso de la industria de la información, el conocimiento y las telecomunicaciones porque son capaces de influir en las decisiones de los gobiernos nacionales y locales, reducir su vulnerabilidad a los cambios turbulentos de la economía, y ejercer un poder en los mercados nacionales y regionales. . La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado. El conocimiento es ahora un recurso más importante que el capital y las materias primas que profundiza o estrecha las brechas del desarrollo entre los países.

El enfoque de la gobernabilidad corporativa basada en el mercado, incluye no solamente el problema de las organizaciones controladas por los dueños y accionistas mayoritarios, sino también la consideración como un modelo de negociaciones multilaterales y ejercicio de influencias entre un numero de diferentes partes interesadas. El nuevo paradigma de la gobernabilidad corporativa reconoce la naturaleza contextual y su dependencia en el medio ambiente institucional de la legalidad y la regulación. La propuesta de la dependencia institucional sostiene que estas son preferidas a aquellas que están más cercas a la mayoría original o al diseño de negociación más posible. Además, reconoce la necesidad de considerar no solamente a los accionistas mayoritarios y minoritarios sino también a todas las demás partes interesadas, como una prioridad, entre otras, para los países en transición y desarrollo. (Berglöf and Von Thadden, 1999)

El medio ambiente institucional , de acuerdo a Levy and Spiller (1996:4-6) se caracteriza por la existencia de un sistema judicial independiente, respetado y no corrupto, así como por una serie de contrapesos al poder ejecutivo que incluyen a la Constitución, elecciones democráticas, cámaras legislativas, niveles múltiples de gobierno y restricciones internacionales.

Algunas de las otras prioridades para la transición de la gobernabilidad corporativa que señalan Berglöf y Von Thadden (1999), son el reconocimiento de las diferencias internacionales en los sistemas de governance, requisitos de transparencia y contabilidad general, la protección de los inversionistas extranjeros, los efectos de los programas de governance en el desarrollo, la protección de los acreedores a corto y mediano plazo, la liquidez de los mercados de seguridades a largo plazo, la aplicación obligada de la ley y la complementariedad con las instituciones políticas, la protección a los accionistas y demás partes interesadas, la condicionalidad externa requerida y finalmente la consideración de que la gobernabilidad corporativa requiere una combinación de amenazas y co-optación de los principales actores.

Los arreglos para una gobernabilidad corporativa óptima reflejan diferentes balances de la relación costo / beneficios de concentración de propiedades, participación de los empleados, estructuras administrativas, redes corporativas, entre otros elementos institucionales de la economía. Los elementos de las instituciones políticas son el tipo de régimen de gobierno y los resultados de las instituciones del sistema electoral. La democracia es en este sentido un régimen político.

Así pues, en este sentido, la governance es producto de la conformación de redes intraorganizacionales e interorganizacionales, el cual puede ser aplicado como procesos de co-dirección y de cogestión. El concepto de governance y el de gobernability o gobernabilidad, aunque se refieren a fenómenos sociopolíticos totalmente diferentes, son conceptos interdependientes y operacionalizables en las funciones de las estructuras institucionales de los sistemas económicos, políticos y sociales.

Desgraciadamente, en la integración de estas redes prevalecen los intereses de los grupos que forman elites poderosas y no están abiertas a todos los posibles participantes. La informalidad, flexibilidad, y descentralización de redes significa que es muy difícil establecer precisamente quienes son los actores y cuales son sus motivos (Slaughter, 2000). Por ejemplo, redes para la formulación de políticas públicas pueden tener el apoyo del Estado, mediante procesos cooperativos de governance, de tal manera que se incrementen los esfuerzos y se contribuya a darle poder a otros actores.

Los autores Berglöf y Von Thadden (1999), caracterizan los problemas de governance corporativa en diferentes tipos:

Organizaciones de propiedad amplia. Organizaciones de propiedad limitada. Empresas familiares.

Administradores fuertes. Bloque estrecho de dueños fuerte. Administradores fuertes

Dueños débiles. Minorías débiles No externos.

Organizaciones en transición Organizaciones en desarrollo.

Administradores omnipotentes Administradores fuertes

Poca resistencia Inversionistas relacionados.

Fuente: Adaptado de Berglöf and Von Thadden (1999)

Los componentes de la infraestructura necesaria para los procesos de globalización económica, tales como la telemática y la formación de complejos de producción que conducen a economías de aglomeración, están siendo fuertemente cuestionados en los términos de su gobernabilidad, rendición de cuentas y responsabilidad. El sistema de globalización económica materializa en procesos concretos situados en lugares específicos, que aunque parezcan contradictorios, resultan de una dispersión espacial de las actividades económicas apoyadas por los adelantos de una revolución tecnológica en las telecomunicaciones. Estos avances contribuyen a una expansión de las funciones centrales en las grandes corporaciones, bajo una continua concentración del control, la propiedad y la apropiación de las utilidades. Estas mismas fuerzas también motivan a los capitalistas individuales y a las empresas capitalistas a concentrar y centralizar su control en varios medios donde la riqueza se acumula. En cada fase expansiva de las grandes corporaciones transnacionales se tiene el apoyo y la participación de los estados imperiales.

