BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

 

MÉXICO EN LA ALDEA GLOBAL

Coordinador: Alfredo Rojas Díaz Durán

 

 

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¿QUÉ DEMOCRACIA PARA MÉXICO? (LO POLÍTICO)

Hoy, para prosperar, nuestra economía tiene que modernizarse aún más, ser más competitiva; el gobierno tiene que desburocratizarse y ser eficiente, la corrupción e impunidad tienen que erradicarse y la sociedad civil tiene que vertebrarse para corresponsabilizarse del futuro. También es necesario reafirmar los vínculos culturales y éticos, para recuperar nuestra identidad y orgullo patrios, muy deteriorados durante los colapsos pasados y las dependencias presentes. Hoy, debemos anteponer la dignidad suprema del ser humano, de cada persona y de todas las personas.

México es el escenario de una transición inacabada, mezcla de inercias deformes con novedades sin rostro definitivo. La desestatización del país, no trajo consigo una nueva institucionalidad democrática del Estado. A una pirámide social cuya marca de siglos es la desigualdad, se añadieron empobrecimiento y concentraciones plutocráticas. La desarticulación del control estatal, dejó abierto un campo al crecimiento de la violencia en todas sus formas.

El horizonte de un sistema democrático al que México ha ingresado, ya sólo puede regirse por la igualdad ante la ley.

Pero la aplicación de la ley se enfrenta a la inercia de la cultura de la ilegalidad. La costumbre de la legalidad negociada, la visión de la ley como un terreno de acuerdos, excepciones, influencias y discrecionalidades, es uno de los nudos fundadores de la cultura política del país. Se mantiene viva en ella la alternativa del siglo XX.

Es alta la ambigüedad de la cultura política mexicana ante la ley, su fascinación por los hartazgos ciudadanos y las vías justicieras. De un lado, hay un intenso reclamo público por la aplicación estricta de la ley. Por otro lado, ciertas ilegalidades tienen en la sociedad un encanto político que induce a disculpar su carácter delictivo porque las causas que las inspiran parecen justas.

Crear un “país de leyes”, un país donde se cumplen las leyes, es un viejo propósito de los gobiernos de México. Un viejo fracaso, también. Desde su fundación independiente, las obligaciones y derechos de la ciudadanía legal de México, no han logrado coincidir con los comportamientos de la ciudadanía real. La causa original de esa distancia es que, la nación jurídica adoptada en México durante el siglo XIX era distinta a la nación creada por su historia. La nación adoptada se inspiraba en el decreto liberal, la Ilustración, la Revolución francesa y la democracia estadounidense. Era distinta a la nación de tradiciones señoriales, monárquicas y corporativas que México había adquirido durante su larga incubación colonial, en los tres siglos de la Nueva España.

Hoy como ayer, un gobierno dispuesto a aplicar estrictamente las leyes tendría que perseguir a una cantidad imposible de mexicanos. El país nada en ríos de ilegalidad. Además, tiene la falta de respeto a la ley incrustada en el corazón de las creencias ciudadanas. No es sólo, pues, que las autoridades no hagan cumplir las leyes: muchos ciudadanos tampoco están dispuestos a acatarlas.

De los límites y críticas de las democracias liberales existe una abundante literatura. Se destaca, sin embargo, su naturaleza perfectible, siempre contingente y reformable. Es amenaza contra toda democracia “la incapacidad de hacer amistad con la imperfección de las cosas humanas”, el “deseo del absoluto en la historia”, la tentación de querer construir un “mundo perfecto”, la imagen de la “gran síntesis” que la historia terminaría por hacer emerger.

¿A qué “ciudadanía” se hace referencia en situaciones de cada vez mayor fragmentación social, de disgregación, de atomización de intereses, de coexistencias “multiculturales”, cuando crece la disociación entre los mundos “privados” del individuo y su escaso interés y menor participación aún en la gestión de la cosa pública? ¿Cuáles son las condiciones de auténtica “representación” ante crecientes segmentos de población excluidos de la competencia económica y política, sobrevivientes en los mundos “informales”? ¿Cuáles son las con diciones actuales de formación del consenso ante los influjos capilares y persuasivos del poder mediático, por el que las campañas electorales se desplazan de las “secciones” y los “mítines” a los espacios televisivos, de las discusiones sobre doctrinas y programas a la confrontación virtual de imágenes, de la propaganda ideológica a las encuestas de marketing, mientras todo el “cuerpo electoral” queda reducido cotidianamente a consumidor de actitudes, comportamientos y estilos de vida tan poderosamente inducidos? La televisión impone su ritmo al debate político: fragmentación de imágenes y de argumentos, desperdicio del tiempo, simplificación de las percepciones, contraposiciones esquematizadas, excitación o aburrimiento en la audiencia.

