BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales
 

 

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Defendiendo lo público y construyendo ciudadanía.

La experiencia del departamento de Risaralda. Colombia

 Jahir Rodríguez Rodríguez

 

 

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EPILOGO.

Estas reflexiones finales se construyen con los sueños y aspiraciones demandadas por los hombres y mujeres que con su afecto, amor y trabajo hacen del proceso de presupuesto participativo en Risaralda una fiesta por la vida y la alegría.

Como quedó expresado a lo largo de esta reflexión – sistematización, la ciudadanía en el departamento de Risaralda ha ido ampliando los espacios de participación, incidiendo a diario en el ámbito público y de las políticas sociales; hoy están trabajando y elaborando propuestas para elevar la calidad de vida de los pobladores y resuelven positivamente la construcción del territorio; formulan sus demandas al Estado para exigir y concertar respuestas y soluciones a sus problemas; utilizan los medios de comunicación para difundir sus ideas y problemas. En suma, construyen cada día la democracia social con responsabilidad. Luchan para convertir a la democracia en oportunidad para todos y todas.

Desde esta experiencia “…aspiramos a construir una sociedad justa, humana, abierta, amable e incluyente. Sabemos que, ante lo global, hay que actuar y responder globalmente. Por eso estamos a favor de construir la globalización del pueblo, la otra globalización…” advierte un poblador en el municipio de Santuario.

Pero, ¿cómo arribar a condiciones de igualdad, equidad, desarrollo y democracia? Y en este sentido, ¿cuáles son los retos, desafíos, expectativas de los movimientos sociales y en particular del proceso de formulación del presupuesto participativo?; ¿cuál debe ser su función?, ¿de qué maneras deben articularse para producir alternativas capaces de transformar la sociedad?

Por otra parte, ¿qué relaciones se deben establecer con los partidos políticos y con las instancias legislativas y de gobierno que permitan garantizar su autonomía e independencia sin diluir sus demandas y sus formas organizativas? Y, más en general, ¿cuáles son los planteamientos que permitirán llegar a una sociedad democrática y, por lo tanto, a municipios plenamente democráticos? Veamos:

La democracia a la que aspiramos parte de las raíces profundas de los pueblos, es para toda la vida, respeta la diversidad cultural, la equidad de géneros y a las ciudadanas y ciudadanos con discapacidad, y busca la felicidad de todas y todos.

Los municipios reproducen expresiones de exclusión que afectan de manera particular a niños, mujeres, jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas. Debemos romper con esta inercia. Mientras existan hambre, desigualdad social, desempleo, discriminación de cualquier tipo o cualquier forma de explotación del ser humano, no habrá democracia real en el mundo. Los conceptos de democracia y equidad van juntos.

Debemos generar un nuevo referente democrático, configurar un nuevo orden, ya que el capitalismo no ofrece soluciones. Hay que partir de:

* Incorporar a los excluidos del sistema (partir de ellos).

* Asumir nuestra responsabilidad en la resolución de los problemas de nuestras ciudades.

* Regresar a principios como el de solidaridad, a partir de los cuales comprometernos a construir.

En este orden de ideas, las lecciones que deja la experiencia del presupuesto participativo en el departamento de Risaralda no conduce a afirmar y a trabajar en los retos de:

A. Construir una cultura democrática. Somos producto de una cultura antidemocrática, autoritaria, caudillista y excluyente. El reto es crear una cultura democrática. Avanzar en el sueño de la sociedad democrática es empezar por convencernos a nosotros mismos y hacer un compromiso para llevar a la práctica la democracia, recuperando principios como la solidaridad, la amistad, la confianza, la ternura, entre otros. Desde el barrio, desde la organización, empezar a practicar el principio democrático. Debemos combatir la corrupción y la despolitización, convencidos de que no hay temas que no sean esencialmente políticos. Los problemas de base deben ser el fundamento de la política.

B. Construir organizaciones democráticas. Desde nuestras organizaciones nos comprometemos a profundizar la democracia y a contribuir para que la sociedad se incorpore a esta gran tarea transformadora: la democracia social.

Es indispensable fortalecer los procesos de educación, formación política y comunicación de la gente de base, generando una nueva cultura democrática que nos permita incidir en las decisiones, ya sea a nivel local, regional e internacional.

Por otra parte, es fundamental discutir sobre la relación entre movimientos sociales y partidos políticos. Hay una trampa al plantear la dicotomía entre política y movimientos de base. El papel de los movimientos sociales es aportar elementos para la política, urbana en particular.

Estamos construyendo poder desde abajo, pero desarticulado, más sectorial que integralmente, con una visión paternalista y caritativa. Hay que cambiar la visión que se tiene del movimiento social y comunitario; dejar de lamentarse, de pedir ayuda o de desarrollar acciones aparentemente autogestionarias. Hay que trabajar en la organización popular a nivel local, regional e internacional, reivindicando el derecho de autodefensa de los pueblos y reconociendo todas las formas de lucha ante la intolerancia del sistema.

