El régimen bonapartista intentó emplearse con éxito en algunas esferas de gestión pública sin menoscabar el poder del Estado. Al finalizar el segundo gobierno de Rafael Caldera, la administración de la polìtica petrolera se encontraba predominada por las peores ambiciones privatizadoras. Se intentaba convencer a los venezolanos de la conveniencia de asociar la anterior política petrolera a una estrategia global de uso energético del petróleo donde el más bajo precio combinado con mayores volumenes de producción garantizaría ingresos monetarios crecientes, mayor captura de mercados principales y secundarios, y participaciòn en negocios petroleros y petroquímicos transnacionales. Dentro de la estrategia general se concebía la ruptura con el cartel petrolero OPEP en momentos en que el mercado mundial se encontraba deprimido y los paises productores de petróleo OPEP y no OPEP se encontraban en crisis, lo cual sería acelerado, según ellos, de producirse la ya previsible confrontación militar contra algunos paises árabes.

Para 1998 el precio del barril de petróleo llegó a siete dólares, y sobre esa realidad se pretendía justificar como solución una mayor expansión productiva que solamente podía llevarse a cabo si se contaba con una intensa inversión de capital extranjero. De esta forma se concebía una variedad de formas asociativas con las transnacionales, de orden ya conocido en otras áreas de negocios, tales como el join venture, criollizado bajo los nombres de asociaciones estratégicas y riesgos compartidos. En fin de cuentas, se intentaba abrir de nuevo las puertas a las empresas transnacionales, se preveía dividir PDVSA en varias empresas más pequeñas, susceptibles algunas de ser privatizadas. El modelo privatizador ya habia sido probado en un país de economía grande como habia sido la Unión Soviética, donde la tarea de desmontar al Estado se habia llevado a cabo mediante rapaces privatizaciones, dividiéndose las grandes agencias estatales del modelo soviético en pequeñas unidades vendidas mediante vales gratuitos canjeables por acciones que terminaron en pocas manos. Los asesores del Fondo Monetario Internacional pensaron que si habian podido desmontar un poder económico estatal tan sólido como habia sido el soviético, entonces podían desmontar cualquier estructura estatal latinoamericana con facilidad.

El régimen bonapartista en 1999 inicialmente promovió una reacción contra esa política entreguista, y se planteó con éxito contribuir a los signos de recuperación de los precios petroleros que ya se veían venir, con un esfuerzo de revitalización que la OPEP ya juzgaba posible, participando con el mundo árabe en la retoma de la estrategia de fortalecimiento de los precios del barril mediante la fijación de cuotas de producción. Aunque no tuviesen la fuerza de los años gloriosos, los paises de la OPEP contribuyeron a cambiar la tendencia de los precios, que se alimentó además de las expectativas comunes que históricamente hacen oscilar los precios. Paralelamente, en el mundo de las transnacionales se verificaba un reacomodo de las compañías de mayor signo nacionalista de los EE.UU, vale decir la Texaco unida a la Chevron, que pivoteadas con la llegada a la Casa Blanca del grupo político-familiar a ella asociado, encabezado ahora por George W. Busch, se empleó en una polìtica que en el fondo coincidió con el proceso de fortalecimiento de los precios del petróleo. Contribuía a ello, así mismo, la recuperaciòn económica de Rusia y otros países de la vieja Uniòn Soviética que pasaban a consumir su propio petróleo que pasaban a retirar progresivamente del mercado mundial. Coincidencias no extraña si se piensa que las compañías norteamericanas, cuya producción principal venia siendo obtenida de los campos petroleros texanos a un costo de producción superior a los arrojados en los campos de otras transnacionales como la Exxon, se habian visto afectadas en el pasado por los bajos precios y ahora venían por una revancha.

La política internacional de la Casa Blanca se acopla seguidamente a la necesidad de sus empresas criollas de estimular el crecimiento de los precios petroleros, y de la misma forma ocurre con las empresas petroleras rusas, lo cual se tradujo en una mayor perturbación de los entornos politicos de los territorios petroleros, los cuáles en el caso de los países de Medio Oriente, de suyo se encontraban perturbados. Similarmente, un proceso de alza de precios del petróleo colocaba - como en efecto lo hizo - al resto del mundo comprador de petróleo, en una mayor dependencia de la maquinaria polìtica y militar de los EE.UU que en fin de cuentas era la garantía mas idónea de la estructura capitalista mundial a la que venia entrando también Rusia por la puerta grande.

