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SERVICIOS ECOLÓGICOS EN HUMEDALES, EL CASO DE TIGRE, BUENOS AIRES

Leonardo Fernández

 

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Conflictos socio - culturales de la sociedad civil

La municipalidad de Tigre ha observado la necesidad de realizar ajustes normativos a las eventuales contradicciones entre zonas de las ordenanzas municipales de usos del suelo (en el marco de la Ley 8912/77) y las expectativas de desarrollos inmobiliarios. Al punto, que ha motivado la modificación del Código de Zonificación en varias oportunidades. Entre los cambios normativos se destaca las áreas vinculadas al sistema hidrológico (incluso sobre valle de inundación) y áreas de bañados (Ver mapa 4). Con relación a esto Eduardo Casareto, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tigre afirma:
“le hemos garantizado a la gente que quería llevar adelante desarrollos urbanísticos la seguridad jurídica necesaria para que, cumpliendo con el Código de Zonificación, pueda encarar este tipo de emprendimientos” (Página/12, 2000)

El pasaje rural a urbano es la característica sobresaliente de los cambios en la norma. Incluso para áreas que no presentaban usos (de hecho) productivos, a pesar que la zonificación normativa (de derecho) las definía como rurales, dada su condición de inundabilidad.

Al respecto se relatan testimonios de una serie de operadores inmobiliarios de la zona: “El proyecto ofrece una ciudad con mejores condiciones sociales y urbanísticas, comenzando por la recuperación de un área baja y ecológicamente deteriorada, por medio de obras de saneamiento hidráulico y valorización del paisaje, sin las cuales el terreno seguirá siendo un enorme baldío inaprovechable y peligroso” (NORDELTA, 1992)
“… la municipalidad apoya este tipo de emprendimientos y lo demuestra con los hechos. No se demora y hace lo necesario para colaborar y que los trámites sean veloces. Supone, siempre, un gran respaldo” (BA MAG, 2001).

“la municipalidad tiene una mentalidad muy progresista (en el sano sentido de la palabra), y un código de planeamiento acorde con la época” (BA MAG, 2001).

Como contrapartida a las prácticas de estos grupos, en las últimas décadas han aparecido reclamos de vecinos y de algunas organizaciones ambientalista en el Partido de Tigre. La mayoría surgieron como repuesta a distintas problemáticas ambientales de la zona. Muchas de estas organizaciones, junto a vecinos preocupados por el deterioro de los humedales, promueven acciones reivindicativas, organizaron foros, participan en eventos públicos y realizaron diversas denuncias ante distintos organismos públicos y la justicia.

Ya se ha mencionado cómo el pulso de inundación de muchas de las áreas de Tigre se presenta como la identidad del Delta. Lo que se pretende connotar es que la pérdida de los servicios ecológicos para diversos grupos adquiere un significado cultural en la medida que la conservación de estos ecosistemas tiene un valor socio cultural.

Las entidades no gubernamentales acusan a esta tendencia urbanizadora, construida sobre terrenos con rellenos por sobre la cota de inundación, de provocar alteraciones en el ecosistema, y de no haber efectuado los estudios de impacto ambiental correspondientes (Página/12, 2000, La Razón, 2000, Clarín, 2000).

