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VENEZUELA, CAPITALISMO DE ESTADO, REFORMA Y REVOLUCIÓN

Edgardo González Medina

 

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El V Plan de la Nación

Al anunciarse la elaboración del V Plan de la Nación del período 1976-80135, vibra el país, ya que se tejen innumerables conjeturas acerca de su contenido, bajo la óptica de lo que cada grupo social considera como amenazas u oportunidades. En universidades, sindicatos, gremios, o federaciones empresariales, se abordan debates y se hacen denuncias, circulando versiones no oficiales del Plan.

Cuando finalmente es aprobado por Decreto Presidencial en marzo de 1976, mucha gente no encuentra como recoger sus palabras. El Plan era un monumento, algo utópico, al desarrollo económico equilibrado.

En efecto, el Plan parte de la necesidad de fortalecer el ahorro nacional y dirigirlo a la capitalización de la economía, previendo que la inversión bruta fija del Estado significaría en el período 1976-80 un 53,1% del total, y de ella un 71,5% sería realizada a través de Institutos Autónomos, Empresas del Estado, y Empresas Mixtas. Postula un horizonte estratégico de veinte años, además del horizonte de mediano plazo (cinco años). Prevé un crecimiento interanual del PIB, de 8,2% en los cinco años, resultado de una tasa expansiva de 9,2% para las actividades orientadas al mercado interno, y una tasa regresiva de 1,3% del sector de hidrocarburos. El primer sector debería contribuir en 1980 con un 91,5% del valor agregado, y el sector extractivo un 8,5% del mismo valor, partiendo de una proporción inicial de 87,3% y 12,7%, respectivamente, en 1975. El Consumo se incrementaría a una tasa de 8,1%, equilibrada con el crecimiento del Producto. En el sector externo el Plan supone una acumulación en cuenta corriente de 8,2 millardos de dólares. Se plantea una reorientación de la política de sustitución de importaciones, dirigida a garantizar la sustitución de bienes intermedios y de capital, señalándose proyectos tan importantes como el de fabricación de 6.000 tractores en el período. Respecto el gasto público, además de las inversiones programadas, se prevé cancelar las indemnizaciones a las compañías nacionalizadas, por Bs. 4,8 millardos, y pagar todo saldo anterior de deuda externa pendiente. La administración descentralizada realizaría las inversiones mediante un sistema de transferencia de recursos del gobierno central. Se señala la utilización del crédito externo por Bs. 17,04 millardos ( cerca de 4.000 millones de dólares a la tasa de Bs. 4,30/$).

El esquema institucional pensado, presuponía un sistema de planificación regido por una Ley específica, donde se establecería un proceso único o uniforme de planificación, que se iniciaría con la definición de la estrategia de desarrollo, de carácter normativo; seguidamente el Plan de la Nación, contentivo de objetivos, metas y recursos de financiamiento; y finalmente el Plan Operativo Anual, que permitiría la formulación presupuestaria.

Así mismo, se establecían tres figuras jurídicas de administración descentralizada: El Instituto Autónomo, el Servicio Autónomo sin personalidad jurídica, y las Empresas del Estado. El árbol de organismos estaría sometido a Consejos Sectoriales en lo que respecta a Institutos Autónomos; y a Corporaciones Sectoriales en lo que respecta a actividades productivas, en forma de sociedades anónimas, que constituirían casas matrices de carácter mercantil, tenedoras accionarias de las empresas del Estado, empresas mixtas, y demás participaciones públicas. A los Consejos y Corporaciones se les atribuyó un amplísimo ámbito de orientación, seguimiento y control. Se prevé todo tipo de participación pública en empresas privadas, con obligación de informar al Congreso la lista de empresas donde el Estado tuviese más de un 25% del capital social.

El V Plan emergía de esta forma, como una respuesta contundente frente a quienes desde la Burguesía planteaban una operación de sencillo drenaje de los recursos públicos a la clase empresarial, pero fue atacado desde diversas posiciones, tachándosele a veces de corporativista o fascista, mientras otros denunciaron fundamentalmente el aspecto del desarrollo de las macroempresas en el sector de actividades básicas o estratégicas, las cuales en el Plan eran concebidas como unidades económicas superavitarias de alta rentabilidad y lento retorno de capitales, susceptibles de financiar unidades económicas deficitarias de baja rentabilidad y rápido retorno de capital. Precedía a las críticas una profunda desconfianza sobre la moralidad de la clase política, noción que como sabemos resultó absolutamente fundada.

Visto desde la perspectiva de nuestro tiempo, el V Plan era el primer instrumento con una alta coherencia interna para encauzar el programa de Capitalismo de Estado. No obstante, tuvo un defecto visible, que fue su carácter totalizante: no dejaba a nadie por fuera, toda la economía quedaba sujeta al esquema de mixtura estatal. De hecho, para obtener un crédito de la banca oficial, por ejemplo, debía presentarse el proyecto reproduciendo el esquema de la planificación , es decir, justificarlo a la luz de la estrategia de desarrollo, de los objetivos, metas y recursos del Plan de la Nación, y del Plan Operativo Anual. La libertad de iniciativa, a cuyo efecto las personas estuviesen dispuestas a colocar en riesgo su patrimonio y su trabajo, quedaba apocada, anulada. En estas condiciones, todo proyecto debía responder singularmente a las exigencias del Plan, programado para un despegue acelerado que centenares de unidades económicas no estaban en condiciones de hacer, restringidas bien sea por el mercado, por la preparación técnica y gerencial, así como por la propia cultura productiva, donde un empresariado tradicional estaba acostumbrado a pensar en ganancias mas bien fáciles, y la clase trabajadora se encontraba altamente desanimada ante el trabajo concreto.

También presentó el V Plan una deficiencia menos visible pero fundamental: El marco teórico subyacente de tipo económico, si bien señaló el problema básico a resolver de la necesidad de convertir el ahorro en inversión, utilizó la solución keynesiana de inversión autónoma estatal, como un instrumento estratégico de largo plazo, suponiendo en fin de cuentas que bajo el régimen capitalista emergente la oferta crearía su propia demanda, no advirtiendo que los trabajadores incrementarían una masa de excedente que magnificaría el grado de desposesión, lo cual concluiría mas adelante en la aparición de corrientes monetarias ociosas en pocas manos, que buscarían áreas de rentabilidad financiera apartadas de la producción real. Y, finalmente, el V Plan no pensó ninguna transformación en el régimen de propiedad, las relaciones de producción o apropiación del excedente económico, porque supuso que el Estado compensaría las deficiencias de la remuneración real con avanzados programas de servicios, y que el mercado generaría una sobreoferta que induciría precios equilibrados de los bienes y servicios y no las crisis recurrentes experimentadas.

Frente a esos defectos del Plan, los trabajadores – al menos los agrupados en la CTV -, propugnaron una modificación estratégica que consistía en la promoción de un sistema de participación en la dirección y gestión de las empresas e institutos del Estado, llamada genéricamente Cogestión, sobre la base de la Ley alcanzada en diciembre de 1969, gobernando Rafael Caldera, controlado el Congreso por AD, desde donde los dirigentes sindicales habían impuesto el proyecto de ley. El Presdiente Carlos Andrés Pérez se circunscribió a reglamentar la Ley, siete años después, en abril de 1976, sin acceder a un nuevo instrumento algo mas audaz cuyo proyecto había redactado la CTV, quedando dicha participación muy alejada de una verdadera cogestión, limitada como decía la Ley, a los Institutos y Empresas donde el Estado tuviese mas del cincuenta por ciento del capital social, lo cual sin embargo no era nada despreciable.


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