Quienes primero salen al ruedo para enfrentar la ausencia oficial de promoción económica, son los grupos sindicalizados en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), no solamente organizando huelgas parciales y generales de trabajadores, sino eventos de significación teórica como fueron el VIII Congreso de Trabajadores, el seminario Nuevo Orden Financiero Internacional, promovido por el Banco de Trabajadores de Venezuela, y otro seminario internacional sobre Cogestión Obrera y Participación de los trabajadores en la dirección y gestión de las empresas. Al seminario Nuevo Orden Financiero Internacional asistieron importantes economistas del exterior y de Venezuela, como Karl Brunner (Universidad de Rochester), Jerry Jordan(Universidad de Nuevo México, Vicepresidente del Federal Reserve Bank de San Louis y del Pittsburg National Bank), Michelle Fratianni (Universidad de Indiana, director del Dpto. de asuntos monetarios de la CEE), F. A .Hayek, Warren Coats, Antonio Garriguez, Robert Heller, Andrés Bulling, Ramón Tamames, Ruth de Krivoy, Dennis Karnowsky, Roberto Guarnieri, J.M. Sucre Trías, Guillermo Muñoz, entre otros. El seminario es el temprano escenario de denuncia de la deuda externa latinoamericana, advirtiéndose que el valor real de la deuda en esos momentos es mayor de lo que se anticipa pagar con la tasa de crecimiento. La deuda había excedido el crecimiento real de la producción. La deuda se cifraba en unos 500.000 millones de dólares, y había crecido entre 1979 y 1982 en un 16% interanual aproximadamente.

En octubre de 1982 la CTV realiza el VIII Congreso de Trabajadores, como evento de reformulación teórica y estratégica de la clase trabajadora. Al frente de una Comisión Económica designada poco antes, está el profesor Domingo Felipe Maza Zavala, ex - decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, maestro de varias generaciones de economistas venezolanos, hombre de izquierda. Lo acompañan grupos de economistas, la mayoría gente de todas las tendencias de la izquierda venezolana, incluido el partido Acción Democrática, y un representante del partido socialcristiano COPEI. La Comisión de Economía de la CTV efectúa los mas sólidos estudios de la coyuntura y vuelcan en un documento llamado Manifiesto de Porlamar, un diagnóstico revolucionario de la situación económica y política que es aprobado en el Congreso por los numerosos delegados sindicales de todo el país. Por primera vez, en dicho documento, se habla sin ambages de la existencia del Capitalismo de Estado:

“...En el período 1974-76 la importancia del sector público venezolano cobra su mayor impulso tanto desde el punto de vista cuantitativo como del cualitativo, con la nacionalización de la industria y el comercio de los hidrocarburos y de la minería del hierro; hay que mencionar también como hecho notable de ese período la creación del Fondo de Inversiones de Venezuela, formada con parte del excedente petrolero fiscal y cuyo patrimonio sobrepasa actualmente los Bs. 30.000 millones. Además se estatizó el Banco Central de Venezuela con lo que el Estado asumió el control total de las políticas monetarias, se reservó el control de las industrias básicas tales, petroquímica, aluminio, acero y electricidad; y se ha hecho y se proyectan cuantiosas inversiones en infraestructuras de servicios en general. Así, el sector público no solo tiene una dimensión sustancial en sus valores patrimoniales, sino también una actividad básica determinante de la coyuntura y del crecimiento económico del país...La consolidación de la situación del sector económico público como una entidad de capital, ingreso propio, potencial de inversión, empleo y poder de gasto equiparable a los del sector privado – y en algunos aspectos superior y un poder de decisión sobre procesos de producción, de exportación, de financiamiento, de importación, de mayor alcance estratégico – dentro del campo propiamente económico que el ejercido por la economía privada, independientemente de las facultades institucionales que como Estado posee para orientar y regular macroeconómicamente el proceso de funcionamiento y desarrollo del país, fundamenta una característica singular y dominante de la organización nacional que condiciona toda la gestión económica en Venezuela y que puede calificarse como capitalismo de Estado. Cualquier proyecto de transformación económico social del país tiene que tomar como punto de partida esta realidad, la que sin duda alguna, condiciona positivamente los planes y programas de desarrollo e impiden – favorablemente – los intentos de retornar la economía a viejos cauces liberales, de privatización absoluta de la actividad económica y prevalencia de la llamada libre empresa...” 141.

Mas adelante afirma:

“...Si algún Estado en América Latina tiene la posibilidad de influir decisivamente en la coyuntura económica para orientarla en beneficio del país, es el venezolano, por razones conocidas...”

El manifiesto, en sentido general se convierte en una denuncia importante contra el uso de los recursos públicos por parte de la clase empresarial, proponiendo relaciones de producción alternativas, que se centran en la idea de cogestión de los trabajadores. El fondo del planteamiento no deja lugar a dudas: La CTV propone tomar el Estado, concretar un control más eficaz de los recursos públicos en manos de las organizaciones sindicales.

