LA RELACIÓN GLOBAL-LOCAL: SUS IMPLICANCIAS PRÁCTICAS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Carlos Barrios Napurí
Ulises Castro Álvarez
Lorena G. Coria
Mario González Arencibia
Remedios Martínez Verdú
Leopoldo Taddey Díez
 

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La educación en la región

Pese a los esfuerzos realizados por los países latinoamericanos durante la década pasada para retomar ritmos deseables de desarrollo económico y revertir la exclusión social, no se han alcanzado los logros esperados. Actualmente la región afronta altos niveles de vulnerabilidad financiera y social, como también de segmentación en capacidades productivas y de inequidad en el acceso al bienestar (véase, en particular, CEPAL, 2000 y 2002). Esta situación se traduce, en las esferas económica y social, en disparidad de oportunidades, inestabilidad laboral, bajos ingresos, impedimentos a la movilidad social, acceso desigual de las mujeres al mundo laboral, falta de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, e indefensión de los grupos vulnerables frente al infortunio. En el campo de los derechos ciudadanos esta situación va acompañada, para una gran parte de la población, de una escasa titularidad de sus derechos ciudadanos, que en los terrenos jurídico y político se manifiestan en una desigualdad fundamental en el acceso a la justicia y a una escasa participación en las decisiones políticas.

De ahí que el principal desafío que afronta la región al iniciarse el nuevo siglo es el de construir sociedades más equitativas y con pleno ejercicio de la ciudadanía. Tal es, si se quiere, la vara fundamental con la que debe medirse la «calidad del desarrollo». Dicha calidad no se restringe al crecimiento económico, si bien éste es fundamental para disponer de recursos que redunden en mayores niveles de bienestar para el conjunto de la población.

Sin embargo, la inequidad no es nueva en la región. Atraviesa como una marca dura y persistente la mayoría de los modelos de desarrollo que han predominado en América Latina, y, en menor medida, en el Caribe de habla inglesa. Refleja estructuras económicas, sociales, de género y étnicas muy segmentadas, que se reproducen intergeneracionalmente por múltiples canales. Las formas originarias de discriminación étnica se eslabonan con mecanismos de segmentación social, haciendo de la inequidad un problema de múltiples aristas que se acumulan a lo largo de la historia. A las tradicionales estructuras distributivas, demasiado desiguales, se han agregado en las últimas décadas varios factores: los efectos de los programas de ajuste macroeconómico, sobre todo durante la crisis de la deuda, que ocasionaron un deterioro distributivo en varios países; la agudización de las brechas en capacidad e inserción productivas como resultado de las reformas; y los rezagos y estratificaciones de la educación en una nueva era de la globalización, que privilegia el conocimiento como fuente de generación de ingresos y de bienestar general.

La actual fase de globalización, caracterizada por la creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales de alcance mundial sobre aquellos de carácter nacional o regional, abre al mismo tiempo oportunidades de desarrollo y flancos de vulnerabilidad. Los rezagos sociales que persisten en la región se han hecho más evidentes en esta nueva fase, dado que merman las opciones de desarrollo y exacerban la vulnerabilidad. Entre tales rezagos destacan los relacionados con la educación, el empleo y la protección social (CEPAL, 2002), y es fundamental revertirlos si se quiere pasar de los círculos viciosos de la exclusión y de la inequidad a los círculos virtuosos de la integración y de la equidad social. Sociedades mejor educadas, más dinámicas en el empleo y mejor protegidas pueden participar con mayores ventajas en el concierto global y pueden, también, construir un desarrollo económico sólido y con beneficios extendidos a todos. En ese sentido, la superación de los grandes problemas de la equidad exige concentrar los esfuerzos en romper las estructuras de reproducción intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad, mediante acciones que apunten a los cuatro canales fundamentales que las determinan –el educativo, el ocupacional, el patrimonial y el demográfico–, y a las barreras erigidas por la discriminación según género y etnia, que agravan la situación.

A lo largo de su historia, la CEPAL ha hecho énfasis en la necesidad de combinar sinérgicamente las políticas económicas y las políticas sociales. De una parte, sin crecimiento económico y sin desarrollo productivo es difícil que se pueda avanzar en la reducción de la pobreza y en la difusión de mayores niveles de bienestar. De otra parte, sin desarrollo social la economía se ve mermada por falta de integración social y por bajos niveles de competitividad debidos a los rezagos en recursos humanos. Por todo ello, debe reconocerse el papel estratégico de la política social en el desarrollo, no sólo porque apunta a plasmar los derechos económicos y sociales consagrados en el derecho internacional y procura dar sustento efectivo al imperativo ético de garantizar un nivel de vida digno para todos, sino porque la calidad del desarrollo social gravita de forma decisiva en el ritmo y en la sostenibilidad del desarrollo económico, así como en el compromiso ciudadano con la democracia política.

