Estudios e Investigaciones en la Organización Latinoamericana de Administración
Rafael Regalado Hernández
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III. Evaluación de la Política Industrial en las PyMEs.
Con la apertura comercial en México, a partir de los 1980s, y el desarrollo de un modelo de liberación de mercado, la política industrial que promueve el Estado Mexicano, es básicamente sólo libertad de comercio, y libertad de empresa, jugando su papel en el mercado de dar: estabilidad macroeconómica, infraestructura sólida que comunique a todo el país, y orden legal.
Esto se confirma con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, que propone para el crecimiento económico sostenido y sustentable, cinco grandes líneas estratégicas, de las cuáles, para cumplir con su objetivo dos son aparentemente muy importantes: 1) Establecer condiciones para propiciar la estabilidad y la certidumbre de la actividad económica; 2) Aplicar políticas sectoriales pertinentes. En cuanto a esta segunda línea considera la actividad industrial como prioritaria, definiendo las siguientes estrategias para apoyar este sector: 1) La actividad reguladora del Estado no debe obstruir o entorpecer la actividad productiva de los particulares, es decir, dice debe promoverla, en el caso de las PyMEs, a través de un programa de desregulación y simplificación administrativa, lo que pretende es eliminar la discrecionalidad innecesaria de la autoridad y el exceso de tramites burocráticos que impidan a las PyMEs concentrar su atención y esfuerzo en la producción y las ventas; 2) La necesidad de contar con una infraestructura adecuada, moderna y suficiente, como requiero para el crecimiento económico, la integración de mercados y el desarrollo regional.
Estas son las estrategias neoliberales que propone el Estado Mexicano que confirman su papel de desregulador administrativo y de proporcionar estabilidad macroeconómica, para el desarrollo industrial, de la empresa transnacional y de las PyMEs. Que tratándose de las PyMEs, y de las características que presentan de acuerdo a lo informado en este ensayo, son insuficientes y con falta de imaginación.
En este ensayo entenderemos por política industrial, el apoyo financiero, de gestión y social o comunitario, orientado por el Estado hacia la competitividad de las PyMEs, en otros términos hacia la permanencia de las PyMEs en el mercado. La propuesta es dirigir esa política industrial hacia la organización familiar y hacia formas organizacionales de asociacionismo empresarial que integren a las pequeñas empresas a la comunidad y al desarrollo regional.
Revisemos el intento que hace la Secretaria de Comercio (1993), para integrar encadenamientos productivos. La política industrial como un mecanismo del gobierno federal, que reactive la planta industrial, y específicamente a las PyMEs, son bosquejos, o esbozos, para organizar a las PyMEs, como organizaciones modernas, quitándoles su connotación anacrónica. El gobierno federal impulsó la creación y organización de la Empresa Integradora (EI), (Decreto, Mayo 1993), como una forma de integración de PyMEs con el fin de elevar su competitividad, inducir la especialización de este tipo de empresas que diera como resultado un producto diferenciado en precio, calidad, y consolidará su participación en el mercado interno e incrementarla hacia el mercado de exportación. Un análisis de este programa de la EI, fue realizado por Arriaga, Conde y Estrada (1996), de acuerdo a un censo realizado por SECOFI (1995), los resultados son pobres o magros: de 188 sociedades registradas ante SECOFI, 115 estaban funcionando y 73 (39%) no operaban por causas diversas. De las empresas encuestadas, el 35% aumentaron sus ventas, 21% las disminuyeron y 12% quedaron igual. De las empresas que disminuyeron sus ventas el factor que más impacto fue el tener problemas en el trabajo de cooperación (28.6%). Aunque las que disminuyeron sus ventas lograron economías en la compra de materias primas (71.4%) y aumentaron la eficiencia en la comercialización de los productos (52.4%). Sólo 1 empresa de las 101 empresas encuestadas logró en forma regular exportar. No hay que dejar de mencionar el entorno económico negativo, ante la recesión que sufrió el país a partir de diciembre de 1994 y todo 1995.
En la misma época (1993 - 1996) un proyecto individual propuesto por dos investigadores (Domínguez y Hernández, 2001), apoyado por CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), para promover el desarrollo social de una pequeña comunidad: Concepción Buenavista, Oaxaca, tiene éxito. Esta comunidad es una de las culturas más antiguas de México, siendo la actividad más habitual el tejido de los sombreros de palma, la cual es aprendida por los niños desde pequeños. La actividad tradicional del tejido de los sombreros de palma y su venta como producto semiterminado se transformó en el desarrollo de productos de palma diferentes y con calidad artesanal, a través de una organización de asociacionismo empresarial y de integración hacia la comunidad. Dicha organización se logró mediante la aplicación de una metodología de investigación participativa que duró cuatro años (1993-1996) El trabajo comunitario consistió en un taller de tejido de estambre donde pequeños grupos de mujeres mixtecas discutían los problemas sociales y políticos de su comunidad. Con la maduración del grupo se aprendió a identificar los problemas en la elaboración de los productos de palma y se actuaba para resolverlos. Finalmente, se hizo la prueba de mercado donde adquirieron la habilidad de conocerlo y a medida que sus productos ganaban demanda se volvieron más rentables al aumentar hasta diez veces su precio normal. El auge económico logrado se tradujo simultáneamente en desarrollo comunitario cumpliéndose los objetivos para los cuales se constituyeron de individuos, a grupos, y de grupos a asociacionismo organizacional.
Pasemos ahora a la revisión de la política industrial del régimen actual, Foxista, refiriéndonos específicamente al programa de encadenamientos productivos para las PyMEs, por parte de la Secretaria de Economía. Después del fracaso de mayo de 1993, aparece un nuevo decreto en marzo del 2001 (Diario Oficial), ocho años después, con el mismo fin de formar encadenamientos productivos, por medio del FIDECAP(fondo de fomento a la integración de cadenas productivas), que tiene como objetivo: impulsar la integración empresarial a través de encuentros empresariales de negocios, y un sistema de información integral de empresas. Tiene además asignado un presupuesto de $164,069,600.00, para impulsar, según la meta, 50 proyectos de impacto regional. Los solicitantes a estos recursos deberán registrar su proyecto ante la Secretaria de Economía. El cuál será evaluado por una comisión en términos de rentabilidad, si pasa la prueba, se le asignaran recursos desde $50,000.00 hasta $3,500,000.00. Los recursos se canalizarán a apoyar al proyecto productivo, para fondos de garantía y elaboración de estudios.
Sin contar ahora con el estudio de resultados del programa, pero tomando en cuenta los resultados del sexenio anterior, se puede predecir que por decreto, igual que en el pasado no se forman encadenamientos productivos. Que las PyMEs son organizaciones familiares, interesadas en mantener el control familiar, fuera de la cultura de asistir a encuentros empresariales, si se quiere que tengan éxito, lo primero es reconocer que son organizaciones familiares y buscar acercarse a ellas con el lenguaje propio de la familia y el amigo, o, lo que es lo mismo, gastar presupuesto para formar una cultura familiar, antes de promover encuentros empresariales.
En cuanto a los proyectos regionales es una buena iniciativa, pero una iniciativa que no ha sido constante o no se ha mantenido en el tiempo. Además el monto hacia los proyectos es insuficiente, sustentado en el hecho: 90% de las empresas del país son PyMEs. Se necesita además simplificación administrativa para facilitar la integración de las pequeñas empresas a estos proyectos regionales, para hacerlos claros y transparentes a todas las empresas.
En resumen existe un vacío en la construcción de una política industrial para la PyME por parte de la Secretaria de Economía, o en otras palabras, no existe una política industrial sustentable.