En una vertiente de esa ola se deja llevar Venezuela, evidenciándose una intuición correcta de la realidad mundial por parte de los responsables de la política petrolera en los primeros años del gobierno de Chávez. La conclusión estratégica no era nueva, por demás. En la fundaciòn de la OPEP Venezuela y los árabes ya habian jugado también con las contradicciones similares a las vistas entre la Texaco y la Exxon: Las de la Shell y la British. Al frente de la polìtica petrolera Hugo Chavez tuvo el acierto de colocar inicialmente a ciertos discípulos de Juan Pablo Perez Alfonzo que habian sido echados al cesto por los yuppies elevados en las réplicas gubernamentales de Carlos Andrés Perez y Rafael Caldera. De esta forma Alí Rodriguez Araque, Alvaro Silva Calderón, Mendoza Potellá, Francisco Mieres, Mazhar Al Shereida, y otros, son colocados al frente o de alguna forma gravitan sobre una concepción conservadora de la política petrolera que en el fondo no era nueva sino la misma que con la firme visión nacionalista de Perez Alfonzo habia establecido en forma pacífica pero inconmovible el principio de la defensa de los precios a través de la OPEP.

Aún cuando coincidieran otros factores del mercado mundial, Venezuela tenia que hacer su parte del trabajo y lo hizo, y a partir de la revigorización de la OPEP iniciada en su Conferencia realizada en Caracas.

Pero por otra parte, hasta el año 2.002 el régimen bonapartista fue absolutamente ineficaz en la atención de políticas económicas. El bonapartismo en realidad perdió la oportunidad histórica de colocar en una mejor posición a las clases trabajadoras, aunque innegablemete ha intentado implementar programas de financiamiento de la producciòn de bienes y servicios. Superadas las crisis de los años 2.002 y 2.003, se establecieron o fortalecieron una decena de fondos de financiamiento agrícola e industrial que han alimentado centenares de proyectos. Al estudiarse las cuentas de esos fondos se evidencia que una masa inmensa de recursos ha sido trasladada a proyectos productivos, y forzosamente ese fuerte estímulo de la demanda permitió que el indicador del valor agregado revertiera su tendencia regresiva, pero si se analizan los efectos que debieron haber sido obtenidos y que no se obtuvieron, emergen preguntas cuyas respuestas no parecen disponibles, principalmente por la carencia de un sistema de control y seguimiento de esas polìticas de financiamiento. El régimen no se ha empleado en hacer una revolución, en efecto; y si se ha empleado en financiar el sistema tal cual lo encontró; pero dicho financiamiento no ha dado las respuestas que teóricamente debió haber dado, y aparece en todo caso como un proceso de despilfarro descomunal.

En materia petrolera también el régimen dobló la cerviz ante el imperialismo. Con el mecanismo casi espúreo de un Decreto-Ley, basado en una autorizaciòn para legislar que obtuvo de una Asamblea Nacional adocenada que le era afecta, Hugo Chávez derogó la Ley de Nacionalización de los Hidrocarburos y puso en vigencia un instrumento legal que permitiera abrir de nuevo las puertas a las transnacionales, sin una debida consulta o debate con la sociedad. El 1 de enero del año 2002, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, y en su artículo 9 dispuso que por actívidades primarias debe entenderse todo lo relacionado con la exploración, explotación, transporte y almacenamiento inicial. A la vez en su articulo 22 prescribe que tales actividades pueden ser realizadas por empresas mixtas, en las cuales participe el sector privado.

En la anterior Ley solo se habia permitido la posibilidad de convenir con las transnacionales contratos de servicios, que se extendió a asociaciones estratégicas (join ventures) sin un contenido legal prestablecido, de tal forma que su perfil nacionalista debia quedar definido en la discusión de los términos de esos contratos y dependìa de la voluntad polìtica de los negociadores. Pero el nuevo Decreto-Ley establece opere lege un tipo de asociación tradicional de Empresas de Explotación, mediante lo cuál las compañías transnacionales pueden entrar directamente en el negocio petrolero, cumpliendo con el requisito bastante holgado de poseer solo hasta el 49% accionario y que la empresa mixta pague al fisco un máximo de 30% en regalías por el uso de los yacimientos del Estado. En la figura anterior de contratos de servicios, las contratadas no pagaban conceptos de regalías ya que desempeñaban el papel de prestadores, y era el Estado quien les liquidaba el equivalente a una alícuota de los beneficios obtenidos por el Estado en el negocio. En la nueva figura empresarial, las transnacionales obtuvieron el derecho de propiedad privada sobre la explotación, asociados al Estado. Si bien habría sido perentorio la revisión de los contratos de servicios, incluso la sola supervisión efectiva de las condiciones en que eran prestados esos servicios hubiera bastado para optimizar los rendimientos del tipo jurìdico.