Este control en la economía global va más allá de los sistemas de coordinación centrados en el Estado o no en el Estado que prevalece en la literatura de la gobernabilidad. Es importante para esto, determinar un punto central en las decisiones entre una estructura que apoye la gobernabilidad en la globalización de las actividades económicas. Las estructuras espaciales delimitadas territorialmente por entidades geográficas y físicas definen los diferentes tipos de interrelaciones entre las diversas entidades. Las estrategias necesariamente se sitúan en algún punto de un continuo que va desde un extremo en que las corporaciones pueden elegir entre el diseño de una estructura de gobernabilidad como una respuesta a los requerimientos de la de la internacionalización, y en el otro extremo, el diseño de una estructura de gobernabilidad idónea para la expansión de las actividades globales. Las investigaciones de las acciones estratégicas, preferencias y actitudes de los actores de la transición política se centran más en la elección racional que en una dimensión más subjetiva.

Una monocultura institucional de mercados deregulados y jerarquías reducen la diversidad de los arreglos de gobernabilidad disponibles. Potencialmente causan una pérdida neta en el desempeño económico (Crouch and Streeck, 1997). Las jerarquías cuentan con sus propios mecanismos judiciales para la resolución de conflictos. Las tendencias del capitalismo y la incapacidad de los mercados para afrontar efectivamente la intensidad del conocimiento en la sociedad postmoderna, refuerza el argumento de Schumpeter sobre la eficacia de la coordinación del mercado, así como la tendencia hacia corporaciones y gobiernos grandes. La globalización del conocimiento produce grandes beneficios en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos del mundo más desarrollado.

Por lo tanto, confirma la importancia que tienen la jerarquía. Una sociedad postmoderna acepta la idea de que el desorden es la constante y por lo tanto, lo contingente es lo opuesto al orden racionalista de la modernidad. El posmodernismo critica fuertemente los paradigmas de investigación, análisis, diseño e implementación de las políticas públicas. El posmodernismo representa la lógica cultural del capitalismo tardío en donde el espacio es símbolo y realidad. La posmodernidad de la cultura política se caracteriza por una fragmentación de valores compartidos por las colectividades y el distanciamiento de los ciudadanos a las instituciones, marcado por una creciente desconfianza que provoca crisis de las democracias institucionalizadas. Lechner (2000), señala que en la posmodernidad inciden como tendencias, el desmoronamiento de la fe en el progreso y una creciente sensibilidad acerca de los riesgos fabricados por la modernización; el auge del mercado y el consiguiente debilitamiento de la política como instancia reguladora y el cuestionamiento de la noción misma de sociedad como sujeto colectivo capaz de moldear su ordenamiento.

Hay que considerar que el dominio de una “racionalidad instrumental” en la sociedad moderna y la crítica postmoderna provee las bases para la formación de una “racionalidad comunicativa”. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. El enfoque sociológico de la “racionalidad comunicativa” es despreciado por la lógica de la teoría del rational choice o elección racional postulada por el neoinstitucionalismo económico.

En palabras de Habermas (1984), representa un potencial caracterizado por la interacción social libre de dominación o el ejercicio coercitivo del poder, una conducta estratégica de los actores para cuestionar los argumentos, de decepción y autodecepción por la influencia de la ideología. La actividad de la racionalidad comunicativa de Habermas se opone a la noción de espacio público. La actividad comunicativa es entendida como las interacciones humanas mediatizadas por mensajes simbólicos a través de actividades tecnológicas. La batalla contra la globalización neoliberal tiene que darse necesariamente en el plano de la ideología.

Sin embargo, la sociedad moderna está sujeta a incrementos de está racionalización caracterizada por la expansión de la racionalidad instrumental (Sanderson, 1999), es decir, una racionalidad que demanda la “acción instrumental” como la capacidad que divisa, selecciona e implementa medios efectivos a fines definidos y, además, demanda un “conocimiento objetivo” acerca de los efectos de tales medios. Esta sociedad moderna se organiza en torno al Estado-nación asentado en un territorio en donde se realizan las diferentes interacciones, entre las décadas de los 30 y los 70 del siglo pasado. La racionalidad instrumental y el objetivismo son las bases de la acción y la creencia racionalidad (Dryzek, 1990) Sin embargo, a pesar de la preponderancia de esta racionalidad científica, objetivista-positivista, Habermas (1982) está en favor de la institucionalización de lo que denomina una racionalidad procedimental y comunicativa en las decisiones de las políticas (Baynes, 1995)

La racionalidad económica es sustituida por una racionalidad de carácter sociológica, en donde se consideran las variables culturales y antropológicas como fundamentales para las relaciones de intercambio en los individuos bajo espacios de incertidumbre pero que buscan resultados más allá del máximo beneficio individual. Dryzek (1990) argumenta que el modelo discursivo de la racionalidad instrumental se relaciona con la acción de los movimientos políticos que presionan a las agencias del Estado para perseguir cambios ideológicos, culturales y procedimentales.

