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DESARROLLO REGIONAL Y URBANO ANTE LA REESTRUCTURACIÓN ECONÓMICA EN MÉXICO (1980 – 2006) (ESTRUCTURA URBANO REGIONAL Y NUEVA CONFIGURACIÓN DE LOS MERCADOS DE TRABAJO EN MÉXICO)


Jorge Isauro Rionda Ramírez

 

 

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DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL: CONTROL Y DEMOCRACIA

Las políticas públicas en torno al ordenamiento territorial actualmente adquieren relevancia pues son el medio de la democratización de la vida pública, la organización del territorio es una estratagema de control y regulación de los conflictos socio territoriales, que es una condición básica que garantiza la democracia.

Dentro de una economía de libre mercado, que se da dentro de un crecimiento económico basado en la organización del territorio, donde se tienen procesos económicos incluyentes como excluyentes, de los cuales, los primeros dotan al sistema de consistencia, cohesión y solidez, mientras que los segundos son causa de conflicto, violencia, contradicciones, desigualdades, que toman formas específicas socioespaciales (Sacipa).

La base del control del estado esta en su capacidad de regir lo privado y de implementar lo público. En una época donde priva el libre mercado, y lo público se redimensiona a una esfera del Estado mínimo (donde se sobreestima lo privado y es la instancia prominente en la economía general), se requiere la capacidad de los organismos públicos de regir el territorio bajo políticas públicas que coadyuven a la empresa privada a dimensionarse en sus territorios de mercado, como son a su vez territorios de control público, donde al Estado le corresponde mediar y resolver las desviaciones e ineficiencias del mercado y de la economía, propiamente de los mercados respecto al orden público que se sustenta en el ordenamiento territorial.

Necesariamente el concepto de territorio es a su vez sinónimo de orden público y económico, de desarrollo y crecimiento económico, asimismo, de sustentabilidad. De hecho lo sustentable parte del ordenamiento territorial donde la organización del territorio es la instancia pública y privada que enmarca los negocios.

Nos dice Sacipa “… a través de la historia, la ordenación del territorio se ha llevado a cabo bajo los principios organizacionales que derivan de las relaciones de poder….”.

El estado en si mantiene la relación ordenada entre la población, la economía, el mercado y el poder con el territorio, quien es capaz de predestinar a los Hombres determinando límites y fronteras territoriales, sus usos y aprovechamientos, como toda forma de explotación de los recursos naturales, es el único con capacidad de ordenar el territorio para el sustento de la población y su economía y de establecer y definir la propia organización del territorio con base al desarrollo sustentable.

No obstante, escapan al ordenamiento territorial muchos aspectos de la vida social y económica, la economía informal y la corrupción son atentados contra el Estado justo de las cosas y de la propia organización del territorio bajo la norma de lo legítimo, justo y del poder en si. De aquí deriva el conflicto social como atentado del uso legítimo del territorio, como suelo económico sujeto de explotación y factor productivo.

La territorialización no es un proceso homogéneo, sino que conlleva aspectos que le van a diferenciar y a expresar como un ordenamiento heterogéneo, diferenciado, aterrizado en las relidades locales donde las especificidades de lo local distan y dan sustantividad a de lo general. Lo endémico es una expresión necesariamente territorial.

Estos procesos de heterogeneidad establecen relaciones sistémicas orgánicas, y como tales en un orden jerarquizado, de manera ordinal, lo que determina un orden social y territorial propio a nivel local.

En México el proceso de poblamiento del territorio nacional es la base para comprender el origen de las regiones históricamente constituidas e identificables por ser particularizadas por rasgos propios, consustanciales a lo nacional pero sui géneris en lo local.

No obstante su propias características que les otorgan cohesión con lo nacional, también llevan en su seno los elementos de exclusión de lo general con relación a lo específico e identidad de la misma mostrando rasgos comunes como de diferenciación del resto de las demás regiones que se integran en la unidad nacional.

