LA RELACIÓN GLOBAL-LOCAL: SUS
IMPLICANCIAS PRÁCTICAS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
Carlos Barrios Napurí
Ulises Castro Álvarez
Lorena G. Coria
Mario González Arencibia
Remedios Martínez Verdú
Leopoldo Taddey Díez
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EDUCACIÓN, CULTURA Y DESARROLLO
Ulises Castro Álvarez
Profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nayarit, México.
En el contexto presentado se observan diversos aspectos que llevan a la reflexión acerca de que la educación sustentada en las culturas de las sociedades puede ser el factor de respuesta a las condiciones que establece el modelo neoliberal que soporta la dinámica de la globalización.
Instituciones, académicos y gobiernos comparten este punto de vista, razón por la que el tema ha sido motivo de discusión en diversos foros internacionales donde se ha llevado a discusión los resultados sociales de la globalización.
Uno de estos foros fue el celebrado en Argentina en 1995, denominado V Conferencia Iberoamericana de Educación, donde se hizo un recuento de los planteamientos realizados en otros foros y además nuevos planteamientos que fortalecen la visión de que la educación es efectivamente el factor de cambio en los procesos de desarrollo.
En los próximos párrafos se expondrán algunos de los elementos de discusión del foro anteriormente mencionado y que permiten el análisis y la reflexión sobre el particular.
Los modelos de desarrollo
Los últimos años de los sesenta y primeros de los setenta, significaron a nivel mundial el apogeo y al mismo tiempo el término de un largo período, que tuvo su inicio en los finales de la II Guerra Mundial, y que estuvo caracterizado, en los países industrializados, por un rápido desarrollo económico.
Sobre la base de las características de su crecimiento, esos países definieron un modelo que trasladaron mecánicamente a la periferia del sistema económico mundial. Dicho modelo estaba basado en dos premisas esenciales: que los obstáculos para el crecimiento había que buscarlos en las propias sociedades subdesarrolladas, dado que los países del centro eran el motor para el desarrollo en tanto podían suplir las bajas tasas internas de formación de capital; y que el desarrollo era un problema exclusivamente económico, por lo que había que alcanzar los objetivos de producción y eficiencia a cualquier costo, ya que los desequilibrios se corregirían de modo natural una vez superada la fase de despegue.
Este modelo entró en crisis en los primeros años de la década de los setenta por varias razones, entre las que cabe destacar las siguientes:
Aunque en muchos de los países en vías de desarrollo se produjo un crecimiento económico real, no hubo un proceso de convergencia entre el centro y la periferia. Las desigualdades entre países dentro del sistema internacional se agudizaron y se consolidaron mecanismos de exclusión de numerosos de ellos.
El mismo sistema de exclusión se produjo en el interior de los países al acrecentarse las desigualdades dentro de las sociedades, tanto en las que estaban en vías de desarrollo, como en las industrializadas. Aunque el crecimiento fue notable, su rentabilidad fue absorbida en parte por el incremento de la población y en parte por las clases o capas sociales más favorecidas. Pero también se generaron, además de una fuerte dualidad social y bajas condiciones de vida, efectos perversos como el despoblamiento rural, las grandes migraciones a los centros urbanos donde se instalaron cordones de pobreza crónica, el desempleo, la miseria, así como una gran vulnerabilidad política y una cultura del éxito a cualquier costo, que promovieron la corrupción y la desidia administrativa.
El modelo de crecimiento económico, basado en una utilización indiscriminada de tecnologías contaminantes y que estaba provocando en los países industrializados un agotamiento de los recursos naturales y una pérdida acelerada de la capacidad del medio natural para soportar el desarrollo económico, fue trasladado a los países subdesarrollados, acelerando aún más los procesos de deterioro ambiental y destruyendo reservas y zonas naturales fundamentales para la vida en todo el planeta.
La suma de todas estas cuestiones provocó una crisis del modelo liberal de desarrollo que afectó a todos los ámbitos: internacional, nacional, regional e individual, y a todos los sectores: político, económico, social y cultural. Esta constatación obligó a buscar nuevos modelos, nuevas vías de integración y cooperación, y a considerar profundas mutaciones en los conceptos y papeles del Estado y de la Sociedad civil. Ante el riesgo que supuso el aumento de la pobreza y la amenaza ecológica a nivel mundial, se hizo evidente la necesidad de diseñar un nuevo contrato social, basado en el consenso internacional. La revisión de este modelo, iniciada en los años setenta, fue consecuencia de la dinámica Norte-Sur en las relaciones internacionales y del surgimiento de una corriente de pensamiento que rechazó la posibilidad de un crecimiento puramente económico.
Se consideró entonces que el desarrollo consiste también en mejoras de carácter social, en políticas de distribución que priman la equidad social, en una mejora de la calidad de vida para toda la población y, en definitiva, en procesos que además de conciliar el crecimiento económico con el desarrollo social, traducen el crecimiento económico en desarrollo social. Pero esta revisión conceptual tuvo como resultado no sólo definir alternativas de crecimiento que englobaran los aspectos sociales con los económicos y los políticos, sino también el reconocimiento de su carácter específico y la importancia de tomar en cuenta en los procesos de desarrollo la cultura de cada país y región.