A pesar de todo, estas estructuras de gobernabilidad idóneas (mercados y jerarquías) de las corporaciones transnacionales y multinacionales se sustentan en las categorías de los procesos de producción y espacio que no niegan la centralidad de la hipermovilidad del capital y el poder mismo de las corporaciones según Sassen (1995), para dar forma a nuevas configuraciones de clase. Las relaciones económicas en el sistema capitalista ocurren entre empresas en el mercado y al interior de las grandes jerarquías de las corporaciones y empresas burocráticas, al igual que el Estado. Las empresas transnacionales son las empresas globalizadoras que tienen una estrategia que persigue una división laboral intrafirma a nivel mundial. Las empresas multinacionales son empresas glocalizadoras que buscan replicar su producción sobre la base de regiones (Reich, 1998).

El enfoque en las propiedades clave, tales como la velocidad de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, así como el lugar específico de las dos variables, direccionamiento del lugar y velocidad en la virtualización, modifican la apreciación de los problemas y sus implicaciones para la gobernabilidad en una nueva economía que vuelve más vulnerable al sistema capitalista, debido al alto nivel de expectativas de especulación financiera.Tal apreciación tiene que ser en una forma diferente a como se viene haciendo en el contexto de la dualidad nacional-global. Las nuevas tecnologías en el marco de la globalización están acelerando la obsolescencia de las especializaciones centradas en la adquisición de aptitudes y competencias locales, en su base profesional y geográfica debido a una reducción de su valor en cualquier sector económico y a un ciclo de vida cada vez más corto.

De hecho, los ciclos económicos descritos por Kondratiev, son cada vez más cortos. Por lo tanto, las capacidades para la operación global, la coordinación y el control contenidos en las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, así como en el poder de las multinacionales necesitan ser producidas (Sassen, 1995)

La aceleración de la velocidad de los procesos mediante el empleo de nuevas tecnologías, complica los actuales mecanismos de administración y control aplicados por los aparatos institucionales privados, y gubernamentales. Además, los convierte en obsoletos. Por otro lado, muchas de los recursos necesarios para las actividades económicas globales no son hipermovibles a diferencia del capital y de la tecnología por ejemplo, y por lo tanto pueden tenerse bajo un sistema de regulación efectiva.

También las corporaciones multinacionales enfrentan un dilema de gobernabilidad y muestran serias deficiencias y complicaciones en sus sistemas de administración y control como consecuencia de los cambios acelerados en los procesos de integración económica global, desregulación doméstica y la evolución de la tecnología de la información (TI) y telecomunicaciones. La tecnología de la información constituye una fuente permanente de inestabilidad económica y crisis financieras.

Una tecnología de la información (TI) descentralizada y sistemas de comunicaciones abiertas difíciles de controlar por cualquier Estado-nación, ha sido la punta de lanza de los procesos de la globalización. Las posibilidades de establecer un sistema de gobernabilidad mundial para controlar las tecnologías de la información y el conocimiento (TICs) y las comunicaciones requieren de instituciones establecidas por la voluntad política de una estructura de gobierno global, las cuales todavía no existen.

El medio ambiente global se torna cada vez más complejo e incierto. Por lo mismo, aumenta la inestabilidad. Para responder a estos desafíos, las estructuras y las reglas de funcionamiento de la internacionalización de los mercados se modifican implicando la formación de alianzas estratégicas. Las estructuras de gobierno de las corporaciones multinacionales basadas en una cadena de comando estrecha imposibilita la funcionalidad organizacional como resultado de su tamaño, su dispersión geográfica y los diferentes ambientes transculturales en que opera.

Su habilidad para monitorear las acciones de la alta dirección geográficamente dispersa se convierte en problemas serios. Cuando las corporaciones multinacionales llegan a internacionalizarse más, tienen que afinar sus estrategias a las diferentes culturas y a la creciente diversidad de clientes, competidores, etc., así como desarrollar estructuras de mayor gobernabilidad que maximicen su habilidad para el procesamiento de la información.