En marzo de 1982, la CTV reúne un Consejo General de Trabajadores, conformado por delegados de todo el país, y de nuevo produce un documento teórico donde reproduce los conceptos del Manifiesto de Porlamar, y reclama de nuevo una Reforma Administrativa del Estado que sitúe a los trabajadores en posición de mando en la Empresas Públicas e Institutos Autónomos. Denuncia de nuevo la incapacidad de los grupos empresariales para solventar la crisis económica sin afectar seriamente el salario real de los trabajadores, propone una Reforma Tributaria que garantice una mejor redistribución de los ingresos fiscales, etc. Al tiempo, las centrales sindicales, lideradas por la CTV, hostigan constantemente al gobierno y a los grupos empresariales, llegando a convocar en dos oportunidades el paro general de trabajadores, apoyado en todo el país.

Ante la arremetida de las centrales sindicales, quienes aceptan el reto de regular el salario nominal por medio de la discusión contractual con las empresas, las cuales a su vez advierten terribles consecuencias, el gobierno da marcha atrás y retoma la intervención del Ministerio del Trabajo en los conflictos, de manera que no se opera ajuste alguno en las condiciones de regulación del mercado de trabajo, excepto por la permisividad de los despidos masivos ocurridos con la quiebra de numerosas empresas. En medio de la constante presión, los planes de privatización de empresas públicas y en general de desarticulación económica del Estado, quedan trabados.

Por otra parte, durante 1979 y 1980 ocurre una contracción del consumo final, que se repetirá durante 1983 y 1984, medido en términos reales, a precios de 1984, lo cual supone condiciones precarias de las mayorías trabajadoras, que inducen una oposición creciente a los programas gubernamentales. No obstante, mientras el gobierno intenta hacer los ajustes en el mercado de productos, se desata una onda de especulación financiera. El mercado de dinero comienza a ser más rentable que la inversión productiva. Numerosos capitales forjados en los años anteriores de promoción económica se vuelcan a la adquisición de activos financieros. Se observa una gran permisividad de emisión de papeles, incluyendo los del gobierno, con tasas de interés superiores a las tasas pasivas de la banca, mientras ambos tipos se encontraron sensiblemente inferiores a las tasas pasivas externas, principalmente de los EE.UU., lo cual condujo finalmente a una fabulosa exportación de ahorros. En diciembre de 1983, por ejemplo, el fondo de fideicomiso de la empresa petrolera PDVSA había adquirido 7.583 millones de bolívares en valores, y le seguía en posición de tenedor de títulos el propio Banco Central de Venezuela, que como era de esperarse era el principal inversionista de valores con Bs. 9.335 millones de bolívares. Otros grandes inversionistas eran el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con Bs. 6.493 millones, el Fondo de Desarrollo Urbano, con Bs. 2.286 millones, , mientras que en el sector privado la banca comercial poseía alrededor de Bs. 5.317 millones, y las compañías de seguros una cifra cercana a los Bs. 2.298 millones. Al analizarse la composición de la cartera de inversiones del sector público se encontraba que en su mayoría estaba constituido por valores del sector privado, mientras que la cartera del sector privado estaba orientada hacia los títulos oficiales, no solo por la seguridad ofrecida sino por presentar tasas más altas. En una especie de centrífuga, el sector privado adquiría los títulos públicos con los fondos recogidos en la emisión de sus propios títulos privados, adquiridos por el sector público con los cuantiosos recursos que en fin de cuentas provenían de la riqueza petrolera. Al pronunciarse esta maquinaria de especulación monetaria, la economía real fue desecándose, perdiéndose progresivamente los estímulos de inversión. Junto a ello, las ganancias derivadas por los grupos que alcanzaron el beneficio de la especulación financiera se dirigen a la compra de bienes y servicios externos no esenciales. La relación entre las Importaciones y la Formación de Capital se hace contraria a los intereses nacionales. Anteriormente las importaciones vienen creciendo al pasar de Bs. 16.581 millones en 1973 a Bs. 22.363 millones en 1979, pero aumentaban con la formación de capital, que pasó de Bs. 16.690 millones en 1975 a Bs. 24.493 millones en 1979; mientras que de 1980 a 1982 las importaciones se mantienen mas o menos en los mismos niveles (Bs. 19.263 millones en 1980, Bs. 19.255 millones en 1981, Bs. 21.984 millones en 1982) , mientras la formación de capital disminuye (Bs. 19.142 millones en 1980, Bs.18.504 millones en 1981, y Bs.18.342 millones en 1982). La formación de capital sigue disminuyendo y para 1984 se desploma a Bs. 10.117 millones, una cifra equivalente a la de 1968.142 Ello en definitiva debilitó los intentos de los grupos empresariales criollos de estructurar un modelo más firme de aprovechamiento del Estado, ya que la avidez monetaria desestimuló cualquier esfuerzo serio de instalar nuevos modelos de exacción económica.