El gobierno de Lusinchi intenta conservar la identidad histórica del Estado. Era un propósito pragmático al menos, y en ello estaba implicado el intento de ligar más estrechamente los comandos partidistas con la gestión del Estado. La campaña interna de Lusinchi para obtener la candidatura presidencial, se presentó como el poder de la base. Al comenzar el gobierno, designa como gobernadores de estados a los secretarios generales del partido en las regiones o seccionales, que estarían a la cabeza del proceso de planificación económica y social. Estos gobernadores debían llamar, y efectivamente llamaron en este proceso, a numerosos grupos de actores locales. La desarticulación del Estado, y el descrédito en que éste se encuentra tras la crisis económica que explotó en febrero de 1983, se detiene mágicamente. El Presidente Lusinchi suscita desde el primer día una confianza extrema de los actores económicos. La manifestación popular implícita en el triunfo lusinchista no genera temores similares a los del triunfo de Carlos Andrés Pérez en 1973, en los sectores de la burguesía, a pesar del discurso o compromiso populista conocido por todos. Las indómitas fuerzas sociales que parecían querer desatarse diez años antes aparecen ahora domeñadas. El shock del control de cambios implementado en 1983 ya ha disminuido sus efectos sicológicos en febrero de 1984. Vigente aún la divisa controlada, los ingresos externos aumentan, de Bs. 81.163 millones en 1983 a Bs. 118.904 millones en 1984, es decir un incremento de 46,5%, en términos reales.145 A partir de 1983 se produce un estancamiento del PIB que permanece hasta 1985, pero si tomamos en cuenta que la formación bruta de capital disminuye en el mismo lapso, podemos afirmar que las actividades se realizaron con una mayor productividad, lo cual se refleja en el indicador de la productividad del capital en 1984 y 1985, que se expresa en 11,95 y 10,55 respectivamente (ver cuadro C 14).146 A pesar de que los subsidios disminuyen, e incluso se eliminan organismos de subsidios como la Corporación de Mercadeo Agrícola, las ganancias empresariales aumentan y también el volumen global de remuneración de los trabajadores, que conllevó un incremento sustancial del consumo de la población, disminuyendo las filtraciones de la demanda al experimentarse una disminución del volumen de impuesto sobre la renta, quizá por los efectos de una relación entre gastos e ingresos empresariales que arrojara como resultado una menor tasa de ganancia, un sacrificio que los empresarios concedieron bajo la presión del recuerdo de la crisis de 1983. El ahorro nacional es absorbido por la inversión en un alto nivel superior al 94%, promedio para la serie 1984-88, contrastando con el período anterior cuando el promedio es del 84%, con la ventaja adicional de que el ahorro aumenta considerablemente. Sin embargo, continúa la tendencia del crecimiento de los pagos externos a la propiedad y la empresa.

Curiosamente, no obstante que la política económica del gobierno de Luis Herrera Campins anterior se había fundado en ideas neoliberales, en ese tiempo el ambiente económico en general fue opresivo. La población no percibió como libertad económica la liberalización de ciertos mecanismos económicos, porque los primeros efectos del shock fueron la quiebra de empresas y el desempleo, y porque el concepto de libertad económica en Venezuela implica así mismo el derecho de libertad de usar individualmente en cierta proporción los elevados recursos públicos. Caso contrario el ambiente en 1984 después de asumir Lusinchi la presidencia, cuando dándose la importante apertura de la liberación de precios de los productos agrícolas, se genera un incremento de actividades agropecuarias que conducen a un aumento de la oferta agrícola que impide un alza intolerante de precios, algunos rubros de presencia común en la mesa familiar disminuyen de precios, se induce la absorción de trabajadores en actividades agropecuarias, buena parte de los cuales son grupos urbanos que se desplazan al campo, en un ejemplo numéricamente insignificante pero poco común de reversión de la migración tradicionalmente esperable del campo a las urbes; y, además, mientras se daban algunos efectos positivos de mecanismos de liberación económica, por otra no se permitía el mensaje de querer desmontar los instrumentos estatales que pudieran ser útiles a la colectividad para aprovechar recursos públicos; y en general no se percibía en el discurso oficial una letra antiestatal; todo lo cual era una libertad económica con mejores horizontes para la mentalidad el venezolano.