Por ejemplo, Cox (1995) estudia las conexiones existentes entre las tendencias macroeconómicas y la reestructuración del desarrollo de las coaliciones políticas corporativas para explicar la formación de bloques comerciales regionales. Argumenta que las coaliciones de corporaciones formadas para influir en los procesos de globalización, reflejan en su diversidad de intereses, tales como el carácter desigual de la globalización económica. Este carácter desigual se manifiesta en tal forma que mientras que unas compañías expanden sus operaciones internacionalmente, otras regionalizan sus operaciones y buscan la protección de los gobiernos de la región para implementar acuerdos discriminatorios regionales que las protejan de la competencia foránea.

Los procesos de integración económica regional posibilitan el ordenamiento de las redes mundiales de intercambio comercial y financiero, de tal manera que permita utilizar mecanismos de mercado que redefinan las relaciones entre los Estado-nación en el contexto de la globalización. Complejas redes de empresas transnacionales se consolidan. Los países que forman bloques comerciales regionales mediante alianzas económico-políticas que son de carácter defensivo ante el resto del mundo, sin que de manera alguna cambie su competencia económica al nivel local ni su adaptación al sistema económico transnacional, encuentran sus propias limitaciones.

La naturaleza de la integración regional en la economía capitalista global ha reforzado las formas extremas de desigualdad e injusticia ampliamente esparcidas que prevalecen en esta parte del mundo Surge así el concepto del Estados-regiones cuyos vínculos se producen en la economía global y no en los diferentes estados que los albergan.

Bajo este esquema, las corporaciones adquieren un poder casi igual al de los países en los que estas compañías están ubicadas, por lo que los gobiernos de los Estado-nación ya no pueden tratar a sus firmas domésticas más favorablemente que a las firmas extranjeras (Zizek, 1999) Así mismo, estas corporaciones tienen facultades para demandar a los Estados soberanos cuando éstos no flexibilizan sus criterios para satisfacer las demandas de las corporaciones extranjeras en materia de medio ambiente global en degradación constante, uso de la tierra y recursos naturales, salud y trabajo, etc.

La globalización es un buen pretexto para modificar la administración de una política social y reducir los beneficios que el Estado de bienestar proporcionaba, bajo el argumento de que el Estado de Bienestar ha sido una carga pesada para la actividad económica que ha reducido el desempeño económico. Las organizaciones son afectadas por una alteración creciente de estructuras, comportamientos y procesos tecnológicos sometidos a un medio ambiente global cada vez más inestable, complejo e incierto y que modifican radicalmente las relaciones laborales. Sin embargo, el modelo de Estado de Bienestar llevado a escala mundial o global es un proyecto que alienta el rescate de lo mejor de la sociedad humana, en contra de declarar su desaparición para maximizar los beneficios de los intereses bursátiles de las grandes corporaciones transnacionales.

El principio universal de que todos los ciudadanos tienen derecho a beneficios de bienestar, depende de los arreglos que se hagan en el mercado laboral. El avance de una “nueva cultura laboral” que propone cambios radicales en las relaciones laborales, en la gestión y ejecución del trabajo, revoluciona el “management” y desarrolla modelos híbridos de organización del trabajo que conjunta principios del fordismo y del toyotismo. El fordismo en economía política se refiere a las formas de organización industrial de los países avanzados, mientras que es llamado desarrollismo en los países menos desarrollados. Desde la perspectiva de los trabajadores, el contrato social que amparaba la permanencia, titularidad, paternalismo y jerarquía ha resultado en un decrecimiento de la seguridad laboral. El futuro de los trabajadores es muy incierto.

Por otro lado, en aquéllas naciones donde no existe el mercado, sus economías no responden con efectividad a los requerimientos de participación en una economía global. Por lo tanto, el desarrollo de las naciones es parcialmente dependiente de la ubicación de las naciones en el sistema capitalista global. Esta posición engendra relaciones centro-periferia dentro de economías centro-periferia igualmente (Appelbaum and Henderson, 1995) En nombre de ciertos "intereses estratégicos" que se argumentan en la nueva política global ética (Zizek, 1999), las naciones más beneficiarias de estos procesos de desarrollo global violan la soberanía de los Estados-nación menos favorecidos. Usan como pretexto que éstos violan los derechos humanos.

La desigualdad de los Estados nacionales es evidente, lo que se refleja en la teoría formal de la soberanía en la legislación internacional que es de poca utilidad ante las realidades de una nueva soberanía, y división de funciones de la gobernabilidad en los diferentes niveles: internacional, nacional, regional y local. Los filósofos neoliberales aclaman las bondades de una era de nueva moralidad en la que la comunidad internacional establece y practica un código de ética global que impide a los Estado-nación involucrarse en crímenes contra la humanidad. No obstante lo que prevalece es un código de doble moral que se contradice en el discurso de libre mercado y las acciones en materia de comercio internacional.