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VENEZUELA, CAPITALISMO DE ESTADO, REFORMA Y REVOLUCIÓN

Edgardo González Medina

 

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Una nueva mediación

Entre 1988 y 1998, las clases trabajadoras venezolanas estuvieron moviéndo sus expectativas con relación al Estado. Ello tuvo una lògica inflexible. En la medida que el Estado parecia desvanecerse en una ausencia de políticas públicas tradicionales, proceso impulsado por los cultores de la moda neoliberal, los trabajadores se veían obligados a diseñar respuestas adaptativas episódicas y emergentes cada vez. El reflejo inicial de los trabajadores venezolanos habia sido siempre cerrar filas a favor del Estado, pero la aparición de programas serios de desmontaje de los mecanismos del poder, moviò a los trabajadores a un escenario social mas amplio, caracterizado por relaciones mas directas que sustituyeran la vieja mediación del Estado. Distintos sectores sociales a partir de 1988 se agrupan en torno a diseños contra el Estado. En realidad lo que se hace es rescatarse de ya recorridas teorìas expuestas dentro de la sociedad de los EE.UU, las ideas de descentralización, de democracia participativa, etc., expuestas en los años setenta por autores como John Naisbitt en su obra “Megatendencias”. Los requerimientos esenciales a una fase de traslado del poder del Estado hacia la sociedad –pieza clave de la estrategia de la socialdemocracia venezolana- lejos de ser asumidos con una teorìa revolucionaria, y sobre todo ideas propias al medio venezolano y a la medida de sus horizontes, fueron impuestos con ideas ajenas y propias de una sociedad que como la de EE.UU es altamente indiferente ante los cambios insospechados de carácter social y polìtico, los cuales son rehuìdos masivamente cuando amenazan la estabilidad de su Constitución y la ideosincracia representada en el American Way of Life.

Las clases mayoritarias habían dado un respaldo inequívoco a las propuestas de rehabilitación del poder del Estado en 1993, y no obstante las polìticas pùblicas de los primeros años del gobierno de Rafael Caldera, los sectores de izquierda ya acomodados en el poder, se dejaron llevar por la inercia del modelo neoliberal. A finales de 1998, la candidatura de Hugo Chavez prometía lo mismo que la de Caldera en 1993: La Reforma Constitucional propuesta por el documento “Mi Carta de Intenciòn con Venezuela”, de Rafael Caldera, para introducir los referendums revocatorio, abrogatorio, y aprobatorio, suma pequeñoburguesa de la teoría de la democracia representativa, así como otros elementos de reforma, es presentada en el programa de Hugo Chavez con la propuesta de Asamblea Constituyente.

Al iniciarse el proceso constituyente, los nuevos gobernantes tienen como peocupación principal desmontar el Congreso Nacional, donde no contaban con una mayorìa que les permitiera sostenerse en el poder. El movimiento de Hugo Chavez habìa sido anatemizado tanto, y tenìa sobre sí tan máximas exigencias de sectores revolucionarios, que calculaba con bastante certeza que serìan derrocados en el primer año del ejercicio presidencial, y por tanto debìan apoderarse raudamente de las instituciones tradicionales, comenzando por el Congreso, órgano que además designaba la Corte Suprema de Justicia, la Contralorìa General y la Fiscalìa General. El proceso constituyente absorbiò contenidos sueltos aquí y allà de personas y grupos bie intencionados, pero para el régimen solo fue un elemento estratègico de control del poder. Se convoca la elección de sus diputados en forma de una planila colectiva a favor del gobierno y unos cuantos personajes independientes y de oposición. La elección deviene en una mediaciòn tradicional. Los electores no participan activamente del proceso constituyente, salvo ir a votar por la planilla del gobierno, confiados en el discurso de actualidad. Al instalarse la Asamblea, no se piensa en absoluto la coexistencia con el Congreso Nacional, sino que éste es disuelto, convirtiendo la Asamblea en una Constituyente Originaria sin legitimidad originaria. Concretado el golpe de Estado, se instalan los diputados constituyentes con una mayorìa casi absoluta del gobierno (solo tres diputados independientes), pero ni siquiera dicha mayoría le es ùtil para convocar a la poblaciòn al proceso constituyente, sino que se encargan entre ellos de seleccionar comisiones que asumen la redacción de la nueva Constitución, con alguna que otra asesoría eventual e individual. Al final se produce una reediciòn de la Constitución de 1961, mas extensa, con la sola novedad de la materia de derechos humanos y de los referendums populares. Se introduce el concepto de “Poder Electoral” y de “Poder Ciudadano” en una forma muy deficiente, ya que su designaciòn depende como en otras épocas del Poder Legislativo. Los diputados constituyentes se solazan en el capítulo relativo a las atribuciones del poder Ejecutivo, y en especial del Presidente de la República, consagrando la reelección inmediata, la extensiòn del perìodo a seis años, y otras que congraciaban al Presidente Hugo Chavez. Aunque pudo discutirse una revolución en el sistema federal o de descentralización, en todos los casos lo que se hizo fue dotar a los órganos pùblicos de mayores o menores competencias, obviando el propósito principal de quienes durante décadas venìan luchando por la reforma constitucional: Trasladar el poder del Estado a la sociedad, a las organizaciones colectivas, a las clases populares. El nuevo régimen, sin pudor se asume como una nueva representación, una nueva mediación. Hugo Chavez y su comando “cívico-militar” no tuvo la menor idea de cómo cambiar el marco jurìdico del capitalismo, como tampoco lo ha tenido acerca de como cambiar el modelo capitalista. El golpe de Estado pacífico bien podía pasar a la historia con el titulo de aquella crítica de Marx al fraude popular que significó Napoleón III, y en este caso llamarse “El 18 Brumario de Hugo Chavez”.


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