De ahí que la región establece fronteras socioculturales que separan los espacios de lo nacional por elementos que sin caer en chauvinismos, hablan de lo particular y diferente de la referencia entre lo local y lo nacional.

Desde 1993 que se modifica el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la estructura de la propiedad agraria se modifica al desaparecer propiamente la propiedad ejidal, o bien cambiar su responsabilidad jurídica al dejar de ser propiedad en usufructo a propiedad privada o pequeña propiedad. Este es el sustento de que se incrementen los desplazamientos de campesinos que dada la baja rentabilidad de sus parcelas, abandonan las actividades agrícolas para venir a engrosar el ejercito industrial de reserva en calidad de lumpa proletariados.

Paralelo a esto, se viene a dar una fuerte concentración de la propiedad agraria en latifundios similares al periodo porfirista, más desempleadora que empleadora, lo que muchos dan a llamar la “modernización del campo”, con lo que se viene a acrecentar o acelerar los procesos urbanos de metropolización, suburbanización, marginación y conurbanización en las ciudades.

Se tienen áreas que son auténticas zonas de exlusión, que van contra la vida ciudadana y la democracia, donde la ausencia del Estado, el ordenamiento territorial, la organización del territorio en las actividades económicas sustentadas en el derecho, es notable (Mann, 1992).

Toda sociedad tiende al crecer a hacerse más diferenciadas y complejas. Es por ello que las instituciones del Estado deben fortalecerse si desean controlar el crecimiento, el cual fuera de un orden es desordenado, caótico, crítico y corrupto. Es por ello que la instancia pública tiene relevancia en el orden privado de la economía y la sociedad. En otras palabras, el Estado crece para regular y garantizar el crecimiento ordenado.

La política del Estado es un conjunto de acciones (inversión pública) y orientaciones (instituciones), que se articulan para procurar el crecimiento ordenado en lo social, en lo económico y en lo político. En este sentido se define política como … la lucha que busca ordenar los límites que estructuran la vida social, proceso de delimitación en que los hombres, regulan sus divisiones, se constituyen como sujetos… (Lechner, 1986).

A su vez, nos dice Gómez (1997), “… la ciudadanía es un pacto social establecido simultáneamente como una relación de pertenencia a un grupo y de pertenencia a un territorio…”

La política ejecuta el orden deseable en base al estado de facto de la sociedad y la economía para que se reformule el Estado en lo institucional, o bien, en su expresión de jure. Es por medio de la política que las instituciones y el Estado sostienen su legitimidad ante las reformas que causan las controversias sociales, la lucha de clases, sus antagonismos y protagonismo como expresión democrática.

La significación de la política consiste en la importancia que adquiere para renovar el estado de derecho, las instituciones y la procuración de la legitimidad del Estado, en cuanto la organización del territorio acorde a las nuevas necesidades que emergen de los cambios en la organización privada de la producción.

Por lo que se debe entender que el espacio público es de alguna forma un convenio entre el Estado y la población sobre el territorio que es a su vez, es donde se yergue lo económico y la vida social, se da el sustento y se alberga el desarrollo.

El espacio público es por tanto un espacio de expresión de toda civilización, entendida esta última como una sociedad ordenada, organizada. Organizada en cuanto el territorio que ocupa o usa, en sus especificidades endémicas, diferencias y similitudes, como parte de un desarrollo heterogéneo, diferenciado y localmente autónomo, no obstante en la búsqueda de un bien común, que es el compromiso de civilidad que es el apego y el respeto al orden establecido.

De lo hasta aquí dicho, se tiene un abierta delimitación entre el ámbito de lo público y el ámbito de lo privado, como instancia de control y poder del Estado.

El Estado es un gestor público de la civilidad como de la civilización, de la ciudad, la ciudadanía y la democracia en el territorio. Mantiene el monopolio del poder y lucha por sostenerse en la legitimidad a través de sus sensores políticos que para el caso de México lo presentan los partidos políticos, los movimientos sociales y ciudadanos, como el poder legislativo.

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