C. Construir un Estado democrático. Debemos reconstruir el poder popular, desde los espacios más pequeños, siendo Estado, gobierno para todas y todos. Trabajar en lo local con una visión global. Fortalecer los espacios locales como los municipios, que son las instancias de poder más cercanas a los ciudadanos. Para lograr una ciudad democrática hay que empezar por el municipio.

Los principios deben emanar de la gente. La democracia no se crea por decretos, sino por consensos. Los instrumentos y mecanismos formales de participación (como la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, las formas de representación) no generan democracia por sí solos. La experiencia nos dice que no hay que abandonarlos, pero sí mejorarlos. Debemos elaborar diagnósticos claros, buscar y profundizar herramientas que nos permitan elegir y controlar mejor a nuestros representantes, tales como la revocatoria del mandato, la rotación de cargos y la rendición de cuentas.

También coincidimos en la necesidad de garantizar a la población la formación, la información y los mecanismos de comunicación y participación, de manera tal que se tenga una incidencia directa en la definición e instrumentación de políticas urbanas y sociales. Buscar incidir en los centros de decisión pero siendo congruentes con los intereses colectivos, de servicio a la comunidad. Las organizaciones debemos retomar las necesidades más sentidas de la gente.

En esta perspectiva trabajamos en la construcción de un proyecto político que defienda un estatuto del ciudadano que representa un triple desafío para la ciudad y el gobierno local.

Un desafío político: conquistar la capacidad legal y operativa para contribuir o universalizar el estatuto político-jurídico de toda la población. Y también adquirir las competencias y los recursos necesarios para desarrollar las políticas públicas que hagan posible el ejercicio y la protección de los derechos y deberes ciudadanos.

Un desafío social: promover las políticas sociales urbanas que ataquen a las discriminaciones que imposibilitan o reducen el ámbito de la ciudadanía: empleo, situación de vulnerabilidad, marginación cultural, etc.

Un desafío específicamente urbano: hacer de la ciudad, de sus centralidades y monumentalidad, de la movilidad y accesibilidad generalizadas, de la calidad y visibilidad de sus barrios, de la fuerza de integración de sus espacios públicos, de la autoestima de sus habitantes, del reconocimiento exterior, etc. una productora de sentido a la vida cotidiana, de ciudadanía.

La producción de ciudadanía y el rol de los gobiernos locales son un desafío político no exclusivo de éstos. La política no reduce su espacio a las instituciones, los partidos y las elecciones. Hay otro espacio, como el de la sociedad política (mejor que sociedad civil) que es el que crean y ocupan todos los organismos y formas de acción colectiva cuando van más allá de sus objetivos e intereses inmediatos y corporativos. Es el espacio de la participación ciudadana que plantea demandas y propuestas y aun deberes y responsabilidades para criticar y ofrecer alternativas, pero también para ejecutar y gestionar programas y proyectos sociales, culturales, de promoción económica o de solidaridad.

La reinvención de la ciudad ciudadana, del espacio público constructor-ordenador de ciudad y del urbanismo como productor de sentido, no es monopolio de nadie.

Los políticos elegidos democráticamente tienen la responsabilidad de la decisión de los proyectos públicos. Las organizaciones sociales tienen el derecho y el deber de exigir que se tomen en la cuenta, se debatan y se negocien sus críticas, sus demandas y sus propuestas. Los profesionales tienen la obligación de elaborar análisis y propuestas formalizadas y viables, de escuchar a los otros; pero también de defender sus convicciones y sus proyectos hasta el final.

Para terminar nos preguntamos, con el autor catalán Jordi Borja: ¿Las ciudades deben resignarse a ser continentes pasivos de las problemáticas sociales, culturales, ambientales... derivadas de la globalización y de la pérdida de capacidad reguladora de los poderes públicos estatales y supraestatales?

Y responde: SÍ. La ciudad es cuanto se supone que debe ser: un lugar y una comunidad con capacidad de autogobierno; hoy es también un territorio articulado que, en las regiones más desarrolladas y urbanizadas, convierte a la ciudad, de hecho, en un sistema de ciudades. Este espacio tiene vigencia económica, busca la cohesión social, tiene identidad cultural (o la construye) y es capaz de definir estrategias de desarrollo concertado entre instituciones locales-regionales y sociedad civil. Entonces, ¿se le puede negar el derecho y la posibilidad de ser un actor respecto a los contenidos problemáticos que asume? Un actor que reclama intervenir en los procesos que generan los problemas de la ciudad y en las políticas con que se les da respuesta.

El desafío político de la ciudad en la globalización es el de obtener un reconocimiento de actor político a escala global, más allá de su territorio y más allá de las cada vez más artificiales fronteras de “su” Estado. El mundo actual exige un planteamiento “globalizador”, una articulación de lo local-global. ¿Cómo puede darse esta articulación? La cultura política y jurídica debe asumir el anacronismo de monopolio que pretenden tener los Estados de ser los únicos sujetos políticos de las relaciones internacionales, y de basar su legitimidad para ello en ser detentadores de la soberanía.

 

 

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