PPara optimizar su interés las políticas sociales deben orientarse hacia el logro de un mayor impacto sostenido y progresivo en la integración social, en la protección frente a riesgos y en la democratización de capacidades. Los desafíos del futuro exigen, por lo tanto, una política social más integrada, capaz de conjugar los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia, articulada con las exigencias y posibilidades del desarrollo económico. Tal integralidad de la política social no se logra de la noche a la mañana. Requiere voluntad política y consenso amplio de los actores sociales para ir resolviendo las brechas entre lo deseable y lo posible, conciliando objetivos sociales y económicos, ajustando prioridades intertemporales, y equilibrando óptimos sociales y eficiencia microeconómica. Esto hace que la política social sea un asunto esencial, y, al mismo tiempo, político y económico.

Entre las áreas de la política social, la educación concita hoy mayores esfuerzos y preocupaciones. Eso se debe, sobre todo, a que la educación es una llave maestra para incidir de manera simultánea sobre la equidad, el desarrollo y la ciudadanía. En escenarios caracterizados por crecientes niveles de innovación y conocimiento, y dados los cambios generados por la globalización de las economías y por los nuevos patrones productivos, resulta cada vez más prioritario formar recursos humanos capaces de participar en los nuevos modos de elaborar, trabajar y competir. Por todo ello, la CEPAL ha venido sosteniendo que la educación es el mejor medio para asegurar un dinamismo productivo con equidad social, y para fortalecer democracias basadas en el ejercicio ampliado y sin exclusiones de la ciudadanía.

La educación es, pues, una necesidad tanto de las personas para acceder a los beneficios del progreso, como de las economías nacionales para garantizar un desarrollo sostenido a futuro mediante una competitividad basada en el uso más intensivo del conocimiento. Pero también es un derecho social y cultural consagrado en el sistema internacional y suscrito por los gobiernos nacionales. Tener educación permite acceder a trabajos de calidad, participar en las redes por las que circula el conocimiento e integrarse a la revolución de la información. Por lo tanto, la educación es crucial para superar la reproducción intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad. Su efecto en este ámbito es amplio: mejora el ambiente educacional de los hogares futuros, y, con ello, el rendimiento educativo de las próximas generaciones; aumenta las condiciones de salud del hogar, y permite una mayor movilidad socioocupacional ascendente a quienes egresan del sistema educativo, proporcionándoles, además, herramientas esenciales de la vida moderna que eviten la marginalidad sociocultural.

Visto con perspectiva histórica, el sistema educativo de la región ha sido, a la vez, un mecanismo de integración y de segmentación social. Ha integrado en la medida que ha extendido progresivamente el acceso a niveles básicos de lectoescritura y a la socialización de niños y jóvenes en un campo compartido de transmisión de destrezas. Pero ha segmentado debido a las diferencias en la calidad y a los logros educativos según grupos de ingreso, género, identidad cultural y localización geográfica, todo lo cual repercute en las trayectorias laborales y vitales de los educandos.

El panorama actual muestra que el acceso a una educación de calidad sigue estando muy segmentado. La educación presenta grandes brechas en materia de logros y retornos, especialmente según nivel de ingreso y de localización territorial. Esto reproduce inequidades en las futuras trayectorias laborales y familiares, lo que explica en parte el alto grado de rigidez de la estructura social vigente en la región. En muchos países existen también marcadas diferencias interregionales, tanto en cobertura como en calidad, con un rezago considerable de la educación rural. Una parte importante de dichos problemas está asociada al hecho de que el aumento sostenido de las plazas para maestros, ocasionado por la expansión de la matrícula, no ha ido acompañado de un mejoramiento de las condiciones del profesorado, que hoy percibe bajos salarios y cuenta con pocos incentivos y escasa capacitación.

Avanzar tanto en calidad como en equidad de la educación requiere avanzar en reformas educacionales con vocación de integralidad y de sinergia. Para ello se debe avanzar complementariamente en varios frentes, tal como lo han entendido los gobiernos de la región: consolidar la universalización de la educación primaria, avanzar en una dirección similar en educación secundaria y reducir los rezagos de cobertura en educación superior; reducir, en particular, la incidencia del rezago y del abandono escolar y mejorar los procesos de aprendizaje efectivo; crear mecanismos para promover mayor equidad en logros y procesos educacionales, entre los que destacan tanto programas de amplia cobertura como otros selectivos y de alto impacto, orientados a dar mayor apoyo específico a las escuelas y a los sectores sociales de menores rendimientos e ingresos; mayor pertinencia curricular, actualizando contenidos y prácticas pedagógicas en función de los retos de la emergente sociedad del conocimiento, y de los cambios en las esferas del trabajo, la cultura y el ejercicio de la ciudadanía; mejoras sostenidas en la eficiencia y en la eficacia, mediante combinaciones óptimas de gestión y administración entre el ámbito público y el privado; mecanismos idóneos de evaluación de resultados que permitan ir corrigiendo y mejorando las modalidades de las reformas; y una mayor disponibilidad de recursos para invertir en educación.