Testimonio de Gabriel Faccone de la Fundación Pro-Tigre y Cuenca del Plata, en relación a los nuevos desarrollos inmobiliarios que se instalaron enTigre:
“Se han comprado hectáreas en zonas muy bajas, terrenos susceptibles de inundación, los compran baratos, los rellenan y después los venden y resulta que todo ese exceso va a escurrir a las zonas contiguas a ese emprendimiento, a barrios aledaños que coincide con bolsones de pobreza”
Testimonio de Viviana Sieburger de la Agrupación Pro Delta y habitante de las islas en relación a la zona de los bajos del Delta: “Funciona como una esponja, y las zonas inundables deben seguir siéndolo, en tal caso si se quiere vivir en ellas lo que tiene que hacer el humano es adaptar su estilo de vida a la región. Un isleño sabe que cada tanto el agua crece, por lo tanto nuestras casas son palafíticas, están sobre pilotes, entonces cuando viene el agua es algo natural…”
Testimonio de un isleño que vive sobre el arroyo Gallo Fiambre y Carapachay en relación a la obra de derivación del río Reconquista: “nosotros queremos que el río sea saneado y que no se desvíe de su cauce natural”
“Sabemos de casos de personas enfermas y hay una gran mortandad de peces en toda la ribera. La contaminación avanza constantemente; estamos rodeados de un agua que no podemos tomar y dependemos exclusivamente de ella”
“el desvío es para favorecer emprendimientos urbanísticos. Por estos negocios se están expandiendo la contaminación por todo el Delta”
Durante el período de estudio y en la actualidad son innumerables las movilizaciones y denuncias de vecinos del Delta. Muchas de las movilizaciones convocaban con premisas y modalidades como por ejemplo la “caravana náutica”, “el escrache náutico” y consignas como la de los “vecinos autoconvocados del Delta”, o la de “Salvemos al Delta”, entre otras. La Agrupación Pro Delta y la organización Pro Tigre y Cuenca del Plata han encabezado en más de una ocasión estas protestas instalando en la escena política local diversas protestas.

Son numerosas las denuncias realizadas a la justicia vinculada con estas transformaciones. Durante los últimos años se realizaron decenas de denuncias efectuadas por distintos actores e instituciones locales. La mayor parte fueron realizadas ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, y la Secretaría de Política Ambiental, UNICEF, Consejo del Menor y la Familia, ETTOS y otras instituciones. Entre los motivos de las denuncias se destaca la ilegalidad del desvío del río Reconquista, la remoción de los barros tóxicos, la construcción de un puente hacia las islas, la violación del camino de sirga por ocupación de riberas, la contaminación industrial, la presencia de basurales a cielo abiertos, la alteración del código de zonificación, el envenenamiento del Delta tigrense, denuncias a numerosos desarrollos inmobiliarios, etc. En estas denuncias se invoca la violación de la Constitución Nacional y de la Provincial, y de numerosas leyes y decretos nacionales y provinciales .

Pero es posible incorporar a un tercer grupo a este escenario contradictorio de la sociedad civil, a los grupos que expresan el problema de la vivienda. Mucha gente de distintos barrios ha reclamado por un legítimo derecho: no inundarse.

Esta corriente muy opuesta a los grupos de intereses mencionados, corresponde vecinos y dirigentes barriales de algunos barrios de Tigre. De hecho, sociedades de Fomento y asociaciones vecinales que participaban en muchas de las protestas antes mencionadas, en sus pancartas y volantes manifestaban frases tales como: “Si la obra del río Reconquista no continúa, Tigre Centro, Troncos del Talar, Bancalari, Los Tábanos, y el Barrio José desaparecerán amenazados por el agua de las lluvias” (Suárez et al., 2001).

Se podría afirmar que todos estos conflictos presentes en las protestas de la sociedad civil (desarrolladores, isleños y población de barrios que se inundan) manifiestan con agudeza la alteración de los servicios ecológicos estudiados. La expresión política de este proceso se evidencia en las tensiones generadas alrededor de una serie de eventos de contaminación, proyectos inmobiliarios y obras para controlar las inundaciones sobre las cuencas. La contradicción se manifiesta entre quienes proponen una renovación urbana, los que reclaman el derecho a la vivienda y a no inundarse, y grupos que se resisten a lo que ellos califican como una alteración de su ecosistema.

Pero además es posible reconocer en estos conflictos, una asimetría, ya que en este caso los grupos que reivindican los distintos servicios ecológicos no poseen un similar acceso de los diversos actores involucrados y a los instrumentos que permiten influir en el desarrollo del conflicto. Prueba de ello es la capacidad diferencial de efectuar pruebas técnicas, de tener acceso a los mecanismos jurídicos y legales de amparo, o el acceso a los medios masivos de comunicación.

Mapa 5. Conflictos en la provisión de servicios ecológicos

Fuente: elaboración propia en base a UNIREC (1999) y datos de la Municipalidad de Tigre, 2000.


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