Las decisiones capitales de la vida de los países no sólo dependen del sufragio universal del “pueblo soberano”, sino que, por una parte, se transfieren a instituciones supranacionales o determinadas por ellas, y, por otra parte, quedan condicionadas por la “privatización” de numerosos servicios públicos. Hoy, la política se eclipsa detrás de la economía y la unidireccionalidad de estrategias destinadas a enfrentar el nuevo dato de la economía mundializada, que parece no dejar espacio a las opciones y elecciones, o sea, a la democracia. En tales condiciones, se diluyen los perfiles y contornos de los diferentes programas que se presentan. Más aún, ante la caída de las viejas oposiciones ideológicas, los partidos políticos andan a tanteos en búsquedas de confusas revisiones y reformulaciones.

Tiende a disolverse la noción de “bien común”, de interés común, reconocido como superior a los intereses particulares, mientras la tendencia natural es la batalla de todos contra todos, en medio de un aumento de conflictos particulares, inten- tando ir lo más lejos posible en la defensa de los propios intereses. Se impone, pues, un repensamiento global sobre la construcción y el porvenir de las democracias. No en vano abundan los estudios sobre su renovada definición actual.

Quién puede dudar de aquel famoso dicho que dice que la democracia es el menos malo de los regímenes políticos conocidos. A la luz de un siglo de ideologías y sistemas totalitarios, de guerras mundiales y genocidios, de persecuciones y violencias liberticidas, de tiranías brutalmente represivas, de terrorismo y guerras “sucias”, de conculcamiento de derechos humanos, personales y sociales, de prácticas aberrantes de “desaparición” y torturas? Cuestión capital es la de considerar cómo un estado liberal, una democracia pluralista y tolerante es sostenida, cohesionada y “movilizada” por un fundamento y energías de carácter moral, sin ceder al totalitarismo y al autoritarismo, lejos de toda tentación de instauración de una “religión civil” o de una “teocracia”. Sólo un vigoroso arraigo ético del tejido social —y esto ha sido enseñado por la ciencia política, desde Platón y Aristóteles, pasando por Tomás de Aquino y, más cerca, por un Rosmini o un Tocqueville— salva la democracia de la corrupción y disgregación, pasaje amenazador hacia la tiranía.

En último análisis, el sistema democrático sólo puede funcionar si ciertos valores de fondo —no meramente convencionales, sino inscritos en la propia naturaleza humana… digamos los “derechos humanos”— son comúnmente aceptados y respetados, más allá aún de mayorías contingentes, y sostenidos por fuertes ideales éticos de convivencia. La democracia no es posible, más que sobre la base de una concepción correcta de la persona humana. Una moral de meras reglas no puede sustituir los bienes y las virtudes.

¿Acaso puede dar lugar al asombro que en las actuales condiciones de desarrollo de las democracias se multipliquen las situaciones de corrupción? Son peligrosos los alegatos moralizantes, inquisitoriales, farisaicos, que quedan en la superficie de las cosas. ¿Cómo no multiplicarse los “escándalos” de dinero en las democracias actuales, en las que tiende a perderse la experiencia y la conciencia del “interés común” por la fragmentación y el afán incontrolado de intereses individuales y corporativos o por su degradación en formas asistencialistas y demagógicas para capturar consenso? ¿Cómo no multiplicarse cuando nuestra principal herencia, la moral cristiana, es arrasada, abandonada o relegada y no hay moral laica que tenga fundamento y energía para sustituirla? ¿Cómo no multiplicarse cuando la única universalidad triunfante es la idolatría del dinero? Como en toda nación civilizada, el desarrollo cívico es tan importante como la eficiencia y habilidad de los gobernantes; así, en los próximos 25 años, gobierno y sociedad debemos crecer juntos, ya que la voluntad del gobernante resulta ser vana sin el consenso de los gobernados y el apoyo de las organizaciones sociales y la integración familiar. Todo desarrollo, sea económico o espiritual, es imposible sin la integración familiar; por el contrario, una sociedad unida y estructurada puede progresar sin límites, aunque todo debe tener un límite.

Como nación independiente, iniciamos apenas ahora nuestra vida democrática participativa y representativa y necesitamos consolidarla. Por ello, aspiramos a transformar nuestras instituciones públicas y civiles, para que al cabo de los próximos 25 años se garantice la libertad con orden, la dignidad de las personas y los derechos humanos con la participación en el bien común, la solidaridad fraterna con subsidiariedad en to- dos los órdenes y estructuras, la soberanía nacional con modernidad competitiva.


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