Sobre esta base se generaron otras propuestas, como las teorías estructurales del desarrollo y la teoría de la dependencia, que aportaron una fuerte crítica al modelo liberal al destacar la vulnerabilidad política, financiera y comercial de los países subdesarrollados, y la necesidad de una transformación de las relaciones Norte-Sur.
Los años ochenta permitieron contemplar el renacimiento del liberalismo económico, con su estrategia de reducción del Estado y de la desregulación, que parece desatender las enseñanzas históricas. De nuevo estamos ante políticas económicas que ponen el énfasis en el crecimiento económico, aunque sea a costa de la equidad y el incremento de las desigualdades sociales. Según muchos especialistas, los «planes de ajuste», las «terapias de choque», las privatizaciones masivas y la flexibilización de los mercados de trabajo, se basan en políticas monetarias y de oferta que han desplazado radicalmente a las políticas fiscales y de demanda, sin que se conceda su justo valor al coste social de esas políticas, lo que amenaza, por otra parte, la estabilidad democrática de los países.
Pero también estos años han permitido ver cómo el modelo de crecimiento cuantitativo es revisado como consecuencia de sus efectos sobre la contaminación y el agotamiento de los recursos naturales no renovables. En ese sentido, va a producirse una ruptura del dilema o de la dicotomía entre desarrollo y medio ambiente, acuñándose un nuevo concepto: «desarrollo sostenible», es decir, aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. El desarrollo sostenible es un concepto antropocéntrico, completado por aspectos sociales, culturales, políticos y ético-morales, que dan sentido a largo plazo y en conjunto al desarrollo humano, con una perspectiva de continuidad que lo hace sostenible. Se considera que el desarrollo, a partir de un punto crítico, supone crecimiento sobre todo en calidad, en «inteligencia» y conocimiento, en sabiduría, y no simplemente en términos económicos o materiales.
Con este nuevo modelo se busca un desarrollo sistémico, tanto a nivel nacional como internacional. Un desarrollo en el que ninguna parte de la sociedad crece en detrimento de las demás, ya que el progreso de una parte no es real si no es respaldado por el progreso de las demás partes. Su plasmación legal se encuentra en los derechos humanos llamados de tercera generación, como un nuevo derecho a una vida sostenible y productiva, en armonía con la naturaleza; el derecho a un entorno de calidad y la exigencia de un código ético de comportamiento.
El concepto de sustentabilidad se puede representar por un eje vertical, definido por la interacción entre hombre y naturaleza, y por un eje horizontal, en el que se encuentran las relaciones entre seres humanos y comunidades y que condiciona el anterior. En este espacio y con estos condicionantes debe buscarse el desarrollo. Desde un punto de vista conceptual el paso siguiente consiste en añadir un nuevo factor al proceso de definición. Una vez considerada la necesidad de establecer una armonía entre el crecimiento económico y la naturaleza se produce un nuevo avance al considerar que el centro de cualquier política de desarrollo debe ser el propio hombre, y su principal regla la inversión en las personas, en el capital humano. Surge, de esta manera, una nueva conceptualización: el desarrollo humano, que supone una integración de todas las concepciones anteriores.
El desarrollo humano exige un proceso de ampliación de toda la gama de opciones de las personas, brindándoles mayores oportunidades de educación, salud, ingresos y empleo. El concepto abarca el espectro total de opciones humanas, desde un entorno físico en buenas condiciones, hasta las libertades económicas y políticas. Es, por lo tanto, un concepto amplio e integrado al servicio de las generaciones actuales y futuras. Con esta nueva conceptualización, el crecimiento económico debe proveer justicia y oportunidades para todos, sin destruir los recursos naturales finitos ni poner en entredicho la capacidad de sostenimiento del planeta.
El desarrollo humano, considerado a lo largo de la historia, consiste en un proceso educativo gradual, fruto de enseñanzas, aprendizajes y experiencias, vivido en el contexto de circunstancias concretas y de valores asumidos propios de cada época y de cada cultura. Es un desarrollo en función de un entorno familiar, social, cultural y medioambiental.
Por otra parte, este modelo de desarrollo exige un replanteamiento de las relaciones entre lo económico y lo social, cuyo pretendido antagonismo debe ser metódicamente puesto en tela de juicio no sólo por razones éticas, sino también prácticas, ya que el coste directo e indirecto de las tensiones y desórdenes sociales es superior a las inversiones preventivas. En ese sentido, el desarrollo humano necesita un compromiso político en torno a valores y criterios compartidos. Su objetivo puede resumirse, según algunos especialistas, en la llamada «trilogía del bienestar», que promueve la estabilidad política, el crecimiento sustentable y las políticas sociales orientadas a la igualdad de oportunidades.
En síntesis, comienza a producirse un cierto grado de consenso sobre la necesidad de conciliar la inserción internacional con la construcción de un tejido productivo y social articulado, de tal manera que el crecimiento económico permita atender a las necesidades básicas de la población. Por otra parte, la evidencia disponible sugiere que ni la integración económica mundial ni el aislamiento pueden garantizar el desarrollo económico por sí solos. Lo importante es la capacidad de adaptación y de transformación, para lo que es necesario un liderazgo político y económico. El papel del Estado resulta aquí incuestionable.