Sin embargo, la gestión de Lusinchi tiene dos tramos diferenciados, uno de los cuales, el segundo, que corre entre 1986 y 1988, se ve condicionado al refinanciamiento de la deuda externa en condiciones desventajosas. A partir de 1986, se pronuncia la adquisición de activos financieros en el exterior a costa de pasivos, fenómeno ya iniciado en el anterior quinquenio, los ingresos externos no son suficientes para pagar los egresos al mundo, principalmente por una creciente fuga de excedente neto al exterior como producto de los pagos por renta de la propiedad y de la empresa extranjera. De 1986 en adelante se incurrirá en un déficit externo creciente, por transacciones corrientes y por transacciones de capital, de manera que es posible que las importaciones de bienes y servicios fuesen hechas por grandes grupos cuyos intereses principales estaban el exterior, en forma tal que las ganancias obtenidas en el territorio eran transferidas subsiguientemente al exterior, derivando además los beneficios de una tasa controlada de cambios para los bienes y servicios esenciales, lo cual si bien podía decirse que significaba un inevitable costo del esfuerzo por llevar al venezolano sus productos básicos a precios tolerables, equivalía tanto como poner en las manos de ciertos grupos el gran negocio que venía significando ayudar a los pobres.

En 1986 se experimenta una caída aproximada del 30% en los ingresos fiscales provenientes del petróleo, aunque logra compensarse parcialmente con un incremento de alrededor del 28% en los ingresos no petroleros. Fundado en las expectativas favorables, el gobierno juega a la confianza del entorno, y diseña un ambicioso plan trienal de inversiones sobre la base de la expansión del gasto fiscal, y ataca fundamentalmente la situación cambiaria. Desde la crisis de 1983 venía funcionando un excesivo diferencial cambiario que pesaba sobre el presupuesto y originaba grandes negocios, ya que los subsidios del Estado a sectores considerados estratégicos eran difíciles de controlar en un país acostumbrado a evadir las leyes y sus controles. El dólar subsidiado de Bs. 7,50 se establece en Bs. 14,5, excepto las operaciones del petróleo, el hierro y los productos esenciales y sus servicios. Las divisas generadas por los exportadores serían cambiadas a Bs. 14,5/$, para estimular exportaciones no tradicionales. La devaluación coloca la deuda pública en bolívares, en un nivel final superior a los trescientos millardos, a lo cual se une que las descompensaciones del ingreso se ajustan con la emisión de títulos de deuda destinada al financiamiento del plan trienal. Todo ello hace aparecer un déficit fiscal aproximado a los 1.700 millones de bolívares, lo cual era compatible con una política económica de promoción, diametralmente opuesta al estancamiento del quinquenio anterior que se corespondió con la política neoliberal deflacionista.

Los componentes principales del incremento del gasto fueron, sin embargo, los gastos de inversión, que a precios corrientes crecieron un 27,6%, y el servicio de la deuda, que aumentó en un 32,9%. Los pagos de la deuda sumaron 45,4 millardos de bolívares, de los cuales 28 millardos correspondieron a capital y 17,3 a intereses, aunque la mayor amortización ocurre para cancelar la cuota inicial acordada en el refinanciamiento de la deuda externa, mientras que la mayor parte de los intereses fue dirigida a la deuda interna. No obstante que se logran importantes créditos externos para obras como la etapa final de El Guri, Los Pijiguaos, el Programa de Crédito Agropecuario e Industrial, el Metro de Caracas, y otros, se persigue cautivar los capitales de venezolanos mediante títulos de deuda interna, la cual asciende alrededor del 25%. Ello era, en cierta forma, un intento de revertir la exportación de ahorro observada en el quinquenio anterior, intentándose disminuir la ya aguda dependencia del crédito externo, que aumenta en 1986 un 4,3%.